Todas las sospechas sobre tratos preferenciales al oficialismo en Caso SQM
Cayó de su cima política por boletas a SQM. La onda expansiva del caso alcanzó a una nutrida variedad de actores políticos que hoy están querellados por financiamiento ilegal. El ex ministro del Interior no se cuenta entre estos y eso no sería casualidad. Las veladas amenazas que dejó ver en su declaración ante la Fiscalía, junto al papel político que juega el SII son parte de la explicación que tienen al ex ministro del Interior de vuelta en las canchas como investigador de Flacso sin acciones legales en su contra. ¿Por qué se ha salvado pese a las evidencias que lo sitúan en el corazón de la sociedad creada como caja pagadora de campaña? Las explicaciones apuntan principalmente al SII y a las limitaciones que ha puesto a la investigación.
«Todos nuestros militantes investigados han sido tratados muy rigurosamente, como el senador (Iván) Moreira, que dijo la verdad desde el principio, y hasta le han formalizado a su novia. Pero a otros, como el ex ministro (Rodrigo) Peñailillo, que ha faltado a la verdad, la Fiscalía los trata con guante blanco”, criticaba hace unas semanas el senador Víctor Pérez (UDI) en torno al actuar del Ministerio Público y la investigación de las platas políticas.
El parlamentario, que cuestionó la imparcialidad de la fiscal Ximena Chong, que lidera la investigación del caso Corpesca, se sumaba a los dichos del presidente de la tienda gremialista, Hernán Larraín, que el día anterior y en medio de una entrevista en el programa ‘Estado Nacional’, acusó una campaña de desprestigio impulsada por la prensa.
Larraín ha acusado en diversas ocasiones la existencia de una persecución política en contra de la derecha en el marco de las formalizaciones de los casos Penta, SQM y ahora Corpesca, asegurando que «los únicos que son imputados, los únicos que son formalizados, son personas de la oposición, los otros están mirando por su casa en la televisión».
Tal como señalaba Víctor Pérez, uno de los actores que no ha sido formalizado –lo que saca ronchas en la oposición– es el ex ministro Rodrigo Peñailillo.
Peñailillo, quien llegó a ser el hombre más cercano a la Presidenta Michelle Bachelet y a erguirse como su probable heredero político, cayó en desgracia tras conocerse su vínculo con Asesorías y Negocios (AyN), empresa que tiene como representante legal al geógrafo Giorgio Martelli y que recibió recursos desde SQM-Salar, Copec y Arauco, durante 2012 y 2013, años en los que sirvió como caja pagadora a varios personeros del bacheletismo.
Tras seis meses fuera de la arena pública, Peñailillo reapareció de la mano del lobbista Enrique Correa, para ocupar un cargo como investigador en Flacso. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que dejó la cartera de Interior, en medio del escándalo de las platas políticas, pero la indagatoria no se ha traducido, hasta hoy, en algún cargo en su contra.
Y es que, a pesar de la evidencia y de que en los tres casos –Penta, SQM y Corpesca– hay políticos de calibre imputados y querellados –como Jovino Novoa, Carlos Ominami, Jaime Orpis o Claudio Eguiluz– el ex ministro de Interior no se encuentra aún en esa lista.
Las razones no serían técnicas ni jurídicas. Como señalan fuentes ligadas al caso, “no habrá querella porque hay un acuerdo político cuyo objetivo es evitar abrir una caja de Pandora”, que afectaría directamente al Gobierno y cuya llave estaría en manos del ingeniero comercial de la Universidad del Bío Bío. Amenaza que se vislumbra veladamente en el testimonio que entregó a la Fiscalía el 17 de junio pasado en calidad de imputado. Ese día le preguntaron si la Presidenta estaba en conocimiento del modus operandi de AyN, de las relaciones de esta con Somae –empresa administradora de su última campaña presidencial– y de otros temas relacionados. Peñailillo optó por no referirse al tema “a sugerencia de mi abogado”.
“Lo que él hace en definitiva es no negar que la Presidenta sabía… o sea, que tenía antecedentes”, dice el analista político Max Colodro.
Una tesis reafirmada el fin de semana recién pasado por filtraciones del entorno del ex ministro a La Tercera: “Alertado desde La Moneda de que las versiones difundidas poco después de su salida del Gobierno de un eventual enriquecimiento personal durante la denominada precampaña habrían estado alentadas por los asesores más cercanos a Bachelet, específicamente por su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, Peñailillo decidió pasar a la ofensiva y junto con contactar al penalista Jorge Bofill, recibió al ex ministro y dueño de Imaginacción, Enrique Correa, y al abogado Gabriel Zaliasnik para preparar la artillería. La estrategia política era simple: no quebraría su lealtad hacia Bachelet mientras no siguieran vinculándolo a algún ilícito en su gestión como jefe de la segunda candidatura de la hoy Mandataria”.
Las señales que sustentan el manto de protección en torno a Peñailillo son diversas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) es donde recaen las principales preguntas.
El Servicio ha estado en el ojo del huracán desde que SQM, la minera controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou, apareció en la ruta de las platas políticas. Lo más evidente fue el cambio en la presentación de querellas, tal como publicó El Mostrador hace algunos meses. Si se comparan las primeras que presentó el SII hace un año –cuando recién se iniciaba el vendaval del Caso Penta–, con las últimas ingresadas por el organismo a la Justicia, se percibe una diferencia que pasa por que las actuales son más incompletas y tienen menos fuerza y contundencia jurídica.
[cita tipo= «destaque»]Una fuente ligada al equipo investigador de las platas políticas de la Fiscalía, señala que la ausencia de querella “del SII contra Peñailillo es una cosa política. La UDI tiene razón: es horrible. Con el único que hicieron la pega fue con Novoa. Si ellos hubiesen ejercido las mismas acciones de la misma forma que con Novoa, no habrían limitado la querella contra SQM-Salar ni contra de AyN. Si se hubiesen querellado como debían hacerlo por las boletas truchas que Peñailillo, (Alberto) Arenas y Jorratt daban a AyN, estarían los tres formalizados”.[/cita]
Fuentes ligadas al caso señalan que la razón principal por la cual el SII tuvo más antecedentes para querellarse contra Penta y otras personas, como Jovino Novoa, es gracias al testimonio del ex director de la compañía, Hugo Bravo. “Pero en la medida que fueron apareciendo antecedentes respecto de otras personas vinculadas a políticos eso gatilló la crisis del SII: el que se quisiera investigar también a esas otras personas, ligadas al Gobierno, al oficialismo. Desde el poder no quisieron que se investigaran”.
En agosto de este año desembarcaron en el SII las nuevas autoridades. La dirección fue asumida por Fernando Barraza, quien reemplazó a Michel Jorratt en medio de sus denuncias por presiones políticas desde el Ministerio de Hacienda.
A los pocos días Barraza le pidió la renuncia al subdirector jurídico, Cristián Vargas, quien, al igual que Jorratt, denunció presiones políticas para frenar las indagatorias. En su reemplazo nombró a Bernardo Lara. Pese a ser señalado como un “duro” no fueron pocos los que plantearon que su cercanía con el oficialismo podría pesar en su actuar frente a la investigación por platas políticas. Lara estuvo vinculado a la Fundación Dialoga, cuyo objetivo es preservar y propagar el legado del primer Gobierno de Michelle Bachelet. El año pasado Dialoga lo facultó para reducir el acta de sus memorias a escritura pública, así como “para realizar todas las acciones que fueren necesarias para la total validez de sus acuerdos”. Peñailillo tuvo oficina en Dialoga tras regresar de sus estudios en España, aunque no ostentó cargo formal.
Estas sospechas tomaron forma un mes después de su designación. El 22 de septiembre quedó claro cuál sería la “mano” de las nuevas autoridades del SII. Ese día ingresó la querella contra SQM-Salar, Giorgio Martelli y Cristián Warner, ambos representantes legales de sociedades que sirvieron de puente para allegar recursos a campañas políticas.
La querella cayó como balde de agua fría en el Ministerio Público, en particular por la página y media en la que el SII argumentó por qué recaen exclusivamente en este servicio las facultades en la persecución de delitos tributarios, que son los que abundan en los casos Penta, SQM y Corpesca. En la Fiscalía interpretaron la jugada como uno de los frenos que ha intentado instalar el SII a lo largo de la indagatoria. Tal como informó este medio, no fueron pocos los que apuntaron a que el Servicio quería “cortar el hilo por lo más delgado” y dejar fuera de la zona de peligro a Rodrigo Peñailillo.
Al respecto, la ex abogada jefe de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete, señala que “Peñailillo aparece mencionado en AyN. Hay una primera querella del Servicio contra Martelli que no incluye a AyN, que fue del período en que Jorratt se fue. La sociedad AyN se incluye en esta última querella de septiembre, donde por primera vez y en forma insólita el SII introduce un montón de párrafos de advertencia y declaraciones de principios respecto de su percepción en materia de personas determinadas. Tradicionalmente el SII incluía la frase ‘contra los que resulten responsables’ y a partir de principios de este año empieza a hacerse por parte del Servicio una serie de actuaciones que son bastante erráticas y que van en un camino: empiezan primero algunas querellas, sacan la frase ‘contra quienes resulten responsables’, luego colocan la frase y limitan el tema de los facilitadores, dicen que no se están querellando contra ellos, pero sostienen que más adelante lo podrían hacer. Hasta desembocar en esta última querella que es absolutamente limitativa en cuanto a las personas contra las cuales se querellan, señalando en varias oportunidades que solo se están querellando contra personas determinadas y que si el Ministerio Público encuentra otras, le tienen que comunicar a ellos para que vean si se investiga o no”.
Con esto, asegura la abogada, “lo que está haciendo el SII es evitar que se siga a otras personas relacionadas con los hechos denunciados en esa querella y que no han sido mencionados”.
-¿Como Peñailillo?
-Si entendemos que Peñailillo está vinculado a AyN y esa es la única querella que existe que incluye a AyN, entonces está beneficiando claramente a Peñailillo. Es mi opinión personal, esto lo van a resolver tribunales.
En distintas declaraciones Cristián Vargas, ex subdirector jurídico del SII, relató que SQM-Salar presentó ante la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio una serie de antecedentes para rectificar sus declaraciones de impuestos, que incluían los contratos y trabajos que habría realizado el ex secretario de Estado. La dirección jurídica pidió internamente poder conocer esos antecedentes para analizarlos y hacer una recopilación de antecedentes –que permite fundamentar la decisión de querellarse o no– pero, según señaló el abogado, nunca fueron enviados. Al menos no hasta que tuvo que dejar el cargo.
Fuentes conocedoras de la investigación señalan que “había antecedentes suficientes como para haber denunciado a Peñailillo y que la Fiscalía investigara. La fórmula era haber hecho una denuncia abierta, no esa querella que presentó el SII en septiembre que no aporta nada a la investigación, al contrario, la limita (…). La señal que da esto es que no quieren investigar. Por lo menos el SII está diciendo claramente que no va a accionar respecto de otras personas ni permite que la Fiscalía investigue a otras personas que no sean las querelladas en delitos tributarios al menos”.
Las mismas fuentes explican que entre estos antecedentes se cuentan “las boletas que él (Peñailillo) emitió por trabajos a AyN y los supuestos trabajos que realizó. Eso había que investigarlo y ver si eran trabajos reales. En caso contrario, sería un ilícito tributario. Más allá de determinar si era solo AyN, podría haber habido mucho más. Con esos antecedentes, que eran públicos, daba pie, había base para requerirle antecedentes a él, a las empresa AyN sobre trabajos supuestamente realizados y denunciar hechos a la Fiscalía”.
Una fuente ligada al equipo investigador de las platas políticas de la Fiscalía, señala que la ausencia de querella “del SII contra Peñailillo es una cosa política. La UDI tiene razón: es horrible. Con el único que hicieron la pega fue con Novoa. Si ellos hubiesen ejercido las mismas acciones de la misma forma que con Novoa, no habrían limitado la querella contra SQM-Salar ni contra de AyN. Si se hubiesen querellado como debían hacerlo por las boletas truchas que Peñailillo, (Alberto) Arenas y Jorratt daban a AyN, estarían los tres formalizados”.
Diversos actores coinciden con que la falta de acciones legales contra el ex ministro del Interior obedecería a una decisión netamente política. Como el abogado litigante Juan Ignacio Correa, quien afirma que “aquí hubo un acuerdo político entre algún ministerio, supongo que es Hacienda e Interior, con los políticos, de que esto llegaba hasta aquí. Amparándose en la facultad exclusiva y excluyente que tiene el SII no se investiga más. Los que van a caer son los que han hecho hasta ahora, más algunos segundones de Tohá, Piñera, Frei, y otros. Pero las vacas sagradas, no. Ese es el acuerdo político que se tomó. El nuevo Fiscal Nacional le va a rendir pleitesía, el besamanos, a los senadores”.
Un análisis similar tiene Max Colodro, quien señala que “la situación de Peñailillo no es distinta a la que denunció el abogado querellante en el caso Caval respecto de Natalia Compagnon. Efectivamente, el SII está procediendo con un criterio más bien político y eso es innegable. En el caso de personeros vinculados a la Nueva Mayoría o el entorno presidencial, se ha tomado la decisión política de no accionar para tratar de acotar las investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía”, dice.
Para Marisa Navarrete, a diferencia de los políticos que hasta ahora enfrentan querellas por parte del organismo liderado por Fernando Barraza, en el caso de Peñailillo “uno podría pensar que la operatoria que funcionó ahí fue más sofisticada”.
La abogada explica que la defraudación que comúnmente se comete contra el fisco y que configura delitos tributarios, es la declaración de impuestos maliciosamente falsa o incompleta –contenida en el artículo 97 nº4, inciso primero del Código Tributario–, en la cual se incorporan montos no reales o ficticios como gastos que permiten rebajar la carga tributaria. Estos montos no reales se «esconden» a través de facturas y/o boletas falsas, pues ello permite darle «apariencia de veracidad» a los gastos supuestamente incurridos.
En tanto, el delito que comete el que realiza, proporciona o facilita el documento falso para que el destinatario rebaje impuestos –conocido como emisión de boletas y facturas falsas– se encuentra tipificado en el inciso final del artículo 97 nº4.
Este «engaño», detalla Navarrete, “con documentos falsos puede ser hecho en forma burda: una persona emite una factura por servicio no prestado y se lo entrega, ella misma o un intermediario, al que la usa en su declaración para rebajar impuestos”.
Pero también, añade la abogada, “se puede realizar en forma más sofisticada, es decir, creando sociedades aparentes que permiten, por así llamarlo, ‘blanquear’ documentación tributaria, empresas que tienen iniciación de actividades y un aparente funcionamiento, pero que su único objeto no fue realmente ser una sociedad para prestar un legítimo servicio, sino para darle apariencia también de legitimidad a los documentos tributarios falsos”.
Navarrete señala que AyN cabría en esta forma más sofisticada de defraudar al fisco, “porque lo que al parecer se pretendía hacer –teóricamente, porque hay que conocer todos los antecedentes– era crear una sociedad para asesorías que tuviera por objeto ir entregando documentación a cambio de los dineros que se entregarían como aportes. Y para darle más apariencia de veracidad a esta sociedad se emitirían unos informes. Todo esto con el objeto de pasar por el filtro de la fiscalización, porque el SII te exige que estos gastos sean respaldados con documentación tributaria fidedigna: factura o boleta”.
Y añade que el SII se ha querellado anteriormente contra empresas que son ficticias. “Por ejemplo, en el caso de los chatarreros, que eran empresas ficticias que procuraban documentación tributaria simulando ser proveedores de cables, pero no tenían bodegas ni empleados. Claramente no era una empresa que funcionaba, sino que era un instrumento para otro objetivo. En el caso de las asesorías es más complejo, porque la asesoría es algo esencialmente inmaterial”.
Sobre la base de los antecedentes y testimonios que se han publicado en los medios, explica, “en el caso de AyN hay antecedentes como para sospechar que esta era una empresa destinada a hacerse de esta documentación y rebajar impuestos. Martelli ha declarado que entre los autores de la creación de esta sociedad estaba Peñailillo y que ellos decidían muchas cosas, por ejemplo, que él mismo ponía el precio de los honorarios de sus informes”.
Al revisar la investigación que realizó el Ministerio Público sobre AyN, es posible unir una serie de evidencias que apuntan al papel que tuvo Peñailillo en la constitución y funcionamiento de la empresa que funcionó como pagadora de varios cuadros políticos del bacheletismo, así como de ciertas actividades relacionadas con la precampaña.
La más clara de estas apunta a su rol como creador de AyN, de la que Giorgio Martelli es el representante legal. En su declaración, el geógrafo involucró a Peñailillo: “Jorge Rosenblut me llamó para pedirme que me incorporara a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc., para una nueva opción de gobierno de la Concertación”, dice en el testimonio que entregó entre mayo y junio a la Fiscalía. Y detalla: “Estas decisiones, tanto de ayuda a estos profesionales como de constitución de una sociedad para este fin, se adoptaron por un conjunto de personas: Rosenblut, Rodrigo Peñailillo, (Cristián) Quinzio, quien dio su aporte legal como abogado, y yo. Todos participamos de esas reuniones”.
Lo anterior fue desmentido tanto por Peñailillo como por Rosenblut y Quinzio en sus respectivas declaraciones. El ex ministro matiza diciendo que él ‘sugirió’ a quienes contratar, entre los que se cuentan varios que después se sumaron como asesores al Gobierno de Bachelet. “Yo sugerí a Flavio Candia, Gabriel Sepúlveda, Robinson Pérez, Héctor Cucumides, Harold Correa, Sergio Torres, Alicia Galdames, no recuerdo pero creo que también sugerí a María Estela Ortiz, no recuerdo si sugerí a Claudio Santis, pero lo conozco y sé que es un profesional de primera línea. Yo no sugerí a Enrique Paris ni a Michel Jorratt, ni a Ximena Albornoz”, declaró.
Luego están las cuatro boletas por un total de $16 millones que Peñailillo emitió a la empresa por tres informes sobre la Unión Europea y el Reino Unido. En su declaración Martelli dice que fue el mismo Peñailillo quien encargó los informes y que “él definió los honorarios”.
A lo anterior se suman los pagos que AyN realizó al ex ministro, como de un celular que utilizó hasta diciembre de 2013. “Creo que es un número (de teléfono) que se siguió pagando y yo debí haber seguido ocupándolo”, dijo Peñailillo, luego de aclarar que ese año tuvo varios celulares.
Además, AyN pagó tres pasajes a EE.UU. del ex ministro y otros dos a Concepción para realizar unos talleres. “Recuerdo que fueron viajes relacionados con el trabajo propio de la empresa, creo que talleres. Eran talleres relacionados con análisis político coyuntural, no eran con comunidades, era con personas, no recuerdo quiénes”, declaró el ex ministro del Interior.
Sobre los pasajes a EE.UU. que coincidieron con el período en el que Michelle Bachelet era secretaria general de ONU Mujeres, Peñailillo dijo que “corresponden a actividades políticas particulares”. Cuando la Fiscalía le preguntó si eran para reunirse con Michelle Bachelet, el ex ministro dejó escapar la primera amenaza cifrada: “A sugerencia de mi abogado no voy a contestar esa pregunta”.
Pero AyN no solo pagó pasajes a la ciudad norteamericana a Peñailillo. También lo hizo con Michel Zalaquett –dueño de la agencia audiovisual DID junto a Marcos Chilet y Nicolás Rebolledo– y Claudio Labrín. Ambos fueron a EE.UU. para grabar las imágenes que luego fueron usadas para el video promocional de Bachelet en primera vuelta. Martelli señaló que estos viajes fueron a petición del ex ministro del Interior. “Se pagó un viaje de Zalaquett a Nueva York. Este señor es un camarógrafo o periodista, no estoy seguro, me lo pidió Rodrigo Peñailillo” y agregó que “el propósito del viaje fue tomar imágenes en la ONU Mujeres de Michelle Bachelet, poco antes de su venida a Chile y anunciar su candidatura”.
Lo anterior fue desmentido por Peñailillo en su declaración: “Yo no decidí que AyN pagara pasajes a otras personas”.
Otra evidencia que se sumaría es que la empresa de Martelli pagó dos meses de arriendo (mayo y julio) de la casa donde instaló su comando Bachelet. El último cuando ya le había cedido el contrato de arriendo a Somae, que fue la empresa administradora de la campaña.
Finalmente, están los pagos de la cuenta personal de Martelli al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, quien ya había ocupado ese cargo durante el primer Gobierno de Bachelet. En total fueron $32.5 millones los que Martelli giró de su cuenta personal a Riquelme entre marzo y agosto de 2013, el mismo año en el que este último fue encargado de administrar la campaña que llevó a Bachelet por segunda vez a la Presidencia.
Riquelme es cercano a Peñailillo y uno de los pocos sobrevivientes de la G-90 en el Gobierno. Al ex ministro lo conoce desde la educación media en el Liceo A-49 de Coronel, después coincidió con él en la Universidad del Bío-Bío y posteriormente compartieron hogar en Santiago, según Ciper. Ambos participaron también en la compra de un terreno por $380 millones en Peñalolén durante la precampaña de Bachelet.
Hasta que el SII no presente la querella contra el otrora hombre fuerte del gabinete de Bachelet, estos antecedentes se mantendrán guardados en la carpeta investigativa de la Fiscalía.
