Opinión
No tiene sentido continuar con un sistema de financiamiento que no responde adecuadamente a la estructura de los costos. La razón es simple (¡y la propuesta criticada por el ministro se hace cargo!): si el grueso de los costos de un establecimiento es el sueldo a los profesores y, a su vez, una sala que, por ejemplo, tiene 35 alumnos requiere el mismo profesor que una sala con 30, no puede ser que el financiamiento de ese colegio baje en directa proporción con esa reducción de 5 estudiantes.
Tal es la primacía del pensamiento tecnocrático sobre los valores democráticos en el Gobierno, y en gran parte de la prensa, que a propósito de la notoria vuelta de carnero que se ha dado el Ejecutivo en el debate sobre gratuidad en la educación superior, se ha querido presentar el no cumplimiento de un compromiso de campaña como una prueba de seriedad.
En este marco de confusión y de licencias que se toman principalmente los economistas para alzar la voz en momentos de bajo crecimiento, aprovechando tales circunstancias para retomar el control político y contener las ansias por la expansión de derechos sociales, es que se inscribe la reciente disputa entre la diputada Camila Vallejo y el ministro Hacienda Rodrigo Valdés, a propósito de la indicación aprobada por la Cámara de Diputados en que se mandata al Ejecutivo a enviar el próximo año una nueva ley de financiamiento, cuya fisonomía sería estructuralmente distinta al esquema actual de financiamiento a la demanda (es decir, sistema de voucher).
Más allá de lo raro de la situación –una ley que fuerza al Gobierno a mandar otra ley– y de que es poco probable que esta estrategia legislativa sobreviva en el Senado, vale la pena reparar en el debate de fondo que la propuesta contiene.
Sucede que, pese al intento del ministro de Hacienda de ubicar a los diputados en la vereda opuesta a la disciplina y la seriedad, la propuesta aprobada en el Parlamento parece totalmente razonable. Es así como, en su primer punto, señala: “El financiamiento por escuela se determinará según matrícula, remuneraciones de trabajadores de la educación, características de la población que atiende, infraestructura, equipamiento, materiales según las modalidades educativas, ubicación geográfica y transporte de sus estudiantes”.
¿Cuáles serían los argumentos de peso para oponerse a una reforma que vaya en esta dirección? ¿Cuáles serían las virtudes del esquema actual que explicarían que, luego de más de la mitad del período presidencial, el Gobierno no tenga una propuesta seria de reforma al respecto? ¿Por qué se insiste con tanta tozudez en un sistema de financiamiento relativamente excepcional a nivel mundial y que ha mostrado resultados que, en el mejor de los casos, son modestos?
El sistema de financiamiento de los colegios en Chile es parte de un experimento neoliberal, cuya principal promesa, claramente no cumplida, consistía en que el financiamiento por estudiante sería un mecanismo eficiente para promover calidad en el sistema, a saber, el financiamiento por estudiante haría perder recursos a los colegios deficientes y, en cambio, premiaría a los colegios de calidad, generando una dinámica pro calidad.
Habiéndose comprobado el fracaso de esta promesa, no tiene sentido continuar con un sistema de financiamiento que no responde adecuadamente a la estructura de los costos. La razón es simple (¡y la propuesta criticada por el ministro se hace cargo!): si el grueso de los costos de un establecimiento es el sueldo a los profesores y, a su vez, una sala que, por ejemplo, tiene 35 alumnos requiere el mismo profesor que una sala con 30, no puede ser que el financiamiento de ese colegio baje en directa proporción con esa reducción de 5 estudiantes.
[cita tipo=»destaque»]Si se mantiene el financiamiento por estudiante como fracción principal del presupuesto de los colegios, los ingresos de las escuelas públicas bajarán aún más en este período de transición. Por esto, un Gobierno responsable y con algún compromiso con sus colegios públicos, no puede mantener este esquema de financiamiento, exponiendo a sus escuelas a un círculo vicioso.[/cita]
Hay, además, un conjunto de otras razones que hacen urgente reformar este sistema.
Por un lado, así como la evidencia académica es débil respecto al impacto positivo de la competencia sobre el Simce (medida parcial y sesgada de calidad), esta es muy contundente sobre el impacto negativo de la competencia en la segregación escolar. En otras palabras, tenemos muy claro sus costos y en cambio sus beneficios son discutidos. A su vez, existe evidencia principalmente cualitativa que da cuenta de la tensión que estas dinámicas de competencia generan en las comunidades educativas, en el currículo, en las prácticas pedagógicas, etc.
Por otro lado, la Ley de inclusión, aunque fue un avance importante en muchos aspectos, va a generar una fuerte presión a la matrícula pública. Dado que el efecto principal de esta ley va a ser el acceso de los estudiantes a los colegios particulares subvencionados sin restricciones monetarias y de otro tipo (como entrevistas), y considerando que las mejoras del sistema público llegarán, en el mejor de los casos, más tarde que los principales efectos de la ley de inclusión, lo más probable es que en los próximos cinco años la matrícula pública tenga una fuerte merma.
De este modo, si se mantiene el financiamiento por estudiante como fracción principal del presupuesto de los colegios, los ingresos de las escuelas públicas bajarán aún más en este período de transición. Por esto, un Gobierno responsable y con algún compromiso con sus colegios públicos, no puede mantener este esquema de financiamiento, exponiendo a sus escuelas a un círculo vicioso.
Además de emprender otras medidas urgentes que mejoren hoy la situación de las escuelas públicas (muchas de las cuales no requieren cambios legales), el Gobierno debe dar estabilidad presupuestaria a las mismas en este contexto turbulento de transición a otro sistema.
En síntesis, la indicación promovida por la diputada Vallejo, aunque difícilmente podría interpretarse como un triunfo, sí da cuenta de un intento serio por poner algo de cordura en la forma en que financiamos nuestras escuelas. Sin pretender usar las palabras que tuvo el ministro Valdés para los abnegados empresarios de nuestro país, se puede decir que sus alegatos contra la propuesta de revisar el financiamiento de nuestras escuelas parecen, por decir lo menos, algo destemplados.
