Continúan conflictos laborales con su equipo de asesores
Después de que se filtrara que el diputado DC había hecho firmar a la gente que trabaja con él en el Parlamento un anexo de contrato que les rebajaba su sueldo bajo la presión de, en caso de negarse, aplicarles un artículo que permite despedirlos por “falta de confianza”, el parlamentario estalló en ira. Sus ahora ex trabajadores –al menos en la práctica, porque legalmente siguen “amarrados”– hablan de acoso laboral, presiones y vulneración de derechos laborales.
El pasado mes de enero El Mostrador publicó que el diputado democratacristiano Claudio Arriagada había hecho firmar a su equipo parlamentario una reducción de sueldos bajo la amenaza de aplicarles el artículo 3A de la Ley 18.918, que permite a los parlamentarios despedir a asesores por “falta de confianza”. En aquella oportunidad Arriagada se defendió diciendo que sería una reducción de 20% a todo su equipo, puesto que comenzarían a trabajar media jornada.
Todo esto se dio en un contexto en el que el parlamentario falangista estaba siendo cuestionado por su involucramiento en el llamado “Bancongreso”, es decir, préstamos dados por el Congreso a sus miembros, sin intereses ni reajustes, y con la posibilidad de devolver lo pedido en hasta 28 cuotas.
“Nadie se atreve a denunciar, porque salga lo que salga, él puede encontrar excusa en el hecho de que firmamos voluntariamente y supuestamente trabajaremos menos, además esta es gente poderosa al interior de los partidos y en política nadie quiere enemistarse con gente así”, declaró una fuente del equipo del diputado aquella vez.
Luego de la publicación del hecho, la Asociación de Funcionarios Parlamentarios de Chile (AFUTRAPARCH) emitió una declaración pública el día 19 de enero, en la que definieron la situación como una “arbitrariedad de parte del diputado, quien haciendo abuso de sus prerrogativas, afecta la estabilidad laboral, la dignidad y la tranquilidad de sus colaboradores”, señalando además que “esta situación evidencia la precariedad laboral y la exposición a las injusticias, atropellos y despotismo al que estamos expuestos quienes servimos al país a través de nuestras funciones como trabajadores parlamentarios”. Arriagada estaba molesto por el daño a su imagen.
Tras la filtración de la reducción de salarios el ambiente en el equipo de trabajo del parlamentario se enrareció hasta niveles insoportables, señalan algunas fuentes, llegando al punto de que dos de sus asesores acabaron negándose a firmar el anexo de contrato que les rebajaba el salario, luego de lo cual pidieron ser finiquitados.
Además, dentro del equipo de asesores de Arriagada cuentan que este inició una verdadera caza de brujas para dar con quienes pudieron haber filtrado las rebajas de sueldo. Las llamadas, mensajes de WhatsApp y Facebook a sus colaboradores en tono inquisitivo fueron comunes durante enero y comienzos de febrero, hasta que, en medio del clima de desconfianza y tensión, el diputado tomó la decisión de cambiar la chapa de su oficina distrital sin informar siquiera a su coordinadora de distrito, a quien le solicitó entregar sus llaves del local e informar a otra asesora a qué horas iría a partir de ese momento. Después de eso, los trabajadores afectados pusieron una constancia ante Carabineros y notificaron a la Inspección del Trabajo, dado que no podrían acceder a su lugar de labores.
[cita tipo= «destaque»]El 25 de enero Pabla Catalán envió una carta a Pablo Oneto García, Secretario administrativo de la Cámara de Diputados, en la que le pedía interceder «ante el diputado para que cesara la persecución y finiquite a quienes no queremos seguir vinculados a la oficina parlamentaria”. En la misiva se hablaba directamente de acoso laboral de parte de Arriagada y de un clima de desconfianza al interior del equipo.[/cita]
La asesora a quien el diputado Claudio Arriaga le pidió las llaves es Pabla Catalán Álvarez, su coordinadora de distrito, y que en la práctica cumplía funciones de jefa de gabinete. Catalán –en una carta enviada al parlamentario el 20 de enero– le pidió ser finiquitada, dado que no firmaría el anexo de contrato. Estaba molesta: le habían descontado un 32% de su sueldo sin reducirle las horas de trabajo; además, producto de un error administrativo de la Cámara, se le descontaría doblemente en febrero, ya que en enero no se le había hecho efectiva la reducción. De ganar $700 mil pesos líquidos, pasó a recibir $188 mil. Obviamente no pudo tomarse vacaciones junto a su familia: “Le tuve que decir a mis hijos que no podríamos salir. No hay plata, les dije”.
Catalán y el diputado Arriagada, gracias a una mediación del Sindicato de Trabajadores del Congreso, llegaron a un acuerdo, el cual fue firmado el 28 de enero sin ser pasado por notaría, y que involucraba el pago de sus sueldos de enero y febrero sin rebaja. Sin embargo, el parlamentario no envió a la Cámara la documentación necesaria para el pago de finiquitos. De acuerdo a Catalán podría tratarse simplemente de una de sus “pataletas” y la define como una “de sus actitudes típicas”. Al día viernes 19 de febrero, Arriagada aún no enviaba los documentos a la Dirección de Finanzas de la Corporación.
El 25 de enero Pabla Catalán envió una carta a Pablo Oneto García, Secretario administrativo de la Cámara de Diputados, en la que le pedía interceder «ante el diputado para que cesara la persecución y finiquite a quienes no queremos seguir vinculados a la oficina parlamentaria”. En la misiva se hablaba directamente de acoso laboral de parte de Arriagada y de un clima de desconfianza al interior del equipo.
“Hay una serie de situaciones irregulares. La Cámara administrativamente le pasa el papel del mutuo acuerdo de término de relación laboral al diputado, el diputado se lo lleva para su casa, luego manda a un sobrino a sacar las firmas y se los vuelve a llevar y a la fecha no los ha devuelto a la Cámara”, cuenta Patricio Quidulef, el otro asesor de Claudio Arriagada que negoció su finiquito. “Esto es una dilatación innecesaria de parte del diputado que nos perjudica como trabajadores. Él no responde ni siquiera al teléfono. Si él fuera un patrón de fundo o algo así sería entendible, pero es un diputado, cuya misión es justamente fiscalizar, hacer leyes”, agrega. Quidulef no puede buscar trabajo en otro lado hasta que el asunto del finiquito se destrabe, ya que técnicamente sigue siendo empleado de la Corporación hasta que la desvinculación se haga legalmente oficial.
El presidente del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Mauricio Sepúlveda, quien asesoró a los trabajadores afectados para mediar con el diputado, dice que habrá que esperar a que la Cámara reanude sus actividades el 1 de marzo para poder solucionar definitivamente el tema. Sin embargo, también señala que el hecho de que un diputado se lleve la documentación del mutuo acuerdo de término a su domicilio particular, “no es algo normal”.
Al intentar contactarlo por este medio, el diputado Claudio Arriagada tenía su teléfono móvil apagado. De acuerdo a sus ex asesores, se encontraría de vacaciones en el sur del país.
