Entre ellos, se encuentran empresas del hermano del ex Mandatario, Francisco Frei, quien es miembro del directorio de TVN
La minera no metálica rectificó los pagos a 13 empresas, entre ellas cinco ligadas al ex Presidente, por casi doscientos millones. Los fiscales quieren extender el plazo de vigencia de los supuestos delitos cometidos entre 2009 y 2010, calculando el tiempo que los involucrados pasaron fuera del país.
En el marco de la nueva rectificación que SQM hizo ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que impactó al círculo más cercano del ex Presidente Eduardo Frei, el Ministerio Público decidió revisar las entradas y salidas del país de los dueños de cinco sociedades que extendieron boletas a la minera no metálica y que están vinculados al ex Mandatario DC.
Se trata de las sociedades Inversiones San Nicolás y Marítima de Exportaciones, en las que tiene participación Francisco Frei Ruiz-Tagle, que actualmente ejerce como miembro del directorio de TVN y es hermano del ex gobernante DC.
SQM rectificó $12.780.600 por la primera y $45.220.000 por la segunda.
Según consina Ciper, la rectificación ingresada por SQM ante el SII el 12 de agosto de 2015 incluyó otra sociedad vinculada al mundo democratacristiano.
Se trata del Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A. (Celac), que aparece recibiendo $35 millones irregulares desde la minera.
Dicha sociedad fue constituida el 8 de junio de 2011 por María Oriana Yalena Chávez Escobar, ex esposa del lobbista DC Carlos Tudela; y por Magdalena Sofía Salazar Sánchez, hija de Miguel Salazar, ex jefe de gabinete de Frei.
Asimismo, se encuentran empresas ligadas a la contadora y recaudadora de su campaña en 2009, Clara Bensan, por $43.012.500, y la firma Taxi Films S.A., de propiedad de Diego Arsuaga Marshall y Macarena Teresa Charlone Herrera, de la cual SQM rectificó pagos por $ 58 millones.
Taxi Films fue la productora encargada de la realización de la franja del ex Mandatario DC en 2009.
Las cinco empresas vinculadas a personas cercanas a Frei recibieron presuntos pagos irregulares por un total de $194.013.100.
Fuentes consultadas por La Tercera, aseguran que las pesquisas de la Fiscalía apuntan a extender el plazo de prescripción de los presuntos delitos tributarios cometidos entre 2009 y 2010.
Por tal motivo, se podría instruir a Extranjería para que emita un informe con los viajes fuera del país de imputados en la investigación por presuntos aportes irregulares a campañas, agregan.
En aquellos casos en los que se determine que hay delitos prescritos, será la propia Fiscalía la que solicite el sobreseimiento definitivo, puntualizan.
Ante la posibilidad de que los delitos prescriban, la fiscal Paola Castiglione aseguró que «es una causa compleja, hay muchos antecedentes que analizar”.
