En las rectificaciones de la empresa Inversiones Caburga, del Grupo Said, aparece el abogado Cristián Letelier Aguilar, ex diputado y asesor de la UDI con un monto de $5,5 millones, girados a la sociedad Cristián Letelier y Compañía Limitada en 2009, pagos que no tienen respaldo y por lo que apuntarían a ser irregulares.
A Cristián Letelier, miembro del Tribunal Constitucional, le llueve sobre mojado. Es que justo cuando la seguidilla de datos de las investigaciones por platas políticas empezaban a tapar el recuerdo de su vinculación con el caso Penta, su nombre apareció en el listado de los más de $663 millones que la familia Said Somavía, por medio de su empresa Inversiones Caburga, rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Según un reportaje publicado por Ciper Chile, en el que se detalla una serie de pagos rectificados ante el SII de dos sociedades de la familia Said –inversiones Caburga y Newport–, los dineros que involucran al ex Presidente Eduardo Frei, al operador político Enrique Correa, así a sociedades de Sebastián Piñera y de los senadores Andrés Zaldívar (DC) y Francisco Chahuán (RN), además del ex candidato presidencial Laurence Golborne, también incluye a Cristián Letelier.
En las rectificaciones de la empresa Inversiones Caburga, del Grupo Said, aparece el abogado Cristián Letelier Aguilar, ex diputado y asesor de la UDI, con un monto de $5,5 millones, girados a la sociedad Cristián Letelier y Compañía Limitada en 2009, pagos que no tienen respaldo y por lo que apuntarían a ser irregulares.
Un nuevo flanco que complica a Letelier, quien llegó a la segunda sala del Tribunal Constitucional, junto al socialista Nelson Pozo, en medio de una fuerte polémica, debido a que se alcanzó un acuerdo muy expedito en el Senado, marcado por las críticas a la falta de discusión para elegir los nombres –esto, porque no hubo debate senatorial–, además de que ambos fueron nombrados luego que venciera el plazo que tenía la Cámara Alta para definir los reemplazos de Hernán Vodanovic y Raúl Bertelsen.
Las críticas al miembro del TC, que ahora es cuestionado por los aportes de los Said, también apuntaban a su perfil más político y de asesor-operador de la UDI. Cercano a la línea de Longueira y admirador de la obra y las ideas de Jaime Juzmán, Letelier llegó al Parlamento el 2011, cuando fue nombrado diputado designado por la UDI en reemplazo de Gonzalo Uriarte, teniendo entre sus respaldos las credenciales de haber sido dirigente estudiantil y presidente de la juventud del gremialismo.
El abogado también fue asesor legislativo de la hoy candidata a alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei y del senador Víctor Pérez y se ha hecho parte en casi todas las causas judiciales que el gremialismo ha emprendido, hasta que en agosto del 2013 renunció al partido después que su comisión electoral decidiera no repostularlo por el distrito de Melipilla, donde fue reemplazado por el hijo del senador Juan Antonio Coloma.
Además de su perfil marcado por la política y alejado del mundo académico y técnico de las Ciencias Jurídicas, otro punto en su contra es que su rol al interior del TC ha sido mirado con desconfianza, principalmente desde el Ministerio Público, por su cercanía con el caso Penta. El abogado asumió la defensa de Paula Rojo, la secretaria de Alberto Cardemil, que fue citada a declarar por su participación en la emisión de documentos irregulares para financiar la campaña senatorial de la carta de RN.
Pero uno de los principales cuestionamientos es un correo electrónico que es parte de la carpeta investigativa del caso Penta, en el que Letelier le solicitaba a Carlos “Choclo” Délano –uno de los controladores de Penta– recursos para desplegar la campaña UDI y de Longueira en Melipilla, en el año 2013.
Todos ellos, antecedentes que llevaron al Ministerio Público a solicitar al TC que Letelier se inhabilitara para resolver el requerimiento presentado a nombre del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, que buscaba impedir que el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán accediera a los registros contables de SQM.