Su entorno recibió $730 millones de SQM, la cifra más alta vinculada a un político. Como senador intercambiaba correos con Patricio Contesse, el gerente general de la minera, lo que podría dar pie al delito de cohecho. Fuera del poder siguió comunicándose con él, mientras SQM le pagaba $5 millones mensuales a su sociedad Inversiones LB. Intentó con insistencia ser director por las AFP. Hizo una alianza fallida con Enrique Correa y el desempeño de su corredora de seguros ha sido modesto. Conocido por ser uno de los parlamentarios con mejor estándar de vida –tiene una casa en el condominio más caro de Chile y propiedades en el sur– siempre lo ha perseguido la misma pregunta: ¿cómo se financia Longueira?
El cerco se le está estrechando peligrosamente a Pablo Longueira. En la carpeta de investigación, a cargo de los Fiscales Pablo Gómez y el renunciado Emiliano Arias, se reunieron importantes antecedentes que podrían culminar con la imputación de una responsabilidad penal por su extremadamente cercana relación con SQM.
Los nombres de su hijo, su concuñada, su ahijado, sus sobrinos, la coordinadora de su campaña senatorial, la ex jefa de prensa de la UDI, el hijo de su amigo aparecieron primero, el 2 de abril, dentro de la denuncia criminal del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM por presentar boletas y facturas falsas por $4.347 millones para rebajar en forma indebida su base imponible.
Hasta sumar 21 personas –todas ligadas a Pablo Longueira, a su asesora histórica Carmen Valdivieso, y a Cristián Leay, su socio en la Importadora y Exportadora Imex, que comercia con China, y L y L, dedicada a la compraventa y arriendo de propiedades mineras–, quienes recibieron $730 millones de SQM entre 2009 y 2015, según el informe de la firma estadounidense de abogados Shearman & Sterling encargado por SQM.
Se incluyen también las fundaciones Web y Chile Justo, creadas por Longueira cuando era senador, como soporte para una eventual campaña presidencial, las que obtuvieron $75 millones y $360 millones, respectivamente. Y Asesoría e Inversiones LB SpA, sociedad de Longueira y su mujer Cecilia Brinkmann, que recibió $65 millones.
Longueira es el primer político destacado por el informe de la oficina estadounidense de abogados en la sección “Hallazgos – Evaluación de Riesgo de Soborno”, en el que detalla su trayectoria política y destaca que “fue ministro en febrero de 2012 cuando el Ministerio de Economía anunció una iniciativa destinada a ‘Relanzar la Industria Chilena del Litio’, incluida la licitación CEOL de 2012”. Menciona, asimismo, que la Corfo mantiene una disputa con SQM por el arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama, que la Corfo está sujeta a la supervisión del Ministerio de Economía, y que existe “comunicación frecuente con Contesse y otros en SQM respecto de las leyes y las propuestas que podrían afectar a SQM, incluidos el texto propuesto de la Ley de Reconstrucción, regalías/cálculos fiscales para las ventas mineras, y las modificaciones propuestas al Código de Aguas”, refiriéndose a Longueira cuando era ministro.
No hay que olvidar que la minera no metálica encargó este informe para analizar su responsabilidad potencial bajo la ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), de Estados Unidos, debido a que transa acciones en la Bolsa de Nueva York.
Considerado un “regalón” de la política, ha sido uno de los parlamentarios con mejor estándar de vida y cuenta con una generosa línea de sobregiro en la Concertación gracias a que impulsó un acuerdo como timonel de la UDI con el Presidente Ricardo Lagos para zanjar el MOP-Gate y empujó la ley corta que permitió a la DC inscribir a sus candidatos al Congreso para las elecciones de 2001.
No por nada sus opositores en la Nueva Mayoría lo trataron con guante blanco después de la columna que publicó este domingo en El Mercurio, como reacción a la última revelación de Qué Pasa: los cuatro correos intercambiados con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, en el marco de la discusión del royalty minero para financiar la reconstrucción posterior al terremoto de 2010 mientras Longueira era senador de la UDI.
Los correos no tendrían, necesariamente, una connotación negativa o sospechosa si su círculo cercano no hubiese recibido dineros de SQM. Nada menos que $730 millones, la cifra más alta vinculada a un político.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió oficialmente a la Fiscalía que le remita esos correos para determinar si puede configurarse el delito de cohecho, que comete un funcionario público cuando recibe un pago de un tercero y toma una decisión o deja de tomarla para beneficiar a quien lo remunera. No es un delito fácil de probar, pero abre una puerta…
Y así lo estimó el abogado Mauricio Daza, de la ONG Ciudadano Inteligente, quien declaró que “estamos frente a indicios que pueden dar pie a imputaciones incluso por cohecho y que afectarían a una persona que fue senador, ministro de Economía y candidato presidencial de todo un conglomerado político”.
Un analista político se pregunta, como es obvio, a qué se destinaron esos dineros. La campaña de primarias de 2013, que ganó Longueira frente a Andrés Allamand, permitía un gasto máximo de $923 millones, según el Servicio Electoral. Pero SQM entregó platas a su entorno desde septiembre de 2009 hasta marzo de 2015, período en el que hubo dos elecciones parlamentarias (2009 y 2013) y dos presidenciales (2010 y 2014).
Longueira era conocido como uno los dos mayores recaudadores de la UDI junto a Jovino Novoa. “Antes de asumir como ministro de Economía, Pablo era más relevante en materia de platas, recoge de una mayor cantidad de gente, pero Jovino tiene un grupo de amigos que aporta”, explicaba un miembro del partido a El Mostrador en un reportaje publicado en 2012.
Novoa fue condenado a tres años de presidio remitido por haber recibido $30 millones de Empresas Penta, que justificó con boletas falsas de su sociedad Inversiones y Mandatos por servicios que no prestó, con lo cual rebajó el pago de impuestos. Los fondos fueron destinados, según su testimonio judicial, a las primarias de Longueira. En concreto, a instalar un call center para la UDI que equipó con 40 líneas telefónicas y donde trabajaron cerca de 80 a 100 personas durante 40 días, las cuales contactaron a unas 30 mil personas, declaró ante los fiscales Chahuán, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Justamente, luego de ganar la primaria de su sector, y antes de bajarse por razones de salud, La Tercera publicó un perfil suyo donde se anotaba que su película favorita era El Padrino.
Otro frente que también se le abrió, pero de manera indirecta, es el futuro de la Ley de Pesca, porque la mesa de la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley de la bancada PC- IC para que sea anulada y la Comisión de Constitución de la Cámara votará en marzo la moción. Cuando –el 18 de julio de 2011– Longueira asumió como ministro de Economía, heredó un proyecto de ley mediante el cual su antecesor, Juan Andrés Fontaine, pretendía hacer un cambio radical en la industria pesquera: licitar al menos el 50% de las cuotas de pesca. Nada de eso ocurrió, el proyecto de ley mantuvo las cuotas asignadas, pero en lugar de 10 años las asignó a perpetuidad, por lo que fue bautizada Ley Longueira.
La relación con Contesse es de larga data: casi 30 años de amistad, “surgida en base al humor y la afinidad política”, que no está dispuesto a desmentir ni quiere que lo haga su abogado Alejandro Espinoza, describe una nota de Reportajes de El Mercurio en la sección Cuentan que, este domingo. Lo que queda de manifiesto en los nuevos correos dados a conocer ayer por The Clinic –también en poder de la Fiscalía como los anteriores por el royalty minero–, en los que Contesse trata de “coronel” a Longueira por su apodo en la nomenclatura UDI y este se refiere al gerente general de SQM como “alférez”, porque hizo el curso de reservista del Ejército.
En un correo, fechado 7 de julio de 2014, cuando ya no era parlamentario ni ministro, Longueira le remite a Contesse el protocolo de acuerdo por la Reforma Tributaria un día antes de que se firmara en el Congreso. “Solo para ti, con la máxima reserva. Lo acabamos de terminar. Un abrazo. Pablo”. En el asunto del email se pueden leer las iniciales del ex ministro y en el adjunto: “NUEVA VERSIÓN PROTOCOLO RT”. En aquella época, Longueira cumplía un rol de mediador entre el senador UDI Juan Antonio Coloma y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, consigna el artículo.
El 9 de agosto de 2014, Longueira le vuelve a escribir a Contesse: “Pato, te envío indicaciones a la RT que terminamos noche con Alberto Arenas por si te son útiles. Un Abrazo. Pablo”. Durante la tramitación del proyecto Arenas reconoció que Longueira, aunque ya no era parlamentario, ejercía un rol de articulador en las negociaciones con la oposición. Particularmente con el senador UDI Juan Antonio Coloma.
Estos correos coinciden con el período en que la sociedad de Longueira y su mujer –Asesoría e Inversiones LB SpA– recibió $65 millones, repartidos en 13 pagos, entre enero de 2014 y enero de 2015. Lo que se traduce en que durante 13 meses Longueira recibió un pago mensual de $5 millones de SQM. ¿Prestaba asesorías de lobby la sociedad LB? ¿Por eso le pagaba SQM? El informe de Shearman & Sterling advierte que la experiencia de ambos socios (Longueira y Brinckmann) es “solo en política, empresa nueva (SQM tiene la boleta N° 1)» y fue definida por la propia SQN como una transacción atípica y de riesgo alto.
Cuando el ex diputado por cuatro períodos y senador por seis años –que dejó el Congreso para asumir como ministro de Economía– recibió aportes de Penta, lo hizo en efectivo. “Respecto del financiamiento ilegal de campañas señaló que para la campaña de primarias de Pablo Longueira, (Carlos Eugenio) Lavín y (Carlos Alberto) Délano lo financiaron con cerca de $ 100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara a Longueira en efectivo”, declaró el ex gerente general de Empresas Penta, Hugo Bravo, en septiembre de 2014. Lo que fue corroborado por sus dueños. “Nosotros decidimos apoyarlo y contactamos a su candidatura. Entiendo que se aportó alrededor de $100 millones y creo que lo implementamos por intermedio de Hugo Bravo. Ignoro la manera en que se concretó este aporte”, sostuvo Délano ante los fiscales. “Aprobamos para la campaña de Pablo Longueira junto con Carlos Alberto un aporte de $100 millones. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo”, detalló Lavín.
Bravo agregó que Penta además habría desembolsado otros $35 millones «para que Longueira viviera después que se bajara como candidato», aludiendo a su renuncia a la carrera presidencial debido a un agudo cuadro de depresión.
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El 25 de noviembre, Longueira fue citado a declarar por el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán por las boletas entregadas por su entorno a SQM, pero su abogado Alejandro Espinoza solicitó copias del expediente para fijar una fecha para el interrogatorio en la Fiscalía. Posteriormente, fue citado a declarar por Penta y SQM, pero en ambas ocasiones guardó silencio.
Cualquiera que dé una mirada detallada a la historia económica de Longueira verá que hay algo que no termina de cerrar. Su sueldo como diputado, que puede triplicarse con las asignaciones para alojamiento, alimentación, bencina, peaje y asesorías, que se rinden, no parecía ser suficiente como para comprar un terreno en El Mirador de San Damián, el condominio más caro de Chile, en los faldeos de San Carlos de Apoquindo. Y encargarle una casa de 400 m² de ladrillo rojo y teja chilena a la arquitecta Mirene Pérez, como lo hizo Longueira.
Cuando él compró, los sitios (de 1.500 metros) valían cerca de 12 UF el m², es decir, $460 millones al precio de hoy. Y sumándole una casa –a los valores actuales– son otros $500 millones o $600 millones más. El año 2000, el entonces diputado UDI fue uno de los tres primeros habitantes que se instaló con su mujer y siete hijos en el condominio desarrollado por Enaco y Eduardo Fernández León (Entel, Consorcio, Banmédica, Las Brisas) y su hermano Arturo. Con el tiempo sería vecino de comunidad con Laurence Golborne, quien lo antecedió como candidato presidencial de la UDI; Rodrigo Pérez Mackenna, el ex ministro de Vivienda; Antonio Tuset y Arturo Fernández León, socios de El Mirador de San Damián, y Bam Bam Zamorano, quien se unió en 2011 al conjunto amurallado por el frente y enrejado por los costados.
Cuando terminó el Caso Spiniak, en el que jugó un papel clave para impulsar una investigación paralela y declaró en la Radio Agricultura que Jaime Guzmán le había dicho en un sueño “sigue a ese cura (por Jolo)”, Longueira contó que se tomaría un descanso. Y el 20 de diciembre de 2003 partió con su mujer y siete hijos a Europa.
Durante años veraneó en una casa en Frutillar, que habría vendido, y se trasladó a otra más grande, a la que le agregó cabañas para sus hijos, en la orilla del Lago Villarrica. Hace ocho años, según consigna El Mercurio, se compró un campo de 150 hectáreas en Villarrica también. Sus vecinos lo veían en los veranos junto a su numerosa prole. Plantó avellanos que no se le dieron. Y el año pasado lo vendió en $810 millones a la Conadi, levantando críticas de los agricultores de la zona, debido al alto precio pagado tomando en cuenta el avalúo fiscal y la limitada aptitud de las tierras para el cultivo de avellanos. Pero la Conadi refutó que se pagó un valor justo.
Por casualidad se hizo público que Longueira era uno de los 90 compradores que reservaron uno de los 300 sitios en el “loteo rural” con playa propia Punta Puertecillo, en Litueche, ideal para deportes de vela por sus olas. Su dueño Jorge Gálmez, ex socio de París, no estaba cumpliendo con lo prometido y los compradores contactaron a un abogado del estudio Philippi para que los representara, llegando a un acuerdo satisfactorio. Cada sitio de 5 mil m² cuesta $250 millones.
Longueira no es un hombre de fortuna; su padre fue un ingeniero agrónomo que se dedicó a administrar la Hacienda Rupanco, en Osorno, donde nació el segundo de sus seis hijos en 1958. Más tarde, se trasladó a Melipilla, a una parcela de 14 hectáreas en El Carmen Bajo, que –al parecer– habría recibido del proceso de la Reforma Agraria. Cursó la básica en el colegio particular Marambio y la media en el San Ignacio de Alonso Ovalle, cuando los Longueira Montes se vinieron a Santiago a una casa frente al Estadio Español, en Las Condes.
Longueira quería ser empresario, siguió la línea de ingeniería industrial en la Universidad de Chile y cuando terminaba los ramos, en 1981, entró a trabajar como gerente de operaciones de LQL, la empresa que fabrica los chicles y confites Dos en Uno. Solo estuvo un año; en 1982 asumió la presidencia de la Fecech, el 8 de diciembre dio el examen de grado y ese mismo día se casó con Cecilia Brinckmann, a quien conoció en Melipilla. Mandatado por Jaime Guzmán, el fundador del gremialismo, comenzó a trabajar en la formación del departamento poblacional de la UDI, recorriendo los campamentos Silva Henríquez y Francisco Fresno en La Pintana.
Hay quienes afirman que su suegra, María Isabel Estévez Marín, posee un patrimonio importante, gracias al cual junto a su suegro Ricardo Brinckmann Parada, corredor de vinos, son dueños de un edificio completo en Lyon con Carlos Antúnez y de una casa en la calle Latadía, en Las Condes. En ambos vivieron Pablo Longueira y Cecilia Brinckmann antes de mudarse a San Carlos de Apoquindo.
Como su suegra es prima por parte materna y paterna de Francisco Marín Estévez, quien era socio de la CGE, la segunda mayor distribuidora eléctrica del país, algunos especulan que la fortuna proviene de la rama Marín que fue accionista de la CGE, vendida en 2014 a la española Gas Fenosa en US$7.200 millones. Otros dicen que su suegra heredó por el lado de la familia Estévez. En 2004 los suegros de Longueira crearon la sociedad Inversiones Doña Isabel S.A., en la que ella aparece como “rentista”, para comprar toda clase de bienes muebles e inmuebles con un capital de $725 millones. Y pagaron $724,5 millones al momento de constituirla, lo que revela un holgado pasar económico.
Otros apuntan a la sociedad minera Magaal, dueña del yacimiento Bronce, cerca de Freirina, en la que Longueira tiene un 47%. Entró al negocio minero a instancias de Cristián Leay, el ex diputado de la UDI que era gerente general de la mina. “Ellos además le arriendan minas a Juan Rasmuss, el socio de Invercap”, afirma un amigo de Longueira, sin especificar si este emprendimiento es a través de Comercial L y L Ltda., constituida por Leay y Longueira en 2009 para realizar negocios mineros. En todo caso, cuando en 2010 se votó el proyecto de royalty minero –el mismo por el cual Longueira y Contesse se enviaban correos– el senador de la UDI explicó que no se inhabilitó de votar, “porque soy pequeño minero y el royalty es para la gran minería”.
El amigo recuerda que Longueira fue socio de Copra junto a los militantes de la UDI Luis Cordero, Andrés Chadwick y Andrés Serrano, que en 1991 ingresó a la propiedad de la Universidad Andrés Bello. La periodista María Olivia Monckeberg –autora de dos libros sobre la historia y el lucro en las universidades privadas– afirma que la sociedad fue cambiando, ya que se constituyó en 1986 con los socios mencionados, pero en 1990, un año antes de entrar a la UAB, sus integrantes eran Cordero, Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández y las señoras de Longueira, Chadwick y Serrano.
Posteriormente, en otra vuelta, aparecieron nuevos socios: la señora de Cristián Leay, Patricio Cordero, hermano de Luis, y el abogado Fernando Barros. “Todas vinculadas al núcleo duro de la UDI. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer, es si se vendieron entre ellos o son palos blancos”, sostuvo Monckeberg en una entrevista.
Nunca se ha podido confirmar si Chadwick y Longueira les vendieron sus acciones a Marcelo Ruiz –el fallecido íntimo amigo del ex senador–, Fernández y Cordero, los otros socios de la universidad, o si le vendieron a Sylvan (hoy Laureate) que, en 2003, pagó US$70 millones por la cartera de alumnos. De haberse salido antes del traspaso a la firma estadounidense, habrían recibido una suma importante de dinero, aunque mucho menor, eso sí, que de haber participado en la venta a Laureate.
“Por otro lado, gente de la Universidad San Sebastián también aparece en Copra. Recordemos que el propio Longueira, cuando se murió su amigo Marcelo Ruiz en un accidente de avión, pasó a ser miembro de la junta directiva a nombre de la familia hasta que fue nombrado ministro. Hay una relación entre Copra y la San Sebastián, a la que también le arrienda locales”, dijo Monckeberg.
“Longueira ha vivido muy bien siempre, llorando que habría tenido una vida mejor si no se hubiera dedicado a la política, pero uno se entera que tan mal no ha vivido para las condiciones de un político”, afirma un simpatizante de la UDI que se pregunta de qué vive ahora, porque ya no tiene sueldo de diputado ni de senador ni de ministro.
«Estoy pensando cómo me reinvento desde el sector privado y colaboro desde ahí a construir una sociedad mejor», afirmó Longueira el 4 de diciembre de 2013, al anunciar su retiro de la política.
Cinco días después su nombre apareció en el registro de directores de la Superintendencia de Pensiones, donde se inscriben los interesados en ser candidatos de las AFP para los directorios de las sociedades anónimas donde participan y votan.
Pero no fue postulado a ninguno, por lo que se molestó y envió una carta a la Asociación de AFP, que no tiene injerencia en estos procesos, pero que aun así fue leída por Guillermo Arthur, su presidente. Planteaba su desilusión al haber sido excluido por su connotación política y recordó el apoyo que le dio al sistema de AFP ante las críticas surgidas en los últimos años. Su acción surtió efecto: el directorio de la Asociación apoyó que fuera incluido en la lista y fue postulado por Egon Zhender como candidato para Sonda, pero no tuvo éxito.
Otra incursión fallida, también de 2014, fue la consultora con Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla que, ante los problemas para reclutar clientes, selló una alianza con Imaginacción, la empresa de lobby y comunicación de Enrique Correa, para atender clientes en conjunto. Habían comprado una oficina en Vitacura, pero a los diez días de darse a conocer el acuerdo por El Mostrador, los tres socios anunciaron, a través de una carta al director de El Mercurio, el cierre de la consultora.
Conocido por su energía inagotable –podía dormir tres horas en época de campaña y pasar la jornada a punta de agua–, creó además la corredora de seguros Agora junto al ex gerente general del Banco Internacional, Juan Enrique Vilajuana; el ex socio y fundador de la corredora de seguros del Security, Luis Alberto Alcalde, y Cristián Leay, actual miembro del directorio de TVN en cupo UDI. Todos, conocidos en el mundo de los negocios y con contactos, pero en su primer año de vida los resultados fueron modestos. Los antecedentes financieros enviados por Agora a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) revelan que en 2014, el único año informado, la corredora intermedió pólizas por un total de $938 millones, lo que es una cifra muy baja. Calculando que recibió una comisión promedio de 12% –las cifras en la industria oscilan entre 6 y 16%– quiere decir que ganó unos $112,5 millones en 2014. Y con eso se pagan los gastos fijos –secretaria, contador, junior, un par de ejecutivos que tramitan las pólizas– y quedan unos $5 millones mensuales para pagar los sueldos de los cuatro socios.
«Parece que los contactos no son suficientes para tener éxito en una industria tan competitiva, pero es llamativo que no hayan generado más ingresos”, afirma un corredor de seguros que estima que existen unas 2.800 corredoras en el rubro.
Cuando Longueira declaró el pasado 17 de abril como testigo en el Caso Caval, a raíz de que fue mencionado durante la investigación como uno de los que supuestamente recibiría parte de las ganancias de la venta de los terrenos de Machalí, describió sus actividades económicas: “Actualmente me dedico a algunas asesorías, por lo cual formamos una sociedad con mi señora, que es ingeniero agrónomo, una periodista, otros profesionales del tema jurídico, computacional, secretaria y un auxiliar. Presto servicios a varias compañías en diversos proyectos como energéticos, núcleos de emprendimiento que es un proyecto inmobiliario (…) No tengo negocios con Andrés Chadwick, pensamos en un proyecto de asesorías, pero no lo concretamos”.
Su abogado Alejandro Espinoza no fue ubicado por encontrarse de vacaciones, según informaron en su oficina, ni respondió A los correos de El Mostrador.