Por 29 votos a favor y ninguno en contra
El Gobierno aseguró que se ha mantenido el espíritu de la indicación, el que jamás fue perjudicar el trabajo de los medios de comunicación. El nuevo texto, que fue modificado en varias oportunidades hasta llegar a la redacción final, si bien es más claro respecto a quiénes apunta, insiste en obstaculizar que la opinión pública acceda a información clave en ciertas causas, situación que se da en el marco de los casos de financiamiento irregular de la política que se han hecho públicos.
La mañana de este martes, en la Comisión de Constitución del Senado y con la presencia del ministro del Interior Jorge Burgos y de la ministra de Justicia Javiera Blanco, se terminó de sellar la redacción de las modificaciones al polémico artículo que sanciona las filtraciones de las investigaciones judiciales de carácter reservado. Finalmente, la Sala de la Cámara Alta dio unanimidad para que se volviera a revisar el artículo y por 29 votos a favor se modificó la enmienda que finalmente pone cortapisas para que se hagan públicos antecedentes clave en las indagaciones.
«Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas. Igual obligación tendrán los intervinientes que señala el artículo 12, respecto de las diligencias de la investigación a las que hayan tenido acceso», dice el texto aprobado. Y añade que «las personas indicadas en el inciso anterior que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo”.
Tras varias negociaciones en que intervinieron el lunes, entre otros, el Fiscal Nacional Jorge Abbott y la presidenta del Colegio de Periodistas Javiera Olivares, se llegó a una redacción que no dejó a todos satisfechos. Pese a que algunos aseguran que el nuevo texto aclara que, por ejemplo, no se sancionará a los periodistas, algunos parlamentarios en privado advierten que sin lugar a dudas se ponen más cortapisas al trabajo de informar.
Durante la discusión en la Sala el jefe de Gabinete, Jorge Burgos, aclaró que el Gobierno no ha retrocedido en sus intenciones respecto al espíritu de este proyecto de ley. Según aclaró el ministro, nunca estuvo entre las intenciones del Ejecutivo, por ejemplo, poner trabas al trabajo de la prensa sino que tratar de mejorar los resultados de la investigación. Cabe recordar que La Moneda ha insistido en subrayar que fue desde el Ministerio Público que se impulsó la controvertida indicación.
«Para el Gobierno la fórmula resuelta por la comisión (de Constitución) y propuesta por el presidente de la comisión es correcta desde el punto institucional, ante cualquiera duda que se hubiera presentado, no obstante, yo quiero decir que respecto del texto original que aprobó la comisión a juicio del Gobierno nunca estuvo ni en la letra ni en el espíritu de quienes participaron en esa redacción intentar afectar a terceros ajenos a los intervinientes», sostuvo en la instancia Burgos.
En la votación en Sala se abstuvieron los senadores independientes Antonio Horvath, Carlo Bianchi, Lily Pérez, Alejandro Navarro (MAS) y Alejandro Guillier, mientras el ex UDI, Jaime Orpis pese a estar en Sala no votó. La senadora UDI Ena von Baer tampoco votó, porque no se encontraba en Sala.
Ahora la indicación deberá ser vista por la Cámara de Diputados en el tercer trámite, ya que en el primer trámite de este proyecto de ley corta antidelincuencia los diputados no establecieron indicaciones al respecto.
