La acción legal contrasta con la misiva que otros 15 protagonistas del mediático rescate enviaron a la Fiscalía para declarar su conformidad con la gestión de los profesionales que los representaron para la posterior elaboración de un libro y una película sobre el accidente en la mina San José.
Nueve de los 33 mineros que permanecieron 70 días sepultados bajo 700 metros en una mina de la Región de Atacama hace cinco años, presentaron este lunes una querella por estafa contra sus ex abogados.
La acción judicial busca reparaciones por parte de Remberto Valdés y Fernando García, quienes representaron a «los 33» en lo referido a derechos por libros, películas y series de televisión que se produjeron a partir del trágico accidente.
Entre las irregularidades que se señalan en la querella, interpuesta por el abogado Alejandro Peña, un exfiscal del Ministerio Público en representación de los nueve mineros, se mencionan «presiones para firmar contratos de cesión de derechos y el engaño de hacerles creer que serían los mismos mineros los controladores de las sociedades».
«La demanda es básicamente porque nuestros derechos han sido vulnerados por los abogados que nos estaban asesorando», dijo Luis Urzúa, quien era el jefe de turno de los mineros que quedaron atrapados en la mina San Lorenzo, en la región de Atacama. Urzúa agregó que «los contratos que firmamos no eran como los abogados decían, por ejemplo, de 150 millones de dólares que llegaron a la sociedad, nosotros recibimos sólo un 17%».
Los mineros que firmaron esta querella fueron Juan Carlos Aguilar, Jorge Galleguillos, Víctor Zamora, Richard Villarroel, Osmán Araya, Mario Gómez, Claudio Acuña, Ariel Ticona y Luis Urzúa. Elllos atribuyen a los abogados las acciones fraudulentas y engañosas en la creación de sociedades, las cuales gestionaron negocios en nombre de «los 33», pero, según aseguran, fueron marginados de las ganancias recaudadas.
Pero los abogados se defienden. En un comunicado, el estudio Carey negó las imputaciones y aseguró que ninguno de los profesionales aludidos obtuvo ganancias con el caso.
«Las imputaciones que este grupo de nueve mineros realizan no se ajustan a la realidad. A los 33 Mineros de Atacama los asesoramos en un proyecto que consistió en el desarrollo de un libro y una película sobre sus vivencias en la mina San José. Ambos objetivos fueron logrados con el libro ‘Deep Down Dark’ y la película ‘The 33’, dos productos de clase mundial», indicó.
Asimismo, la nota recordó que «en su momento, producto de constantes divisiones internas al interior de los 33, en octubre de 2013 nos vimos obligados a terminar la asesoría legal que prestábamos. Fue una decisión difícil, por el compromiso que sentíamos hacia los mineros y sus familias. Nos genera tristeza apreciar que estos conflictos continúan y que esta vez se recurra a acciones judiciales con meros fines instrumentales».
Finalmente, enfatizó que «por todas las gestiones realizadas en favor de los 33, que implicaron casi tres años de trabajo, ni Carey ni el señor Fernando García obtuvieron ni obtendrán ganancias, lo que hace aún más inexplicable esta situación.
Esperamos sinceramente que los mineros vuelvan a trabajar unidos, lo que consideramos fundamental para que logren reconducir de manera positiva la dramática historia que protagonizaron».
En tanto, la división que existe entre los 33 mineros quedó en evidencia en una carta a la que tuvo acceso El Mostrador y que da cuenta que 15 de ellos enviaron a fines de septiembre pasado una carta al fiscal Marcelo Acuña en la que aseguran no haber sido víctimas de fraude y en la que, además, acusan a los hoy denunciantes de intentar «echar abajo» el proyecto para la realización del libro y la película sobre el rescate desde la mina San José.
«Inisistimos en que continuar con esta denuncia sólo nos desgastará y creará un clima de odiosidad que realmente no existe y haremos incurrir en pérdida de tiempo y recursos a la Fiscalía, terminando tal vez en un tribunal ratificando lo que a usted hoy le exponemos. Dentro de nuestros contratos se establecen mecanismos de resolución de conflictos, y en caso de ser necesarios recurriremos a ellos», sostiene la misiva.
Al momento de presentar la querella, Luis Urzúa tomó la vocería y afirmó que persiguen primero recuperar sus derechos, para estudiar mpas adelante una compensación económica.
Asimismo, aseguró que hay compañeros suyos que «no entienden», de qué se trata esta acusación y está confiado en que «ahora se darán cuenta que esto no es un capricho, ya que presentamos todo por escrito».
Las desconfianzas se remontan al mismo año 2010, cuando el grupo de mineros que ahora se querellaron revisó los contratos hechos en alianza con los abogados Valdés y García, y se percató que «no había ningún derecho para nosotros, todo el dinero iba para los abogados», recuerda Luis Urzúa.
