El juicio crítico sobre la llamada ‘obra gruesa’ del Gobierno
Para Gabriel Salazar, la Presidenta no cumplió debido a la mediocridad de los ejecutores de este proyecto, la falta de capacidad de liderazgo de la propia Mandataria y por no convocar a los actores sociales y terminar negociando todo con la élite. En tanto, para José Joaquín Brunner, la Jefa de Estado “mostró que no tenía las habilidades de conducción” para enfrentar la presión de un programa “insensato” y con proyectos que no fueron diseñados para cumplir cambios paradigmáticos. Mario Waissbluth, por su parte, sostiene que el problema principal es que la gobernante llegó “subida a la retroexcavadora” con proyectos mal formulados, en vez de “producir un itinerario prudente con una secuencia ordenada y bien diseñada de reformas”.
Tal como un encuentro de fútbol, el discurso de la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo solo duró 90 minutos. Coincidentemente para la gran mayoría de analistas y políticos, que se dieron un festín descomponiendo los alcances del mismo, el verdadero “partido” de este Gobierno se acabó y solo quedan los descuentos. La supuesta “retroexcavadora”, si es que alguna vez existió, quedó estacionada y ahora solamente existen los detalles de una supuesta “obra gruesa” materializada.
Pero más allá de la utilización de las figuras literarias, analogías y retórica, lo cierto es que, si bien hay una especie de consenso respecto a un supuesto “fin” del Gobierno, donde sí hay dudas es sobre los alcances reales de las transformaciones que, al menos en el discurso programático, buscaba la Presidenta. La gran protagonista de los análisis es la propia jefa de Estado, y cómo no, si su liderazgo siempre cruza los cuestionamientos y muchos apuntan a su “zigzagueo” permanente, en esta su segunda administración, como el principal responsable de los resultados.
De hecho, la encuesta Plaza Pública Cadem del lunes 30 de mayo, tras su cuenta ante el Congreso Pleno, muestra que solo un 21% aprueba la gestión de la Presidenta y un 70% la desaprueba, pero lo más relevante son los magros números en los atributos de la misma. Quienes creen que “Cumple lo que promete” abarcan solo un 25%, mientras un 29% dice tener “Confianza” en ella. Respecto a si “Cuenta con autoridad y liderazgo”, recibe un 29% de apoyo, y sobre el atributo “Tiene capacidad para solucionar los problemas del país”, un 27%. El único ítem que supera la media es “Tiene carisma”, con un 59%.
Los números fueron ratificados por la encuesta Adimark del mes de mayo, donde el apoyo a la Mandataria llegó solo a un 24%, mientras que su desaprobación aumentó siete puntos porcentuales, alcanzando un 72%. Respecto a los atributos presidenciales, seis de los siete considerados registraron una disminución: “Es activa y enérgica” con 35% (-9 puntos), “Cuenta con capacidad para solucionar los problemas del país” con 40% (-7 puntos), “Cuenta con capacidad para enfrentar situaciones de crisis” con 41% (-3 puntos), a los que siguen “Cuenta con liderazgo” y “Es creíble”, que decaen ambos en 4 puntos y “Le genera confianza” con una disminución de 8 puntos, llegando a 33%. “Es respetada por los chilenos” es el único atributo que mejora, alcanzando un 42%, un alza de 4 puntos. El Gobierno en su conjunto, alcanzó un 20 por ciento de rechazo.
El balance que se hace respecto de Bachelet dice relación fundamentalmente con los grandes ejes anunciados como sustento del programa: las reformas tributaria y educacional, y la nueva Constitución. Además, hay quienes suman un par más de grandes promesas, como son el cambio al sistema binominal y la reforma laboral.
Según la propia Cadem, existe un alto nivel de desacuerdo con las reformas. Un 60 por ciento está en desacuerdo con la reforma tributaria, su nivel más alto desde abril del 2014; un 56 por ciento está en desacuerdo con la reforma laboral; y un 64 por ciento está en desacuerdo con la reforma educacional, 10 puntos más que 2 semanas antes. En la Adimark los números son similares, las principales reformas no son respaldadas por el grueso de la población, en mayo un 49% declaró estar de acuerdo con la reforma educacional; la reforma laboral recibió un apoyo del 28%. Por supuesto que se trata solo de encuestas, esto es, ‘fotografías’ de momentos determinados, de valor relativo, que depende del rigor metodológico empleado, del tipo de muestra utilizada y del “error muestral” de cada una dichas mediciones.
Para uno de los intelectuales concertacionistas más críticos del proyecto de la Nueva Mayoría, el ex ministro José Joaquín Brunner, ninguna de las iniciativas legales que daban sustento a esta administración en la práctica se han materializado. A juicio del militante del PPD, ninguno de los proyectos emblemáticos cambió el curso real de las cosas y ni siquiera hay obra gruesa. Para él, el origen de todo está dado en un diagnóstico «insensato».
“El problema fue neta y estrictamente político-ideológico. Qué duda cabe que el diseño original elaborado fundamentalmente al amparo del círculo y la red de técnicos creados por (Rodrigo) Peñailillo y (Alberto) Arenas, equivocó radicalmente el diagnóstico de la sociedad chilena y luego creó una especie de fantasía de enormes expectativas respecto de cambios que al parecer se podían hacer en cuatro años con efecto de transformación muy profunda de las estructuras y del paradigma de la sociedad”, explica Brunner a El Mostrador.
En visión del académico, “el diseño programático era de una completa ingenuidad, o sea, como dijo en su momento el ministro de Educación cuando dejó de serlo, (Nicolás) Eyzaguirre, ‘nos propusimos tantas cosas simultáneamente que ni siquiera Superman las podría haber llevado a cabo’. No era una manera muy elegante de decir que en realidad había un diseño inicial que estuvo mal concebido, que era poco realista, que era poco maduro, que no tenía un buen diseño técnico, que no descansó en todo el conocimiento acumulado que hay en la sociedad chilena y fuera de ella, sobre la base de la experiencia de cambio en distintas sociedades. Entonces, todo el diseño tiene que ver con un problema de mala concepción de los cambios, una teoría del cambio muy frágil. Se pensó que en realidad el cambio iba a consistir en aprobar leyes y, como había mayoría en el Parlamento, se pensó que cualquier cosa que quedara escrita en ese papel iba a poder ser aprobada por la Nueva Mayoría”, añade.
Igual de tajante es el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, quien explica a El Mostrador que este “ha sido un Gobierno extremadamente mediocre si lo comparamos históricamente y que no ha logrado, siquiera siendo reformas importantes, despertar la atención ni el apoyo de la gente. Es un gobierno que prometió mucho y no ha cumplido y eso se revela en la mediocridad de los ejecutores de este proyecto. Empezando por la Presidenta y todo su equipo de apoyo”.
Para Salazar, este Gobierno en el papel se propuso reformas tan profundas como las que impulsó Eduardo Frei Montalva con sus reformas agraria, educacional, tributaria y de chilenización del cobre, pero con resultados diametralmente opuestos. “Este es un gobierno que se propuso objetivos bastante ambiciosos, pero que no ha tenido ninguna capacidad, ni para aclarar exactamente qué quiere reformar y cómo reformarlo, ni capacidad para conseguir apoyo ciudadano, ni capacidad siquiera para dar a entender con un discurso que promueva la movilización de la gente en su apoyo”, recalca el historiador, un referente de la izquierda no oficialista y del movimiento estudiantil.
En tanto, para el fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, “el problema central es que la Presidenta llegó en marzo de 2014 subida a una retroexcavadora, y pensó que podía completar todo su programa legislativo en 18 meses, en educación, laboral, tributaria, Constitución, etc. En lugar de producir un itinerario prudente con una secuencia ordenada y bien diseñada de reformas, comenzó una suerte de orgía legislativa, con proyectos apurados y muy mal formulados, lo cual llevó a una cuasirruptura de la coalición de Gobierno y abrió el espacio para un desorden político y una crispación mayor, que seguiremos viviendo un tiempo, aunque ella haya bajado el tono y el ritmo”, subraya a El Mostrador.
La primera gran reforma que La Moneda puso en debate en el Congreso fue la tributaria. La iniciativa que buscaba recaudar unos 8.300 millones de dólares adicionales para financiar cambios a la educación pública, sufrió la dura oposición del empresariado y todo su aparataje, cuestión que parecía en cierta medida de toda lógica, porque al menos en el discurso era el sector más afectado. Pero, a poco andar, los cuestionamientos vinieron desde el propio oficialismo, desde donde –encabezados por el senador Andrés Zaldívar (DC)– plantearon la necesidad de modificar incluso “el corazón” de la misma.
El Gobierno, con el paso del tiempo, tuvo que ceder en varios aspectos del proyecto. E, incluso, impulsó un protocolo de acuerdo entre la oposición y el oficialismo en torno a llevarla adelante, que incluyó una puesta en escena con todos los presidentes de partidos y varios ministros de Gobierno en su firma en Valparaíso.
Según explicaron posteriormente en las filas de la Nueva Mayoría, las negociaciones pusieron en evidencia algunas diferencias entre la Presidenta Bachelet y el ministro de Hacienda de entonces, Alberto Arenas, quien bregó hasta el final para evitar los cambios al proyecto original. “Fue la Presidenta quien finalmente ‘cortó el queque’ y optó por llegar a un acuerdo con la oposición”, explica un personero oficialista, recordando las tratativas de entonces. La jefa de Estado, a pesar de lo que había planteado en un comienzo, decidió evitar la prolongación del debate fundamentalmente porque su cronograma apuntaba a la necesidad de apurar el tranco en este punto.
Al final el apuro y “la falta de un trabajo más en detalle y con expertos de calidad”, según explica un parlamentario oficialista involucrado en la discusión, terminó con un proyecto que, apenas 15 meses después de haberse convertido en ley, debió sufrir ajustes. Una iniciativa además que, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, varios aseguran aún no saber siquiera cuánto recauda ni hacia dónde efectivamente van a parar todos los recursos.
“¿Puede alguien sostener seriamente que una reforma tributaria que producirá (quizá) el equivalente a tres puntos porcentuales adicionales para el presupuesto de la Nación, con destino al sector educación básicamente, constituye una medida radical de transformación de la economía, cambiará el ámbito de acción educativa del Estado o significará por sí sola un mejoramiento cualitativo de las oportunidades educacionales? Si la reforma tributaria tuvo además alguna otra intención más allá de aumentar la renta nacional (como mejorar la distribución del ingreso, por ejemplo), el diseño de esa parte fue de tal manera confuso e inviable que debió ser modificado, sin que hasta hoy se conozca su impacto”, explica en una columna Brunner.
Un presidente de partido oficialista, sin embargo, asegura que “en un país con tanto peso del empresariado, y la campaña permanente de los medios en contra, la reforma tributaria aprobada representa un gran éxito de este Gobierno y una recaudación relevante, la más importante desde el regreso a la democracia».
[cita tipo= «destaque»]Según explica Salazar, “para una reforma educacional como la que se propuso, yo busco el apoyo inmediato de los alumnos y los profesores, y me desentiendo de la oposición política, de la derecha, y de los partidos medios confusos, como los de centro que hay en este país, y con eso logro el apoyo para llevar adelante esta reforma de cara a las ciudadanía, pero no se hizo así. Se hizo puertas adentro, con supuestos expertos, como que el pueblo no entiende nada, al pueblo se le conduce de la mano, ‘nosotros sabemos lo que hacemos’, etc., pero esa es la visión que tiene un político viejo y agotado como es el senador Zaldívar, que dice que la soberanía, la sapiencia está en la clase política, no en el pueblo”.[/cita]
Sin embargo, para Brunner esa tesis no es válida. “Si uno va reforma por reforma y alguien me dice que hubo una gran oposición a la reforma tributaria, es simplemente vivir en el reino de la fantasía. Los empresarios que podrían ser los principales opositores, porque efectivamente una parte importante de la carga tributaria que aumenta recae en sus espaldas, fueron los primeros en decir ‘mira, si efectivamente aquí hay un buen plan educacional, a nosotros nos parece bien’. Otra cosa es que, teniendo incluso la buena disposición del empresariado, el Gobierno bajo la inspiración de aquel primer grupo técnico, presidido por Arenas y por Peñailillo, diseñó de tal manera la reforma que se enredó el propio Gobierno completamente y al final se aprobó algo que no dejó contento a nadie y que a lo largo del tiempo ha venido cambiándose por una ley y por decenas de reglamentos. Entonces, no veo que sea una buena defensa el decir ‘es que hemos tenido una enorme oposición’, yo creo que ha tenido la más baja oposición y ha tenido críticas internas que no han sabido articular, ni conducir ni canalizar”, recalca.
La reforma educacional es mencionada por muchos como el real legado que pudiera dejar este segundo Gobierno de Bachelet. No obstante, el resultado aún es incierto y para varios analistas los cambios paradigmáticos de esta, en la práctica, son nulos.
Según explica Salazar, “para una reforma educacional como la que se propuso, yo busco el apoyo inmediato de los alumnos y los profesores, y me desentiendo de la oposición política, de la derecha, y de los partidos medios confusos, como los de centro que hay en este país, y con eso logro el apoyo para llevar adelante esta reforma de cara a las ciudadanía, pero no se hizo así. Se hizo puertas adentro, con supuestos expertos, como que el pueblo no entiende nada, al pueblo se le conduce de la mano, ‘nosotros sabemos lo que hacemos’, etc., pero esa es la visión que tiene un político viejo y agotado como es el senador Zaldívar, que dice que la soberanía, la sapiencia está en la clase política, no en el pueblo”.
En la misma línea, el historiador sostiene que con la agenda educacional ni siquiera se “está seguro que se acabe el lucro, no es seguro que se haya beneficiado la educación pública (…). La educación pública se ha ido deteriorando cada vez más durante la Concertación y El Mercurio aplaude ruidosamente porque los colegios públicos se están desmantelando, están quedando sin alumnos. ¿Qué efecto real está produciendo la reforma?”, se pregunta Salazar.
Tras el discurso del 21 de mayo, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, hizo un crudo análisis de la gestión en su columna donde sostuvo que Bachelet ha retrocedido en aquello que se atesoraba como lo más importante. “Al tratar de la reforma educativa la Presidenta debió relativizar, hasta casi suprimirla, la meta que se había trazado cuando, persuadida de que la educación era la llave maestra de la estructura social, decidió que la gratuidad universal contribuiría a resolver la desigualdad. Ahora se sabe que gratuidad universal no habrá, que en 2018 ella alcanzará recién a los seis primeros deciles y que el horizonte final deberá fijarlo la futura ley. ¿Cuál? Pues una ley cuyos contornos todavía se desconocen”.
Brunner, en tanto, se pregunta si “¿alguien puede pensar que se ha producido un real cambio en nuestros sistemas escolar y superior o bien que las leyes aprobadas guardan el potencial de efectuar una radical transformación en la calidad, efectividad, igualdad y pertinencia de las oportunidades de aprendizaje y su distribución social?”. Explica además que “la Presidenta ha incorporado lo de la gratuidad bajo fuego cruzado, porque luego de presentados los primeros proyectos que señalaron fin de la selección, fin del copago y fin del lucro, todo el mundo empezó a darse cuenta –y no solamente quienes éramos críticos públicos– de que en realidad estas medidas no iban a contribuir en nada a mejorar la calidad de las oportunidades educativas y de aprendizaje para los niños y jóvenes”.
Sin embargo, la Presidenta sigue, en el marco del mensaje, sosteniendo que la reforma va a ser profunda, de hecho en una entrevista con radio Duna, que realizó a días de su discurso en el Salón de Honor del Congreso, insistió en que la agenda gubernamental busca mejorar “la calidad” y agregó que “no he renunciado a la gratuidad universal, solo cambié que no vamos a alcanzar el 70%”.
Gran parte de los parlamentarios oficialistas insisten en que esta es la gran reforma de este Gobierno y que los resultados se van a comenzar a ver y que al final de esta administración el paquete de proyectos será una señal potente para la ciudadanía. “Hay 15 proyectos que cambian el paradigma y extirpan en gran parte el lucro que ha contaminado el sistema educativo por años”, asegura un diputado socialista.
Pero para Waissbluth el problema no dice relación necesariamente con el paquete de medidas en esta temática. “En Chile suele creerse que basta con legislar, y casi no se piensa en la implementación de las leyes. ¿Cómo se irá a implementar la Ley de Inclusión o la desmunicipalización?, ¿quién ha evaluado las dificultades de implementación de la reforma tributaria? Una de las reformas del Estado más urgentes es crear la largamente anunciada Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas, con la autonomía y potestad para evaluar la eficacia, implementabilidad, gestión e impacto de políticas, programas e instituciones”, aclara, y además advierte que la reforma de la educación superior “se encamina hacia una trifulca interminable de la cual no vamos a salir indemnes en este período de gobierno”.
A poco andar de la gestión Bachelet, los parlamentarios oficialistas empezaron a dar señales de que la nueva Constitución no se materializaría en este Gobierno. Lo que parecía una especie de rumor o análisis previo, quedó en evidencia en octubre de 2015, cuando la Mandataria dio a conocer el cronograma autoimpuesto del proceso constituyente.
“Siempre se pensó así, solo era iniciar el debate, nunca hubo real convicción de que esto pudiera llevarse adelante en tan poco tiempo, pero había que responder a lo que la ciudadanía estaba pidiendo”, explica un alto dirigente oficialista.
Lo cierto es que si bien el proceso avanza, los cuestionamientos han surgido de varios sectores y el Gobierno ha debido enfrentar tensiones con la Nueva Mayoría y con una oposición dura en este debate. Tal como lo explica Brunner, el proyecto “avanza a través del laberíntico, granular y líquido proceso de ‘participación-consulta-conversación-celebración comunitaria-focus group’ diseñado por el Gobierno, sin que se avizore todavía su dirección”.
En todo caso, en la entrevista radial antes mencionada, la Jefa de Estado dio muestras nuevamente de una maleabilidad inusitada en este proyecto. “Siempre estoy por la flexibilidad. No estoy por una cosa rígida que cambia la vida y que no se pueda ordenar”, al tiempo que recalcó que “voy a cumplir con enviar un proyecto de Constitución al Parlamento, aunque este sea tema de un próximo Congreso”.
Varios parlamentarios oficialistas manifiestan en privado su decepción con la Mandataria, de quien aseguran que nunca dio chances reales para que se materializara una Asamblea Constituyente. De hecho, el cronograma planteado por Bachelet apunta a que sea el próximo Congreso el que decida el mecanismo para la nueva Carta Magna, lo que no deja ningún grado de certeza, ni siquiera que la misma se discuta si es que el próximo Gobierno es de derecha, como muchos temen en el oficialismo.
“No creo que se logre nada”, sentencia Waissbluth.
En el oficialismo recuerdan una y otra vez el cambio radical que significa el término del sistema binominal, que consiguió despachar este Ejecutivo luego de años de intentos. Lo muestran como un trofeo significativo de los esfuerzos de este Gobierno para realizar modificaciones reales al sistema que por años organizó al país.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con lo expresado desde la Nueva Mayoría. Para Gabriel Salazar, el nuevo sistema electoral no modificará el statu quo político y solo es la representación de un gatopardismo que se replica en distintos ámbitos.
“Ellos le han dado mucha importancia a la reforma al binominal, como si eso hubiera limpiado y purificado la acción política, las prácticas políticas, pero sacaron un sistema electoral que la dictadura había implementado para beneficio de sí mismo y de la derecha, ok, sacaron eso, pero eso no ha limpiado la política. Eso no ha limpiado el problema ético de la política que tenemos hoy día hasta los huesos metido. No ha tenido ningún impacto real, entonces, ¿qué reforma es esa? En el fondo, lo único que hicieron es aumentar el número de políticos y de parlamentarios y, enseguida, buscar el financiamiento para la acción política de ese mayor número de parlamentarios”, asegura el Premio Nacional de Historia.
Los principales responsabilidades que surgen entre quienes aseguran que bajo ningún punto de vista se logró cumplir con las expectativas transformadoras de este Gobierno, dicen relación con Bachelet. Si bien todos reconocen la existencia de “elementos externos”, que van desde la economía internacional hasta el caso Caval, también apuntan a sus capacidades.
“Creo que faltó liderazgo en ella, reconociéndole todas las virtudes que tiene, pero, para hacer reformas tan profundas en un período en que hay una crisis internacional, se requieren condiciones de liderazgo que no las tiene desafortunadamente Michelle Bachelet”, sostiene Salazar.
Además, el historiador complementa asegurando que “el gran error político que ella tuvo es que negoció con la oposición y los partidos estos proyectos de reforma, sobre la base de comités internos, conversaciones con supuestos expertos en el tema, que de expertos no tenían mucho, en vez de buscar apoyo en los actores sociales involucrados”.
Para Carlos Peña, Bachelet incluso ha perdido la espontánea empatía que poseía en años anteriores y que “carece de las virtudes que se requieren para encender una épica de la transformación social como la que, sus redactores de discursos y sus asesores, insisten en imprimirle”.
Brunner con otros argumentos es igual de tajante y sostiene que el de ahora va a ser “un Gobierno más, no va a ser un Gobierno histórico ni va a ser recordado como un antes y un después, como le gusta decir a alguna gente, ni tampoco como un Gobierno que introdujo un nuevo modelo de desarrollo del país o que cambió el paradigma de las políticas, no me parece. Me parece que acentuó más el espíritu reformista, pero que tuvo que enfrentar la mala gestión, aunque por otro lado tuvo condiciones objetivas mucho más complicada que cualquiera de los gobiernos anteriores casi con excepción del Gobierno de Aylwin”.
“Hay una percepción muy nítida de que este es el Gobierno con la gestión más baja de todos los gobiernos que hemos tenido desde 1990 hasta hoy día” y, añade en particular respecto a Bachelet, que “va a pasar como una persona que puesta bajo presión por su propio programa mostró que no tenía las habilidades de conducción de un plan tan ambicioso que probablemente era imposible de llevar a cabo. Pero, en todo caso, ella misma mostró que no estaba en condiciones de dirigir un proceso donde se había autoimpuesto un programa completamente exagerado, maximalista o como se le quiera llamar”.
No obstante, también Brunner le entrega un espaldarazo a la Presidenta al señalar que tuvo la capacidad de mantener el rumbo institucional en un momento complejo del país y no seguir a quienes la azuzaban para que cumpliera todo. “Le tocó enfrentar situaciones en general muy complejas en el plano político, un ciclo de escándalo que reveló por debajo de eso algo más serio todavía, que es una crisis de nuestras élites dirigentes en todos los campos. En fin, ese es un movimiento más geológico de la sociedad que demora más años en despejarse y este Gobierno intentó hacer un programa completamente exagerado hasta que se golpeó contra la pared dentro de esta nueva situación y a su favor lo que va a quedar claro es que, sin embargo, se mantuvo estrictamente dentro de la institucionalidad”.
Con todo, entre sus colaboradores todavía existe la idea de que al final de su mandato la Jefa de Estado y su Gobierno puedan tener mejores cifras de aprobación y un balance más equilibrado respecto de los alcances del mismo. Algunos apuntan de todos modos a que, tras el paso de los años, esta gestión será recordada como “la que hizo más en 25 años para cambiar las cosas”, asegura un parlamentario oficialista.
Otros señalan que con la decisión –casi obligada por los temas de financiamiento irregular de campañas– de sacar del comité político al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Hacienda, Alberto Arenas, quienes fueron los principales promotores del programa reformista, se terminó por descartar el objetivo final del mismo. En el oficialismo se reconoce, hoy, que el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha ganado influencia en la Presidenta y con ello, también, una visión más “mesurada y conservadora” de los proyectos.
Sin embargo, la propia Presidenta ha dado muestras de sus “derrotas”.
Así, en el último consejo de gabinete que se realizó en La Moneda, la propia Mandataria pidió una “ejecución prolija y rigurosa de esas tareas en cada uno de los sectores”. Dando muestras de que efectivamente hay reparos porque las cosas se han hecho mal. No obstante, en esta permanente dualidad, también pidió enfatizar «la mirada de productividad, de fomento al crecimiento económico y el empleo», haciendo como siempre “guiños” a los sectores empresariales.
La frase que la Presidenta de la República entregó la semana pasada, en el 21 Congreso de la Democracia Cristiana de América, expresa la sensación que ella misma tiene sobre su obra y los propios límites que se autoimpuso. «Hemos enfrentado problemas por construir grandes reformas políticas en educación, en el sistema tributario, en las relaciones laborales, en probidad, en transparencia. Es cierto, pero más cierto aún es que hemos evitado al país las grandes explosiones sociales o la crisis de gobernabilidad que se derivan de no actuar ni querer actuar a tiempo», recalcó.
