Testimonio fue recogido en el fallo absolutorio
A seis años de la tragedia, no existe ningún responsable por las personas que murieron la madrugada del 8 de diciembre de 2010. El libro “Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar”, de la periodista Tania Tamayo, da cuenta de los distintos cargos por los que han circulado desde entonces quienes tenían responsabilidad en el penal. “Llama la atención que el Ministerio Público al inicio de la investigación haya delimitado solo hasta el director regional”, señala en el libro Alejandro Huberman, uno de los tres jueces que absolvió a los imputados.
El 30 de abril de 2014, después de varios meses de juicio oral, el Sexto Tribunal Oral entregó en su fallo una convicción: “Que la tragedia acaecida en la Cárcel de San Miguel al interior de la caseta (torre) cinco, piso cuatro, tiene responsables, pero en caso alguno corresponden a quienes hoy ostentan la condición de imputados”.
La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los centinelas Fernando Andrés Orrego Galarce, Francisco Javier Riquelme Lagos y José Francisco Poblete Valverde. También, solicitaba siete años de presidio para el coronel Carlos Enrique Bustos Hoffman, ex director regional de Gendarmería; el teniente coronel Jaime Ernesto San Martín Vergara, asesor de la dirección regional de Gendarmería; el coronel Segundo Arnoldo Sanzana Barría, alcaide de la Cárcel de San Miguel; el teniente coronel Patricio Alex Campos Tapia, jefe de régimen interno en la Cárcel de San Miguel, y el subteniente José Alexis Hormazábal Sánchez, jefe de turno.
Cualquier diligencia implicaba no llegar más arriba que la dirección regional.
A seis años del incendio que costó la vida a 81 personas la madrugada del 8 de diciembre de 2010, al leer el fallo emitido por los jueces, llama la atención la declaración de uno de los detectives que participó en la investigación.
Junto con la decisión de abril de 2014, la Corte también calificó de desprolija la relación de hechos contenida en la acusación. En esa negligencia, señalaba como un elemento importante la declaración del policía Óscar Maureira en la audiencia, quien aseguró que “no recibió instrucción de la Fiscalía de investigar más allá que el director regional Carlos Bustos Hoffman”.
Más de dos años después de la resolución del tribunal, uno de los tres jueces que absolvió a los imputados, Alejandro Huberman, vuelve sobre este punto en el libro Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar, publicado recientemente por la periodista Tania Tamayo (Ediciones B).
“Esto no quería decir que mandos superiores sean culpables, sino que llama la atención que el Ministerio Público al inicio de la investigación haya delimitado solo hasta el director regional”, cuenta Huberman a la periodista.
Asimismo, en su libro consigna que Huberman señaló que la decisión de Tribunales de absolver al director de Gendarmería de ese entonces, Luis Masferrer (RN), se sustentó en que las políticas de preparación de los gendarmes para eventos de este tipo (protocolo, manejo de equipamiento, etcétera), eran políticas nacionales y dependían directamente del presupuesto que asigna la Dirección Nacional.
“Lo que pasaba, por ejemplo, con útiles de alimentación y el hecho de que se permitiera el ingreso de balones de gas tampoco era una política regional, eran políticas nacionales. Entonces no se entendía lo de limitar la responsabilidad hasta el director regional. Independiente de lo que se pudiese haber concluido al final, nos referíamos a por qué la fiscalía había decidido delimitar hasta el funcionario de ese rango”, cierra Huberman en la investigación periodística.
“El funcionario Ramírez despliega las mangueras desde el pasillo sur hacia la tercera reja, donde se encuentra la red seca. Luego va en busca de la caja de la llave de la misma red. El oficial nocturno solicita que se dé el agua. Esto, según registros de Gendarmería, ocurrió entre las 5.49.10 y las 5.49.29, minuto y medio después de que un interno del penal hiciera contacto con la Compañía de Bomberos avisando lo que ocurría dentro del piso cuatro de la torre cinco de la cárcel de San Miguel…”.
[cita tipo= «destaque»]No solo la administración de Jiménez cometió errores. El 9 de septiembre de 2010, Esteffan Codoceo, subdirector administrativo durante la gestión de Masferrer, firmó la recepción final de las obras. Esto, pese a que una empresa del Cuerpo de Bomberos de Santiago había recomendado un estudio completo, “cuya ingeniería permita contar con sistemas como la red húmeda y red seca prácticos y funcionales”.[/cita]
Líneas más adelante, el relato continúa así: “Ramírez llegó hasta la caja de la red para conectar la manguera y lanzar agua hacia donde se veía fuego. En ese momento, 5.50.30, los funcionarios ya listos se dan cuenta de que no era posible conectarse, pues la red no funcionaba”, relata el libro de Tamayo, dando cuenta de una de las situaciones más complicadas al interior de la cárcel y que hizo mucho más difícil terminar con el fuego.
No solo se trataba de una situación conocida incluso por la Dirección Nacional, los mismos bomberos, al llegar al lugar, se conectaron a un grifo porque tenían claridad respecto al estado de la red seca. De hecho, una semana después de la tragedia, José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, denunció públicamente que desde el año 2005 se manejan antecedentes de problemas en la red seca y húmeda de la Cárcel de San Miguel.
“Gendarmería tenía conocimiento de esto a través de la Dirección Regional Metropolitana, se elevaron los antecedentes a la Dirección Nacional para que los departamentos administrativos hicieran los gastos que corresponden. O sea, hay que preguntar a ese nivel, porque los recursos de la institución están a cargo de la subdirección de administración y finanzas”, dijo Maldonado entonces.
El libro de Tania Tamayo suma más antecedentes a esta situación y revela que, pese a que al interior de la comisión parlamentaria que investigó el hecho se habló de esta materia, no hubo responsabilidades políticas. Incluso, se determinó que el 28 de mayo de 2008, más de dos años antes del incendio, el entonces director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, adjudicó la propuesta de mejoramiento de redes contra incendios en distintas unidades penales a la empresa San Martín S.A.; el acta de recepción provisoria de las obras –fechada el 16 de octubre de ese mismo año, señala claramente que la comisión receptora “se limitó a recibir únicamente los trabajos realizados por el contratista, sin avalar el funcionamiento, estado y características de las redes secas”.
A lo anterior se suma que en 2009 se notificaron filtraciones y mal funcionamiento de la red. Pese a ello, las autoridades aprobaron la recepción provisoria. Eran 42 millones de pesos de inversión que no sirvieron de nada el día del incendio.
No solo la administración de Jiménez cometió errores. El 9 de septiembre de 2010, Esteffan Codoceo, subdirector administrativo durante la gestión de Masferrer, firmó la recepción final de las obras. Esto, pese a que una empresa del Cuerpo de Bomberos de Santiago había recomendado un estudio completo, “cuya ingeniería permita contar con sistemas como la red húmeda y red seca prácticos y funcionales”.
La investigación también deja en claro que parte importante de los involucrados de más alto rango no solo no enfrentaron a sanciones, sino que siguieron en distintas instituciones vinculadas. Es el caso, por ejemplo, del coronel (r) Patricio Campos, jefe interno de la cárcel al momento del incendio –imputado y absuelto–, quien se acogió a retiro en diciembre del año pasado con una abultada pensión y el 1 de enero comenzó a trabajar como asesor de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Alejandro Jiménez –director de la institución antes del incendio– es director de la Corporación de Asistencia Judicial.
“Hay un caso más emblemático –dice Tania Tamayo–. Una persona que, por cumplir el rol de testigo, no fue imputado. Se trata del Jefe Operativo de la cárcel de San Miguel, Cristián Alveal, quien después se desempeñaría como jefe de gabinete del siguiente director nacional, luego como director de la Escuela de Gendarmería y ahora es director regional del Bío Bío”, cierra Tania.
