Declaración de ex asesora fue clave
El testimonio realizado por Carolina Gazitúa permite ampliar la indagatoria hasta el 2008 por el delito de cohecho. Este prescribe en cinco años, pero si la persona comete una nueva transgresión, cualquiera sea, la prescripción anterior se interrumpe.
La fiscalía investigará al senador de la UDI, Jaime Orpis, por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en el denominado caso Corpesca, luego que se revelara una mala utilización de asignaciones parlamentarias tras la declaración que hiciera su ex colaboradora Carolina Gazitúa.
Según señala El Mercurio, la declaración de la ex asesora del legislador ampliaría la indagatoria hasta el 2008 por el delito de cohecho, debido a que éste prescribe en cinco años, pero si la persona comete otra transgresión, cualquiera sea, la prescripción anterior se interrumpe.
Gazitúa reveló que Orpis no solo le pidió que emitiera boletas para Corpesca en 2010, sino que también la contrató vía asignaciones pagadas por el Senado con la excusa de supuestas asesorías parlamentarias que no se realizaron, y frente a las cuales le devolvía parte del dinero.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está terminando la presentación para la próxima semana de una querella contra el legislador gremialista por el delito de cohecho y por malversación de caudales públicos. El primero es por el financiamiento de campaña y el segundo por mal uso de las asignaciones parlamentarias.
A su vez, un equipo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI están revisando todos los gastos por asignaciones parlamentarias usados por Orpis desde 2009 en adelante, lo cual fue ordenado por el fiscal nacional Sabas Chahuán y la fiscal Ximena Chong.
El análisis hechos por el grupo investigador determinó una serie de antecedentes que están bajo sospecha como el hecho que se repitan nombres de personas que emitieron boletas para Corpesca a petición de Orpis y que luego aparecen recibiendo dineros de asignaciones del Senado para el propio parlamentario o el comité de la UDI.
Uno de los casos investigados es el contrato de la abogada Bárbara Molina, hija de Patricia Ellies, directora de la Corporación Esperanza, fundación de Orpis y que combate la adicción de las drogas.
Según la información, la rectificación de $200 millones que hizo Corpesca y que involucran al senador gremialista, se señala a Bárbara Molina como una de las personas que recibió tres pagos de $5.555.555 cada uno entre 2009 y 2010, pero también aparece en 2014 realizando asesorías al parlamentario en la partida «asesorías externas», que también corresponde a asignaciones parlamentarias. Estas, según constan testimonios y pesquisas del expediente, también sería inexistentes.
Otro de los nombres que se repiten es el de Lorena Lara, quien otorgó boletas para la pesquera por $2 y $5 millones, los que aparecen en asignaciones parlamentarias del Comité de la UDI por$1.098.577.
Estas partidas también estarían en la mirada de los persecutores, debido a que testimonios darían cuenta que tampoco se habrían realizado.
Orpis será interrogado nuevamente el próximo martes y miércoles en calidad de imputado, luego que se programaran estas dos diligencias por parte de la fiscalía.
Tras finalizar estos interrogatorios y las diligencias encargadas a la Bridec, Chahuán estaría en condiciones de pedir a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del senador UDI para formalizarlo. Todo esto se realizaría antes que deje su cargo el 1 de diciembre próximo.
Se estima que la fiscalía solicitará medidas cautelares de las más gravosas al igual que el CDE, por lo que es necesario que el parlamentario no cuente con el fuero a pesar que la acción judicial de formalización no la necesita.
