La investigación fue notificada formalmente ayer a la Dirección Administrativa de la Presidencia.
El sumario instruido por la Contraloría a la Dirección Administrativa de la Presidencia podría abarcar reparticiones tan distintas como municipalidades o entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
La investigación significará la revisión de todos los procedimientos administrativos que fueron visados por el renunciado administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.
Gracias a lo anterior, se tendrá acceso a todas las instituciones públicas, servicios y otras entidades que firmaron contratos con la Dirección Administrativa de Palacio o con firmas vinculadas a Riquelme.
De igual forma, el sumario tiene como misión determinar quién fue la contraparte, si el contrato se materializó o no, si se cumplió conforme a su objetivo y si el dinero involucrado se empleó de manera adecuada.
Tal como consigna La Tercera, lo que impulsó al Contralor Jorge Bermúdez a iniciar el sumario -que fue notificadó formalmente ayer a la Dirección Administrativa de la Presidencia- es el “modus operandi” que usado por el ex funcionario de la G90. Lo que llamó la atención de Bermúdez fue que durante 2015, Riquelme realizó compras por trato directo (sin licitación pública) por casi 3 millones y medio de dólares.
De acuerdo a un reportaje publicado por Ciper, Riquelme suscribió una serie de contratos con entidades dependientes del Ministero de Salud, entre los años 2013 y 2015, a través de dos empresas creadas: Greentec y Comercial A y R. Por lo anterior, recibió pagos con recursos del Estado por $417 millones.
Al asumir el cargo de administrador de La Moneda, Riquelme dejó las firmas en manos de un ex compañero de universidad. En un primer instante, intentó traspasarlas a nombre de su esposa, Ada Álvarez, pero no pudo por tratarse de una transacción ilegal.
Si bien las sanciones administrativas que pueda aplicar la Contraloría -como rebajas de sueldo y destitución de cargos- no podrán ser aplicadas al renunciado Riquelme, sí podrían ser aplicadas en caso de que el ex funcionario opte por regresar al servicio público.
