Hoy Michelle Bachelet lo propuso al Senado para asumir la Fiscalía Nacional
Tiene un vínculo familiar con el ex canciller de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, quien forma parte del comité de crisis del grupo Penta, el escándalo por platas políticas que estalló el año pasado. Otro de sus primos es Eduardo Charme Aguirre, director del Servel, organismo que últimamente ha estado en la polémica por el acceso a los aportes reservados de empresas a campañas políticas. Fuera del plano familiar, la Fenamip presentó, a fines del año pasado, una queja ante la OIT en contra de Jorge Abbott por “prácticas antisindicales”.
El candidato para la Fiscalía Nacional nominado por Michelle Bachelet es Jorge José Winston Abbott Charme. Una preferencia que distancia a la presidenta del Senado, al dejar a un lado al candidato favorito de la Corporación, José Morales.
Abbott tiene varios lazos familiares en particular con el “piñerismo”. Es primo del ex canciller de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, quien llegó a encabezar el comité de crisis del grupo Penta, cuando el caso por el financiamiento irregular de la política recién comenzaba. Durante muchos años los hermanos Moreno Charme veranearon en la casa de los Abbott Charme en Viña, a la que también llegaban otras ramas de primos Charme.
Jorge Abbott también es primo del director del Servel, el abogado Eduardo Charme Aguirre, sindicado como cercano al gremialismo y a su fundador, Jaime Guzmán, pero él no pasaba los veranos en la casa viñamarina de los Abbott.
El Servel ha estado en la polémica durante el último tiempo por la entrega del detalle de los aportes reservados que las empresas han realizado a las campañas políticas. A comienzos de este año, el director del organismo asistió a la sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja por el caso Penta. En la instancia le preguntaron por los correos de distintos senadores de la UDI –como Iván Moreira y Ena von Baer– pidiendo dinero a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, así como a tros ejecutivos del grupo Penta. En esa ocasión el primo del candidato a la Fiscalía Nacional aseguró que «pedir recursos no tiene ninguna connotación de ilícito desde el punto de vista electoral».
Finalmente, la mayor de sus hijas, Luz María, está casada con José Manuel Romero Leiva, quien es hijo de Bernardo Romero Pizarro, hermano del ex senador RN, Sergio Romero.
Abbott en su juventud fue DC, pero luego pasó –como muchos otros de esa tienda– a formar parte del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), filiación que mantenía al momento del golpe de Estado en 1973. Fue del directorio de la compañía naviera Interoceánica y ejecutivo de la fábrica de viviendas prefabricadas El Bellot. Una vez que abandona el partido, como consigna La Segunda, trabajó con el interventor militar de la fábrica. Pero luego se retiró para dedicarse al ejercicio libre de su profesión.
Abott es chozno –es decir, hijo del tataranieto– del presidente Manuel Montt (1856-1861).
A fines del año pasado, la Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) presentó junto a al presidente de Anef, Raúl de la Puente, una queja especial ante el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ella reclamaron por una «interpretación antisindical de las horas de permiso sindical» realizada por Jorge Abbott como Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, informó La Segunda. La versión de los dirigentes es que Abbott quería que las horas de permiso sindical fueran máximas y no mínimas, como como habían acordado con Sabas Chahuán.
El 18 de marzo pasado Jorge Abbott recibió un correo con graves denuncias contra Espex –la empresa que presta el servicio computacional al Ministerio Público–, como alteración de datos, cifras “infladas” y laboratorios deficientes, tal como publicó El Mostrador hace algunas semanas. La empresa señaló a este medio que el mail contiene “acusaciones falsas” y que “alguien con una mente enfermiza intentó enlodar nuestro nombre”. Pero fuentes que conocieron de cerca el episodio creen que este revela un “mal manejo” y la “manipulación de la información” entregada por Abbott.
La Fiscalía instruyó una investigación administrativa y otra penal. La primera terminó el 17 de agosto y “no detectó ninguna irregularidad que afectara el proceso de licitación”. La segunda aún está en curso.
