Incendio del sanitario contaminó Santiago con gigantesca nube tóxica
Entre octubre de 2013 y febrero de 2014 la oficina de abogadas de Ana Lya Uriarte prestó asesorías ambientales a Hidrosan. Esta es la empresa dueña del relleno Santa Marta, que hizo noticia ayer y suma alrededor de $175 millones pagados en multas por incumplimientos de normativas de sus Resoluciones de Calificación Ambiental.
La nube tóxica que este martes ahogó a Santiago, es una de las peores emergencias ambientales –de este tipo– en la capital.
El Colegio Médico pidió decretar alerta sanitaria y aunque las autoridades decidieron iniciar un sumario, el prontuario medioambiental de los dueños del relleno Santa Marta es bastante más largo que lo conocido en las últimas horas.
Con esta historia sobre sus espaldas, el consorcio Hidrosan Inversiones S.A. (Hidrosan, Ingeniería S.A, Empresa Preparadora de Terrenos Empreterra Ltda., Inversiones Agua Santa INVASA S.A., Inversiones y Servicios INSER S.A.) –dueño del relleno– pidió el año 2013 asesoría a Sustenta Abogadas, estudio jurídico de Ana Lya Uriarte, quien asumió como jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet el 14 de Julio de 2014, y que por más de 20 años se ha dedicado al derecho ambiental.
Uriarte –militante PS y que fue férreamente defendida por su colectividad a propósito de las declaraciones de la nuera de Bachelet que la relacionaron con la empresa Caval también por asesorías–, fue ministra de Medio Ambiente en la primera administración de la actual Mandataria.
El estudio que Ana Lya Uriarte fundó y en el que se mantuvo hasta noviembre de 2014, confirmó a este medio que asesoró jurídicamente al Consorcio Santa Marta durante 5 meses, entre octubre de 2013 y febrero de 2014. “La asesoría jurídico-ambiental solicitada consistió en la evaluación del seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental que le era aplicable”, señaló.
“Entre la última asesoría jurídico-ambiental prestada a Santa Marta por el estudio Jurídico Sustenta abogadas y el episodio de incendio de hoy (ayer) 19 de enero de 2016, ha transcurrido 1 año 11 meses”, puntualiza el comunicado. Y además precisa que “todas las asesorías jurídico-ambientales prestadas al Consorcio Santa Marta están debidamente facturadas e ingresadas a las contabilidades respectivas y rendidas conforme ante el Servicio de Impuestos Internos”.
Hasta ayer los dueños de la empresa no se habían referido al incendio que afectó al relleno, generando la molestia de las autoridades. Incluso el intendente de Santiago, Claudio Orrego, les pidió “dar la cara”, en medio de encontradas versiones entre las mismas autoridades y expertos en salud. «El material particulado produce los mismos síntomas del esmog, habrá muertes, mayor concentración de ataques asmáticos, pero además este no es esmog común y corriente, ya que tiene compuestos adicionales, ¿si no cómo se explica que hay gente con vómitos, cefaleas y manifestaciones gastrointestinales? Eso es efecto agudo», dijo el presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin.
El Mostrador intentó comunicarse con Hidrosan, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
La nube generada por el incendio de este martes no es la única mancha negra en el prontuario de esta empresa.
Las sanciones que ha tenido el relleno sanitario Santa Marta se encuentran en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), donde la empresa ha ingresado un total de diez Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) entre 2001 y 2013. En tres de esas RCA hay procesos sancionatorios en distintos años y que suman, en total, 5.450 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
La RCA con más sanciones es la 433-2001, cuyo nombre es “Relleno Sanitario Santa Marta (tercera Presentación)”. Son 12 procesos sancionatorios, de los cuales nueve terminaron en multas: 100 y 500 UTM el 2002 (poco más de $17 millones), 400 UTM en 2003 (cerca de $11 millones), 400 y 200 UTM en 2004 (poco más de $17 millones), 400 UTM en 2006 (aproximadamente $12 millones), 400 UTM en 2005 (aproximadamente $12 millones), 500 UTM en 2009 ($18 millones) y 500 UTM en 2008 ($18 millones).
Otra resolución en la que Santa Marta ha sido sancionada es la 212-2001, “Estación de Transferencia Puerta Sur”. Ahí tiene dos sanciones, una por 300 UTM el 2004 (cerca de $8 millones) y otra por 500 UTM el 2010 ($18,5 millones).
La otra RCA con multas es la 417-2005 sobre el “Plan de Manejo Hídrico y Manejo de Suelos del área de Disposición del Efluente”, donde hay cuatro procesos sancionatorios. De estos, dos tienen sanción final: una de 500 UTM el 2008 ($18 millones) y otra de 250 UTM el 2010 (cerca de $8 millones). Finalmente, está la multa por 500 UTM el 2008 ($18 millones) que recibió la empresa por su RCA 509-2005 de “Manejo de Biogás del Relleno Sanitario Santa Marta”.
[cita tipo= «destaque»]El estudio que Ana Lya Uriarte fundó y en el que se mantuvo hasta noviembre de 2014, confirmó a este medio que asesoró jurídicamente al Consorcio Santa Marta durante 5 meses, entre octubre de 2013 y febrero de 2014. “La asesoría jurídico-ambiental solicitada consistió en la evaluación del seguimiento del cumplimiento de la normativa ambiental que le era aplicable”, señaló.[/cita]
En total, son aproximadamente $175 millones pagados en multas.
Las otras siete RCA presentadas entre el 2005 y 2013 no tienen procesos sancionatorios. A partir de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente la facultad de fiscalizar recayó en este organismo, desde donde señalaron que, hasta antes del incendio que afectó al relleno sanitario, no hay sanciones.
Tal como publicó El Mostrador, uno de los socios de Santa Marta es Guillermo Ruiz Pérez. Su empresa Hidrosan comparte la propiedad con Icafal, de Luis Ignacio Falcone y Sergio Icaza.
Ruiz, ingeniero civil de la Universidad de Chile, formó Hidrosan en 1976, con su profesor de Hidráulica, Carlos Jarpa. La empresa era pequeña hasta que dio el salto en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se aprobó la entrada al sector privado de las empresas sanitarias.
Con su compañía Hidrosan, Ruiz –quien después sumó nuevos socios– posteriormente compró Aguas Chañar en la Región de Atacama. Desde entonces, solo ha seguido expandiendo su negocio en el mismo rubro en países como Perú, Colombia y Panamá. También tiene participación en Aguas Patagonia.
Uno de esos socios, Juan Dieguez, fue multado en 2005 con $173 millones por la SVS. En 2001, siendo gerente de Essbio, la sanitaria de la Octava Región, aprobó contratos con Hidrosan por unos 2.000 millones, sin dejar nunca de tener participación en ella.
A pesar de este traspié, Ruiz y sus negocios solo han crecido. En 2007 se adjudicó la concesión de las termas de Chillán, que hoy es el hotel Nevados de Chillán, tras una larga disputa con el fundador José Luis Giner.
Aunque la mayor parte de sus negocios crecieron y se consolidaron en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, Guillermo Ruiz es cercano a la UDI. En 2014 se compró un yate en España para viajar haciendo la travesía de Cristóbal Colón. Uno de sus compañeros de viaje durante un mes fue el ex senador gremialista y ex ministro de Economía, Pablo Longueira, autor de la hoy cuestionada Ley de Pesca que lleva su nombre.
El también ex candidato presidencial fue su alumno en Ingeniería y era muy amigo de su hermano Marcelo Ruiz, parte del grupo fundador de la UDI y uno de los dueños en la Universidad San Sebastián, quien falleció cuando llevaba ayuda a las zonas afectadas por el terremoto de 2010 a bordo de una avioneta. Longueira se incorporó a la junta directiva del plantel luego del accidente, para cuidar los intereses del padrino de uno de sus hijos.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, aseguró que Santa Marta arriesga multas después del incendio. Pero hasta ahora estaba como ejemplo de innovación, al instalar una planta para alimentar su producción con el gas que produce la misma basura.
