El ‘cortafuegos’ instalado para no indagar a otros grandes contribuyentes
Ripley, Alsacia, CorpBanca y parte importante del holding de los Angelini, por mencionar algunas, han corrido una suerte muy distinta al destino judicial que enfrentan SQM, Penta y Corpesca. Una escapada milagrosa donde ha sido clave el Servicio de Impuestos Internos, que no se ha querellado contra estas compañías. Incluso, según fuentes ligadas al servicio, ha optado por dejar en el cajón del olvido la continuación de estas investigaciones. La posibilidad de rectificar las declaraciones de impuestos de años anteriores, pagar una multa y zafar del escándalo ha sido decisiva en esta jugada que, de paso, da un respiro al mundo político.
Ya ha pasado más de un año desde que a fines de septiembre de 2014 aparecieron por primera vez cinco políticos involucrados en el financiamiento irregular de la política mediante la comisión de delitos tributarios en alianza con los dueños y altos ejecutivos del Grupo Penta. Solo el comienzo de uno de los casos que terminaría por estallar en el corazón de la clase política y empresarial chilena y que dejaría varios heridos en el camino.
Al principio, y tal como publicó este medio, la mayoría de los nombres estaban vinculados a la UDI: los senadores Iván Moreira, Ena von Baer, así como el ex alcalde Pablo Zalaquett y el entonces candidato presidencial Laurence Golborne. La única excepción en ese entonces era Andrés Velasco. No se sospechaba que Penta era apenas la punta del iceberg.
En medio del escándalo las señales políticas e institucionales fueron duras y funcionaron bajo la lógica del “caiga quien caiga”. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó denuncias y querellas “contra todos quienes resulten responsables” y la Fiscalía, con Carlos Gajardo a cargo de la investigación, persiguió las diferentes aristas que se abrían. En enero de 2015 no solo habían aparecido nuevos políticos –el otrora poderoso coronel de la UDI, Jovino Novoa, por ejemplo– sino también nuevas empresas, como Ripley, Alsacia y SQM.
Esta última encendió las alarmas en la Nueva Mayoría. Y es que la minera controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, había sido caja pagadora de varios personeros del oficialismo, entre ellos el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien en mayo de este año dejó su cargo tras conocerse boletas personales y de buena parte del comando de precampaña de Bachelet a la minera. Hasta ahora el SII no ha presentado una querella o denuncia en su contra, lo que se explicaría por el manto de protección en torno al ex ministro activado desde el oficialismo.
La Caja de Pandora que abrió SQM implicó un giro radical en la forma en que se continuó abordando las investigaciones, porque aunque la minera no metálica se transformó en un caso en sí misma, la aparición de políticos involucrados de todos los sectores y la entrada en escena de muchas más empresas –como Ripley, Alsacia y Aguas Andinas– terminó con un Servicio de Impuestos Internos aplicando diversas fórmulas para evitar que la situación siguiera escalando y salpicando a más personajes y compañías.
Es así como los otros grandes contribuyentes que aparecieron vinculados al financiamiento irregular de la política parecen haber sido olvidados. De hecho, obtuvieron una vía de escape a la medida para zafar del escándalo. Un drástico cambio al interior del organismo que selló el futuro de las grandes empresas y dejó a salvo a sus dueños y altos ejecutivos de ser formalizados por delitos tributarios.
Según fuentes que conocieron de cerca el tema, ya en mayo de este año había datos “suficientes” relacionados con distintos grandes contribuyentes para realizar una recopilación de antecedentes sobre delitos tributarios. Un paso previo, aunque no obligatorio, para que el SII presente una denuncia o querella. “Eso nunca se pudo hacer porque los antecedentes no se tuvieron, ni la autorización de parte de la Dirección del servicio para poder realizar esa recopilación”, comenta la misma fuente.
Asimismo, fuentes internas del servicio apuntaron entonces al ex director Michel Jorratt –según informó este medio– como el responsable de detener las investigaciones por delitos tributarios contra las nuevas empresas que aparecían en el financiamiento irregular de la política. Entre estas se encontraban Copec, Arauco, Aguas Andinas, BCI, CorpBanca, Metalpar, Cencosud, Pesquera El Golfo, Newport, Inversiones Caburga y Endesa.
Otras fuentes ligadas al SII manifiestan que “lo que se conoce en relación con el financiamiento irregular de la política y la comisión de delitos tributarios que se cometieron para ese financiamiento es algo muy pequeño: es como la punta del iceberg. El asunto es mucho mayor (…). Lo que ocurre ahí es que existe una especie de acuerdo transversal político de que no se investigue más, que se limite la investigación: lo que ya se abrió, se abrió. Pero no se va a abrir más”.
La jugada se fraguó al interior del servicio y consistió en que los casos de grandes contribuyentes fueran revisados por la subdirección de Fiscalización, y no por la subdirección Jurídica, con el fin de abrir una solución administrativa. Así los grandes contribuyentes tendrían la posibilidad de realizar rectificaciones de sus declaraciones de impuestos de años anteriores, las que tienen asociadas multas por los impuestos no pagados producto de aportes irregulares a campañas. Una decisión que en la práctica significó también que se diluyera la posibilidad de presentar querellas o denuncias por delitos tributarios contra los responsables de las empresas involucradas.
Según Marisa Navarrete, ex abogada jefe de la Oficina de Licitación Penal del SII, “el llamado que se hizo a empresas para autodenunciarse, terminó en que varias rectificaron sus declaraciones de impuestos pagando lo que supuestamente habrían evadido con estas prácticas similares a Penta y SQM. El tema es que hoy el SII frente a una acción similar debería tener la misma actuación. No puede haber una discriminación”.
Esto porque, si bien –según explica Navarrete– la rectificatoria de las grandes empresas y el pago de impuestos pueden ser considerado una atenuante, no eliminan el delito tributario que ya se cometió. “Hay un organismo público al que se le entregó la atribución de poder querellarse contra los delincuentes tributarios, entonces, lo que se entiende que hiciera este organismo es poder perseguir criminalmente esos delitos. Pero hoy parece que no quiere hacerlo, incluso, su director –Fernando Barraza– ha dicho que el servicio no está para querellarse criminalmente sino para recaudar impuestos. Entonces, ese es un criterio totalmente distinto de lo que había venido haciendo el SII. Y está obviamente teñido por la connotación política que tienen los casos. Porque lo que ha venido haciendo el servicio es prestándole ropa a la restricción de la persecución penal del delito tributario”.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que los fiscales “cumplen con la obligación legal de consultarles a los emisores de boletas, a quien más emitió boletas falsas ideológicamente. Lo siguen haciendo. Una vez con ese antecedente lo envían al SII. Pero de ahí no ha venido nada de vuelta. Pese a que Angelini y Alsacia hacían lo mismo que Penta y SQM”.
El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, no cree que “exista una voluntad mayor para avanzar respecto a la situación de otras empresas que podrían haber hecho aportes a campañas y actividades políticas en forma ilícita”.
Daza también se refiere a la polémica que se generó durante el año respecto de si la Fiscalía necesitaba una denuncia o querella del SII para investigar y el cambio que significó, en la presentación de los escritos por parte del Servicio, que limitó la presentación de querellas dejando fuera la frase “contra quienes resulten responsables”. En octubre pasado el actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aclaró que su visión estaba más cercana a la del Servicio de Impuestos Internos. Durante su intervención ante la Comisión de Constitución del Senado señaló que “si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal”. Por lo mismo, Daza advierte que “aceptar que solo se puede investigar a partir de querellas del SII y solo a aquellas personas que ese organismo señale de manera explícita, en la práctica es entregarle la dirección de la investigación criminal a un servicio dirigido por personas elegidas por el gobierno de turno y que han demostrado responder a un interés político más que técnico”.
Desde la oposición han observado el proceso con suspicacia, en especial desde la UDI, donde no han sido pocas las voces que acusan un trato desigual por parte del SII y una persecución política que quedó en evidencia en el cambio que tuvo el organismo cuando dejaron de ser solo políticos de oposición los involucrados en financiamiento irregular de la política.
Para el senador gremialista Víctor Pérez, el SII “ha fijado una política para dejar fuera no solo a grandes contribuyentes sino que a la Nueva Mayoría completa. ¿Como se explica que, por ejemplo, una secretaria de la UDI con una boleta fue querellada y en otros casos hay decenas de boletas y no se presenta una querella? Es absurdo y vergonzoso. Esto va a manchar permanentemente la trayectoria del SII”.
Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, señala que “los hechos conocidos durante el 2015 parecen mostrar de manera concluyente que la corrupción no es solo un problema de valores o de carácter ético. Es también un problema de mal diseño o mal funcionamiento de reglas del juego que incentivan la corrupción. El SII siempre fue el principal garante y la institucionalidad por excelencia de confianza de los ciudadanos acerca del sistema de recaudación fiscal. Mal que mal te metía la manos en tu bolsillo pero nadie dudaba de que lo que hacía –a través de la propuesta de declaración de impuestos, por ejemplo– era lo correcto”.
Y agrega que las decisiones por acción u omisión de La Moneda en relación con la conducta institucional del SII, en los casos conocidos, solo han contribuido a instalar un manto de dudas sobre su accionar, que ha minado en alguna medida la confianza en esta institución. La confianza se ubica en el corazón de la relación entre ciudadanos y Estado. Es particularmente importante en relación con los servicios que influencian la vida y la libertad (salud y seguridad). Pero también lo es respecto de muchos otros servicios, como sería el caso del SII. Aun cuando se siga cumpliendo el servicio formal y las metas de resultado sigan alcanzándose en el SII, lo cierto es que esta falla en la confianza podría destruir efectivamente el valor público que el servicio se ha propuesto construir.
Unas 200 empresas y sociedades han efectuado rectificaciones, según publicó El Mercurio a fines de mayo. En agosto, sin embargo, La Tercera publicó que fueron 78 los contribuyentes que se autodenunciaron en el marco del plan especial llamado “procedimiento voluntario y administrativo para la autodenuncia y rectificación de declaraciones afectadas con operaciones que generaron ventajas fiscales indebidas”.
Según ese medio, el total de impuestos netos girados fue de $9.043.845.797, sobre los que no se entregó el detalle, ya que las 38 personas jurídicas y las 40 personas naturales declinaron revelar su identidad, a excepción de tres sociedades: Inversiones Banpenta S.A., Empresas Penta S.A. e Inmobiliaria Duero Limitada.
Pese a lo anterior, ha trascendido información relativa a algunas empresas. A continuación un listado de todas las compañías que han aparecido a lo largo de la investigación por financiamiento irregular de la política y sus respectivas rectificaciones, todos los antecedentes que –según fuentes allegadas al servicio– “ameritaban” una recopilación de información para determinar la presentación de denuncia o querella.
«En uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a Martelli». La declaración es de Jorge Rosenblut, ex presidente de Enersis. En ella reconoce que gestionó recursos de Copec y también SQM.
La investigación de la Fiscalía a empresas distintas a Corpesca, del grupo Angelini, involucradas en el financiamiento irregular de la política –que afectaría a Empresas Copec, Copec Combustibles, Celulosa Arauco y Constitución (Celco), Seguros Cruz del Sur (ahora de propiedad de Security), e Inversiones Siemel– no ha sido sencilla. Durante meses el SII dilató la entrega de un pendrive al Ministerio Público con la documentación contable otorgada al servicio por los ejecutivos del grupo y que avaló la rectificación tributaria con que reconocieron haber realizado pagos irregulares. El pendrive, que el SII tenía al menos desde comienzos de mayo, finalmente llegó a manos de los fiscales en agosto.
Según informó Qué Pasa, en mayo pasado el grupo Angelini emitió un cheque por $ 850 millones al SII para pagar los impuestos por boletas y facturas de Arauco, Copec y Copec Combustible, que ingresaron en su contabilidad y que fueron a financiamiento irregular de la política. Varios de los nombres involucrados aún están bajo reserva.
Entre los destinatarios más conocidos se cuentan Asesorías y Negocios (de Giorgio Martelli), Harold’s & Johns, Jaime Orpis y colaboradores de Marta Isasi, Andrés Velasco, Marco Enríquez-Ominami, Felipe Harboe, Pablo Zalaquett e Iván Moreira.
«Yo reconozco que el pago a Reactor y el pago a Cristina Zúñiga fue una colaboración a mi campaña, y está claro que la ley no lo permitía», declaró Pablo Zalaquett. Así confirmó el aporte irregular que recibió desde siete empresas distintas para su fallida candidatura senatorial del 2013.
«Se logró establecer que las facturas ‘falsas’ emitidas correspondían a servicios prestados por Reactor SpA y Asesorías Cristina Zúñiga EIRL en la campaña senatorial de Pablo Zalaquett Said, durante 2013, las cuales fueron pagadas ese mismo año por SQM, Corpbanca, Inversiones Alsacia S.A., Comercial Eccsa S.A. (Ripley), Eurocorp S.A., Empresas Penta S.A. y Asesorías e Inversiones La Manada Ltda. (del mismo Zalaquett) con la intermediación de Carmen Luz de Castro Blanco y Roxana Riquelme Donoso, quienes trabajaban para Pablo Zalaquett Said», estableció un documento elaborado por el propio SII el 19 de marzo pasado y que se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía.
CorpBanca, cuyo controlador es el empresario Álvaro Saieh –dueño también de SMU y Copesa–, se cuenta entre las empresas que rectificaron ante el SII, por ejemplo, la factura de Asesorías Cristina Zúñiga EIRL por $10 millones como gasto rechazado. “A pesar de corresponder a servicios efectivamente recibidos por el banco, no cumpliría con todos los requisitos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta”, dijo la empresa en su momento. Además, en el mismo oficio que el banco de Saieh le envió al entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, agregó que “en cuanto a la existencia de boletas o facturas emitidas para justificar financiamientos a campañas políticas, cumplo con informar que, a nuestro leal saber y entender, no existen boletas o facturas que hayan sido emitidas a Corpbanca con tales fines”.
Ripley apareció en la indagatoria tras la declaración del periodista Iván Correa, de Reactor Spa, que realizó una asesoría digital para Pablo Zalaquett. En total Reactor emitió tres facturas por $1 millón cada una a Eccsa, filial de Ripley y por las que no se prestaron servicios reales, según el testimonio de Correa.
El gerente general de Inmobiliarios de Ripley, Sergio Hidalgo, declaró ante el SII en marzo pasado y reconoció los pagos para la campaña del ex alcalde de Santiago por servicios no prestados: «Estos fueron servicios que suponemos se otorgaron por la empresa Reactor Spa, al señor Pablo Zalaquett Said y que la empresa comercial Eccsa S.A. pagó al amparo del artículo 9 inciso 3° de la ley 19.844 (…). Hoy a la luz de los hechos que han sido de público conocimiento, nos percatamos que pudimos haber cometido un error tributario, pero jamás un delito».
Según la misma declaración de Iván Correa, de Reactor, la empresa emitió dos facturas a nombre de Eurocorp S.A., por $2.5 millones cada una. Lo anterior fue reconocido en su momento por el gerente general de la empresa, Alejandro Ruiz, quien señaló ante el Servicio que «las facturas que usted me exhibe corresponden a una donación a la candidatura de Pablo Zalaquett, quien me contactó pidiendo apoyo a lo cual yo accedí a entregarle $ 5 millones (…) autoricé el aporte a la campaña no sabiendo la forma como se iba a documentar”.
Cencosud apareció luego de la declaración de Ana Carolina Palacios Silva, cuñada de Carmen Luz Valdivieso, jefa de gabinete del ex ministro y ex candidato presidencial UDI, Pablo Longueira. Ana Palacios aseguró al SII y a la Fiscalía que había boleteado para el holding de Horst Paulmann $8 millones y para el Banco BCI $9 millones.
“La Titi me pidió otras boletas en el año 2010 para dos empresas distintas a SQM, al ver el documento de mis agentes retenedores del año 2011, una de estas empresas es Cencosud Retail… quien me retuvo el 10% de la boleta correspondiendo a $ 793.334 y la otra empresa es Banco de Crédito e Inversiones… la retención del 10% es $ 909.333. Los servicios de estas boletas yo no los presté a estas empresas y si bien conozco a Cencosud Retail y al Banco de Crédito e Inversiones, yo nunca les he prestado servicios a ellos y no conozco a nadie de las gerencias ni nadie intentó contratarme este año para prestarle ningún servicio”, dijo Palacios.
Agregó que los dineros eran para Pablo Longueira, “para que éste los distribuyera principalmente entre candidatos jóvenes, toda vez que la última campaña del dirigente, previo a la primaria presidencial de 2013, fue en el año 2005″.
En junio el BCI rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos un total de $250 millones que –según reconocieron– fueron entregados como aportes políticos a la UDI.
Otras declaraciones similares a la de Palacios, que también apuntaron a Pablo Longueira, fueron las de Solange Hermosilla, Ricardo Jorquera y el ex concejal de RN, Patricio Lazcano. Los tres dijeron que boletearon, además de para SQM y Pesquera El Golfo, para Metalpar, a solicitud de ‘Titi’ Valdivieso, la histórica asesora de Longueira.
Salió al baile por sus vínculos con Bancard, propiedad de Sebastián Piñera, y por los pagos de bonos por desempeños a altos ejecutivos de Chilevisión. Fue el ex director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, quien admitió que su empleador, Bancard, le solicitó facturar parte de sus honorarios a la empresa sanitaria. La compañía realizó su rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), aunque se desconoce el monto.
En abril Endesa confirmó que aportó US$ 1 millón para la campaña presidencial de 2013 y es una de las que rectificó ante el SII. Además, le encargó un informe al estudio de abogados Cariola, Diez y Pérez Cotapos, el que le recomendó declarar como gasto no utilizable ante el Servicio de Impuestos Internos aquellos pagos que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. “Estos pagos ascienden a $276 millones y la declaración rectificatoria será presentada por la compañía en los próximos días”, informó en junio Endesa.
El estudio analizó el período entre 2012 y 2015 y determinó que la empresa había pagado a Personas Expuestas Políticamente (PEP) la suma de $333 millones, y $216 millones a proveedores relacionados con el financiamiento de campañas políticas.
El 17 de abril pasado el Grupo Said apareció en la mira de la investigación del financiamiento ilegal de la política, tras la declaración de la militante DC Clara Bensan, controladora de la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin). Según su testimonio, en 2009 Giorgio Martelli le pidió emitir facturas falsas a SQM y a Inversiones Caburga, como una forma de allegar recursos a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Inversiones Caburga es una de las dos sociedades del Grupo Said que presentó rectificaciones frente al SII, por $663 millones entre el 2009 y 2014. La otra es Newport, que rectificó $ 95 millones entre el 2010 y 2011.
Según publicó Ciper Chile, a pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías –y también por personas que recibieron esos pagos– que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal, a saber, el Servicio Electoral (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado avances judiciales. Pese a ello, se pudo confirmar que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan solicitando información de las operaciones contables de las empresas del grupo Said.
