El manifiesto de la iniciativa asegura que «Chile necesita una nueva constitución no porque necesite un nuevo texto, sino porque necesita un poder democráticamente configurado, un poder que se deba al pueblo, reconociendo su carácter plural y colectivo».
«Puentes», así se llama un proyecto que fue lanzado la semana pasada, que cuenta con la colaboración del abogado constitucionalista, Fernando Atria, entre otros destacados académicos, y que tiene como fin contribuir en el llamado proceso constituyente.
El manifiesto de la iniciativa comienza aclarando que «una constitución no es un texto. En rigor no es siquiera una norma jurídica más. Es la configuración del poder. La constitución es la forma del poder».
«Al afirmar que el pueblo es el titular del poder constituyente, la tradición democrática afirma que la configuración del poder no es natural ni tradicional. Es algo que nosotros podemos discutir y decidir mirando nuestro interés y el interés de todos. En eso consiste el proceso constituyente. El Proyecto Puentes nace para contribuir a dicho proceso», agrega.
«En general, la ciudadanía ha entendido mejor que la academia y los políticos el problema constitucional. Aun si carecen del conocimiento del especialista, ciudadanas y ciudadanos creen que Chile necesita una nueva constitución. Los “expertos” se apresuran a descalificar esa opinión ciudadana, precisamente apelando al hecho de que no conocen el texto. Pero como la constitución no es el texto sino la configuración del poder, y por eso es la manera en que convivimos, la ciudadanía identifica correctamente el problema», acota.
«Al exigir un cambio constitucional comprende que el conflicto actual se encuentra en dicha configuración del poder. Es un poder que está hecho para dar cuenta de los intereses de poderes fácticos, administrado por algo que cada vez más actúa como una clase, con sus propios intereses y necesidades de clase, y que por eso la ciudadanía ha comenzado a llamar la clase política», declara.
Por lo tanto, advierte: «Chile necesita una nueva constitución no porque necesite un nuevo texto, sino porque necesita un poder democráticamente configurado, un poder que se deba al pueblo, reconociendo su carácter plural y colectivo. La constitución bajo la cual vivimos ha puesto la política al servicio de intereses particulares, de los que tienen recursos para comprar acceso al poder o de la clase misma que lo maneja. Esta transformación es la nueva constitución».
«Ahora bien, la nueva constitución no puede ser un conjunto de soluciones teóricas que se funde solo en el entusiasmo de sus proponentes. Por el contrario, es necesario que la discusión ciudadana sobre la nueva constitución sea lo más situada posible, y para eso es importante entender que la constitución democrática del poder no es una teoría sino una práctica, no es una forma estática sino una cuestión de desarrollo político», indica.
Según el manifiesto, el proyecto Puentes nace como el aporte de un grupo de académicos y académicas que quieren poner su conocimiento y formación en derecho y otras disciplinas al servicio de esta reflexión: la de identificar qué parte de nuestra tradición constitucional es la profundización del principio democrático, separarla de la parte en que ella es esclava de la dominación y el abuso, y construir una nueva constitución para que, en el momento que nos toca vivir, continúe la primera historia e interrumpa la segunda.
«Por eso, este proyecto quiere ser un puente en dos sentidos. Primero, quiere ser un puente entre nuestra tradición constitucional, leída para destacar e identificar lo mejor de ella, y el momento actual, en que necesitaremos discutir sobre la nueva constitución, sobre la nueva forma del poder. Este es un puente que pretende pasar por arriba de la distorsión antidemocrática que representa la constitución de 1980. Esto no quiere decir que todas y cada una de las decisiones contenidas en la constitución de 1980 deban ser ignoradas. Algunas de ellas podrán ser rescatadas como continuadoras del desarrollo democrático de la tradición anterior, otras no. Contribuir a una revisión como esta es parte importante del sentido del Proyecto Puentes. Es la finalidad de la constitución de 1980 la que debe ser purgada por completo: la finalidad de una constitución es constituir el poder democrático y permitir su despliegue respetuoso de los derechos de todos y todas, no limitar y neutralizar», señala.
En segundo lugar, añade, «quiere ser un puente entre el conocimiento experto que se maneja en la academia y el que maneja la ciudadanía, que identifica correctamente el problema constitucional. Demasiadas veces hemos oído que las cuestiones constitucionales deben ser dejadas a los especialistas, porque el pueblo no sabe derecho constitucional. Esto es, en lo que importa para la comprensión de la configuración del poder, falso, como lo demuestra el hecho ya observado de que la ciudadanía fue capaz de entender lo que los profesores y políticos no fueron capaces de ver: que el problema constitucional no había sido solucionado en 2005. Puentes surge para poner a disposición de la ciudadanía, en la medida en que sea necesario para el proceso constituyente, el análisis del poder, de las instituciones políticas, de la historia y el lenguaje y las categorías académicas del derecho y la teoría constitucional. Así queremos hacer una contribución a dar contenido a la discusión constituyente».
«El Proyecto Puentes es un esfuerzo colectivo, no individual. Y situado, no puramente teórico. Se trata de un proyecto político y no puramente académico. Lo que pretendemos no es escribir un libro con un conjunto de propuestas académicas, sino contribuir a una discusión que nos permita darnos una nueva constitución que podamos reconocer y vivir como nuestra, mediante lo que en la teoría y en la práctica constitucional democrática ha sido el método privilegiado, el de la asamblea constituyente», concluye.
Daniela Accatino
Doctora en derecho (Universidad de Granada)
Profesora de derecho, Universidad Austral de Chile
Amaya Alvez
Doctora en derecho (York University)
Profesora de derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Concepción
Fernando Atria
Doctor en derecho (University of Edinburgh)
Profesor de derecho, Universidad de Chile
Jaime Bassa
Doctor en derecho (Universidad de Barcelona)
Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso
Rodrigo Bustos Bottai
Doctor en derecho (Universidad de Salamanca)
Profesor de derecho, Universidad Diego Portales
Cecilia Bustos Ibarra
Doctora en sociología (Universidad Autónoma de Barcelona)
Académica Depto. Trabajo Social, Universidad de Concepción
Flavia Carbonell
Doctora en derecho (Universidad Carlos III)
Profesora de derecho, Universidad de Chile
Alberto Coddou
Magister en derecho (New York University)
Profesor de derecho, Universidad Diego Portales
Jorge Contesse
Doctor en derecho (Yale University)
Profesor de derecho, Rutgers University
Pablo Contreras
Magíster en derecho (Northwestern University)
Profesor de derecho, Universidad Alberto Hurtado
John Charney
Doctor en derecho (King’s College London)
Profesor de derecho, P. Universidad Católica de Valparaíso
Eduardo Chia
Investigador, Instituto Igualdad
Juan Carlos Ferrada
Doctor en derecho (Universidad Carlos III)
Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso
Claudio Fuentes
Doctor en ciencia política (University of North Carolina)
Profesor de ciencia política, Universidad Diego Portales
Nicolás Fuster
Doctor en ciencias sociales (Universidad de Deusto)
Profesor de sociología, Universidad de Valparaíso
Ximena Gauche
Doctora en derecho (Universidad Autónoma de Madrid)
Profesora de derecho, Universidad de Concepción
Nicolás Grau
Doctor en economía (Universidad de Pennsylvania)
Profesor del Departamento de economía, Universidad de Chile
Matías Guiloff
Doctor en derecho (Universidad de Arizona)
Profesor de derecho, Universidad Diego Portales
Claudia Heiss
Doctora en ciencia política (New School for Social Research)
Profesora de ciencia política, Universidad de Chile
Raúl Letelier
Doctor en derecho (Universidad Carlos III)
Profesor de derecho, Universidad de Chile
Domingo Lovera
Magíster en derecho (Columbia University)
Profesor de derecho, Universidad Diego Portales
Pablo Marshall
Doctor en derecho (University of Glasgow)
Profesor de derecho, Universidad Austral de Chile
Daniela Marzi
Doctora en derecho (Universidad Autónoma de Madrid)
Profesora de derecho, Universidad de Valparaíso
Salvador Millaleo
Doctor en sociología (Universidad de Bielefeld)
Profesor de derecho, Universidad de Chile
Fernando Muñoz
Doctor en derecho (Universidad de Yale)
Profesor de derecho, Universidad Austral de Chile
Carlos Muñoz
Profesor, Facultad de educación, Universidad de Concepción.
Flavio Quezada
Magíster en derecho (Universidad de Chile)
Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso. Investigador Instituto Igualdad
Ernesto Riffo
Profesor de derecho, Universidad Católica Silva Henríquez
Francisco Saffie
Doctor en derecho (Universidad de Edimburgo)
Profesor de derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
Constanza Salgado
Magíster en derecho (Universidad Católica de Chile)
Profesora de derecho, Universidad Adolfo Ibáñez
Claudia Sanhueza
Doctora en economía (Universidad de Cambridge)
Profesora de políticas públicas, Universidad Diego Portales
Nicole Selamé
Doctora en derecho (Universidad Pompeu Fabra)
Profesora de derecho, Universidad de Valparaíso
José Luis Ugarte
Doctor en derecho (Universidad de Salamanca)
Profesor de derecho, Universidad Diego Portales
Christian Viera
Doctor en derecho (Universidad de Deusto)
Profesor de derecho, Universidad de Valparaíso
Yanira Zúñiga
Doctora en derecho (Universidad Carlos III)
Profesora de derecho, Universidad Austral de Chile
