Daniel Urrutia, del 7º Juzgado de Garantía
Siete sumarios disciplinarios enfrenta por sus decisiones, lo que, en opinión del presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, refleja “una cierta irritación de algún sector de la Corte de Apelaciones por la forma como el juez Urrutia mira y aplica el derecho”, ya que –según explica– el sistema legal permite que las resoluciones de un magistrado sean revisadas por otro. “De hecho, la Corte ha revocado muchas resoluciones del juez Urrutia, pero además lo trata de disciplinar. Eso es lo anormal. Eso es lo grave de este caso”. Asimismo, desde la Organización Mundial contra la Tortura condenan enérgicamente lo que califican como una persecución, lo cual se suma a otros apoyos recibidos por el afectado.
“Esto que está pasando en Chile es muy llamativo para el resto del mundo. Al menos en Latinoamérica y en otras asociaciones de jueces internacionales, porque no existe un modelo de control disciplinario como en Chile, que afecta la independencia interna de un juez”, asegura a este medio el presidente de la Asociación de Magistrados, un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) escuchara los argumentos a favor y en contra de un requerimiento presentado por tres jueces –con apoyo de la agrupación gremial– a raíz de una serie de investigaciones disciplinarias ordenadas por el máximo tribunal.
El caso más emblemático en esta polémica, es el que vive el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, que enfrenta siete sumarios disciplinarios y quien, según acusan distintos organismos a nivel internacional, sería objeto de hostigamiento por parte del Poder Judicial.
Dos de estos sumarios fueron paralizados por el TC mientras resuelve. Uno, un asunto interno relativo a instrucciones dadas a funcionarios para transcribir resoluciones, que se interpretó como fuera de sus competencias, y otro relativo a su decisión de autorizar el traslado de menores del Sename a centros de detención para que visitaran a familiares privados de libertad. Orden por la cual se le inició una investigación disciplinaria, porque se entiende que está ajena de sus facultades.
Según explica Flores, el requerimiento ante el TC se produce porque “la Corte Suprema aplica un auto acordado –acta que regula el procedimiento disciplinario– inconstitucional. Fundamentalmente porque la Corte reguló una materia que es competencia del legislador e infringe la Constitución”. Además, agrega que “es un procedimiento absolutamente contrario al debido proceso: es secreto sin garantías de defensa, sin condiciones de imparcialidad del órgano, que es el superior jerárquico de Daniel Urrutia, la Corte de Apelaciones en este caso”.
El magistrado detalla que “antes de esto había resoluciones en el tribunal pleno para hacer otras investigaciones disciplinarias y todo eso genera un panorama que a nosotros nos resulta muy indiciario de que se trata de una cuestión personal. No sé si llamarla persecución, pero sí absolutamente intensa, respecto de Urrutia”.
Además, recalca que “él (Urrutia) tiene un antecedente que no puede soslayarse. Hace 10 años tuvo dos sanciones por cuestiones que hoy son política oficial de la Corte Suprema. Primero, fue sancionado porque en el contexto de realizar un postgrado hizo una tesis que concluía que la Corte Suprema debía, en los casos de Derechos Humanos, hacer un mea culpa al país. Pedir perdón por el error y la omisión en período de la dictadura militar. La Corte Suprema lo sancionó por eso”.
Luego, señala, “el año 2013, la Corte Suprema, con ocasión de los 40 años del golpe militar, hace una declaración pública en el mismo sentido. Es un mea culpa de la Corte Suprema, no pide perdón pero reconoce haberse omitido en su rol de defensora de los derechos humanos, función esencial. Algo parecido ocurrió en 2007 o 2008, en visita de la cárcel, que es función que cumplen los jueces de garantía. Él trató de documentar filmando las condiciones en que vivían los presos, y eso fue reclamado por Gendarmería, que estimó que le estaba prohibido filmar a un juez que hace el control de esas condiciones. Le reclamó a la Corte Suprema, que lo sancionó nuevamente”.
Es así, continúa Flores, que “el juez Urrutia, en una cuestión que es estrictamente dentro de sus funciones y sus competencias, se quedó con una sanción y al poco tiempo, prácticamente desde 2010 en adelante, fundamentalmente en la voz de la fiscal Mónica Maldonado, la Corte Suprema asume la defensa y la denuncia de las condiciones carcelarias paupérrimas, prácticamente como una política oficial. Entonces la opinión nuestra es que, en esas cuestiones de naturaleza jurisdiccional y del marco de sus competencias, hay una cierta irascibilidad de la Corte por la forma en que el juez Urrutia interpreta el derecho, y eso no se puede afectar por un procedimiento disciplinario. Para eso están los recursos”.
[cita tipo= «destaque»]El magistrado detalla que “antes de esto había resoluciones en el tribunal pleno para hacer otras investigaciones disciplinarias y todo eso genera un panorama que a nosotros nos resulta muy indiciario de que se trata de una cuestión personal. No sé si llamarla persecución, pero sí absolutamente intensa, respecto de Urrutia”.[/cita]
Flores está preocupado. Y advierte que “lo que hay es una cierta irritación de algún sector de la Corte de Apelaciones por la forma como el juez Urrutia mira y aplica el derecho. Entonces, en un sistema legal donde hay jueces que revisan las decisiones de otros, un juez puede equivocarse, puede tener una opinión, pero eso se modifica a través de los recursos. De hecho, la Corte ha revocado muchas resoluciones del juez Urrutia, pero además lo trata de disciplinar. Eso es lo anormal. Eso es lo grave de este caso. Entonces cuando esto se repite una y otra vez, lo que uno identifica es que hay un grupo que entiende que las cuestiones jurisdiccionales pueden reprimirse por esta vía, y no corresponde”.
Desde fuera del país también se han levantado voces que apoyan al juez de Garantía Urrutia.
Es así como desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), realizaron un llamado urgente, el 21 de octubre pasado, a distintas autoridades del país, entre las que se encuentra la Presidenta Michelle Bachelet y los ministros Nicolás Eyzaguirre, Mario Fernández y la, hasta ese momento, ministra de Justicia, Javiera Blanco, entre otros.
Desde el Observatorio señalan que han recibido “con grave preocupación” información sobre “el hostigamiento sufrido por el defensor de los Derechos Humanos, señor Daniel Urrutia Laubreaux (…) que ha mostrado una actitud proactiva en la defensa de los derechos humanos en su actividad como operador de justicia a través de decisiones basadas en un enfoque de derechos humanos en cuestiones como el derecho de voto de personas en prisión preventiva, derechos adolescentes en internación provisoria o el derecho a la protesta social, entre otros”.
Además, también muestra preocupación por “la afectación del principio de independencia del Poder Judicial en un contexto en el que el Juez Urrutia está sujeto a múltiples investigaciones abiertas en su contra, sin información detallada sobre el estado de las mismas y, en violación de diversas normas reglamentarias en cuanto a plazos y formas de investigación, todo lo cual le genera además al Sr. Urrutia una vulneración de las garantías mínimas de un debido proceso”.
Persecución que el observatorio “condena enérgicamente”.
Entre las investigaciones en contra del juez, se cuenta una impulsada a raíz de que en agosto de 2013 el aludido solicitó que se garantizara el derecho a voto de personas detenidas en prisión preventiva, decisión que la Corte Suprema dejó sin efecto tres días antes de las elecciones, remitiendo la información a la Corte de Apelaciones de Santiago para que decidiese eventuales sanciones en su contra.
Otra investigación está relacionada con denuncias de maltrato mientras era presidente del Comité de Jueces del Séptimo Juzgado de Garantía. Según la declaración, “es importante señalar que pese a que la decisión había sido emitida por el Comité de Jueces como órgano colegiado, el procedimiento sancionatorio fue dirigido únicamente en contra del Sr. Daniel Urrutia Laubreaux, hecho que reviste un claro carácter discriminatorio y arbitrario. Además, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó realizar una serie de diligencias no directamente vinculadas con la causa, a pesar de la petición de sobreseimiento del caso por parte del fiscal de dicha Corte”.
Una tercera investigación tiene que ver con la decisión del juez, en octubre de 2015, de garantizar a 12 internas adolescentes del Centro de Internación Provisoria de Santiago que visitaran a parientes y parejas, detenidos en diversos penales, lo que fue seguido de la apertura de un sumario por parte de la Corte de Apelaciones, a pesar de que ninguna parte había recurrido a dicha decisión.
En marzo de 2016, Urrutia dictó el sobreseimiento definitivo por la falta de desórdenes públicos en una causa vinculada con un acto de protesta del colectivo de deudores habitacionales “Andha Chile”. Pero la Corte de Apelaciones revocó la decisión e inició una investigación disciplinaria, presentando una denuncia penal por prevaricación en su contra. El 27 de septiembre pasado, los miembros de Andha Chile fueron absueltos por atipicidad de su conducta, en línea con la decisión original del juez.
Urrutia enfrenta, además, una investigación por su decisión de garantizar el derecho de voto a todos los imputados en prisión preventiva de cara a las elecciones municipales en Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la decisión, así como abrir un nuevo sumario en su contra, de lo que Urrutia se enteró a través de la prensa, “en un contexto en el que el diario El Mercurio parece estar siendo beneficiario de filtraciones por parte de algún integrante de la Corte de Apelaciones, antes incluso de que los acuerdos del Pleno estén firmados por los Ministros y Ministras que lo integran”, detalla la declaración del observatorio.
Finalmente, señala el texto, “la Corte de Apelaciones de Santiago decidió en un pleno extraordinario solicitar a la Corte Suprema el traslado del juez Daniel Urrutia Laubreaux, argumentando que busca mejorar la gestión y el clima laboral del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, el juez Urrutia no es juez presidente y, por lo tanto, no tiene funciones administrativas, sino que es uno más de entre los doce jueces que componen el juzgado, lo que parece apuntar a la posible persecución en su contra por parte de la Corte de Apelaciones».
Cuatro días después de este pronunciamiento, un grupo de organizaciones, agrupaciones y académicos relacionados con el mundo de la defensa de los derechos humanos, principalmente de México, firmaban una declaración en apoyo del juez, manifestando su “preocupación por la persecución judicial a la que está siendo sometido”.
“El Juez Urrutia Laubreaux se ha destacado en diversos casos de derechos humanos en su país, evidenciando las violaciones de derechos humanos de personas privadas de libertad, denunciando la criminalización de la protesta social, la tortura en democracia, y entre sus últimas actuaciones, siendo parte de la Comisión de Libertad Condicional que estuvo por negar la libertad, como beneficio a los criminales de lesa humanidad de la dictadura militar chilena”, señala el texto.
Destacan, asimismo, su participación como “activo miembro de la Plataforma contra la Impunidad y Corrupción en México”. Y anuncian que las organizaciones firmantes seguirán atentamente el caso, “a objeto de exigir a las autoridades pertinentes la aplicación irrestricta del debido proceso, la independencia judicial como derecho para todas las personas, la supremacía del derecho Internacional de los Derechos Humanos y del cese inmediato de los ataques indebidos al mencionado Juez que atentan contra el Estado democrático de derecho”.
En Chile, en tanto, hay un grupo de ex compañeros de carrera de Urrutia, de la Universidad de Chile, que piensan lanzar una declaración pública en su apoyo, así como organizar una comida de desagravio.
