La identidad democratacristiana

Considerando que algunos  militantes DC han dado ciertas entrevistas, profusamente difundidas por ciertos medios, en las que han emitido juicios y planteado propuestas políticas teniendo como referencia la identidad de nuestro partido, me ha parecido  necesario reflexionar también sobre este concepto y sus implicancias, tanto en relación al rol que ha jugado la DC en el gobierno de la Nueva Mayoría, como respecto a lo que el país espera sea nuestro futuro compromiso y conducta política.

Estoy cierto que estas ideas, por cierto no en su totalidad, son compartidas por muchos camaradas de mi partido, sin embargo, no siempre tenemos la oportunidad y las instancias para difundirlas y mostrar así que el PDC tiene otras miradas sobre lo que ha pasado en el país y acerca de los desafíos de los próximos años.

Esperamos con este escrito aportar al desarrollo de un debate que, hasta ahora, lamentablemente ha estado latente en nuestra organización.

Varios dirigentes y camaradas de nuestro partido, reivindicando la identidad DC (que nunca precisan en su significado), y en un salto metodológico algo extraño, aducen que en consideración precisamente a dicha identidad, la DC debe cuestionarse su permanencia en la nueva mayoría e incluso revisar el apoyo a futuras coaliciones y/o gobiernos que quieran retomar las transformaciones socio-económicas e institucionales que la ciudadanía sigue esperando.

A mi juicio, en estos planteamientos hay algunas confusiones de conceptos que llevan a conclusiones en las que se mezclan deseos con realidad y se cruzan diferentes niveles de análisis.

Concretamente, la identidad de la DC es un tema fundamental al que haremos referencia, sin embargo, el  desperfilamiento del partido pareciera tener más que ver con los temores, indecisiones y transacciones en nuestras acciones políticas, las que hacen que la gente  nos vea como un partido sin prestancia ni convicciones para construir una sociedad más justa y superadora de la actual situación socio-económica (y aquí sí hay incoherencia con la identidad).

Por otro lado, los evidentes problemas de gestión de la actual administración, sin duda han sido una de las causas  importantes del deterioro en su evaluación ciudadana, pero eso no significa que el gobierno tenga una alta impopularidad porque las reformas implementadas sean estatistas y rupturistas (dichas reformas, por lo demás, todas y cada una  de ellas estaban en el programa que los DC y la mayoría del país apoyó entusiastamente).

En fin, el denunciar y descalificar la opción por realizar cambios en nuestra sociedad como una búsqueda irresponsable e ideológica  por “refundar el país”, no sólo esconde una tácita opción conservadora por mantener lo existente, sino que se inserta en una suerte de cinismo político, ya que quienes realizan esta crítica, ¿no lo están haciendo (legítimamente por lo demás), desde una opción precisamente ideológica? Por cierto que sí, y con la peculiaridad que lo hacen desde lo que a veces se denomina una ideología cómoda: enemiga del cambio y  que desconoce (cuando no desprecia) la necesaria búsqueda por humanizar la sociedad

Con miras a reflexionar sobre estos y otros aspectos y en la perspectiva de entregar un análisis y posición más bien sintética y claramente divergente con lo divulgado por algunos de mis camaradas, quisiera presentar las siguientes 6 afirmaciones con sus respectivas líneas de argumentación

Afirmación 1: Cuando la DC decide formar parte del pacto político de la Nueva Mayoría y apoyar los cambios y transformaciones que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet plantea para Chile, lo hace en absoluta coherencia y en gran parte mandatado por su Identidad.

Al respecto, es necesario partir preguntándonos qué es, qué constituye la identidad de la DC chilena?  En una palabra nuestra identidad consiste y/o está dada por nuestra matriz doctrinal-ideológica.

Concretamente, la doctrina implica un conjunto de valores y principios acerca del hombre, la sociedad y las instituciones. Entre los principales que configuran nuestra matriz doctrinal, cabe recordar el concepto de persona, la solidaridad, la justicia social, la fraternidad, el pluralismo, el bien común y una filosofía de la historia, con todo lo que implican.

Estos valores, acordes con cada realidad y momento histórico, nos llevan a optar por el logro de determinados objetivos en lo político, socio-cultural y económico, lo que constituye  lo esencial de nuestra ideología y proyecto de sociedad.

Dicho esto y para efectos de sustentar nuestra primera afirmación, es imprescindible y necesario hacer una breve retrospectiva.

Junto con aproximarse las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre del 2013, cifras irrefutables  muestran que en la sociedad chilena se había instalado un sistema socio-económico definitivamente en tensión con las exigencias propias a una democracia con justicia social y con una preocupación efectiva por el bien común (Diversos antecedentes y cifras al respecto, algunos de los cuales se reiteran en este nuevo texto, ya fueron entregados en mi trabajo anterior “Por qué, desde dónde y para qué Chile nos interpela a los demócratas cristianos”. Publicado por el Centro Desarrollo y Comunidad”  en “Reflexión y Debate”. Diciembre 2015  y aparecido  también en el diario electrónico El Mostrador).

Aunque a muchos les moleste la expresión, lo cierto es que el modelo neo-liberal predominante  había dado lugar a una ecuación entre Estado, Mercado y Sociedad (civil) absolutamente asincrónica e incapaz de responder a las necesidades más sentidas de la ciudadanía. Como dice la CEPAL en su publicación “La hora de la igualdad” (2010): “la ecuación entre Estado, mercado y sociedad de las últimas décadas, se ha mostrado incapaz de responder a los desafíos globales de hoy y de mañana”. Aún más, dicho texto agrega algo que muchos han olvidado: “la igualdad social y un dinamismo económico que transforme la estructura productiva no están reñidos entre sí”.

En Chile también es aplicable la reflexión de Thomas Piketty  según la cual en  las últimas décadas los economistas han menospreciado la distribución de la riqueza  y  “ya es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico” (y social habría que agregar)…..”no tenemos ninguna razón para creer en el carácter autoequilibrado del crecimiento” (Thomas Piketty: “El capital en el siglo XXI”. México 2014. Página 30).

No es mera casualidad que ya en el 2011 los chilenos comiencen a expresar  su malestar y planteen urgentes reivindicaciones a través de masivas manifestaciones ciudadanas, con presencia de diversos actores sociales.

Concretamente,  una categórica mayoría de chilenos anhelan que en el país se lleven a cabo cambios fundamentales, lo que queda de manifiesto en el Informe  sobre el Desarrollo Humano en Chile publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2015 y cuya encuesta  (trabajo de campo) realizada entre agosto y octubre del 2013, indica, precisamente, que el 56% de los encuestados quieren cambiar las cosas existente en el país y sólo un 21% dicen que hay que cuidar las cosas buenas. Esto, con el significativo agregado que un 61% piensa que los cambios hay que hacerlos de manera inmediata.

Diferentes problemas, abusos, carencias y concentraciones de poder en variados ámbitos, dejan en evidencia que la justicia social, el bien común, la participación y la solidaridad entre otros, todos valores medulares de nuestra identidad, se encuentran trizados cuando no definitivamente ausentes en el funcionamiento de la sociedad chilena.

Por lo tanto, nuestra participación en la Nueva Mayoría, en el Chile del 2013-2014, es absolutamente consistente con nuestra identidad partidaria.

Afirmación 2: No estamos en presencia de un gobierno totalmente fracasado, ni de una coalición política cuya composición sería parte fundamental de la explicación de dicho fracaso (la inclusión del partido Comunista sostienen muchos)

En marzo del 2014, con un categórico triunfo de la candidata Michelle Bachelet apoyada por la Nueva Mayoría y con un Parlamento claramente favorable al entrante gobierno, “la mesa está servida” para llevar a cabo las transformaciones socio-económicas y políticas que la mayoría de los chilenos esperan.

Han pasado dos años y medio de gobierno y la  percepción de la inmensa mayoría de la población es que la actual administración ha fracasado y ha frustrado legítimas y esperanzadoras expectativas  que se habían desplegado a lo largo del país.

Y aquí los datos son categóricos: la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio-agosto del 2016 (a pesar de algunas  preguntas y la forma en que ellas se redactan, las que dan para más de una interrogante metodológica), indica que un 66% desaprueba la forma en que la presidenta Bachelet está conduciendo el gobierno, mientras que sólo un 15% la aprueba; asimismo, un 59% expresa que la Presidenta está gobernando peor de lo que esperaba y un 48% desaprueba el desempeño de la función de la Nueva Mayoría y solo un 8% la aprueba.

En un país en el que es recurrente instalar imágenes y consignas que la mayoría después repite sin mayor discernimiento para estar “en sintonía” con lo que “se usa decir”, estimo necesario recordar y  precisar algunos porfiados hechos:  en el tiempo transcurrido, la actual administración ha puesto fin al antidemocrático sistema electoral binominal; ha implementado una reforma tributaria, aunque algo sesgada para las expectativas como instrumento clave para una mayor equidad y mejor distribución de la riqueza (de hecho, no se incluyó nada referente a la minería del cobre ni  lo relacionado con muchos recursos naturales en manos de privados ); ha logrado la aprobación del llamado Acuerdo de Unión Civil; ha comenzado a “meterle el diente” a un tema especialmente crítico, poniendo en marcha una reforma educacional, la que a pesar de todos los yerros y falta de prolijidades conocidas, clamaba  por décadas una intervención; ha propuesto y el Parlamento ha aprobado una imprescindible reforma laboral (que en una legal pero agresiva decisión, el Tribunal Constitucional cercenó lo obrado por la mayoría del Congreso Nacional); ha aprobado el esperado por años derecho a voto en el extranjero y por último, inicia el esencial e impostergable debate por los procedimientos y contenidos para un cambio en la actual Constitución.

Lo anterior, solamente para nombrar  las reformas reconocidas como más emblemáticas y por las que en gran parte  fue elegida la Presidenta.

Por insuficiente, desordenada  y mal preparada que haya sido la agenda legislativa de las reformas, lo cierto y el hecho indiscutible, es que parte importante de ellas se han aprobado y/o se encuentran en ejecución. Ninguna de ellas ha significado la llegada del estatismo a Chile, ni ha implicado irresponsables tendencias refundacionales, ni mucho menos un caos político-institucional.

Si somos justos tendremos que concluir que estamos en presencia de un gobierno que no ha pasado por la Moneda solamente para administrar lo existente  y/o  en una mera búsqueda por acceder y usufructuar del poder. Así y todo, los balances más definitivos están aún por hacerse con el paso del tiempo.

En relación a la presencia del partido comunista en la coalición de la Nueva Mayoría, aparece a todas luces un despropósito, refutado por los antecedentes por todos conocidos, sostener que dicho partido ha sido “una piedra en el zapato” del gobierno o un agente conflictivo significativo para la mantención de la coalición oficialista. Ahora, si algunos quieren evitar o vetar cualquier defensa que el partido comunista haga frente a las políticas públicas y en relación a las que han sido sus banderas históricas en defensa de los sindicatos y trabajadores y/o  en consideración al rol  que algunos de sus líderes juveniles han jugado en instalar la necesidad  de un cambio en la educación chilena, entonces estaríamos ante una preocupante manera de entender el funcionamiento de las coaliciones políticas en una democracia.

Más preocupante aún, desde el punto de vista de la coherencia, resulta que algunos representantes de la Nueva Mayoría que se han convertido en censores del PC, hayan sido también y precisamente, quienes han disentido de iniciativas gubernamentales, eso sí que, paradojalmente, lo han hecho en una búsqueda por transar con la derecha y congelar o desvirtuar parte esencial de los cambios que se han procurado realizar.

No quisiera dejar de agregar, aunque sea a modo de una mera hipótesis y a propósito de los datos negativos de evaluación del gobierno, que parte del descontento que arrojan las encuestas pudiera también deberse a chilenos que estando convencidos de la necesidad de transformaciones en el país, consideran, no obstante, que han habido demasiados yerros procedimentales por parte del gobierno, a la vez que estiman que lo medular del espíritu de las reformas ha sido transado y vulnerado por acuerdos parlamentarios impropios y /o por transacciones con determinados grupos de intereses.

Afirmación 3: El gran error y carencia del gobierno de Michelle Bachelet, no ha consistido en su propuesta por realizar cambios en determinados ámbitos del país, sino en la ineptitud y desprolijidad que ha mostrado en la  gestión y concreción de dichas transformaciones.

Es un secreto a voces que la eficiencia que ha caracterizado a esta gestión gubernamental, ha sido preocupantemente deplorable. Y digo preocupantemente, porque no bastaba ser ningún analista avezado para haber tenido claro un año antes de la elección, que  el triunfo de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría eran altamente probable. ¿Qué pasó entonces con los equipos que algunos constituyeron y reunieron en excelentes infraestructuras, con buenos sueldos y con la antelación suficiente como para preparar adecuada y seriamente las reformas esperadas por el país? Aquí ya hubo un primer y fatídico fallo que se expresó, entre otros, en haber calculado mal lo que iba a significar en mayores ingresos  la reforma tributaria y en algunos confusos o definitivamente ausentes contenidos de la reforma educacional.

Hay allí una génesis del problema, de la que no está exenta de responsabilidad la propia futura mandataria, y en la cual participaron conspicuos personajes de su entorno y otros también no tan cercanos, los que algún día esperamos puedan narrarnos lo sucedido en el o los lugares que formaron parte de la antesala de La Moneda.

Lo cierto es que la ciudadanía fue percibiendo un gobierno que propuso  proyectos de cambio y mejoramiento de lo existente (y ahí estuvo sin duda la principal razón de su triunfo electoral), lo que entró en contradicción con la insuficiente e irresponsable preparación de sus contenidos, y sobre todo, con la posterior incapacidad técnica y de gestión de los equipos ministeriales respectivos.

Lo anterior se ve reforzado (empeorado) por el fallo rotundo en la siempre necesaria socialización y difusión de las reformas y su sentido entre la ciudadanía.

Afirmación 4:  las implicancias de la naturaleza y lógica del modelo económico prevaleciente, el rol de la derecha política junto al gran empresariado y los sucesos de corrupción transversalmente presente en los partidos políticos, han sido variables intervinientes que han incidido significativamente en la imagen y percepción de  la gestión gubernamental

Me parece que quedarse solamente en los errores de gestión del gobierno, nos limita y reduce significativamente el análisis y lo que es peor, puede llevar a diagnósticos y conclusiones algo simples sobre lo ocurrido, con implicancias también tergiversadas acerca de los desafíos y acciones políticas del futuro. Esto, con el agravante que se termine  dándole en el  gusto a quienes, precisamente, han estado en una evidente estrategia de convencer al país de que  el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, implica una irresponsabilidad muy grande ya que inexorablemente conducirá a perder  “todo lo que se tiene”.

Es así que estimo que los siguientes tres factores son claramente influyentes en la acción del gobierno y condicionantes en su negativa evaluación (rara vez analizados suficientemente).

1. Una economía cuya orientación y características la hace especialmente sensible y vulnerable a la situación internacional.

El modelo socio-económico que se ha ido implementando en el país, como ha sido destacado por diversos expertos, es el de una economía extremadamente abierta en que las transacciones del comercio exterior equivalen a más del 60% del producto, superando a China y USA, y con nuestro commodities fundamental que es el cobre. Ello, acompañado de una globalizada  apertura, casi inertica a diferentes movimientos de capital, todo lo cual hace que lo que ocurra en el ámbito mundial tenga una repercusión inmediata y muy determinante para nuestra economía.

Es el propio exministro de Hacienda del presidente Piñera, Luis Larraín, en la confección del último presupuesto que le toca presentar a dicha administración  y que le corresponde ejecutar al próximo gobierno (al de la Nueva Mayoría y presidenta Bachelet), quien insiste “curiosamente” en hacer proyecciones de crecimiento  que ya en ese momento se consideraban riesgosas  (en torno al 4.7%).  Este “error” de estimación, sumado a  la desaceleración económica por sobre la estimación del Banco Central y el precio del cobre a la baja, significan para la nueva administración un primer año con una severa caída en los ingresos fiscales previstos.

Los meses posteriores a nivel internacional, han estado marcados por el desplome de los commodities (especialmente petróleo y cobre), la situación económica de China, la devaluación monetaria  en varios países, los conflictos de Siria, Ucrania y Medio Oriente (incluido el rol del Estado Islámico), todo lo cual tiene evidentes efectos tanto para América Latina como para nuestro país.

1. b) La derecha política y el gran empresariado, con el significativo apoyo de los medios de comunicación, desde un comienzo asumen una sistemática crítica y oposición a las diferentes reformas que el gobierno se propone impulsar.

Tal como ya lo señalé en el documento ya citado ( “Por qué, para qué y desde dónde Chile nos interpela”), una de las formas más recurrentes que han usado sistemáticamente la derecha política y el gran empresariado para oponerse a las iniciativas del gobierno, corresponde al tipo de argumentación que hace algunas décadas precisara tan acertadamente el filósofo y economista Albert Hirschman (Berlín 1915-2012) en su obra ¨Retórica de la Intransigencia¨, en la que sostiene que ¨una ola reaccionaria va siempre junto a los avances sociales”. Esta actitud anti-cambio por parte de los grupos que usufructúan y abusan de su poder económico, se expresa a través de tres “tesis- denuncia” que ellos hacen: la  perversidad, futilidad y riesgo (las implicancias de cada tesis se detallan en el texto recientemente mencionado, página 20).

Sin desmedro que lo sostenido por Hirschman me parece muy apropiado para describir el comportamiento de la derecha y el gran empresariado, estimo que una explicación aún más completa tiene que ver con el hecho de que la implementación y puesta en ejecución del programa de gobierno de Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, se lleva a cabo en medio de una controversia claramente ideológica en el país, la que no se quiere reconocer, está latente y/o se intenta mimetizar de una u otra forma.

En efecto, este período de gobierno, en lo que constituye uno de sus aportes más interesantes, pero rara vez comentado o reconocido, ha creado las condiciones para instalar un necesario e impostergable debate sobre el Chile que queremos construir en los próximos años. No obstante, dicho debate lamentablemente ha sido postergado y, evitado.

El país ha alcanzado un nivel de conciencia democrática y de aspiraciones ciudadanas que indican que ya no hay tiempo para retóricas disfrazadas o posiciones que hagan de la búsqueda obsesiva de acuerdos un procedimiento que obstruya y anule el legítimo derecho de discutir y decidir sobre cuestiones de fondo en relación a la sociedad que aspiramos

1. c) El impacto en la opinión pública por la vinculación (transversal) entre dinero y política.

Desde el suceso Dávalos y su fatídico efecto político sobre la presidenta Bachelet, hasta las denuncias por corrupción en el llamado caso Soquimich,  un nuevo y expansivo smog invade la capital y regiones del país, cuyo componente principal está dado por el desprecio y falta de credibilidad frente al mundo político y las instituciones gubernamentales.

A partir de lo que los psicólogos sociales llaman el efecto halo (una generalización errónea a partir de ciertas características o datos asociados a determinadas personas, sucesos o situaciones), estos hechos, por cierto graves, han alcanzado ribetes en muchos casos desproporcionados, dando lugar a un juicio público negativo, sin mayores matices y/o distinciones, acerca de TODA acción política y gubernamental, acompañado de una sensación de crisis institucional generalizada.

Afirmación 5: La DC ha experimentado una suerte de mutación desde un ethos político-ideológico, hacia un pragmatismo y/o realismo  que echa por tierra todos los intentos transformadores que deberían ser inherentes a nuestro proyecto político como partido en el Chile de hoy.

Con posterioridad al brillante gobierno de don Patricio Aylwin (en un contexto extremadamente complejo) y a medida que se continúan los gobiernos de la Concertación, el PDC pareciera haber ido perdiendo la capacidad de asombro y se “rutinizó”, poniendo especial énfasis en administrar lo que ciertamente se había avanzado en la reconstrucción democrática, pero sin internalizar los severos problemas de desigualdad e injusticia social que se habían ido plasmando en el país. Nos esmeramos en ser reconocidos como un partido de centro, casi como una obsesión, y no cuestionamos ni actuamos “revolucionariamente” frente al tipo de relaciones socio-económicas y políticas que se instalaban en nuestra sociedad.

Más que cuestionar diferentes ámbitos del orden establecido, nos fuimos desperfilando en la acción  y en la falta de prestancia  frente a la ciudadanía para ser los primeros y más entusiastas impulsores de las transformaciones que requería nuestra sociedad. La fuerza con que se actuó, con toda razón, frente a temas valóricos, estuvo absolutamente ausente en lo socio-económico, área en la que probablemente existen profundas diferencias entre nosotros, las que están latentes y nadie quiere reconocer y/o explicitar.

[cita tipo= «destaque»]En un mal entendido concepto de realismo político, se ha tendido a estilos conciliadores y eclécticos, bajo el equívoco expediente de que ello es sinónimo de equilibrio, responsabilidad y ecuanimidad política, terminando por “acostumbrarnos” a lo existente y mimetizándonos con la rutina, lo cuántico electoral y la burocratización partidaria.[/cita]

Es así como ello ha rigidizado y, de manera no menor, ha contradicho la necesaria y dinámica relación que debe darse entre nuestra matriz doctrinal y los “signos de los tiempos”.

Afirmación 6: La democracia cristiana, consecuente con su identidad y dada la actual situación del país, debe optar por un programa de gobierno que, independientemente de quién lo lidere, debe retomar las transformaciones político-institucionales (básicamente una nueva Constitución) y las socio-económicas (cambios en la estructura productiva y reformas en las estructuras de poder económico: AFP, ISAPRES y empresas neurálgicas para el país)

Por si la afirmación anterior le pareciera a alguien muy general y/o demagógica, quisiera operacionalizarla más didácticamente en una selección de alternativas que nos plantea nuestra sociedad y que no podemos ni DEBEMOS soslayar.

Ud. se identifica u opta:

1. a) Por un mercado que tiene un rol omnipresente y que se sustenta en principios económicos que se transforman en dogmas y que deja al Estado reducido a una mínima expresión o b) Por un rol activo del Estado que regula y afecta el orden espontáneo del mercado y que redistribuye bienes, servicios y transferencias, en base a la solidaridad y el bien común y no dependiendo de la equivalencia aporte-beneficio.
2. a) Por mantener las privatizaciones de empresas neurálgicas o b) Por propiciar el control o participación del Estado y/o de los trabajadores en ellas
3. a) Por tener como fin superlativo y prioritario el crecimiento económico, sin importar para ello los medios (racionalidad instrumental) o b) (sin negar la importancia del crecimiento) Por poner énfasis en el cambio de estructuras productivas y de poder económico como medio esencial para lograr una sociedad más justa y equitativa (racionalidad sustantiva);
4. a) Por una sociedad económico-céntrica o b) Por una sociedad político-céntrica en que la política esté por sobre la economía. (La tensión es entre un neoliberalismo con predominio de la economía vs. una democracia con predominio de la política).
5. a) Por mantener una sociedad civil débil y por ende más “dócil” o b) Por crear espacios y procedimientos institucionalizados que permitan encauzar y acoger las demandas y aportes de la sociedad civil y de los grupos de más baja productividad.
6. a) Por dejar en manos del mercado y de la buena voluntad privada los derechos sociales inherentes a nuestro concepto de persona humana: a la salud, a la educación, a la seguridad social, a vivir en un ambiente adecuado y a proteger la naturaleza, a condiciones de trabajo digna y justas o b) Por reconocer constitucionalmente estos derechos y mandatar al legislador para que legisle al respecto
7. a) Por hacer modificaciones publicitarias y meros “maquillajes” en el sistema de las AFP o b) Por iniciar YA cambios sustanciales al sistema y a su racionalidad económica
8. a) Por dejar la legislación laboral tal cual quedó en la cercenada reforma laboral o b) Por proponer nuevos proyectos de ley que aseguren la protección y robustecimiento del movimiento sindical, de las negociaciones colectivas y los derechos laborales
9. a) Por una cultura que considera el consumo y el lucro como el móvil fundamental del progreso económico, el “chorreo” como el principio máximo distributivo, la competencia como ley suprema de la economía y la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto sin límites ni obligaciones sociales o b) Por una cultura que socializa los valores de solidaridad, responsabilidades comunes, función social de la propiedad y participación de las personas en los beneficios de la sociedad para así implementar sus talentos y proyectos de vida.
10. a) Por una educación severamente limitada en su acceso por el origen socio-económico, en que el destinatario principal sea el individuo y que en lo esencial entrega herramientas y valores individualistas y competitivos o b) Por una educación en la que se amplían las oportunidades para acceder a los diferentes niveles de ella a lo largo de la vida, de calidad, solidaria, con un amplio espectro de oferta gratuita y en que lo fundamental sea entregar valores comunitarios que permita el mejoramiento de la sociedad.
11. a) Por salarios mínimos que no alcanzan para las necesidades básicas y que no dicen relación con las ganancias de las grandes empresas ni con las distribuciones presupuestarias gubernamentales (el Estado es también empleador) o b) Por un salario mínimo-ético que se convierta en el indicador y verificador por excelencia de la mayor justicia social de nuestro sistema socio-económico.

Sinceramente pienso que, en torno a estas cuestiones concretas y algunas otras por cierto, se juega efectiva y verdaderamente nuestra mayor o menor coherencia con la identidad DC, así como nuestra visibilidad como organización política comprometida con el país y con los más necesitados.