Un socio, Rodrigo Zegers, defiende a Santiago Valdés, hombre clave del entorno piñerista que fue formalizado por delitos tributarios, y a José Cox, uno de los íntimos amigos del ex Mandatario. Ciro Colombara hace lo propio con Marco Enríquez-Ominami, a quien apoyó en sus dos campañas presidenciales. Fue Ignacio Rivadeneira, el tercer socio, asesor de máxima confianza de Piñera durante su Gobierno, quien recomendó a Zegers para que tomara como cliente al ex gerente de finanzas de Bancard y administrador electoral de la campaña del ex presidente de derecha.
Ha sido comentario entre los penalistas. Que Marco Enríquez-Ominami (ME-O), un potencial candidato presidencial, sea atendido por el mismo estudio de abogados que Santiago Valdés, hombre clave del entorno de Sebastián Piñera, otro aspirante a La Moneda, no es mera casualidad. La explicación hay que buscarla en la cercanía política de los socios con sus defendidos.
Ciro Colombara, quien el primero de octubre asumió oficialmente la defensa de ME-O, fue parte de las dos campañas del líder el PRO, y quién más indicado para diseñar una estrategia judicial que su amigo penalista. Mientras, en el caso de Valdés, fue Ignacio Rivadeneira, uno de los socios de la oficina, asesor de máxima confianza de Piñera durante su gobierno, jefe de gabinete y director de contenidos, el que recomendó a su socio Rodrigo Zegers para que tomara la defensa del ex gerente de finanzas de Bancard y ex administrador electoral de la campaña del ex presidente de derecha. También lleva la de José Cox, uno de los íntimos amigos del ex Mandatario.
El estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers tiene en sus manos la suerte de dos posibles rivales en 2017, con intereses contrapuestos, y que comparten ubicaciones expectantes en las encuestas. ME-O obtuvo la mayor evaluación positiva (un 42%, al lado de un 23% negativa) y Piñera, la quinta (con un 38% y un 31%, respectivamente), en la medición del CEP. Lo que ocurra con las investigaciones de la Fiscalía es clave para sus aspiraciones presidenciales.
En el intertanto, dicen que Piñera se reservaría a Juan Domingo Acosta, uno de los abogados favoritos de La Moneda durante su gestión, ex socio del fallecido Carlos Zepeda, íntimo del ex Presidente.
Fernando Barros, socio de Barros & Errázuriz, experto tributarista y abogado de cabecera de Piñera, deriva los temas penales a la oficina de Cortés & Rodríguez, pero Carlos Cortés ya había sido contratado por el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac.
Piñera, hasta ahora, no ha sido citado a declarar.
Destacado penalista, militante del PPD –defensor de políticos de la UDI y RN, amigo de Guido Girardi–, Colombara fue uno de los asistentes a la reunión en la casa del senador del PPD en la que recibió al entonces candidato a Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien concurrió con su hija mayor Luz María, también abogada.
Colombara aseguró que fue invitado por su amigo Girardi y explicó que muchas veces el parlamentario le pide opiniones en áreas de su competencia. ¿A qué fue?, es una pregunta que ninguno de los concurrentes ha explicado.
Una versión entregada a El Mostrador apunta a que “Ciro hizo de puente, porque conoce a Girardi y a Abbott, pero no sé quién pidió la reunión. Si Abbott o Girardi”. Otra versión apunta a que el encuentro se gestó por un vínculo familiar: Abbott es consuegro del conocido pediatra Bernardo Patricio Enrique Romero Pizarro, conocido por su segundo nombre, profesor de Pediatría de Girardi e íntimo del padre del senador. Romero, quien es hermano del ex senador RN Sergio Romero, aunque no comulga con su ideario político, habría llamado a Guido Girardi padre para plantearle si su hijo Guido podría recibir a su consuegro, cosa que aceptó.
Abbott fue trasladado por su hija a la casa del senador porque estaba atrasado y estuvo presente en la reunión, donde no se abordaron temas de contingencia: ni la defensa del síndico de quiebras Herman Chadwick, investigado en el caso Caval, ni la de ME-O, pues en la última semana de septiembre, cuando ocurrió la cita, Colombara no había tomado la causa del líder del PRO. Según esta versión la presencia de Colombara se explicaría porque Girardi le pidió acompañarlo como una suerte de testigo. Lo mismo hizo cuando se juntó con otros candidatos a Fiscal Nacional: Juan Enrique Vargas y José Morales. En todas las citas también estuvo su amigo y asesor Eugenio González.
[cita]Aislar a Piñera de cualquier participación en los hechos ocurridos en Bancard es la misión de Zegers. Los $366 millones recibidos por supuestas asesorías a SQM; el pago triangulado de un bono de desempeño que debía cancelar Bancard cuando era dueña de Chilevisión al entonces director ejecutivo de la estación, Jaime de Aguirre, que en su lugar hicieron cuatro empresas distintas, entre ellas, SQM, y los contratos de forwards con CB y Penta III mientras Santiago Valdés –su cliente– era gerente de finanzas de Bancard y administrador electoral de la campaña de Piñera.[/cita]
Ex alumno del Alonso de Ercilla, Colombara ingresó a la UC a estudiar Leyes y su profesor de Derecho Canónico, Patricio González Marín, lo llevó como procurador al estudio del que era socio junto al penalista y constitucionalista Ricardo Rivadeneira, uno de los fundadores de RN y padre de Ignacio, y Rodrigo Zegers, penalista de la U de Chile.
Siguió trabajando en la oficina después de egresar, fue jefe de procuradores y en 2000 emigró para crear su estudio con otro compañero de la UC: Juan Pablo Olmedo, simpatizante del PPD, liberal como él. Juntos demandaron al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la censura previa que impidió la exhibición del filme La última tentación de Cristo, obteniendo un fallo favorable que condenó al Estado chileno y obligó a eliminar la censura previa en la Constitución.
Colombara fue abogado de varias de las familias que se querellaron contra el laboratorio B Braun Medical. Seis niños murieron y otras 59 personas sufrieron graves daños al consumir el suplemento alimenticio Nutricomp ADN que contenía una dosis de potasio menor a la indicada en sus etiquetas. Tres ex ejecutivos fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada por atentar contra la salud pública, pero absueltos de los cargos de cuasidelito de homicidio.
Quienes lo conocen destacan su inteligencia, su excelente manejo con los medios y con las esferas de poder; también la confianza y lealtad que genera en sus clientes. “Es capaz de defender a ME-O mientras era diputado en una querella por injurias en contra del alcalde de Quillota; a Jacqueline van Rysselberghe (UDI) en la acusación constitucional que presentó un grupo de parlamentarios de la Concertación. O a Lily Pérez (RN) por problemas en su rendición de cuentas en 2004 y por amenazas antisemitas el 2009, mientras en paralelo era asesor de Carlos Ominami (PRO), que competía con ella por la senatorial en la Quinta Cordillera”, apunta un abogado que ha seguido su trabajo.
“No trata de caer bien sino que se mueve bien, lo que es distinto. Si está frente a una persona de extrema derecha no va a cuestionarlo, porque no anda emitiendo juicios de valor. Es súper tolerante. No va a ocultar tampoco que está a favor del matrimonio homosexual”, agrega.
Su cercanía con Girardi es de larga data. Se gestó hace casi dos décadas por un amigo en común, el abogado ambientalista Marcelo Castillo, quien era asesor del senador. Colombara lo ayuda en algunos temas legislativos y comparten también fuera de lo profesional.
Cuando Girardi se reunió con LZ, el testigo falso del caso Spiniak, lo hizo en la oficina de Colombara, en el estudio Colombara y Olmedo. Girardi ha declarado que LZ inventó que le regaló un par de zapatillas y que el joven llegó al Palacio Ariztía, la sede del ex Congreso en Santiago, preguntando por él, lo recibió Antonio Leal, diputado del PPD, a quien le informó que vio a políticos en una fiesta de Spiniak y Leal lo llamó para informarle. Girardi estaba reunido con María Antonieta Saa, entonces diputada del partido, y otros abogados en la oficina de Colombara, hasta donde llegó LZ en el auto que Girardi le envió por razones de seguridad y cuando le contó que iría a dos canales de televisión le facilitó su auto para protegerlo.
Colombara ha defendido a Girardi en contadas ocasiones: fue parte del contingente legal que incluyó a Jorge Schaulsohn, Luis Hermosilla y Alfredo Morgado, que asumió su patrocinio, en la querella por injurias presentada por ejecutivos de la AFP después que el senador los calificara de ladrones de cuello y corbata.
En 2009 el estudio, que contaba con casi 20 abogados, se desarmó. Colombara soñaba con una megaoficina y otros de los socios –Francisco Bartusevic, Ignacio Melo y Juan Ignacio Erbetta– no compartieron la idea. Alguna vez, buscando allegar contactos políticos, Colombara invitó al ex ministro socialista José Antonio Viera-Gallo, quien permaneció tres meses como consultor y se fue.
Al separar aguas, algunos crearon su propia oficina. Olmedo se mantuvo hasta 2011 en el Consejo para la Transparencia. Y Colombara regresó esta vez como socio de Rivadeneira –quien ya estaba prácticamente retirado– y Zegers.
En el nuevo estudio, Colombara se llevó a Ana Lya Uriarte, la ministra de Medio Ambiente del primer Gobierno de Michelle Bachelet –y su actual jefa de gabinete–, para desarrollar el área y sumar contactos políticos. Alcanzó a estar menos de tres meses y se retiró. Algunos lo atribuyen a desencuentros con Rodrigo Zegers, penalista de larga trayectoria, simpatizante de la DC, miembro del CDE entre 1983 y 1993 que ha tenido juicios de gran connotación pública. Como la defensa de la familia de Marcela Casanueva, la matrona que en 1998 pololeaba con Enrique Rajevic, candidato a contralor que no fue aprobado por el Senado, quien habría sido degollada por celos por la cosmetóloga Ema Pinto, quien se suicidó. Y la defensa de los abuelos de Tamara Schayman, la guagua que llegó en estado de coma a la Clínica Las Condes, tras ser golpeada desde que nació por su padre, Alejandro Schayman, condenado a presidio perpetuo y actualmente prófugo en Bolivia.
Descrito como un abogado completo, capaz de crear un argumento de la nada, extraordinario orador y escritor, Zegers es director de Norte Grande, elegido por las AFP, y pidió la renuncia del controlador de SQM, Julio Ponce, a la presidencia de la sociedad cascada cuando se conocieron las multas de la Superintendencia de Valores y Seguros. No fue su primer encontrón con Ponce: mientras era miembro del CDE persiguió penalmente a una de sus empresas –Sociedad Ganadera Monasterio– por los créditos que pidió a la Corfo y nunca pagó durante la dictadura.
Aislar a Piñera de cualquier participación en los hechos ocurridos en Bancard es la misión de Zegers. Los $366 millones recibidos por supuestas asesorías a SQM; el pago triangulado de un bono de desempeño que debía pagar Bancard cuando era dueña de Chilevisión al entonces director ejecutivo de la estación, Jaime de Aguirre, que en su lugar hicieron cuatro empresas distintas, entre ellas, SQM, y los contratos de forwards con CB y Penta III mientras Santiago Valdés –su cliente– era gerente de finanzas de Bancard y administrador electoral de la campaña de Piñera. Este último fue formalizado por delitos tributarios el 1 de octubre.
Mientras, Colombara deberá enfrentar la investigación que pesa sobre ME-O en la arista SQM, que se originó por los pagos a Cristián Warner, ex asesor del presidenciable, cuya empresa recibió $362 millones de SQM por servicios que no se habrían realizado. Existen, además, correos de agradecimiento de Warner por la colaboración de Patricio Contesse, entonces gerente general de SQM, dirigidos a su secretaria Katherine Bischop.