¿No + AFP? Ok, pero ¿cómo las reemplazamos?

Tal como expliqué, detalladamente, en mi anterior columna, el vigente sistema de pensiones (iba a decir “nuestro”, pero la dolorosa verdad es que no es nuestro sino de quienes se aprovechan de nosotros por su intermedio) es abominable. Es un sistema abusivo diseñado de manera expresa para que, gracias a las comisiones anticipadas, las AFP obtengan pingües ganancias a costa de sus afiliados. Además, fundamentalmente por esa misma razón, es caro, poco rentable e inequitativo. Agreguemos que es opaco y tenebroso (recuerde las “comisiones fantasmas”); que ha subsistido durante 35 años solo porque las AFP han ocultado, a punta de falsedades y medias verdades, sus reales costos y rentabilidades; que su operación, tal como está estructurada, acrecienta la enorme desigualdad de nuestra sociedad; y que, como broche de oro, entrega pésimas pensiones.

Ese es el cuadro completo. Es un sistema que le hace daño no solo a los afiliados, sino a todo el país. Una mugre de sistema. Que se haya mantenido durante 35 años nos da una idea del grado de compromiso que han tenido nuestras autoridades con el bienestar ciudadano. Y también, no faltaba más, nos obliga a preguntarnos acerca de las verdaderas razones que ellas tuvieron para mantenerlo.

En este Chile cada vez mejor informado —y, en consecuencia, cada vez más consciente de sus derechos y más dispuesto a exigirlos—, un sistema tan aberrante y abusivo no tiene cabida. Como bien lo ha planteado ese millón de ciudadanos hastiados que ha salido a la calle a expresar su protesta, debe ponérsele fin ahora ya. Sin dilación alguna.

Pero ¿cómo? ¿Cómo se logra acabar con un sistema que, en contra de los intereses ciudadanos, es defendido por los políticos —la inmensa mayoría de los parlamentarios, los ministros, la misma Presidenta— a brazo partido?

Excelente pregunta, ¿no le parece? Bueno… le tengo otra mejor: si consiguiéramos cambiarlo, ¿qué sistema alternativo deberíamos elegir en su reemplazo?

Lo invito a que intentemos contestarlas.

¿Cómo conseguiremos cambiar el sistema?

Como pudo apreciarse en la propuesta que presentó Michelle Bachelet, cambiar el sistema previsional vigente no será tarea fácil. En un sistema político gangrenado por la corrupción —como para nuestra desgracia es el nuestro—, son demasiados los intereses que confluyen para defender sus bases. Donde hay tanto dinero en juego, quienes lo reciben harán todo lo posible por mantener su flujo de ingresos, aunque ello perjudique al resto de los ciudadanos. Aquí, los escrúpulos quedan de lado. También la responsabilidad con los electores. Seguramente, es por eso que en la proposición presidencial las AFP quedan indemnes y las comisiones anticipadas, la principal causa del problema, ni siquiera son mencionadas. ¿Qué otra justificación podría existir? Cuando el río suena…

En tan penoso escenario, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos? Como víctimas en esta historia, ¿qué acciones podemos tomar?

Por cierto, las movilizaciones son un medio de presión. Mientras más masivas, mejor. No obstante, deben ser complementadas con medidas concretas que, en lo posible, tengan consecuencias económicas para los victimarios. Permítame proponerle un par de ellas.

No siga botando la plata; cámbiese de AFP

Observe el siguiente cuadro, que elaboré sobre la base de las cifras oficiales de comisiones y rentabilidades mensuales publicadas por la Superintendencia de Pensiones en su sitio web. En él se muestra cuál sería la situación de un afiliado que hubiese aportado 2 (dos) UF mensuales al fondo C durante los últimos 2 años en cada una de las AFP. Las cifras están en UF:

La columna “Total de cotizaciones” muestra la cantidad de UF que se habría restado del sueldo del afiliado del ejemplo por dicho concepto durante el período indicado. Varía entre AFP porque la cotización es distinta dependiendo de a cuál de ellas se esté afiliado. Si usted está afiliado a Provida, por ejemplo, cotizará el 11,54% de su sueldo. Si lo está a Modelo, solo el 10,77%. Como puede apreciar, no da lo mismo donde cotice.

El “Total de cotizaciones” es aquí la cifra mágica, porque ella es la inversión que usted realiza. En un sistema de capitalización individual, usted, yo y cada afiliado somos inversionistas, y el total de cotizaciones es el monto de nuestra inversión. Es el dinero, nuestro dinero, que ponemos a disposición de las AFP para que ellas, por nuestra cuenta, lo administren en el mercado de capitales y nos generen una buena rentabilidad, cobrándonos por ello las comisiones de administración correspondientes.

Ok, ahora observe de nuevo el cuadro. Está elaborado, lo repito, sobre la base de cifras oficiales tomadas del sitio de la SP. Como puede usted apreciar, en todos los casos el afiliado pierde plata, ya que su fondo acumulado es menor que las cotizaciones efectuadas. Ello porque los intereses ganados no compensan a las comisiones pagadas en el lapso considerado. De hecho, son muy inferiores a ellas (por ese escandaloso asunto de las comisiones anticipadas). En el caso de Provida, por ejemplo, estas últimas más que quintuplican a los primeros. Sin embargo, como se aprecia claramente, en aquellas AFP donde la comisión es menor, como es lógico, la pérdida también lo es.

La diferencia de comisiones puede llegar a ser cuantiosa. En diez años, si usted está en Provida pagaría $ 710.000 más por dicho concepto que si estuviese en Planvital. En 35 años, la diferencia sería, en moneda de hoy, de $ 2.490.000. Ahora, respóndame usted, ¿por qué razón estaría dispuesto a regalarle, sin haber necesidad, dos millones y medio de pesos de SU dinero a una AFP?

De manera que, amigo lector, aquí tenemos la próxima movilización ciudadana. Si usted está afiliado a Provida, a Cuprum, a Capital o a Hábitat, no siga haciendo un pésimo negocio. ¡Cámbiese de AFP! ¡Ahora mismo! Váyase a Planvital o, si no confía en esta por ese asunto de que no conocemos a sus propietarios, llévese sus fondos a Modelo. Pero no siga regalándoles su dinero a instituciones que, coincidirá usted conmigo, no merecen ese regalo.

¿Quiere protestar en contra de las AFP? Hágalo golpeando donde les duele. Le garantizo que si, en un plazo breve, un millón de personas se cambia desde las AFP más caras a las más económicas, las reacciones de las AFP afectadas y del Gobierno serán inmediatas. Seguro.

De partida, aquellas se verán obligadas a bajar sus comisiones, y el tema del cobro anticipado de estas quedará firmemente instalado en el debate acerca de los cambios que deben implementarse en el sistema previsional.

Interponga un recurso de protección

Existe una ley —el DL 3500— que les permite a las AFP cobrar, pese a no existir justificación alguna para ello, comisiones anticipadas a sus afiliados, y que además establece que estos tienen la obligación de pagarlas. Eso, aquí y en la rotonda del maní, es un privilegio, una diferencia arbitraria establecida legalmente en beneficio de las AFP y en perjuicio de sus afiliados. Ambos, el beneficio y el perjuicio, son fácilmente demostrables y cuantificables.

Pues bien, ocurre que las diferencias arbitrarias y los privilegios están prohibidos por el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución Política, y que dicha disposición es una de las que está amparada, según el artículo 20 del citado cuerpo legal, por el recurso de protección.

Correspondería, entonces, interponer un recurso de protección en contra del Estado chileno solicitando que se derogue la disposición que permite a las AFP el cobro anticipado de comisiones y que obliga a los afiliados a pagarlas.

Ahí lo tiene. Tarea para los abogados. Le aseguro que si se presentasen unos 200 mil recursos de protección en un lapso breve, repartidos en todas las Cortes de Apelaciones del país, el impacto que esto tendría obligaría al Gobierno a considerar una pronta solución a ese verdadero despojo que son las comisiones anticipadas. Además, por cierto, de fijar la atención internacional en nuestro país, en su sistema de protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en la calidad de la institución encargada de protegerlos. 200.000 recursos de protección interpuestos de manera simultánea en contra de un Estado dan para noticia internacional.

Lo que no hay que aceptar

Corresponde ahora que le efectúe mis proposiciones respecto del sistema alternativo que deberíamos considerar para reemplazar el mamarracho que tenemos. Antes de hacerlo, sin embargo, me permitiré proponerle lo que, en mi concepto, no hay que hacer para enfrentar este problema:

Por causa alguna se debe subir la edad de jubilación. Hay algunas mentes brillantes, intrínsecamente creativas, diáfanas, conectadas con el infinito, que han planteado que la solución de problema previsional pasa por aumentar la edad de jubilación. Esa es la propuesta más absurda, desquiciada, ridícula e infame que he escuchado. Nos da una idea del absoluto divorcio que tienen sus autores con nuestra realidad cotidiana y de su total desprecio por la misma. Porque, ¿cómo piensan lograr, en un mercado que desechó hace rato a los mayores de cincuenta, que personas que superaron los sesenta o sesenta y cinco años encuentren trabajos dignos y relativamente bien remunerados? ¿Cómo? ¿Ha escuchado usted algo al respecto? ¿Alguna idea genial? ¿Alguna solución siquiera digna de mencionarse?

La verdad, estimado lector, es que esta es una propuesta gravísima. Para favorecer a las AFP, para salvarles el negocio, no se trepida en humillar a las personas mayores, lanzarlas a la calle a vender golosinas o sopaipillas en carritos, obligarlas a cantar en el Transantiago o a mendigar en el Metro. Aquí todo vale. Es el colmo del descaro. Los autores de la idea no tienen límite.

Lo que corresponde a este respecto es hacer trabajar la sesera para mejorar el pilar solidario y tomar medidas para incrementar las futuras pensiones, en lugar de seguir explotando a los adultos mayores para salvar el negocio de las AFP. Es tiempo de que lo vayamos entendiendo y, por supuesto, exigiendo.

Así que, cuando salga nuevamente a la calle a protestar contra las AFP, cuando además proteste contra las comisiones anticipadas, no olvide gritarlo a todo pulmón: no al aumento de la edad de jubilación.

Por ningún motivo se debe volver al sistema de reparto. Se ha extendido como una mancha de aceite la peregrina idea de que la solución a este engendro previsional que nos asuela es implementar un sistema de reparto. Dado que los recursos acumulados en las cuentas individuales son de propiedad privada, si se insistiera en tan insensata idea sería necesario expropiarlos. Habría que tramitar una ley ad hoc que, seguramente, no pasaría el cedazo del TC (lea lo que dice el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental al respecto). Además, el asunto se judicializaría ad infinitum. Sería un verdadero desastre.

Ahora, suponiendo que se lograse estatizar los fondos, ello implicaría traspasarlos a la Tesorería General de la República, incorporar el pago de pensiones al presupuesto general de la nación y transformar los nuevos cargos previsionales en impuestos generales. En otras palabras, supondría –parafraseando a Ricardo Lagos– poner esos enormes recursos a disposición de los señores políticos.

Usted, apreciado lector, es una persona sensata. Estoy seguro de ello. Compartirá conmigo, en consecuencia, que hacer algo así en medio de la devastadora corrupción reinante, sería equivalente a poner a Garfield a cargo de una carnicería. Un acto lindante con lo criminal. Una crónica, no de una muerte sino de un saqueo anunciado. Ni con cinturón de castidad nos salvaríamos. Ricardo Lagos, si saliera reelecto, posiblemente buscaría un acuerdo con la oposición (¿quién sería el nuevo Longueira?). Los parlamentarios, considerando el enorme sacrificio que realizan jornada tras jornada, probablemente aprovecharían la coyuntura para crear algún sistema previsional con jubilaciones más adecuadas a la magnitud de su esfuerzo. La cantidad de cargos políticos crecería como levadura en agua tibia; aumentarían los viajes y los correspondientes viáticos; y así sucesivamente. Los políticos, no le quepa duda, encontrarían la forma de usar esos ingentes recursos en su beneficio. Sería un harakiri en toda regla.

El camino, créame, no es volver al sistema antiguo, sino perfeccionar el actual. ¿Cómo? Le explico a continuación mi propuesta.

Los ajustes imprescindibles. El primer ajuste que debe hacerse al sistema, ahora ya, es cambiar la forma de pago de comisiones a las AFP. Estas deberían comenzar de inmediato a pagarse como un porcentaje fijo ―lo más bajo posible y común para todas las AFP― del fondo de pensiones administrado, más un premio por la mayor rentabilidad obtenida sobre un piso mínimo (por ejemplo, un 5% anual). Con este mecanismo, la competencia para captar afiliados se daría sobre la base de la rentabilidad que cada AFP sea capaz de obtener, lo que es, por cierto, un muy buen estímulo.

Un antecedente insoslayable que se debe tener presente en la implementación de esta medida es que las cotizaciones efectuadas, es decir, todo el saldo acumulado a la fecha en los fondos de pensiones, ya pagaron una comisión anticipada por 35 años, por lo que, obviamente, no se les puede cobrar nada adicional por este concepto. Las comisiones sobre el saldo administrado, por consiguiente, solo deberían cobrarse sobre los saldos generados con las nuevas cotizaciones. Con las que se efectúen a partir del momento en que se cambie el sistema de comisiones.

¿Que eso no les conviene a las AFP, ya que mermará brutalmente sus ingresos y sus rentabilidades? ¡Qué pena tan grande! Sería para llorar a gritos, ¿no le parece? Una situación tan desgarradora, tan lastimosa, nos partiría el alma a todos. Pese a tanto dolor, sin embargo, no puede actuarse de otra manera. Es patético, lo sé, pero los afiliados no deben pagar doble comisión. Esa condición debería ser intransable.

Este cambio, que las comisiones comiencen a pagarse sobre el saldo administrado, me atrevo a calificarlo como un imperativo nacional. Una condición sine qua non. Que no se corrija la normativa en tal sentido sería inaceptable, al igual que el hecho, lo reitero por su relevancia, de que se intente cobrarles doble comisión a quienes ya la pagaron por 35 años.

El segundo ajuste imprescindible a efectuar es la inmediata eliminación de los multifondos. Es impresentable que la tarea, aunque sea parcial, de administrar los fondos previsionales recaiga sobre los afiliados, cuando se supone que les estamos pagando a profesionales para que la ejecuten por nuestra cuenta. Nadie debería tener la responsabilidad de definir en cuál fondo deben hallarse sus ahorros, porque eso es tarea de expertos y los ahorrantes, la inmensa mayoría de ellos, no lo son. Por lo demás, ¿en realidad usted cree que los multifondos se crearon en el Gobierno de Lagos para darles a los afiliados la posibilidad de intervenir en la administración de sus fondos? Con los antecedentes que conoce de nuestros políticos, ¿de veras se tragó esa mentira? Hay que buscar la respuesta por otro lado, ¿no le parece?

La triste verdad, apreciado lector, es que el sistema de multifondos, aparte de ser poco solidario, inentendible e inmanejable, es un atentado contra los afiliados. Los deja a merced de supuestos expertos, verdaderos “Harry Potters” de las finanzas, que hacen pingües negocios esquilmando a los incautos. Al mejor estilo de Garay, Montaner y Chang. En cualquier país preocupado de sus ciudadanos, algo así no habría tenido cabida (¿quién lo habrá ideado?).

El tercer ajuste imprescindible se desprende del anterior. Cae de cajón. Se deben eliminar, ahora ya, las “comisiones fantasmas”. Estas, en el supuesto caso de que fuesen reales (que no lo sabemos, pero me atrevería a sospechar que no), deberían ser de cargo de las AFP. Su existencia se presta para urdir fraudes a destajo con el propósito de esquilmar, aún más, a los pobres ahorrantes. Nunca debieron existir. Es, entonces, el momento de extirparlas para siempre del sistema.

El cuarto ajuste imprescindible consiste en prohibir que los recursos de los fondos de pensiones sean invertidos en productos financieros derivados. Ello es urgente, porque las posibilidades de que se mal usen estas inversiones ―como ocurrió con el “Davilazo” y el caso Penta; y como está ocurriendo con el caso Aurus― son enormes. ¿Hay riesgo de cobertura? Pues, dejemos de invertir afuera. Si, como veremos más adelante, hay un enorme campo para la inversión dentro del país. Ya está bueno que los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos sean invertidos en proyectos donde nosotros seamos los beneficiarios, ¿no le parece?

El quinto ajuste imprescindible consiste en que se debe entregar al afiliado la información de su cuenta individual como corresponde, con todos los datos que él requiere para analizarla en profundidad: total de cotizaciones efectuadas, total de intereses ganados y total de comisiones pagadas a la fecha. Solo de esta manera, sobre la base de información veraz y completa, se podrá legitimar un sistema que hoy transita por el sendero de la infamia.

¿Cuál es la solución definitiva? Necesitamos un sistema que, junto con dejar a salvo nuestros ahorros de las ávidas manos de nuestros políticos y de las AFP, sea más rentable, más equitativo, menos costoso, más solidario y más confiable que el que tenemos actualmente. Para conseguirlo, es preciso actuar sobre cada uno de los pilares en los que se sostiene el resultado de un fondo de pensiones: la rentabilidad, los costos y la inversión. Analizaré los tres componentes mencionados a continuación.

Medidas para mejorar la rentabilidad

Lo primero, es cambiar el foco de la inversión de los recursos acumulados en los fondos de pensiones. Hay que dejar de invertirlos en actividades que solo benefician a unos pocos, a los de siempre, y trasladarlos a iniciativas que, aumentando y estabilizando su rentabilidad, apunten a incrementar el bienestar común. Ejemplos de este tipo de actividades hay muchos. Es solo cosa de echar a volar la imaginación. Permítame exponerle algunos.

Con los fondos de pensiones se podría:

Sacar el CAE de manos de la banca privada y pasarlo al Estado. Este es el momento preciso para echar a andar un proyecto de este tipo, dados los ingentes montos que se le asignaron al CAE en el proyecto de Presupuesto. Para ello se requeriría que el BancoEstado emitiese bonos con una tasa anual de 6% por los montos necesarios para comprar la cartera que está en poder de la banca privada, los cuales serían adquiridos por los fondos de pensiones. Con el dinero obtenido, el BancoEstado adquiriría a su vez la cartera y se encargaría de su administración. Los alumnos y ex alumnos deudores seguirían pagando un 2% de tasa (o un 0%, si así se decide) y el Estado financiando el porcentaje restante (tal como ahora) más el costo de la administración del banco. Los beneficios financieros de esta operación, no obstante, en lugar de ir a parar a los bancos irían directamente a los fondos de pensiones. Los recursos liberados en el presupuesto, por su parte, podrían destinarse a incrementar la gratuidad.

[cita tipo=»destaque]¿Quiere protestar en contra de las AFP? Hágalo golpeando donde les duele. Le garantizo que si, en un plazo breve, un millón de personas se cambia desde las AFP más caras a las más económicas, las reacciones de las AFP afectadas y del Gobierno serán inmediatas. Seguro. De partida, aquellas se verán obligadas a bajar sus comisiones, y el tema del cobro anticipado de estas quedará firmemente instalado en el debate acerca de los cambios que deben implementarse en el sistema previsional.[/cita]

Esta es una operación que podría implementarse con bastante rapidez si existiese la decisión política de llevarla adelante. Requiere del compromiso de las AFP ―Planvital o Modelo, de preferencia― para adquirir los bonos, y de un muy cuidadoso estudio de los contratos y pagarés, para definir la forma más económica de hacerse cargo de la cartera.

¿Lo supera el CAE? ¿Ya no quiere escuchar mencionarlo nunca más? Bueno… aquí tiene una forma de zafarse de él para siempre.

Rebajar la tasa de interés de los préstamos que se efectúan a las Mipymes a niveles preferenciales. La operación sería similar a la anterior, con bonos emitidos por el BancoEstado a tasas del orden del 6 a 7% anual, respaldados (securitizados) por los flujos de las Mipymes, los que serían adquiridos por los fondos de pensiones. El banco cobraría un spread de administración reducido más una prima por riesgo, llegando de todas formas a tasas muchos más convenientes para las Mipymes que las actuales.

Financiar a tasas preferenciales la recompra de cartera a personas asalariadas de ingresos medios y medios bajos endeudadas con divisiones de crédito de consumo de bancos y con casas comerciales. Una operación muy parecida a la anterior, con el mismo intermediario y con la ventaja de que se podría implementar el descuento por planilla para el servicio de la deuda de los clientes.

Financiar concesiones, a fin de que sean el Estado y los fondos de pensiones los que, por medio de una empresa estatal creada para este propósito ―que sería la que emitiría los bonos―, hagan el negocio por el que hoy se está pagando una fortuna a las concesionarias.

Financiar la explotación pública del litio y demás minerales, sacándola de manos privadas. Los recursos mineros, según nuestra Constitución, pertenecen a todos los chilenos. Sin embargo, son muy pocos los que se benefician de ellos. Mediante el esquema ya reseñado, emisión de bonos por parte de empresas estatales, los fondos de pensiones podrían financiar estas explotaciones. Por cierto, habría que dejar fuera de esto, inapelablemente, a Codelco, al menos hasta que se la limpie de cargos políticos, ventas a futuro, contratos con distribuidoras a viles precios, traspasos directos de ingentes recursos a las Fuerzas Armadas y demás actos corruptos que la han llevado al estado en que se encuentra.

Expandir el Metro o implementar metros en regiones, en el mismo esquema que en los casos anteriores: emisión de bonos por parte de la empresa que serían adquiridos por los fondos de pensiones.

Financiar megaproyectos industriales y generadores de energía emprendidos por el Estado. No se podrá reindustrializar el país si el Estado no asume un rol protagónico para ello. Los fondos de pensiones disponen de los recursos para financiar dichos proyectos y existe el mecanismo (el mismo ya descrito) para destinarlos a este fin. Falta la decisión política y comenzar a identificarlos, evaluarlos e impulsarlos.

Y así sucesivamente. En general, se puede financiar por esta vía todo proyecto que sea emprendido por empresas estatales y que sea capaz de generar flujos futuros suficientes como para financiar su operación y cubrir el servicio de la deuda. Las posibilidades son ilimitadas.

El cambio propuesto, tomando los resguardos necesarios para que funcione como se debe —impedir los cuoteos políticos, controlar las inversiones y los flujos por medio de representantes de los fondos de pensiones elegidos por los afiliados, total apertura y transparencia en el manejo de la información, garantía estatal— corregiría varios de los defectos del sistema vigente: generaría rentabilidades fijas muy superiores a las actuales, trasparentaría las inversiones y los flujos provenientes de ellas, y tendería a reducir los elevados niveles de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Por cierto, no habría comisiones fantasmas involucradas. Todos —las Mypimes, los deudores, los afiliados— haríamos un muy buen negocio. Todos, con excepción de los bancos y aquellos grandes empresarios que hoy se benefician del sistema vigente, que los provee de recursos muy baratos que emplean para incrementar en forma cuantiosa la rentabilidad de sus negocios. Por si no lo ha notado, la esclavitud se basa en el mismo principio económico: usar recursos muy baratos para mejorar la rentabilidad de los negocios. De hecho, la explotación económica también es una forma de esclavitud.

Medidas para disminuir los costos

Orientar los fondos previsionales a financiar proyectos como los señalados requeriría efectuar un cambio profundo en la forma en que hoy se gestionan las pensiones en Chile. Sería imprescindible, para partir, contar con una AFP estatal que se encargase de gestionar todas estas inversiones, cobrando para ello comisiones reducidas sobre el saldo administrado (0,12% anual, por ejemplo). Disminuiríamos de esta manera, drásticamente, el costo. Las AFP privadas, en este sistema, no serían necesarias. Dudo, de hecho, que estuviesen dispuestas a participar en él.

Ahora bien, para no caer en los clásicos problemas de repartija política, sería indispensable resguardar la conformación del Directorio de la AFP. Este podría conformarse con integrantes nominados por entidades técnicas independientes (universidades, por ejemplo) y también elegidos, mediante votación electrónica, directamente por los afiliados. La idea sería conseguir, de una vez por todas, que los dueños de los fondos sean quienes los administren.

Medidas para aumentar la inversión, se pueden considerar las siguientes:

Eliminar las comisiones anticipadas. Ya está mencionada, pero la reitero porque es una de las principales medidas que deben tomarse para incrementar la rentabilidad de las cuentas individuales y, en consecuencia, mejorar las pensiones futuras.

Elevar el monto a cotizar. Dado que hoy la inmensa mayoría de los afiliados cotiza con tasas superiores al 11% sobre su renta imponible, parece razonable que la cotización mensual se fije en un 12% de esta. Eso afectará muy poco a las rentas líquidas, pero en el largo plazo mejorará ostensiblemente los fondos individuales.

Implementar un aporte empresarial de un 3%, de beneficio del afiliado. Con este porcentaje se completaría el 5% de incremento de la cotización planteado por el Gobierno en su paquete de propuestas. Como lo planteó el Ejecutivo, un aporte empresarial es una medida que parece razonable, ya que, en un escenario donde los sueldos de los afiliados son tan precarios, el tema de las pensiones debe ser abordado con un esfuerzo tripartito.

El efecto conjunto de las tres medidas señaladas, combinado con una comisión de 0,12% anual sobre el fondo administrado y asumiendo una rentabilidad anual promedio de un 5% capitalizable mensualmente, generaría en 35 años un mayor fondo de, aproximadamente, un 45% respecto del que obtendría un afiliado en el sistema actual. Importante, pero aún no suficiente.

Efectuar un aporte estatal por cada recién nacido. No sé si esta idea es de Rafael Garay o de algún otro, da lo mismo, pero me parece factible y adecuada. Mejoraría en gran medida, de hecho, las pensiones en el largo plazo. Para darle una idea de su dimensión, 1 millón de pesos al 5% de rentabilidad anual capitalizable mensualmente se transformaría, después de 60 años, en poco más de 20 millones de pesos, lo que, para un afiliado que cotiza 1 UF en el sistema actual, representaría aproximadamente un mayor fondo de un 65% respecto del sistema actual. Vale realmente la pena, entonces, analizarla en profundidad. Su costo anual sería del orden de US$ 390 millones de dólares, que deberían estar incorporados en el presupuesto de la nación. ¿Cómo financiarlos?

Le aseguro que un análisis profundo del gasto fiscal orientado a recortar gastos innecesarios, inconvenientes o inapropiados (sueldos de operadores políticos, sueldos y honorarios prescindibles, exceso de remuneraciones de parlamentarios y personal gubernamental, viajes, viáticos y un larguísimo etcétera) permitiría ahorrar mucho más que esa cifra. El aporte en cuestión debería dirigirse solo a los recién nacidos pertenecientes a hogares que perciban ingresos iguales o menores a UF 60 mensuales. Respecto de aquellos cuyos ingresos fuesen mayores que esa cifra, lo razonable parece ser que financien los aportes iniciales de sus hijos con el diferencial de cotizaciones que se les produciría al cotizar por el total de su renta imponible. Este último punto es, por cierto, materia de debate.

Ok. Tenemos, entonces, un paquete de medidas que, aplicadas en conjunto, podría más que duplicar el fondo de un afiliado en condiciones de pensionarse. En tales circunstancias —entendiendo que la solución previsional definitiva depende de mejorar la distribución del ingreso en nuestro país (problema que algún día se abordará como corresponde, supongo)—, el problema de los exiguos montos de pensiones estaría, en el largo plazo, relativamente bajo control. Faltaría, entonces, solucionar el problema de las actuales pensiones, específicamente de las que están por debajo el piso definido por el pilar solidario; y de las asistenciales, que se entregan a quienes nunca han cotizado o lo hicieron por valores mínimos. Lo invito a que lo analicemos a continuación.

Medidas para mejorar las actuales pensiones

La forma correcta de abordar este peliagudo asunto parece ser la que ya está usando el Gobierno: a través del pilar solidario. Consiste en fijar un monto mínimo de pensión aceptable (la pensión máxima solidaria) y subsidiar la diferencia que se produce respecto de la pensión que efectivamente recibe el afiliado. Este subsidio, desde luego, debería ser entregado a todo evento hasta el fallecimiento del afiliado. El problema aquí consiste en cómo financiarlo. Permítame, al respecto, proponerle un par de ideas.

Acortar la esperanza de vida considerada para el cálculo de la pensión hasta que el monto de esta última coincida con el de la pensión máxima solidaria. La premisa de esta propuesta es que la diferencia entre el monto de la pensión que recibe el afiliado y la pensión máxima solidaria la tendrá que aportar el Estado obligadamente cuando corresponda. En dicho caso, desde el punto de vista financiero es preferible que dicho aporte no se concrete de manera inmediata sino lo más tarde posible. El criterio sería que los fondos acumulados financien los primeros años hasta que se agoten, y que el Estado asuma dicha responsabilidad solo cuando se produzca dicho evento, no antes. Ello le significa al Estado, como se habrá dado cuenta, retardar un pago ineludible por un largo período sin tener que pagar costo adicional alguno. El sueño del pibe para un gerente de finanzas.

Eliminar todo cargo que contribuya a disminuir el fondo individual acumulado por el afiliado al momento de pensionarse. Hoy, si usted decide pensionarse, hay un montón de lobos de dientes afilados al acecho para sacarle alguna mascada. El trámite es tan complejo, que hay asesores “expertos” dispuestos a ayudarlo en su ejecución, a cambio de la correspondiente comisión. Aparecen también las compañías de seguros a la caza de rentas vitalicias y algunos cazadores más por ahí que se me escapan. El asunto es casi sanguinario.

En un escenario donde se persigue maximizar la pensión del afiliado, estos cargos no tienen sentido. Todos provienen de negocios armados para aprovecharse del pensionado. Ninguno le conviene. En todos pierde. Sin excepción. Por ello, deberían suprimirse, porque todos se basan en obligar al afiliado a tomar complejas decisiones financieras para las que no está preparado, y respecto de las que no cuenta ni con la información ni con las competencias para garantizar la defensa de su patrimonio.

Establecer solo una forma de pensionarse

Lo anterior nos lleva, como es evidente, a la necesidad de definir una sola forma de pensionarse: el retiro programado. Todas las demás debe prohibirse porque, en este nuevo contexto solidario donde el Estado se hace cargo de las pensiones cuando el afiliado ya no dispone de recursos, todas perjudican al afiliado.

Que el Estado les solicite un préstamo a los fondos de pensiones para financiar el actual pilar solidario y el incremento de las pensiones básicas

¿Hay un problema de recursos para implementar el pilar solidario como se debería? ¿Para que las pensiones actuales alcancen niveles dignos? Pues, le propongo el mecanismo más parecido al sistema de reparto que puede implementarse manteniendo la capitalización individual. Opera de similar manera a los anteriores. El Estado emitiría, a través de la Tesorería, bonos de largo plazo a una tasa conveniente para los fondos de pensiones y estos los adquirirían, generándose con ello los recursos necesarios para incrementar las pensiones en el corto plazo.

Sería un buen negocio para todos. El Estado dispondría de recursos para enfrentar un problema acuciante, los fondos de pensiones efectuarían una excelente inversión y las pensiones crecerían, generándose un fuerte impacto en la actividad económica, en el crecimiento del PIB, en la reducción de la desigualdad y en la recaudación de impuestos. Por cierto, hay que planificarlo bien e implementarlo mejor, pero se supone que para eso están los cerebros de los ministerios involucrados. Mal que mal, cobran un sueldo más que reguleque por ejercer sus funciones.

Ahí tiene mi propuesta, estimado lector. Hay más, por supuesto. Se debe enfrentar el tema de las lagunas previsionales, el de la apropiación indebida por parte de los empleadores de las cotizaciones de sus trabajadores (podría ser que el Estado las cubriese, o mediante un seguro, y que se castigara a los delincuentes con cárcel efectiva), hay que implementar campañas de información para educar a los afiliados y para que estos denuncien a dichos malos empresarios, hay que eliminar el Capredena y así sucesivamente.

Pero por algo hay que empezar, ¿no le parece? Por eliminar a las AFP, por ejemplo. Si así fuese, como usted ha podido apreciar, ya sabemos cómo reemplazarlas.