Afirma que habrían más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos
“La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción”, sostiene el persecutor de la Fiscalía Regional de O´Higgins.
El fiscal que lleva la investigación del Caso Corpesca, Emiliano Arias, admitió que se están investigando nuevas aristas respecto a más pesqueras involucradas en posibles delitos de cohechos a parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca, afirmando que existen indicios respecto a que podrían haber más situaciones como el que afecta al desaforado senador y ex militante de la UDI, Jaime Orpis. Además, señala que en la génesis de la normativa que regula la pesca en el Congreso “hubo corrupción”.
El persecutor afirma que hay tres antecedentes que llevaron al Ministerio Público a abrir nuevas aristas de investigación como es el caso de una serie de correos electrónicos entre empresarios pesqueros para coordinar lobby con parlamentarios durante la tramitación de la denominada Ley Longueira.
El otro antecedente que el fiscal Arias descubrió fue que casi todas las empresas pesqueras realizaron rectificaciones ante el SII de impuestos no pagados en 2012, año en que se tramitó la modificación legal.
Además, el persecutor explicó que además del caso Corpesca, donde estarían acreditados incentivos pecuniarios a algunos parlamentarios como al senador Jaime Orpis, también se requiere investigar el alcance que tuvieron los pagos recibidos por el diputado Iván Fuentes de parte de pesqueras de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador DC, Patricio Walker.
“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”, explicó el fiscal, agregando que también se están indagando a las pesqueras del Biobío, las cuales en su mayoría se asocia en Asipes.
“A lo que estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delito que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca”, señala en entrevista con La Tercera.
En cuanto a la colaboración que han tenido las empresas en la investigación, Arias señala que están colaborando y que ya se han realizado las diligencias respectivas, indicando que “el resto de las coincidencias, si es que existen, vienen ahora en el análisis, cuando ya entremos en un terreno que podría llevarnos a inclinar la balanza hacia lo constitutivo de delitos, que podría ser la existencia de rectificatorias por boletas ideológicamente falsas asociadas a un parlamentario que haya participado en la votación de la Ley de Pesca”.
En ese sentido, explica que de acuerdo a los primeros indicios “puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación”.
El fiscal también fue consultado por la legitimidad de la Ley de Pesca, admitiendo que es una ley donde existe corrupción, lo cual está acreditado en el caso que afecta al senador Orpis.
“La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción”, concluyó el persecutor del caso Corpesca.
