La “Clínica Santa Lucía”, ubicada en el N° 162 de la calle del mismo nombre, estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) luego del golpe de Estado.
El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, encabezó una emotiva ceremonia en la que se instaló una placa que identifica como Monumento Nacional al ex centro de tortura y detención “Clínica Santa Lucía”, reconocido recinto donde se registraron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que se encuentra ubicado a un costado del cerro del mismo nombre en Santiago.
La “Clínica Santa Lucía”, ubicada en el N° 162 de la calle del mismo nombre, estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) luego del golpe de Estado.
En la ceremonia participaron además la señora Ángela Jeria; el Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales, Ángel Cabeza; Catalina Lagos, Secretaria Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos López Dawson; y el presidente de la Corporación Sitio de Memoria ex Clínica Santa Lucia, Samuel Houston. Junto a ellos, una enorme cantidad de miembros de las diversas entidades que conforman el movimiento de derechos humanos. Entre ellos, el ex director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien estuvo detenido en ese lugar.
El Ministro Osorio detalló los esfuerzos que el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, realiza para la preservación patrimonial de la “memoria dolorosa de la historia reciente de la patria”. Al respecto, mencionó que el edificio y el terreno donde se emplaza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son propiedad fiscal, que se entregó en concesión de largo plazo a la Fundación que administra el proyecto; y que en el marco del Programa Nacional de Rutas Patrimoniales de Bienes Nacionales, existe la “Ruta Patrimonial de la Memoria”, con 14 hitos de la Región Metropolitana.
También consignó otros esfuerzos realizados en la materia, como la transferencia gratuita de un inmueble fiscal para la sede de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); las entregas en concesión de largo plazo del ex cuartel de la DINA ubicado en la calle Londres a la entidad Espacio de Memoria Londres 38 y de un inmueble fiscal para el Centro Cultural Memoria y Museo de Neltume; o la renovación en mayo pasado de la concesión del propio inmueble de Santa Lucía N° 162 a la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Asimismo, indicó, “el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado su pronunciamiento favorable cuando el Consejo de Monumentos Nacional nos ha solicitado una opinión, en la calidad de propietario, a la hora de resolver la declaratoria de monumento nacional de un inmueble fiscal que, a la vez, constituye un sitio de memoria. Es el caso de la denominada Clínica Santa Lucía”.
El Secretario de Estado agregó que “la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica no son expresión de mera necesidad de coyuntura, sino que una responsabilidad permanente del Estado y de la sociedad chilena; no nos distraen de otras tareas importantes, porque siempre constituirá un tema prioritario; no nos atrapan en el pasado, sino que nos proporcionan claves para hoy acometer la construcción del futuro, que requiere siempre asumir en profundidad la propia historia”.
Al respecto, dijo, “asumiendo que el terrorismo de Estado se albergó, también, en bienes fiscales, como este, nuestra contribución es la habilitación de sitios de memoria”.
A la ceremonia asistió Ángela Jeria, madre de la Presidenta Michelle Bachelet, quien se mostró muy emocionada relatando que “desde que regresé del exilio, después de que me detuvieran y expulsaran, don Jaime Castillo Velasco me pidió que me incorporara a la Comisión Chilena de Derechos Humanos que entonces estaba recién naciendo. Desde ese momento trabajé en ella. Incluso Michelle desde muy joven en los años 80 colaboró en la Comisión y colaboró en el trabajo del retorno de los exiliados”.
“Este tipo de actos, como dijo el Ministro, visibiliza lo ocurrido para mucha gente que pasa por acá y ve una casa más. Ahora sabrán las cosas que ocurrieron y por lo tanto yo espero que todos ellos se sumen a defender Chile en contra de los hechos de terror que vivimos”, sostuvo.
El Presidente de la Corporación Sitio de Memoria ex Clínica Santa Lucía, Samuel Houston, indicó que “esta placa visibilizará para los chilenos y los extranjeros que transiten por este lugar, lo sucedido en esta casa. Lo hacemos para reconocer a las personas que pasaron por aquí y a nombre de quienes sufrieron también en otros lugares”.
El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos López Dawson, señaló que “esta casa es la expresión de la memoria para recordar lo sucedido”.
En la oportunidad, el Ministro Osorio leyó un mensaje que le hizo llegar el Seleccionado Nacional de Futbol, Jean Beausejour, en el que indicó que “en mi abierto compromiso con los Derechos Humanos en Chile y el mundo, les envío mis más sinceros y humildes saludos a los que luchan día a día por construir un Chile más justo y democrático”.
En 1973, tras el golpe de Estado, el inmueble fue utilizado por agentes de la dictadura, como infraestructura de apoyo sanitario, médico y logístico de los centros de detención y tortura de la Región Metropolitana. Los detenidos eran llevados a esa clínica para recibir tratamiento luego de haber sufrido torturas. Allí permanecían vendados, amarrados a la cama, sometidos a amenazas y a presión psicológica. El recinto funcionó también como clínica privada para miembros de la DINA y sus familiares.
Existen antecedentes de 13 personas que habrían desaparecido en el lugar. Los casos de la periodista Diana Aron y la estudiante Michelle Peña, embarazada de ocho meses, fueron destacados en su intervención por el Ministro Osorio.
De manera unánime, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó en diciembre del año pasado declarar Monumento Nacional al inmueble. Los consejeros fundamentaron su decisión manifestando que “el inmueble es testimonio de la instalación de un sistema de violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar”. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales se consignó que “el nuevo espacio de memoria es un reflejo de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado; su preservación en el tiempo es una contribución a la educación en la promoción de los derechos humanos”.
El inmueble, construido en 1934, es obra del arquitecto Alberto Cruz Montt (1879‐1955), destacado arquitecto nacional de principios del siglo XX.
