Catorce empresas emplean reos en la cárcel Colina I y en el Centro Penitenciario Femenino
El trabajo remunerado de los presos dentro de los penales no cumple con las condiciones mínimas dictadas por la ley que lo norma, reveló una investigación de alumnas de Periodismo de la Universidad Católica, ganadoras de los premios Periodismo de Excelencia Universitario 2015 entregado por la Universidad Alberto Hurtado y Etecom Prensa Escrita 2015. Sueldos más bajos que el mínimo legal, inexistencia de contratos y ausencia de seguros laborales, son algunas de las irregularidades que constató este reportaje, publicado por primera vez en julio de 2015 en el sitio Kilómetro Cero y que El Mostrador reproduce. Gendarmería es la encargada de velar por que los empleadores respeten los mínimos establecidos, pero en la práctica esto no ocurre. La institución es juez y parte de este conflicto.
“¡Sin novedades, mi capitán!”, dicen automáticamente tres gendarmes desde las torres de seguridad de Colina I, cuando ven pasar a Milton Lermanda, jefe del sector laboral de esa cárcel. Con un cigarro en la mano, Lermanda pasea por el largo camino de cemento cercado por dos hileras de galpones. Cada uno tiene una calcomanía con un número y el nombre de una empresa.
Galpón 6: Wintec. Tres reclusos sentados afuera del taller ven a Lermanda venir y entran rápidamente a trabajar. El capitán de Gendarmería apaga el cigarro y los sigue.
– Oye, tú, flaco, ven pa’ acá –dice Lermanda con voz de mando. Un joven de 27 años con pelo corto y ojos claros, vestido con buzo y polera azul marino y la palabra “Wintec” estampada en el pecho, se acerca sumiso.
– ¿Dónde están tus zapatos de seguridad? –le pregunta el capitán, apuntando a sus zapatillas de lona.
–No me los han traído todavía –responde el joven en voz baja.
–¿Cómo te llamai’? –vuelve a increparlo el gendarme.
–Alonso Sánchez –dice el recluso.
–Consíguete un par o te ganai una amonestación –Alonso asiente y vuelve a su puesto de trabajo mientras sus compañeros de taller se ríen mirando la escena con curiosidad.
El capitán de Gendarmería enciende otro cigarro y continúa su paseo por el sector en el que trabajan diariamente 409 internos para tres empresas: Wintec, Valplast y Britec. Son tres también los gendarmes encargados de vigilarlos. El sonido ambiente es una mezcla de cumbia, reguetón, maquinaria y herramientas.
Dentro de los nueve centros penitenciarios de la Región Metropolitana, los internos son divididos en dos secciones separadas físicamente, en las cuales viven y desarrollan todas sus actividades diarias, sin poder pasar de una a otra, a menos que Gendarmería los traslade. Dicha división consiste en la separación entre la población penal y el sector laboral, lugar en el que los presos pueden optar a trabajos remunerados de diferentes tipos.
En las torres pertenecientes al sector laboral se establecen los Centros de Estudio y Trabajo (CET), donde los presos son capacitados en distintos oficios y además pueden postular a trabajar en talleres laborales, recibiendo un pago por ello. En 2011 entró en vigencia el “Reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario”, que define y regula de forma detallada las modalidades y condiciones bajo las cuales debe desarrollarse el trabajo que realizan los internos dentro de la cárcel.
Contratos, sueldos, seguros laborales, horarios y fiscalizaciones periódicas, son los temas centrales que el reglamento norma, fijando las condiciones mínimas que debiesen cumplir los empleados y empleadores. Establece además que Gendarmería es la encargada de supervisar que este proceso se realice de acuerdo a la normativa establecida, es decir, de que el reglamento se cumpla a cabalidad. Pero la realidad es que, en la práctica, esto no ocurre.
Una de las modalidades laborales a la que pueden optar los presos, es trabajar para empresas privadas que se instalan en galpones dentro de las cárceles, que se utilizan como talleres de producción de cada compañía.
La información entregada por las empresas consultadas que trabajan actualmente en las cárceles de la Región Metropolitana, indica que existen compañías instaladas hace más de diez años en distintos recintos penitenciarios. Entre ellas se encuentran Wintec y Britec, en Colina I, el CET más grande de Chile, y Prodalum en el Centro Penitenciario Femenino.
De acuerdo al reglamento, debe existir siempre un contrato que regule las condiciones del trabajo que realiza cada preso para las empresas instaladas en las cárceles. Además se establece que el pago que perciben los presos debe ser fijo e igual al que recibe un trabajador libre que realiza su misma función, e igual o mayor al salario mínimo legal, es decir, 241 mil pesos.
Gabriel tiene 47 años. Fue condenado a 25 años de cárcel en Colina y hoy se encuentra bajo libertad condicional. Le quedan 60 días de firma y será un hombre libre. Su sentencia empezó con 4 años en Colina II, lugar donde se encuentran los presos más problemáticos y que cumplen condenas más largas, y luego fue trasladado a Colina I por su buena conducta. Después de 18 años pudo acceder al sector laboral.
La mayor parte del tiempo que pasó en ese lugar trabajó en Wintec, empresa dedicada a la fabricación de ventanas y puertas de baño que, según su dueño y gerente general, Fernando Rex, es la firma más grande de Chile en el rubro. En 2002 Wintec se instaló en Colina con su primer taller y hoy es la compañía con mayor presencia en el sistema carcelario: tiene 6 talleres en Colina, uno en la cárcel de Talagante y otro en la de Puente Alto, empleando a 235 internos en total. De ellos, 128 trabajan en el sector laboral de Colina, cárcel en la que viven 1.500 reclusos, según datos de Gendarmería.
Fernando Rex cuenta que el trato de su empresa ha sido siempre directamente con Gendarmería: en 13 años Wintec no ha firmado un contrato de trabajo con ninguno de los presos que trabajan en sus talleres dentro de las cárceles.
Trabajando para Wintec, Gabriel se desempeñó en distintos cargos: fue bodeguero, cortaba vidrios y transportaba ventanas en un tractor de una torre a otra. Hoy, sentado en el comedor de la casa en la que vive de allegado al lado de la cárcel de San Miguel, explica cómo fue su experiencia en ese taller. Nunca firmó un contrato y el sueldo que recibía era de acuerdo a lo que alcanzaba a producir en un mes.
Víctor Pérez, gerente de desarrollo de mercado y planificación de Codelco, fue uno de los creadores del programa laboral que tiene esa empresa en Colina I desde 2003. En el taller de Codelco se fabrican paneles solares y no existen, según Pérez, otros talleres de producción de estos paneles en Chile: hay solo uno y está en la cárcel. En cuanto a los contratos, el gerente de Codelco dice que Gendarmería es quien está a cargo de ellos, de la ley laboral, del ahorro y de los seguros de los presos que trabajan para las empresas instaladas en las cárceles.
Myriam Olate fue subdirectora técnica de Gendarmería desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015. En junio de ese año era la encargada y responsable de los programas laborales dentro de las cárceles y fue consultada acerca de la relación contractual que debe existir entre los internos y las empresas que les dan trabajo. Su respuesta fue contradictoria. En primera instancia, explicó que el trabajo que ofrecen las compañías al interior de las cárceles tiene que ser regulado de la misma forma que el de un trabajador libre. Es decir, debe haber un contrato con cada interno, cotizaciones y seguros de salud; pero finalmente reconoció que la realidad no se apega al reglamento.
-Por transparencia Gendarmería dijo que no existen contratos y después de hablar con algunas empresas y ex internos, confirmamos esa información.
–Ya, lo que pasa es que la empresa hace un convenio de instalación con la unidad penal. Pero nosotros tenemos que resguardar la privacidad de los internos. No podemos hacer público un contrato de trabajo que es un trato entre un trabajador y un empresario –dice Olate.
-Pero no dijeron que no podían entregar esa información, dijeron que esos contratos simplemente no existen.
–Mira, en general las empresas hacen contrato, pero hay situaciones en las que por privilegiar que haya gente ocupada, si el interno acepta el trato y se puede hacer, se hace. Y si eso es sin contrato, bueno, será sin contrato. Como la normalidad de todo el país.
El 12 de diciembre de 2012, Leandro (37) cumplió una sentencia de 15 años en Colina. Cuando fue condenado entró a Colina II, donde psicólogos y otros profesionales evaluaron su conducta y, debido a que obtuvo buenos resultados, fue enviado a Colina I. Cuando llevaba 5 años preso fue sometido a una segunda observación y, por tener buen comportamiento, pudo solicitar un cupo dentro del sector laboral donde pasó los diez años restantes de su condena.
La historia de Leandro da cuenta de la constante rotación que existe entre los distintos trabajos del CET. Si bien no recuerda con claridad la cantidad de tiempo que estuvo en cada taller, cuenta que trabajó haciendo aseo en el patio, en el taller de mueblería construyendo estructuras de fierro para las camas que se ocupan en las cárceles, y luego pasó cinco años trabajando para la cerrajería de Gendarmería, hasta que se abrió un cupo en el galpón de Codelco. En diez años en el CET, nunca firmó un contrato de trabajo.
-¿Los internos sabían que por ley debían firmar un contrato de trabajo?
-Sí, pero si tú alegai erís cabecilla, erís protestante. Y por hacerle ver a la multitud cosas que no tienen idea, te sacan de ahí. Incluso te pueden acusar de intento de motín –afirma Leandro.
Debido a que las compañías firman contratos laborales únicamente con Gendarmería, como explicó la subdirectora técnica de ese entonces de la institución, esta se convierte en el empleador dentro de la cárcel y, por lo mismo, los gendarmes son los que administran los sueldos.
Todos los meses se establece aleatoriamente dentro de los recintos penitenciarios un día de pago, en el que Gendarmería reparte entre los internos la plata que recibió de las empresas de acuerdo a la producción mensual de cada taller. No existe un organismo externo a Gendarmería que regule el manejo de ese dinero, ya que, por ley, es ella misma la que debe supervisar que se cumplan las condiciones que estipula la norma. Dicho de otro modo, Gendarmería se fiscaliza a sí misma.
“El trabajo en Codelco era a trato, pero era bueno el trato. El sueldo era de alrededor de 300 mil pesos, que para estar dentro del CET, era caleta de plata. A veces ganábamos más, y andábamos con más plata que los gendarmes, incluso después del descuento. Nunca nos pagaron imposiciones”, cuenta Leandro.
Del sueldo total que reciben los internos, se les descuenta un 11% como penalización por el delito cometido, un 5% queda para Gendarmería por concepto de mantención del CET y un 15% se deposita en una libreta de ahorro que se les entrega a los reclusos al momento de cumplir su condena, o cuando ellos la soliciten. “Aquí no se piensa en jubilación, sino en que no vuelvan a delinquir. Las cotizaciones serían el 15% que se descuenta por ahorro, por ejemplo”, explica Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I.
Leandro dice que nunca tuvo claridad acerca del monto real que Codelco le entregaba a Gendarmería para que lo repartiera entre los internos del taller: solo recibía la plata que le entregaba un gendarme, que a su vez le decía que todos los descuentos estaban hechos. “No te preguntai por qué no te hacen firmar contrato porque si estai trabajando, bacán poh. Te ganai tus lucas y además te sirve para conducta, para ir postulando a las salidas”, cuenta.
Alejandro Ortega, contador del CET de Colina I, explica que los productos que se fabrican para cada empresa tienen valores determinados y el sueldo se define por producción y no por preso. Todos los meses personal de Gendarmería cuenta la producción, se valoriza y se factura a las compañías, que depositan a la institución en una cuenta común un pozo que se reparte entre todos los internos.
En 2003 Codelco firmó un contrato de colaboración con Gendarmería y a su vez contrató a un grupo de ingenieros que luego formaron la empresa Britec, especializada en energía solar, para que administrara su taller dentro de Colina. Britec nació dentro de esa cárcel en 2007 con la misión de generar procesos productivos intensivos en mano de obra carcelaria, según Javier Ferrada, uno de sus socios.
La labor inicial de la compañía consistía en fabricar paneles solares, pero debido a que hoy en día la demanda por estos es muy baja, la empresa cambió su foco y actualmente se dedica a desarrollar procesos productivos para apoyar emprendimientos que necesiten mano de obra. Es decir, “arriendan” mano de obra carcelaria a otras empresas que cuentan con materias primas, pero necesitan que alguien produzca bienes con ellas.
Britec administra los 2 galpones de Codelco dentro del CET de Colina y emplea a 23 reclusos. La empresa no tiene trabajadores libres; toda su mano de obra está en cárcel. Ferrada además confirma lo dicho por Leandro y asegura que los reos que trabajan para Britec ganan 300 mil pesos mensuales. Al ser cuestionado sobre la inexistencia de contratos de trabajo entre los reos y la empresa, Javier Ferrada asegura: “No tienen contrato porque los presos pierden sus derechos sociales. Son infractores de la ley y pierden sus derechos”.
Codelco no tiene un registro de los pagos que Britec hace a sus trabajadores, ya que, según afirma Víctor Pérez, estos son administrados por Gendarmería, que a su vez los reparte entre los presos. “Es tarea de Gendarmería elaborar ese documento”, dice Pérez, y asegura que las condiciones básicas de un contrato laboral están, aunque la empresa tampoco tiene registro de la existencia de estos.
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En el caso de Wintec, Gabriel cuenta que los pagos que recibió durante los años 2008, 2009 y 2010, tiempo en el que trabajó para esa empresa dentro del CET de Colina I, siempre fueron por producción: lo máximo que ganó en un mes fueron 800 mil pesos, debido a que hacía distintos trabajos, y lo mínimo, 20 mil. Según él, Wintec pagaba 580 pesos por cada ventana producida. Gabriel y sus compañeros fabricaban entre 15 mil y 18 mil ventanas al mes, haciendo un promedio de 400 o 350 al día.
En el Centro Penitenciario Femenino de Santiago hay 11 empresas instaladas trabajando con 250 internas mensualmente, según Marilyn Martínez, jefa del CET de este recinto. Una de estas compañías es Marisio, para la cual trabajan 35 mujeres. Cada una de ellas debe armar un kilo de partes internas de enchufes al día. De acuerdo a Martínez, las reclusas trabajan a cambio del sueldo mínimo legal. Una de las internas que se desempeña en ese taller, cuenta que recibe 86 mil pesos por su trabajo, después de la aplicación de los descuentos reglamentarios. Además agrega que el día de pago es aleatorio y puede ser, incluso, a mitad de mes. “Acá no podemos reclamar nada, nos echan cagando apenas escuchan que alegamos cualquier cosa”, dice.
De acuerdo al reglamento, los establecimientos penitenciarios deben llevar control y registro de todos los pagos que hacen los empresarios a cada trabajador, manteniendo esa información en un archivo actualizado. Tras pedir este documento a Gendarmería, mediante una solicitud de Transparencia, la institución respondió que no hay contratos y, en consecuencia, tampoco existen registros de los pagos.
Myriam Olate, subdirectora técnica de Gendarmería en 2015, explicó que las empresas pagan “incentivos” a los reclusos –y no sueldos– cuando no existe una relación contractual entre ambos.
-¿Los incentivos dependen del trato que haga cada empresa con Gendarmería? ¿No se paga siempre el mínimo legal?
-Ese es el sistema. Digamos que hemos accedido a que se haga así porque finalmente, aunque son periodos cortos de trabajo o para pocas personas, nosotros no tenemos la capacidad de ofrecerles a todos trabajo, porque hay una población penal de 45 mil personas y no tenemos el personal ni la infraestructura para que más internos trabajen. Tratamos de que las condiciones sean lo más dignas posibles y reciban un pago, sea el que sea, siempre que los reos acepten.
Gendarmería, de acuerdo al reglamento, debe fiscalizar regularmente el debido desarrollo de la actividad laboral de los internos. Una vez al mes, el jefe del centro de reclusión debe emitir un informe que dé cuenta de la situación de cada compañía instalada dentro de la cárcel y, además, un informe anual de su desempeño.
Alejandro Ortega, contador del CET de Colina I, explica que las fiscalizaciones están a cargo de la Dirección Regional de Gendarmería. Agrega que las auditorías pueden durar una semana, y consisten en la supervisión de las planillas de sueldos, contabilidad, ingresos y compras de cada CET. A pesar de que, según el reglamento, las auditorías deberían ser semestrales, puede pasar un año entero sin que se realicen.
-¿Hay alguien que fiscalice las condiciones de trabajo de los presos?
-No, nada, y cuando hay, todos se tapan la cara. Una o dos veces al año iba gente a revisar y era de Gendarmería, pero no de Colina, de afuera. Cuando había una inspección, cerraban todas las puertas de los talleres. Ahí a esos huevones les pasai unas ventanas y chao. Yo una vez vi una inspección en el rancho [taller del CET donde los presos cocinan para el resto de los internos] y el huevón nunca entró al taller, le pasaron un paquete de longanizas y uno de queso y se acabó la inspección –cuenta Gabriel de la época que pasó preso en Colina.
La jefa del Departamento de Reinserción en el Sistema Cerrado de Gendarmería, en respuesta a una solicitud de Transparencia, explica que los presos que trabajan para empresas privadas siempre han contado con seguros de protección laboral. Pero no existe constancia de esos seguros, y tampoco hay reportes estadísticos al respecto. Esto, a pesar de que el reglamento establece expresamente que la institución debe llevar un registro actualizado con esta información.
Dice además que desde 2013 existen recursos limitados del presupuesto institucional para implementar seguros contra accidentes en algunos segmentos laborales, por ejemplo, en el dedicado al aseo y mantención de las cárceles. Según la información que Gendarmería entregó con respecto a esos seguros y desde el año 2013, solo hay registro de un accidente en 2014. En el CET del Centro Penitenciario Femenino, una mujer que trabajaba para panadería se aplastó la mano y sufrió una fractura.
Leandro tiene otros recuerdos de los años en los que trabajó en el sector laboral de Colina.
–Una vez un viejito se cortó la mano entera trabajando y lo mandaron, igual que cuando te apuñalan, al hospital penal. El enfermero de turno llamó al alcaide para que pusiera su firma y autorizara a que lo llevaran al hospital de la Peni. A este señor lo mandaron de vuelta a Colina I… estaba incapacitado, ya no servía en el sector laboral. No lo indemnizaron ni nada –cuenta, y asegura que, además de no haber contratos, no había seguros contra accidentes, a pesar de que eran muy frecuentes.
Al acceder a las planillas de pago de los reclusos que trabajan para empresas en el CET de Colina I, fue posible constatar que, debido a que trabajan por producción, se les descuenta cada día perdido por accidente laboral. Además, en el caso de los 11 presos que trabajan para Valplast, ninguno de los sueldos alcanza el mínimo legal: en mayo de 2015 el más alto fue de $140.225, y el menor, $40.000.
Estos montos consideran los descuentos reglamentarios, que en el CET de Colina I son dos: un 15% destinado a la libreta de ahorro de cada preso y, del 85% restante, se descuenta un 5% para la mantención del CET. El jefe de este establecimiento, Milton Lermanda, explica que adoptó una política particular debido a la cual en el sector laboral de esta cárcel no se descuenta el 11% de penalización por el delito cometido, ya que le parece injusto castigar a los reos que trabajan. La medida fue tomada solo de acuerdo a su criterio.
María Nelly Carreño, jefa del Departamento de Reinserción en el Sistema Cerrado de Gendarmería, explica que el proceso de aseguración de los presos se ha topado con tres problemas. Primero, alto costo de los seguros y la inexistencia de oferta de parte de empresas aseguradoras para ofrecer este servicio a los presos. Segundo, que el presupuesto es insuficiente para cubrir a todos los reos que trabajan dentro de los CET. Y finalmente, que la experiencia indica que los seguros no cubren la diversidad de tipos de accidentes laborales o es muy difícil hacerlos efectivos porque obliga a realizar gestiones que no son posibles de realizar dentro de las cárceles.
Así, la opción de Gendarmería ha sido no asegurar a los internos que trabajan dentro de los sectores laborales, a pesar de que el reglamento lo estipula con claridad. Por su lado, las empresas que los emplean dicen que no lo consideran parte de sus responsabilidades.
Myriam Olate, entonces subdirectora técnica de Gendarmería, aseguró que todos los reclusos que trabajan en los CET debiesen tener seguros en caso de accidente, provistos por Gendarmería.
-Por transparencia Gendarmería dijo que no hay seguros.
-Tendría que ver quién te respondió eso. ¿Tú tienes esa respuesta? ¿Me la pudieras mandar? Para yo revisar eso.
-La respuesta se debió a que no hay documentos que certifiquen lo contrario; no hay respaldo de esa información.
–No poh, no en todos los casos hay seguros. Como te digo, la gente de los CET que tiene contrato, tiene seguros, los demás no.
Carreño asegura que debido a que la institución no maneja suficiente información de esta materia, ha considerado necesario implementar un sistema de registro de la misma desde este año (2015, a la fecha en que se efectuó este reportaje). Esto, a pesar de que la ley que reglamenta el trabajo dentro de las cárceles está vigente hace cuatro años y establece en su artículo 84 que los CET deben contratar seguros de accidentes del trabajo para proteger la integridad física de los internos del sector laboral.
El proceso mediante el cual las empresas son autorizadas para hacer uso de los galpones que dispone Gendarmería en los CET, también es especificado y normado por el reglamento. Está estipulado que las empresas deben pasar por un proceso de selección en el cual aquellas que cumplan con todos los requisitos se adjudican una licitación para instalar sus talleres con costo cero, ya que es Gendarmería la que cubre los gastos de infraestructura y mantención de los espacios. Dicho de otra manera, las empresas usan estos galpones de producción de forma gratuita.
Milton Lermanda, jefe del CET de Colina I, explica que la instalación de empresas dentro de esa cárcel depende únicamente de dos factores: la disponibilidad de galpones y su criterio.
–Trabajar dentro de la cárcel abarata los costos de la empresa, ya que no tenemos que pagar por arriendo de infraestructura, ni por las cuentas de luz, agua y electricidad. Gendarmería corre con esos gastos –explica Víctor Pérez, gerente de Codelco. Agrega que el contrato que tiene su empresa con Britec por la administración de sus talleres en Colina, no le cuesta más de dos millones y medio de pesos anuales a la cuprífera.
El gerente general de Wintec, Fernando Rex, cuenta que no participó de ningún proceso de selección ni mucho menos concursó por una licitación. Cuando se instaló, le dijo al director regional de Gendarmería de ese entonces que le interesaba trabajar en el centro penitenciario, le hicieron una visita guiada para que conociera las instalaciones, y posteriormente firmó un contrato con el mismo director regional.
-¿Qué incentivo tiene Wintec para instalarse en las cárceles y trabajar con presos?
-Es algo bueno que puedo hacer simplemente. Para nosotros es más caro trabajar con presos. Hay reos que tienen permiso de salida diaria para trabajar con nosotros. Hoy son 30, y gastamos 10 millones de pesos al año solo en transportarlos, por ejemplo. Esto funciona porque yo soy el dueño y estoy dispuesto a gastar más plata por tener a los reos trabajando.
Myriam Olate dice que las empresas se instalan en las cárceles gracias al trabajo que hace Gendarmería para fomentar el establecimiento de las mismas. Esto, a través del Ministerio de Justicia o su sitio web, pasando por alto las exigencias del reglamento para que las compañías puedan hacer uso de los galpones como talleres de producción.
–Creamos un formato para que las empresas llegaran y se inscribieran, pero era todo demasiado engorroso porque había muchas exigencias para que se instalaran. Este mismo decreto 943 [apuntando el reglamento], es muy complicado. O sea, le exige demasiadas cosas al empresario, entonces los tipos no se motivan y pocos lo hacen –explica Olate.
-¿Y cuál es el incentivo para las empresas?
–Es solamente responsabilidad social. Pero hay mucha rotación. La realidad es que las empresas privadas se instalan, salen en la tele pa’ la foto, y trabajan un mes o dos meses y se van –dice Olate.
A diferencia de lo expresado por Myriam Olate y Víctor Pérez, Javier Ferrada, socio de Britec, encargado de la administración del taller de Codelco al interior de Colina, dice que su empresa paga arriendo por ocupar ese galpón todos los meses y además, paga gastos de cuentas básicas. Tras la entrevista, Ferrada dejó de contestar nuestros llamados telefónicos, por lo que no fue posible corroborar el monto de este arriendo. Al ser consultada sobre esta situación, Olate respondió que ese pago debe obedecer al trato que posiblemente acordó Britec con la unidad penal de Colina.
–¿Entonces el acuerdo no cabe dentro de un estatuto formal, igual para todas las empresas? ¿Cada una ve cómo se instala?
–Exactamente. Puede ser eso.
Los trabajadores de los seis talleres de Wintec trabajan fabricando ventanas de aluminio, las más básicas que produce esta empresa. Fernando Rex, gerente general de esta compañía, explica que sus trabajadores libres producen tres o cuatro veces más que los internos diariamente. Esto, debido a que las jornadas laborales de los presos son más cortas, irregulares y fácilmente interrumpidas por motines, actividades de Gendarmería y otros, mientras que los trabajadores libres trabajan fijo 45 horas semanales.
-¿Cómo se definen los horarios de trabajo?
-Gendarmería los tira no más. A las nueve se hace la cuenta, después todos a trabajar. Cuando no hay algún problema, allanamiento o cosas, a las nueve partíamos trabajando. Y trabajábamos hasta la una, que hay una hora libre de almuerzo, y después seguís trabajando hasta las cuatro –cuenta Gabriel.
Sin embargo, los horarios de trabajo en algunos casos exceden las jornadas laborales máximas que establece el reglamento. En el CET de Colina I, si los empresarios lo solicitan, los reos trabajan hasta 12 horas diarias con el objetivo de cumplir con el monto total de producción que cada empresa requiere. En estos casos, Gendarmería es quien autoriza esta situación fuera de norma.
A las cuatro de la tarde se termina la jornada en Colina I. Se produce el cambio de turno de los gendarmes que harán guardia durante la noche, y es la hora de encierro de los presos. El capitán Miltón Lermanda firma el registro del último conteo del día. En los galpones que ahora se ven cerrados ya no se escucha música ni hay ruido de herramientas. Todos los talleres están vacíos, menos uno. Afuera del galpón de Valplast hay cuatro reos conversando.
–¿Qué están haciendo ahí? Pónganse a trabajar mejor, o los encierro –dice el capitán Lermanda con su boina bajo el brazo, antes de pasar por la reja de seguridad que separa a los 409 reos del sector laboral, de la población penal de Colina I.
