De igual modo, la iniciativa prohibe la participación de personas jurídicas con fines de lucro en la educación superior.
El proyecto de Reforma a la Educación Superior contempla sanciones para quienes desvíen fondos institucionales. Si bien el gobierno no quiso tipificar el lucro como delito, sí estableció penas de cárcel para quienes cometan el delito de apropiación indebida.
Tal como consigna La Tercera, la iniciativa prohibirá el lucro en todas las instituciones que reciban fondos públicos, incluyendo CFT e IP. Quienes desvíen recursos para fines distintos de los educacionales que aparecen en sus estatutos, deberán devolverlos y pagar una multa de hasta un 50 por ciento del monto mal utilizado.
La última minuta entregada a parlamentarios de la Nueva Mayoría señala lo siguiente: «En caso de no devolver dichos recursos a la institución, se configura el delito de apropiación indebida que se establece en el Código Penal, pudiendo la pena llegar hasta cinco años de cárcel».
El Ejecutivo busca sancionar el retiro de utilidades y desvío de fondos con penas de cárcel, sin la necesidad de crear el delito de lucro en las instituciones de educación superior.
Asimismo, el proyecto establece que se «prohibirá la participación de personas jurídicas con fines de lucro en las instituciones de educación superior y se resguarda que entidades que lucran puedan tener el control de manera indirecta».
De igual modo, «prohibirá las operaciones de las instituciones con sus dueños (organizadores asociados), sus controladores o autoridades superiores (…) se regularán las operaciones con otras personas relacionadas, a un precio justo».
Y la superintendencia podrá solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del plantel, en caso de que “el problema del lucro haga peligrar el proyecto institucional”.
Al respecto, el diputado DC Fuad Chaín sostuvo: «A mí me parece que sería mejor crear una figura penal específica para sancionar el lucro, porque la apropiación indebida como conducta típica es difícil de constituir bajo el marco de lo que conocemos como lucro. Entonces, considero que es mejor penar esa conducta creando un tipo penal especifico».
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, dijo con esto «se avanza, pero aún es débil el régimen para sancionar el lucro. Esto, principalmente porque todas las decisiones quedan en manos de un organismo administrativo, que es la superintendencia. Debe permitirse que una persona cualquiera pueda acudir a los tribunales de justicia y presentar una denuncia, y no que dependa de la autoridad administrativa o gobierno de turno».