Las huellas dejadas por los aportes por fuera de la ley a la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2009 se han hecho evidentes durante la investigación de la Fiscalía por los casos de platas políticas. SQM, Aguas Andinas, Penta, Newport, Caburga, Sigdo Koppers y Comercial Los Lagos, son algunas de las empresas que aparecen con pagos sospechosos a sociedades del ex Mandatario entre agosto de 2009 y octubre de 2010.
En su primera campaña presidencial, la de 2005, Sebastián Piñera optó por financiar la mayor parte del gasto con aportes realizados de su propio bolsillo. Situación que se modificó en su segundo y exitoso intento por llegar a La Moneda, donde se abrió a recibir aportes de otros grandes empresarios.
A los $1.967 millones que recibió mediante aportes reservados; los $2.007 millones que obtuvo por un crédito bancario y los $1.097 millones que aportó directamente de su bolsillo, se suman otros $665 millones provenientes de grandes empresas. Esta última parte del financiamiento se realizó por fuera de la ley, y se trata de una cifra preliminar, ya que solo considera los aportes incluidos en la carpeta investigativa del Ministerio Público.
Según un cruce de datos realizado por El Mostrador, la campaña del ex Presidente Piñera en 2009 acumula hasta ahora aportes irregulares por US$1.228.523, según el dólar observado en agosto de 2009, cuando comenzaron a realizarse las transferencias.
Este jueves será formalizado el ex administrador electoral de su campaña, Santiago Valdés, quien forma parte de la arista Penta del caso luego que su firma apreciera en el contrato forward entre Bancorp y CB, empresa ligada al grupo Cruzat. Ese contrato fue cuestionado por la Fiscalía luego que ejecutivos de CB reconocieran que se trataba de una trampa para sacar dinero de empresas Penta. En ese caso, fueron $49 millones que habrían ido a parar a las arcas del ex Jefe de Estado.
Santiago Valdés es hijo de uno de los íntimos de Piñera: Fabio Valdés, quien ha sido director de empresas Penta y de Canal 13, donde protagonizó una polémica después que reclamara porque, en una entrevista a Laurence Golborne, la periodista Constanza Santa María le preguntó a este por los aportes a su candidatura de la empresa «de los Carlos».
La formalización de su ex administrador electoral será la primera valla para la estrategia asumida hasta ahora por el ex Presidente, consistente en no comentar los aportes sospechosos a su anterior candidatura. En entrevistas realizadas durante las últimas semanas por los diarios La Tercera y La Segunda, Piñera ha solicitado no referirse a estos temas, y esos medios lo han aceptado.
Administradora Bancorp es una de las sociedades clave en esta historia. Controlada por Inversiones Santa Cecilia –uno de los principales vehículos de inversión de Sebastián Piñera–, figura en la denuncia que el 2 de abril el Servicio de Impuestos Internos (SII) estampó en la justicia por los aportes por fuera de la ley realizados por Soquimich (SQM) a personas y empresas de casi todo el arco político nacional.
[cita]Según datos recabados por este medio, Bancorp aparece recibiendo en total $340 millones desde SQM entre agosto de 2009 y octubre de 2010. Se trató de 15 facturas emitidas a SQM por $22 millones y una última por $10 millones. Los pagos forman parte de la millonaria rectificación que la minera no metálica realizó ante el SII, en que reconoce que se trata de pagos sin respaldo.[/cita]
Según datos recabados por este medio, Bancorp aparece recibiendo en total $340 millones desde SQM entre agosto de 2009 y octubre de 2010. Se trató de 15 facturas emitidas a SQM por $22 millones y una última por $10 millones. Los pagos forman parte de la millonaria rectificación que la minera no metálica realizó ante el SII, en que reconoce que se trata de pagos sin respaldo.
Asegurando que los servicios efectivamente se prestaron, el gerente general de Bancard –sociedad controlada por Bancorp–, Nicolás Noguera, declaró ante el Ministerio Público que “el servicio contratado por SQM habría correspondido a una asesoría financiera amplia en materias económicas y de mercados financieros. El servicio lo prestó directamente Santiago Valdés a Patricio Contesse (ex gerente general de la minera)”.
Sin embargo, el encargado de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, declaró antes los fiscales que el servicio prestado por Bancorp “no existe”, agregando que “me llama la atención, ya que no se me ocurre qué servicio podría prestar alguien a una empresa como SQM en esta área”, señaló, en referencia a la versión esgrimida desde las empresas ligadas al ex Mandatario.
A los $340 millones a Bancorp se suman otros $26 millones pagados a Vox Populi –a través de cinco facturas–, sociedad controlada por Bancorp y Bancard. Vox Populi ha sido utilizada por el piñerismo para realizar encuestas políticas. Estos pagos también fueron rectificados por SQM.
Pero los aportes realizados desde Soquimich a las actividades de Piñera no se detienen ahí. Jaime de Aguirre, el ex director general de Chilevisión –canal que fue propiedad del ex Presidente–, aseguró en la Fiscalía que las empresas del piñerismo le solicitaron emitir tres boletas a la minera por un total de $45 millones, a pesar de que él no prestó ningún tipo de servicio a esa empresa.
Esos giros se efectuaron desde la sociedad manejada por De Aguirre, Inversiones La Música, entre el 30 de enero y el 1 de marzo de 2010. De acuerdo a su versión, correspondieron al pago de bonos que originalmente habían sido cancelados por Bancard, pero que, luego de girados los $146 millones adeudados, se le solicitó devolver ese dinero y emitir una serie de facturas a distintas empresas para concretar el pago.
A los $45 millones a SQM, se suman $15 millones a Pampa Calichera –una de las empresas cascadas que controlan a la minera vinculada a Julio Ponce Lerou–, a través de una factura emitida el 30 de enero de 2010. Otra por $20 millones a Asesorías Ilihue –de José Cox, otro de los amigos íntimos de Piñera–, el mismo 30 de enero, y tres más a Aguas Andinas, por un total de $30 millones. Esas facturas se giraron también entre el 30 de enero y el 1 de marzo de 2010.
En las empresas mencionadas hubo desconcierto cuando esta información salió a la luz, ya que se aseguró que esos pagos supuestamente estaban destinados a la aventura electoral de Piñera y no para el pago de bonos a sus ejecutivos.
Mario Conca, ex gerente general de CHV, reconoció que desde Bancard le hicieron la misma petición y que un bono por desempeño terminó siendo pagado por otras empresas. En su caso, se trató de $22 millones desde Aguas Andinas y de $12 millones desde Andes Task, empresa propiedad de Alejandro Reyes, el contralor de Sigdo Koppers.
Según información obtenida por El Mostrador, ese pago formó parte de las donaciones de los ejecutivos de Sigdo Koppers a la campaña de Piñera. En 2009 su presidente, Juan Eduardo Errázuriz, les solicitó aportar cada uno 1.000 UF a la candidatura de la Alianza por Chile.
La información sobre pagos irregulares a la campaña de Piñera ha continuado apareciendo, a medida que avanza la investigación de la Fiscalía. Uno de los últimos antecedentes dados a conocer es el aporte de $100 millones girado desde empresas del grupo Said a las sociedades del ex Presidente.
Tanto Inversiones Caburga –ligada a la familia Said Somavía– como Newport –controlada por otra ala del mismo grupo, los Said Handal–, rectificaron pagos ante el SII. En este caso, se trató de varios aportes parcelados, realizados en partes iguales por Caburga y Newport.
Inversiones Caburga giró $41 millones a Inmobiliaria El Boldo. Esa sociedad fue constituida el 16 de julio de 1996 por dos cercanos a Sebastián Piñera: su ex ministro del Interior y Defensa, Rodrigo Hinzpeter, y por Carlos Zepeda, el fallecido ex presidente de TVN durante su administración. Según los registros del Diario Oficial, el capital de El Boldo asciende a $5.493 millones.
Otros $8.2 millones fueron pagados desde Caburga a Inversiones Santa Cecilia, vehículo de inversiones de Piñera. Todos estos pagos fueron realizados a inicios de 2010, cuando en Chile se disputaba la segunda vuelta presidencial entre el ex Mandatario y el DC Eduardo Frei. En total, Caburga aportó $49,2 millones.
En el caso de Newport se trató de $25 millones a Bancard, en dos pagos, de $16 millones a El Boldo y de $9 millones a Santa Cecilia. Los $100 millones provenientes de los Said fueron transferidos entre el 25 de noviembre de 2009 y el 27 de enero de 2010.
Las mismas empresas giraron $24 millones a Asesores en Gestión Integral Limitada, Agesin, la firma de Clara Bensan, contadora DC formalizada por la Fiscalía y que ha declarado que se trató de pagos destinados a financiar la campaña de Eduardo Frei. La rectificación ingresada al SII incluye otros $8 millones de Caburga a la cuenta de Bensan y $8 millones más a G2M, la empresa que se encargó de los números de la candidatura del DC.
El grupo Said es uno de los más importantes del país y participa de la propiedad de Parque Arauco, Cruz Blanca, Embotelladora Andina y del Banco BBVA. En anteriores reportajes, El Mostrador dio a conocer los pagos realizados desde Caburga a otros políticos, como los diputados Fuad Chahin (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN).
Tal como lo dio a conocer este medio, otro aporte sospechoso vinculado a Piñera es el que se efectuó desde la empresa Comercial Los Lagos a Inmobiliaria El Boldo, el 15 de diciembre de 2009, en plena recta final de la campaña presidencial de ese año.
Esa información está contenida en las carpetas investigativas del caso, ya que Los Lagos está cuestionada por un pago de $12 millones a Agesin, la empresa de Clara Bensan. Su contadora, Filomena Valenzuela, declaró en calidad de testigo ante el Ministerio Público, indicando que en sus registros no aparecía ningún pago a la empresa de la DC, aunque, al aportar los libros contables correspondientes a diciembre de 2009, hizo público el pago de $8 millones a la sociedad de Piñera.
Este medio intentó sin éxito obtener respuesta desde Bancard.