Caval: la conexión UDI

Si bien nunca pisó la sede de la colectividad en el barrio París y se inscribió en los registros para poder votar en una elección universitaria, Natalia Compagnon, militante del Partido Socialista, nuera de quien ha sido la primera mujer Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, histórica socialista, hizo sus mejores negocios en un gobierno de signo contrario. Aplicando el pragmatismo más puro, no dudó junto a Mauricio Valero, su socio en Caval, en vincularse a personeros de la UDI para ir detrás de su sueño: emprender.

Ellos, los del otro lado político, tenían los contactos y llegada al gobierno para abrirle las puertas a la sociedad creada en noviembre de 2011, con $6 millones de capital.

Se trataba de hombres ligados al núcleo duro del partido fundado por Jaime Guzmán –algunos de primera línea, otros de segunda– que fueron apareciendo en la investigación del fiscal de O’Higgins, Luis Toledo, en el Caso Caval.

Patricio Cordero –histórico militante de la UDI– era un promisorio abre puertas. Amigo y eterno colaborador de Joaquín Lavín, fue uno de los samuráis o estrechos colaboradores en sus dos campañas presidenciales y su administrador municipal en las alcaldías de Las Condes y Santiago. Cuando Lavín asumió como ministro de Desarrollo Social, en 2011, por primera vez no se lo llevó con él, pero lo dejó a cargo de su gran obra: la Fundación Banigualdad, que entrega microcréditos a pequeños empresarios y en la que Cordero se mantiene como director ejecutivo.

Cordero conoció a Valero como gerente general de Tech Data, de la cual fue despedido por graves irregularidades. Se reunieron por primera vez en 2009, cuando Cordero acompañó a Isaac Givovich –yerno de Lavín–, quien quería desarrollar proyectos de salas de clases computarizadas, y la estadounidense Tech Data –mayorista que vende computadores de marcas como Microsoft, Lenovo, HP, Toshiba a distribuidores– podía aportar con tecnologías más económicas.

“La vida nos volvió a reunir una vez que Valero dejó la empresa Tech Data, ya que según él había jubilado. El proyecto de Isaac Givovich nunca funcionó. No obstante, igual nos mantuvimos en contacto”, declaró Cordero ante el fiscal Toledo.

Fuera de Tech Data, Valero lo llamaba y lo pasaba a ver a Banigualdad después de las 17 horas, siempre pensando “en grandes negocios, sin respaldo, ilusoriamente, en los cuales solo aportaba con sus ideas (…) y buscaba inversionistas para desarrollar sus proyectos”.

Dado el interés, Cordero pensó que Valero lo veía “como un objeto de contacto en relación a la gente con la cual me relacionaba profesionalmente y es por eso que se interesó en mantener el contacto conmigo”, según dice en su testimonio judicial.

En 2011, Valero le habló de Saydex, empresa especialista en servicios informáticos en el área de salud, que estaba interesada en ganar la licitación del Hospital de Maipú. Caval la asesoraba. “Valero le ofreció a Saydex su capacidad de lograr que esa concesión (en informática) fuese para Saydex (…) Cuando Valero entra a esta asesoría con Saydex, el proceso de licitación ya había empezado y las ofertas estaban presentadas. Recuerdo que yo le dije a Valero que conocía a Nibaldo Mora, quien se desempeñaba como director del Servicio de Salud Central Metropolitano. Yo coordino un par de reuniones entre nosotros tres”, relata Cordero ante el fiscal Toledo.

Nibaldo Mora fue clave en conseguir lo que Saydex anhelaba y Caval, como su asesora, empujaba. Histórico militante de la UDI, enfermero matrón de profesión, fue un activo miembro del departamento poblacional creado por Pablo Longueira, recolectó firmas en los estratos populares para poder inscribir a la UDI, trabajó no sin problemas en municipios comandados por el partido y en el gobierno de Piñera asumió como jefe de gabinete del subsecretario de Salud, Luis Castillo. Pero, según un perfil de Qué Pasa, se tomó más atribuciones de las correspondientes y fue trasladado al cargo de director del Servicio de Salud Metropolitano Central.

En su declaración Cordero afirma que Valero acordó pagarle $25 millones a Mora por hacer gestiones a favor de Saydex, “de los cuales entiendo alcanzó a pagarle $20 millones en efectivo”.  Mientras, él obtuvo $50 millones de parte de Valero por su asesoría a Saydex, que no se sabe en qué más consistió aparte de hacer de nexo entre el funcionario del Ministerio de Salud y Saydex para permitirle ganar licitaciones. Mientras, Caval recibió un pago de $170 millones por su asesoría a la empresa de informática especializada en salud.

Gracias al testimonio judicial de Cordero se abrió la arista Saydex, que ya cuenta con 30 tomos y está en manos del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, quien investiga los delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Entre los antecedentes acumulados se cuenta un informe del Ministerio de Salud que detalla que Saydex mantiene contratos con 22 de los 29 servicios de salud en todo Chile, por un total de $22.829 millones, y en los que se detectaron múltiples irregularidades. También advierte que, de los 22 contratos, que debieron efectuar el procedimiento de Grandes Compras en Convenio Marco, no se encontraron respaldos en 14 de ellos. Mientras, la PDI realiza desde el mes de diciembre un peritaje sobre 80 contratos.

Cordero no menciona en este negocio a Compagnon, pero Waldo Rojas, el tío que la impulsó a hacer negocios y le presentó a Valero, habría tenido un papel en este capítulo al lograr incorporar en el Ministerio de Salud al ingeniero civil Alfredo Rehbein, quien redactó las bases de licitación para las fichas médicas electrónicas en el Hospital de Maipú, que Saydex ganó. Rehbein, quien alguna vez trabajó con Lavín en la alcaldía de Las Condes, compartió oficinas con Waldo Rojas y Bernardo Carrasco, el sobrino del Padrino Aravena, en la calle Augusto Leguía. Dicen que el propietario de la oficina, que se las arrendaba a los tres, era Patricio Cordero.

La nuera de la Presidenta Bachelet se refirió brevemente al ex funcionario de Salud en una de sus tres declaraciones ante el fiscal Toledo: “A Nibaldo Mora no lo conozco, pero se lo he escuchado a Mauricio (Valero) en el tiempo de Saydex año 2012, empresa coetánea con Caval que era un tema de Mauricio y yo no me involucré.  Se trataba de unas licencias de software para hospitales o centros asistenciales”.

[cita tipo= «destaque»]Ellos, los del otro lado político, tenían los contactos y llegada al gobierno para abrirle las puertas a la sociedad creada en noviembre de 2011, con $6 millones de capital. Se trataba de hombres ligados al núcleo duro del partido fundado por Jaime Guzmán –algunos de primera línea, otros de segunda– que fueron apareciendo en la investigación del fiscal de O’Higgins, Luis Toledo, en el Caso Caval.[/cita]

Cordero suma a Juan Díaz para asesorar a Agrosuper en Freirina

Juan Díaz Sepúlveda, conocido como un operador de la UDI, tiene su CV partidario: colaboró con la investigación paralela de Pablo Longueira para desenmascarar a Gema Bueno y el cura Jolo en las denuncias falsas de abuso sexual en contra de Jovino Novoa y fue una de las dos personas junto a Pedro Páez que acompañó a Jaime Guzmán en el trayecto que lo llevó agonizante desde la sede de la UDI hasta el Hospital Militar.

Díaz se vinculó a Caval para revertir la oposición de la comunidad de Freirina a la planta de cerdos de Agrosuper. Así lo reveló Cordero frente al fiscal: “A mediados de marzo de 2012, me comenta Valero que Gonzalo Vial Concha lo contacta para que realice una asesoría comercial a Agrosuper por el tema de Freirina. El desafío era cómo cambiar la opinión de Freirina sobre la planta y eso se debía trabajar en terreno con la comunidad. Se necesitaba experto (…). Soy yo quien pienso en Juan Díaz, a quien conocí en la U. de Concepción y con quien no guardo una relación de amistad, pero pensé en él y lo presenté a Valero para las labores ya señaladas. Nos reunimos los tres y Valero quedó muy satisfecho con Díaz”.

Díaz pidió $ 40 millones por ese trabajo, que salieron de la sociedad Lo Beltrán de Cordero, quien también recibió $40 millones “por buscar estrategias y hacer evaluación de lo que estaba ocurriendo”.

“El encargo terminó con el plebiscito comunal (del alcalde RN, Roberto Bruzzone) que aceptó la planta. Después de eso, Agrosuper cerró la planta”, sostuvo Cordero ante el fiscal Toledo.

De este trabajo Natalia Compagnon nunca dijo nada en la Fiscalía, a pesar de que ella fue siempre el nexo con Vial Concha, en cuyo Haras Callanas, en Paine, se casó en octubre de 2012. Y era la más interesada en que las gestiones en favor de la planta de cerdos de Freirina fructificaran. Tampoco mencionó una palabra su socio Mauricio Valero.

De Freirina, Caval saltó a su mejor negocio: la compra de las 44 hectáreas en Machalí en $6.500 millones y su venta al empresario Hugo Silva en $9.000 millones, más dos casas avaluadas en $500 millones en el condominio Los Lirios. Caval se allanó a devolver $1.000 millones y una casa a cambio de que Silva retirara una querella por estafa en su contra.

Juan Díaz fue quien le llevó el negocio de Machalí a Valero. “Escucho que Valero sabía que Díaz estaba a cargo de gestionar la venta de unos terrenos en Machalí para el síndico (Herman) Chadwick (…). Juan Díaz le explica a Valero las condiciones del síndico. Yo estuve presente. Fue en un café. Que tenían que tener respaldo, no pidió nada especial, sino lo mismo que para todos (…). Todo el negocio lo llevaron adelante Valero y Díaz”, declaró Cordero ante el fiscal Toledo.

Sin embargo, Caval obtuvo trato preferencial del síndico, ya que no dejó una boleta de garantía por el 10% del negocio, es decir, $650 millones, sino un cheque por $100 millones. Quienes ayudaron a la sociedad de Compagnon y Valero a tener esa facilidad con el síndico fueron Juan Díaz y Patricio Cordero, los que también habrían conseguido que no cobrara el cheque cuando venció el plazo de la promesa de compraventa.

Díaz y Compagnon terminarían siendo amigos, tratándose de Nati y Juanito por Whatsapp y por teléfono. Se juntaban a tomar café para hablar de los negocios y la vida. Incluso él le prestó plata a ella –$40 millones– cuando, a raíz de su matrimonio con Sebastián Dávalos, el Servicio de Impuestos Internos (SII) la obligó a rectificar su declaración personal de impuestos, debido al sueldo de $2,8 millones mensuales líquidos que Caval le pagó a Dávalos en 2013 cuando ya era su marido. Para el SII si un cónyuge recibe un pago de la sociedad del otro cónyuge, presume que es una forma de disfrazar un retiro de utilidades. Entonces, Compagnon debió rehacer su declaración y pagar impuestos por ese concepto.

Como Compagnon no le devolvió los $40 millones, Díaz recurrió al entonces administrador de La Moneda, Cristián Riquelme –al que conoció en unas vacaciones en el Caribe–, para que hiciera gestiones con la nuera de la Presidenta. «El señor Díaz me relató su situación y me dijo si yo tenía alguna posibilidad de poder resolver su problema (…). El contrato que tenían (Díaz y Compagnon) era de $300 millones, más $40 millones que él le había prestado a la señora Natalia Compagnon», declaró Riquelme en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Caval.

Los $300 millones a los que se refiere corresponden a las gestiones de Díaz para obtener permisos para el nuevo edificio institucional de CCU en su planta de Quilicura. El negocio lo consiguió Compagnon en sucesivas reuniones con Andrónico Luksic, después de que fuera a pedirle un crédito al Banco de Chile por $6.500 millones junto a su marido, para comprar los terrenos de Machalí.

“Hacia el segundo semestre de 2014,  hacen Natalia (Compagnon) y Juan Díaz las asesorías a CCU y generaron un íntima relación. Incluso Natalia le dijo que estaba muy apurada de plata, que no tenía trabajo, ante lo cual Juan Díaz le pasó $ 44 millones, lo cual ocurre el segundo semestre, lo que se sumó a su asesoría de $ 300 millones a CCU”, dijo Cordero en su testimonio judicial.

Compagnon declaró en la Fiscalía de Rancagua que Caval no hizo negocios con CCU, sino que fue SCR, la sociedad que ella recomendó y que pertenece a Marcelo Carreño, gerente de finanzas de Caval, quien recibió $140 millones por tres estudios. Carreño trabajaba en Tech Data con Valero y también fue despedido. “A mí no me pagaron nada”, aseguró la nuera de Bachelet.

Díaz terminó peleado a muerte con Compagnon porque no le pagó, según el testimonio judicial de Cordero.

Hace casi un año ella renunció al PS junto a Sebastián Dávalos, antes de que el Tribunal Supremo del partido emitiera un pronunciamiento. El fallo salió y concluyó que ambos infringieron los estatutos y códigos de ética del Partido y que, de haber ostentado la calidad de militantes, “este Tribunal Supremo habría aplicado la sanción de expulsión de las filas” del PS.

El 29 de enero Compagnon fue formalizada por declaración maliciosamente falsa de impuestos en su calidad de representante legal de Caval. Valero, por el mismo delito, además de soborno. Cordero, por facilitar 13 facturas falsas por $305 millones a Caval. Y Díaz por soborno, ventajas indebidas y facilitación de documentación tributaria falsa.