Gremialismo siente que ‘va perdiendo por 10 goles’ y buscará ‘hombres fuertes’ del oficialismo
Casi transversalmente en los partidos se sostiene que el Ministerio Público, al iniciar la indagatoria contra el ex ministro Jorge Insunza, está buscando dar señales de su imparcialidad en los casos de financiamiento irregular de la política. No obstante, en la UDI no se dan por satisfechos e insistirán en acusar una desproporción y desigualdad de trato de la Fiscalía. Apuntan a que aún no se toca a verdaderos peces gordos de la Nueva Mayoría y La Moneda, que pudieran estar involucrados en financiamiento irregular. En tanto, el PPD evitó realizar algún tipo de defensa corporativa en favor del ex titular de la Segpres.
“A la Fiscalía la pillaron y no pudo hacer más que ir por uno del otro lado”. Así explica un senador de la UDI la acción del Ministerio Público al iniciar por oficio una investigación por posibles delitos de cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios, en contra del ex ministro de la Segpres y ex diputado PPD, Jorge Insunza, que pudieron haberse cometido a partir de las asesorías que prestó al holding minero de la familia Luksic, Antofagasta Minerals, mientras era diputado y presidía la Comisión de Minería de la Cámara.
En el gremialismo aseguran que no hay dudas en cuanto a que la Fiscalía respondió así a la presión mediática y política que se ejerció después que se confirmara, la semana pasada, la prisión preventiva en contra del desaforado senador y ex militante de la UDI, Jaime Orpis, quien es investigado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, en el marco del Caso Corpesca.
«Los antecedentes de la Fiscalía sobre Insunza los tenían hace demasiado tiempo, es raro que recién ahora se les ocurrió hacer algo», sostuvo un parlamentario UDI.
¿Teoría del empate? Al menos en la tienda de calle Suecia sostienen que hay pocas dudas de que el Ministerio Público está buscando eso. Sin embargo, en la colectividad que dirige el senador Hernán Larraín están lejos de sentirse satisfechos con la acción en contra del ex secretario de Estado. De hecho, aseguran que en “este partido estamos siendo derrotados como por 10 goles, así que de empate nada”.
“Es un trato desigual, ya que hay personas en situaciones similares y ni siquiera están siendo objeto de investigación (…) no hay igualdad de trato, hay injusticia». Eso decía en la mañana de ayer el propio Larraín al visitar, junto a la directiva de la UDI, a Orpis en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
Muchos en ese partido apuntan a que este tipo de declaraciones no se deben detener. En el gremialismo apuestan por seguir presionando al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que se sigan realizando acciones contra aquellos en la Nueva Mayoría involucrados en platas irregulares de la política.
“Como nos vamos a quedar tranquilos si, por ejemplo, a Carlos Bombal lo formalizaron por delitos tributarios por $4 millones y al ex embajador del PPD, Alejandro Bahamondes, por $25 millones no le ha pasado nada”, asegura otro legislador gremialista, quien añade que “la Fiscalía sigue cargada para un lado”.
En la UDI manifiestan que en contra de su partido se ha actuado contra figuras relevantes, como Pablo Longueira, Jovino Novoa o el mismo Orpis, no obstante, en el oficialismo se habría “cortado por el hilo más delgado”. De hecho, varios parlamentarios gremialistas recuerdan el caso del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), como uno de los hombres fuertes y ligados directamente a la Presidenta Michelle Bachelet, que “hasta el momento ha salido impoluto”, pese a estar involucrado –según ellos– en financiamientos irregulares.
“Quizá Abbott quiso actuar de manera más imparcial, pero acá se ha actuado al ritmo de otros fiscales… como por ejemplo, Carlos Gajardo”, puntualizó un legislador de oposición, quien además asegura que el jefe del órgano persecutor no ha podido, “por distintos motivos”, mantener la línea de acción que a él le hubiera gustado implementar para “bajar” la intensidad de las indagaciones a políticos.
Víctor Pérez, senador gremialista, señaló que esta medida de la Fiscalía se explica porque “creo que la pillaron en falta y les da vergüenza. Por eso han iniciado la investigación en contra del ex ministro Insunza sobre hechos exactamente iguales a los que se le acusan a Jaime Orpis. Hechos que la Fiscalía conocía hace más de un año, escondidos en un cajón y, como han quedado en evidencia de un trato discriminatorio sectario, han anunciado que van a investigar al ex ministro, información que espero sea cierta”.
Por su parte, la senadora Jacqueline van Rysselberghe indicó que “había un sesgo tan escandaloso que obligó a la Fiscalía a pedir los antecedentes, pero recordemos que ellos se demoraron un año para pedir antecedentes, no están haciendo nada más que eso. Mi pregunta es, después de eso, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto se van a demorar, un año más, dos años más en formalizarlo? Porque la verdad, al ritmo que van con la Nueva Mayoría, no habrá ningún formalizado”.
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En el Ministerio Público algunos coinciden con la tesis de la UDI. Apuntan a que Insunza es el hombre que debió pagar los costos de la inmolación para demostrar que en la Fiscalía no existe sesgo político. Sin embargo, varios parlamentarios aseguran que efectivamente el ex diputado PPD no es un hombre que tenga muchas redes o lidere algún sector en ese partido, por lo que, a pesar de ser un ex ministro, “sigue siendo una figura menor”.
“No tiene nada que ver, los fiscales tienen la facultad para investigar, la investigación por sí sola no significa que haya un hecho irregular sino que se ha estimado necesario investigar algo. Pero no es el Gobierno el llamado a señalar cuáles son las razones de los tiempos y de las decisiones que toman los fiscales». Así respondió ayer el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, al ser consultado respecto a si la acción en contra de Insunza empañaba la imagen de la jefa de Estado.
Varios en el oficialismo aseguraron que la definición del vocero no fue lo suficientemente tajante como había sido en otros casos. Apuntan a una mesura del ministro ante la eventualidad de que los hechos sigan escalando y se pueda salpicar aún más al círculo cercano a Bachelet.
De hecho, El Mostrador publicó ayer que en el entorno de Marcelo Díaz hay un nexo que podría resultar al menos incómodo con este caso, debido a que en Sistemas Consultores Ltda. –una de las empresas investigadas que formó Insunza y que vendió informes a Codelco– trabajó esporádicamente por algunos meses el propio ministro Díaz.
En la firma se quedó trabajando Mauricio Bugueño Mundaca, quien desde 2007 compartió la propiedad con Viviana Insunza, hermana del ex ministro y quien dejó la participación en esta sociedad en junio de 2015 para comenzar a trabajar en el Gobierno, donde actualmente se mantiene como jefe de gabinete de Marcelo Díaz.
Desde la oposición apuestan a que efectivamente se puedan seguir conociendo antecedentes en las investigaciones sobre financiamiento irregular de la política que, por ejemplo, pongan en tela de juicio la campaña de la actual Mandataria. “Hay que recordar que todavía Giorgio Martelli no ha dicho todo lo que sabe, y muchos dicen que está solo, por lo que quizá diga más de lo que se piensa en la Nueva Mayoría que vaya a decir”, sostiene un parlamentario gremialista.
Más allá de que hay mediana y transversalmente coincidencia sobre los objetivos que busca el Ministerio Público, existe todavía más coincidencia en que los elementos objetivos para la acción legal contra Jorge Insunza son reales.
Es tan así, que en el propio PPD se decidió no realizar por ningún motivo una defensa corporativa del ex titular de la Segpres y dejarlo todo en manos de la directiva, la que ayer hizo público un comunicado donde se evidencia que el ex parlamentario se quedó solo.
“El PPD reconoce las facultades y obligaciones del Ministerio Público para hacer estas indagatorias, y es respetuoso ante el funcionamiento de las instituciones”, dice parte del texto que añade que “el ex diputado Insunza debe estar disponible y, según ha comunicado a la Mesa Directiva Nacional, entregará toda la información requerida por la Fiscalía y colaborará con la indagatoria en curso”.
El PPD además anunció el congelamiento de su militancia y recalcó que “entendemos que las responsabilidades personales, que eventualmente configuren delitos e impliquen un procesamiento judicial, deben ser asumidas de manera individual por quienes corresponda”.
Ayer, en el Congreso, pocos parlamentarios de la colectividad quisieron comentar o profundizar la situación, pero coincidieron en gran parte con lo comunicado oficialmente.
“Yo imagino que la Fiscalía tiene antecedentes para fundar la acusación y hay que ser prudentes, por supuesto. No soy partidario de colgar a nadie en la plaza pública, pero me parece que hay que respetar los procesos judiciales, y si la justicia considera que tiene antecedentes, bueno, tendrá que comprobarlo y Jorge Insunza tendrá que defenderse. Conozco hace muchos años su actividad, y por lo menos desde el año 93 se dedicaba a eso, pero a él le corresponderá comprobar que su relación era de trabajo efectivo y no de pago por servicios políticos”, sostuvo a El Mostrador el diputado ex PPD, Pepe Auth.
No obstante, en la Nueva Mayoría otros fueron más directos en rechazar el actuar de Insunza y, por ejemplo, el diputado del PS, Fidel Espinoza, explicó a este medio que “obviamente que se está investigando porque hay elementos más que suficientes. Yo fui uno de las primeros que lo dije cuando asumió Insunza, que esto nos iba a traer dolores de cabeza permanentes. El mismo día que asumió, y eso generó molestia en algunos sectores políticos, pero era la verdad. Aquí, independientemente de que hay algunas investigaciones que se han demorado un poco más, está investigándose lo que se tiene que investigar. Jorge es una excelente persona, pero cometió errores, era presidente de la Comisión de Minería y tenía vínculos con la empresa minera y eso no puede ocurrir”, sentenció.
