El dirigente gremial dijo que la obligación de circunscribir sus encuentros con las autoridades del Ejecutivo a la nueva legislación atenta contra la libertad sindical.
Durante las negociaciones de los funcionarios públicos con el gobierno para conseguir un reajuste de sueldos, y luego de la extensa paralización del Registro Civil, la Contraloría General de la República emitió un dictamen que manda registrar bajo los parámetros establecidos en la Ley de Lobby, las reuniones entre la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y otras asociaciones e funcionarios, con las autoridades del Ejecutivo.
La disposición molestó al presidente de la Anef, Raúl de La Puente, que pedirá cambiar la ley para hacer una distinción en el caso de ellos, que no son «lobbistas», sino «sindicalistas» según precisó.
«Lo que hace la Contraloría es decir que somos lobbistas, no somos lobbistas, somos sindicalistas. Obliga a realizar todo un proceso administrativo (para solicitar reuniones), lo que burocratiza la relación fluida que debe existir entre el dirigente y la autoridad», dijo De La Puente a La Segunda.
El dictamen emanado el 5 de noviembre explica que «de la interpretación armónica de las leyes antes citadas y, en especial, de la intención que tuvo el legislador al dictar la ley N° 20.730 (Ley de Lobby), se desprende que las audiencias o reuniones que tales agrupaciones solicitan a los sujetos pasivos de este texto normativo, a fin de influir en las decisiones que han de adoptar en el ejercicio de sus funciones en los términos de su artículo 5°, deben ser incluidas en el registro respectivo», explica la disposición.
