En una minuta que fue enviada a todos los rectores, a días de que el proyecto ingrese al Congreso Nacional, se establece que, respecto a los establecimientos de educación superior que estén adscritos a gratuidad, los aranceles serán controlados y en otras se fijará el precio para los de alumnos con becas y créditos.
A pocos días de que el proyecto de reforma a la educación superior ingrese al Congreso Nacional, el gobierno envió una minuta a todos los rectores donde se explica el contenido de la iniciativa gubernamental.
Según consigna La Tercera, el proyecto establece que será la subsecretaría la que estará a cargo de administrar el financiamiento del sistema: las becas, el Crédito con Garantía del Estado (CAE), otros aportes directos que reciben las instituciones, entre ellos, la gratuidad. Beneficios que serán otorgados bajo nuevos requisitos.
De igual modo, el proyecto resuelve un punto que preocupa a las autoridades académicas: la regulación de los aranceles. Tal como recuerda el matutino, hoy esta medida rige solo en las 30 universidades que adscribieron a la gratuidad y para aquellos alumnos que se matricularon bajo el nuevo beneficio.
De acuerdo al documento, se amplía esta regulación a toda la matrícula de estas instituciones, y se extenderá a planteles que no están en gratuidad, pero que reciben fondos públicos.
De igual modo, aclara que no habrá ningún control arancelario para el grupo de alumnos que estudien sin beneficios estatales. Es decir, los planteles que no reciban fondos públicos no estarán sometidos a regulaciones de este tipo.
La minuta deja en claro lo siguiente: en 2017 se sumarán a la gratuidad los estudiantes de los cinco primeros deciles matriculados en los CFT e IP, que tengan cuatro años de acreditación y que no persigan lucro. Y para 2018 se avanzará al sexto decil de ingresos.
Respecto de los sectores de mayores recursos, el documento señala que habrá una “ruta con indicadores fiscales para cubrir los deciles 7°, 8°, 9° y 10° y ello se establecerá respecto de los puntos adicionales de la recaudación fiscal estructural respecto del PIB tendencial”.
Es decir, la gratuidad para los deciles superiores dependerá de la capacidad de recaudación tributaria que el fisco adquiera en forma permanente, para lo cual se considerará la proyección que un grupo de expertos realiza para el Producto Interno Bruto (PIB) tendencial.
Al respecto, los voceros de la Confech hicieron ver al Ministerio de Educación que el avance de la gratuidad universal exigiría ocho puntos sobre el PIB tendencial. La fórmula implicaría un 1% por sobre el PIB tendencial para pasar del sexto al séptimo decil, otro para llegar al octavo, tres para acceder al noveno y otros tres para cubrir al sector más pudiente.
La pregunta que se hacen varios expertos es qué fórmula de financiamiento propondrá el gobierno en el proyecto.
Por su parte, la diputada PC Camila Vallejo reaccionó: «No creo que esta sea la fórmula correcta (PIB tendencial), el gobierno y particularmente Hacienda tiene que abrirse a otras propuestas. Esta idea abre la incertidumbre en torno a un compromiso que tiene que estar mejor definido. Entendemos que la situación es compleja, pero que el proyecto no venga con claridades respecto a cuándo se alcanzará la gratuidad no es lo más apropiado”.
