De este modo, la Fiscalía de Alta Complejidad tendrá un plazo de 10 días para presentar una acusación, en que debe solicitar penas de cárcel y multas para los imputados en el caso.
El Octavo Juzgado de Garantía ordenó ayer el cierre de la causa que indaga hace cuatro años el Ministerio Público en relación a supuestas acreditaciones irregulares de planteles universitarios por parte del ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz.
La resolución del tribunal se adoptó a petición de la defensa de Angel Maulén, ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, consigna hoy La Tercera.
La decisión del juzgado deja a la Fiscalía de Alta Complejidad con la obligación de presentar una acusación en un plazo de 10 días, en que debe solicitar penas de cárcel y multas para los imputados en el caso.
Tal como recuerda el matutino, Eugenio Díaz fue formalizado en 2012 por los delitos de corrupción, lavado de dinero y fraude tributario.
Entonces, fueron formalizados Maulén junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, quienes fueron imputados por soborno y lavado de activos.
Al tiempo que a José Schröder, rector en ese momento de la Universidad SEK, se le imputó el delito de soborno.
La defensa del ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia justificó la petición de cierre de causa en que el plazo de investigación se encontraba agotado. Antes de eso, el Ministerio Público tenía previsto realizar negociaciones con las defensas de los ex directivos para llegar a un juicio abreviado, en el cual los imputados deben reconocer los hechos, pero no su responsabilidad en los delitos.
Un antecedente que tuvo presente la Fiscalía para finalmente cerrar el caso fueron los cambios que sufrió la ley que sanciona el delito de lavado de activos.
La modificación legal benefició a los ex directivos y, de ser condenados, aplicará penas que les permitirían cumplir su pena en libertad.
“Las diligencias que solicitó la defensa no varían la calificación que la fiscalía hizo de los primeros hechos. Lo que sí ha cambiado, y es una modificación sustancial, es que en este tiempo intermedio se dictó la nueva Ley de Lavado de Dinero que redujo sustancialmente la pena para éste, que tiene como delito base el cohecho o soborno”, dijo el fiscal Gajardo.
“Las penas que pidió la fiscalía en su momento a raíz de este cambio en normativa legal serán sustancialmente menores. Respecto del lavado de dinero la pena era de carácter efectivo y con la modificación va a ser inferior y no privativa de libertad”, agregó.
