Dos grupos mueven sus piezas de cara al nuevo mapa de poder en la entidad persecutora
La carrera por la sucesión del Fiscal Nacional arrancó con todo en la interna del Ministerio Público. Hay dos bandos claros y tres candidatos. Jorge Abbott por los oficialistas; Raúl Guzmán y José Morales por la oposición. En esta última ven con preocupación que Chahuán deje nombrado a uno de sus cercanos en la Fiscalía Regional Oriente –y eventualmente en la Occidente también–. Esto, porque quien lo reemplace no tendría a nadie de su confianza en el Consejo General de Fiscales. Por lo anterior, desde la oposición se trazaron acciones a seguir, dicen quienes las han conocido, con el objetivo de retrasar la designación de los fiscales regionales metropolitanos.
Este viernes 2 de octubre los 11 candidatos a suceder a Sabas Chahuán en la Fiscalía Nacional se verán las caras. La exposición pública ante el Pleno de la Corte Suprema es la oportunidad de los candidatos para mostrar sus credenciales ante los jueces y validar sus posibilidades de entrar a la quina que será enviada a la Presidenta Michelle Bachelet. La “camarilla”, lobby y el “besamanos” son parte –dicen– de las prácticas que “fortalecen” las opciones de los candidatos.
Más allá del resultado, es un hecho que la carrera arrancó al interior del Ministerio Público, donde hay dos bandos definidos. En una esquina están los “oficialistas”, que son continuadores de Sabas Chahuán y cuyo candidato para la sucesión es Jorge Abbott, actual Director Ejecutivo Nacional. En la otra, está la “oposición” al actual jefe del Ministerio Público, que tiene dos candidatos en carrera: el fiscal regional de la Zona Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, quien será investigado por favorecer a un detective involucrado en un caso de torturas, y el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Centro Norte, José Morales, quien fue removido hace algunos meses de la investigación del caso Cascada.
El punto es que con el nombramiento en la Fiscalía Regional de Antofagasta de Alberto Ayala se abrió la vacante de la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde hoy se encuentra radicado el caso Penta. El concurso público al cargo debería abrirse el 15 de octubre.
A este puesto además se suma el alto cargo en la Fiscalía Occidente –de donde provenía Sabas Chahuán– que debe abrirse 90 días antes de que expire el plazo legal de Solange Huerta, que cesa los primeros días de enero de 2016. Matemáticamente Chahuán alcanzaría también a nombrar este cargo, teniendo la posibilidad hacerlo con dos fiscales “cercanos” a él.
“No sería muy presentable y menos elegante que Chahuán siga nombrando gente”, señala una fuente interna de la Fiscalía.
[cita]Por lo anterior existe –según comentó una fuente que conoció los detalles– un “plan” para impedir que Chahuán logré designar al menos a uno de sus hombres. Algo que ya hizo este año en dos ocasiones con cercanos a él: Alberto Ayala en Antofagasta, quien ocupa por cuarta vez un cargo de Fiscal Regional, y Juan Meléndez como Fiscal Regional de Los Ríos.[/cita]
Este escenario es mirado de reojo por la “oposición” interna a Chahuán, donde ya se han trazado –como comentan fuentes que están al tanto– acciones a seguir para impedir que este puede dejar nombrados a sus hombres de confianza, especialmente cuando se trata de “cercanos suyos” que vienen de otras fiscalías regionales. En particular, la presión está en el reemplazo de la Fiscalía Oriente.
La designación es de suma importancia porque esa jefatura es considerada un “generalato”. Además, si Chahuán nombra a uno de sus hombres en Oriente (y eventualmente en Occidente), quien lo reemplace en el cargo llegaría al poder sin tener a nadie de confianza en el Consejo General de Fiscales, compuesto por el Fiscal Nacional y 18 regionales.
Por lo anterior existe –según comentó una fuente que conoció los detalles– un “plan” para impedir que Chahuán logré designar al menos a uno de sus hombres. Algo que ya hizo este año en dos ocasiones con cercanos a él: Alberto Ayala en Antofagasta, quien ocupa por cuarta vez un cargo de Fiscal Regional, y Juan Meléndez como Fiscal Regional de Los Ríos.
La operación consistiría en tres pasos, con el objetivo de retrasar la designación a fin de que esta sea zanjada por el sucesor de Chahuán. El primero de esos pasos sería impugnar la presentación del candidato de “confianza” de Chahuán para la Oriente. Una acción que no prosperaría, aseguran, pero con la que se “gana” tiempo. Luego, y en caso de que este hombre llegue a la terna, se interpondría un recurso de protección para situar un “litigio pendiente”, conflicto que por su esencia debe ser derivado al Tribunal Constitucional para que dirima la controversia. El último paso, en el evento que el candidato provenga de otra Fiscalía Regional, sería encargar un informe en derecho, el cual se presentaría a la Contraloría.
Es sabido que el fiscal Regional de Iquique es cercano Chahuán y que es uno de los candidatos a la jefatura de la Fiscalía Oriente. Hay quienes apuntan a que Guerra tendría ciertas “inhabilidades”, ya que dirige la investigación contra Alberto Ayala por supuestas filtraciones al ex ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, cuando la arista SQM aún estaba verde y se desconocía el alcance que esta tendría. Este hecho configuraría una “implicancia”, dicen, por su interés personal en el cargo de la persona a quien investiga, en especial luego que ha trascendido que la investigación que lleva Guerra contra Ayala estaría próxima a llegar a su fin, con un sobreseimiento de la responsabilidad del también ex abogado de SQM.
Guerra reconoce que se postulará a la Oriente, pero descarta que tenga que inhabilitarse. “No hay ninguna causal legal de inhabilidad por una situación de esta naturaleza y no me siento inhabilitado para postular. Es un tema que ya se discutió incluso a nivel de Contraloría, donde se trató de impugnar la designación de Alberto Ayala, pero ya se tomó razón de su nombramiento”, dice.
Aparte de estos hechos, quien fuera fiscal jefe de Maipú, cuando el regional Occidente era Chahuán, no tendría una buena evaluación en el Poder Judicial, debido a un fuerte encontronazo que tuvo con el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien incluso pidió la destitución de Guerra el 2014 por no responder ocho escritos consecutivos que le había enviado la Suprema. Este hecho fue calificado al interior de la Corte como una demostración de soberbia de parte de algunos fiscales respecto del Poder Judicial.
Sobre esto, Guerra explica que es “un hecho puntual” y señala que no tiene una mala relación con el presidente de la Corte Suprema. “Él mandó unos antecedentes al presidente Sebastián Piñera por una situación puntual de no haber respondido en tiempo y forma algunos oficios. Eso originó un sumario administrativo del cual fui sobreseído definitivamente”, dice.
Otro de los elementos que suman en esta oposición a Guerra –y que se encuentra registrado en la información pública del Poder Judicial–, fue su trabajo, un año antes que ingresará a la Fiscalía, como abogado defensor del narcotraficante Manuel Hernández, más conocido como el “Jefe del cartel del Carbón”, quien estuvo vinculado incluso al caso Matute Johns. Esta situación, que si bien no reviste inhabilidad, genera suspicacias porque tiempo después fue nombrado por el propio Chahuán como jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas.
Al respecto, Guerra señala que defendió a Manuel Hernández como imputado junto a un grupo de personas como “posible partícipe de una asociación ilícita” conocida como el “cartel del Carbón”. Pero aclara que él tomó la defensa “cuando estaba en prisión preventiva y obtuve que quedara en libertad condicional. De esa acusación, que fue lo que yo defendí, él fue absuelto, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Concepción”.
El caso es que Hernández –quien incluso aparecería vinculado a actividades de tráfico junto a Paul Schäfer, de acuerdo a la versión de un libro próximo a publicarse– fue detenido poco tiempo después por tráfico ilícito de estupefacientes y condenado por estos hechos. “Sí, después él fue imputado por otros delitos, incluso entiendo que fue condenado, pero es un tema que escapa a mí. Yo no defendí a un narcotraficante, sino que a una persona que estaba imputada por asociación ilícita (para el narcotráfico) y que la justicia determinó que debía ser absuelto, como lo fue. Además, fue antes de que ingresara al Ministerio Público y nunca lo he ocultado”.
Esta defensa de Guerra, según abogados de la plaza, en los tiempos actuales, le habría impedido ingresar al Ministerio Público, ya desde el 2005 todos los profesionales del Derecho que hayan defendido a narcotraficantes pasan a formar parte de un registro que lleva la Contraloría, como una manera de prever su ingreso a la administración pública.
