Parlamentarios de la Nueva Mayoría decepcionados por cercenamiento de proyecto original
La iniciativa que durmió por casi cinco años en el Congreso logró ser aprobada en la Cámara de Diputados, luego que el Ejecutivo incluyera la fórmula de que las nuevas reglas solo afectarán a las pocas aguas que aún están disponibles para asignarse en Chile, aproximadamente un 10% del total, por lo que, respecto al 90% restante, la propiedad privada se consolida, al menos mientras no se logre aprobar una reforma constitucional que cambie la categorización del recurso. Dicho cambio no se ha logrado debido al fuerte lobby generado desde el mundo de la gran minería, agricultura y el sector hidroeléctrico, según denuncian parlamentarios de la Nueva Mayoría y activistas en defensa del agua.
Tras cinco años de tramitación, la Cámara de Diputados logró aprobar una iniciativa de ley que pretende reformar el Código Aguas. El proyecto, que fue propuesto inicialmente por un grupo de parlamentarios en el año 2011, debió ser reformulado y acordado al interior de la Nueva Mayoría con el Gobierno de Michelle Bachelet para lograr llegar a puerto. Esto, debido a que toca un tema sensible y con fuerte resistencia desde el sector productivo, la gran industria y el mundo agrícola del país.
La iniciativa, impulsada en esta etapa por el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, fue aprobada por 63 votos a favor y 32 en contra en la Cámara de Diputados. El proyecto tiene como principal objetivo reforzar el carácter de uso público del agua, definir nuevas formas de adjudicar los derechos de aguas y determinar una serie de condiciones para que los actuales propietarios mantengan la propiedad que se adjudicaron después que la Constitución de 1980 –y el Código de Aguas vigente, del mismo año– permitiera que los derechos de aprovechamiento de aguas ingresaran, como “propiedad privada”, al patrimonio de los favorecidos con su otorgamiento.
Las ideas matrices del proyecto de ley se concentran en la necesidad de reforzar el carácter de bien nacional de uso público del vital elemento, el reconocer las diversas funciones que este recurso puede cumplir, tanto a nivel social, de subsistencia, ambiental, así como productivo. También, busca generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal mínimo suficiente y, vinculado a ello, de ser necesario, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Además, establece, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, que es intransferible e intransmisible, y que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso, esto, con el fin de poner término a la especulación con derechos de aguas.
Estos principios de la reforma al Código de Aguas trajeron consigo un fuerte despliegue de las redes empresariales al interior del Congreso. Junto con ello, según denuncian parlamentarios de la Nueva Mayoría, lograron mover algunas piezas al interior del Ejecutivo, las que terminaron por “desdibujar”, en cierta medida, la iniciativa que ingresó el Gobierno a finales de 2014, y, asimismo, frenaron una serie de indicaciones que impulsaron parlamentarios oficialistas con el fin de fortalecer un proyecto que ha sido caracterizado como “blando”, por no tocar el centro del problema con una reforma constitucional.
De esta forma, se repite la historia de otros proyectos célebres de la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet, que se desdibujaron durante su tramitación en el Congreso, como las reformas Tributaria, al Código Laboral y la de Educación Superior (esta última, congelada en la Comisión de Educación de la Cámara). A juicio de la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, un factor que es constante en esta ecuación es el rol del Ministerio de Hacienda, y su mirada “neoliberal” de los proyectos impulsados por la Nueva Mayoría, posición que es apoyada por el senador Guido Girardi, quien asegura que esta perspectiva “más empresarial” se concentra en la Subsecretaría de Hacienda, dirigida por Alejandro Micco, que habría cumplido un rol de cortafuegos en la Comisión de Hacienda, al tramitar el proceso de reforma al Código de Aguas.
Por otro lado, los principales nudos de conflicto con la oposición y la gran empresa que se identificaron durante la tramitación de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados residen en un supuesto sentido “expropiatorio” de la iniciativa, toda vez que se cambiaría el régimen de asignación de los derechos de aguas a perpetuidad –determinado por la Constitución de 1980–, a uno “concesionado”, bajo una serie de reglas respecto a su debido uso, por un periodo de 30 años para los derechos consuntivos y de 20 años para los no consuntivos.
Esto, según los dirigentes del Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Agricultura, buscaría “expropiar” los derechos a otorgarse. Además, la posibilidad de que el Estado pueda “constituir reservas de aguas superficiales o subterráneas, sobre las cuales se podrán otorgar concesiones para la función de subsistencia”, abre un flanco para la “expropiación” de los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la ley, sin la retribución económica justa para los dueños de los derechos de aguas.
A pesar de los intentos de varios sectores de la Nueva Mayoría por que se cambie la actual situación de los recursos hídricos en el país, el proyecto tuvo una serie de altibajos en su tramitación en la Cámara. Distintos parlamentarios denunciaron una fuerte “campaña del terror” por parte de los sectores empresariales, principalmente desde la gran minería, agricultura y el sector hidroeléctrico. Una serie de insertos en periódicos de circulación nacional advertían de la visión “expropiatoria” de la reforma y de los posibles problemas que podría acarrear a los pequeños propietarios, principalmente agricultores.
Cabe destacar que la distribución de los derechos de aguas es bastante elocuente respecto a los intereses cruzados en la materia. En la actualidad, la propiedad de estos derechos, en un país que cuenta con un 40% del territorio con declaraciones de escasez hídrica, se divide en un 73% de los derechos consuntivos (que pueden consumirse) destinados al uso agrícola; un 9% a minería; 12% a la industria y solo un 6% a consumo humano y sanidad. Por otra parte, los derechos no consuntivos (que deben devolverse al cauce una vez utilizados) se destinan mayoritariamente a la generación de energía eléctrica.
Los principales actores que participaron de las discusiones en las comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos y Hacienda fueron ONG, agrupaciones de activistas en defensa del agua, como la Red Comunal por la Defensa del Agua de Canela, Fundación Terram, también dirigentes del pueblo mapuche en Lumaco y del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima), los que se concentraron en la Comisión de Recursos Hídricos. Por otra parte, en la Comisión de Agricultura tuvieron una fuerte presencia distintas agrupaciones y asociaciones de canalistas (propietarios y usuarios de derechos de aguas), además de dirigentes de juntas de vigilancia, las que –según distintas organizaciones de defensa del agua– actuaron como un “canal” para ampliar la argumentación de los sectores de la gran industria y la agricultura, así como del sector minero a gran escala.
Desde el mundo empresarial, cabe destacar que una constante en las tres comisiones fue el nombre de Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien además preside la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de O’Higgins, razón por la que expuso en nombre de esta última organización en la Comisión de Agricultura. El principal argumento de Crespo se centró en el supuesto sentido “expropiatorio” de la reforma y, amén de sus visitas a la Cámara, escribió una serie de columnas y realizó un sinfín de intervenciones públicas con el fin de evidenciar la oposición de su gremio al proyecto en trámite. Además de Crespo, asistieron a exponer Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, quien, a pesar de oponerse directamente a la esencia del proyecto, hizo ver el rechazo a la inclusión de las aguas de los mineros al proyecto y las nuevas atribuciones que tendrá la Dirección General de Aguas (DGA).
Pero quienes más llamaron la atención fueron los ex directores de la Dirección General de Aguas (DGA): Rodrigo Weisner, Francisco Echeverría y Matías Desmadryl, quienes presentaron una abierta oposición a la iniciativa del Ejecutivo.
Echeverría es abogado de la firma “H2O Abogados”, dedicada al rubro de los conflictos por otorgamiento de derechos de aguas; ejerció en la DGA durante el Gobierno de Sebastián Piñera, al igual que Desmadryl, quien es profesor de Derecho de Aguas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio de “Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia Abogados” y especializado en casos de derechos de aguas y energía, según consta en la página del referido estudio.
Un nombre que causó particular molestia entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría fue el de Rodrigo Weisner, quien ostentó el cargo de director de la DGA en el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Weisner está registrado bajo la Ley de Lobby como gestor de intereses de la Hidroeléctrica Trueno S.A. y de la Junta de Vigilancia Río Choapa, y es reconocido por su vinculación al mundo del agua. Asimismo, trabaja para el empresario Andrónico Luksic y es cercano al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (DC), a quien defiende por la acusación de usurpación de agua en la comuna de Petorca, azotada brutalmente por la escasez hídrica.
El abogado asegura que el proyecto de ley tiene una serie de fortalezas, como por ejemplo el hecho de que exime de exigencias para obtener los derechos de aguas del sector rural, abre una discusión jurídica respecto a la naturaleza jurídica del recurso en estado sólido, determina que este en cualquiera de sus estados se constituye como un bien de uso público y por primera vez en Chile se define que el agua tiene distintos fines, no solo consuntivos o no consuntivos. Pero, también, una serie de desventajas, que han sido las que ha expuesto ante los parlamentarios. Entre ellas, que “quita funciones muy importantes a las organizaciones de usuarios de aguas, por ejemplo a las organizaciones de vigilancia”. Asegura que hay normas inconstitucionales y “por mucho que a uno le puedan gustar, por ejemplo, el tema de la caducidad es inconstitucional”. Además, critica la aplicación retroactiva de caudales mínimos ecológicos.
Respecto a las críticas a su rol en las exposiciones, Weisner dice que no entiende la lógica de que “después de haber pasado por el Estado debo aprobar todos los proyectos que vienen después y esa es una argumentación triste, carente de toda racionalidad”.
En la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara, la primera valla de entrada se dio respecto a la constitucionalidad del proyecto. Se determinó “reserva de constitucionalidad” para los incisos que definen tiempo de caducidad para los derechos otorgados en un margen de 20 a 30 años; para el cambio del concepto de “propietario” a “titular” en relación con aquellos que obtengan y hayan obtenido derechos de aguas y, finalmente, para el derecho de “reservar el recurso (hídrico) para satisfacer los usos de la función de subsistencia o para fines de preservación ecosistémica” por parte del Presidente de la República, quien además, “por circunstancias excepcionales y de interés nacional, podrá disponer la denegación parcial o total de solicitudes de derechos de aprovechamiento, sean éstas para usos consuntivos o no consuntivos”, como detalla el informe de la comisión.
Rodrigo Weisner respaldó la crítica a la constitucionalidad del proyecto, al tiempo que recordó que “cuando se pretendió establecer la caducidad de los derechos de aprovechamiento el año 1992, se estimó que ello era inconstitucional, por vulnerar el derecho constitucional de propiedad”. Según la exposición del abogado en la comisión, la iniciativa del Ejecutivo podría “hacer revivir la discusión constitucional, porque reitera que las aguas tienen la condición de bienes nacionales de uso público, pero además reconoce las distintas dimensiones del agua e incorpora el deber del Estado de garantizar el acceso a estas funciones”, nudo de conflicto que profundizó en sus exposiciones siguientes.
Por su parte, el ex DGA Francisco Echeverría se detuvo en las prioridades de uso del agua y en cómo el Ejecutivo podría definirlas. Agregó que una “eventual nacionalización de las aguas” no es la solución para los problemas reales, la escasez hídrica que vive el país y el sobreotorgamiento de derechos. A su juicio, «lo que se requiere son adecuadas políticas públicas para desincentivar la especulación con los derechos de aguas”, indica el informe de la comisión.
En esta comisión hubo tres cambios –incluidos por parlamentarios– que trajeron consigo gran resistencia en las siguientes comisiones, principalmente desde el mundo empresarial y la bancada de oposición. Estos fueron la inclusión en la regulación de derechos hídricos subterráneos a las denominadas aguas del minero, punto esencial, ya que, de acuerdo al Catastro Nacional de Aguas, 58.011 corresponden a Derechos de Aguas superficiales y 50.370 a Derechos de Aguas subterráneas.
Además, las diputadas Girardi y Provoste, junto a Matías Walker, pidieron incluir en las aguas reservadas para consumo humano las ubicadas en territorio indígena: “El Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, plantea la indicación que causó distintos resquemores, principalmente porque consolida el nexo entre tierra y agua, como lo era antes del actual Código de Aguas dictado en 1980, aunque sea de forma acotada.
Respecto a las aguas del minero, la indicación ingresada inicialmente por los parlamentarios Carvajal, Girardi, Provoste, Lemus y Núñez define la necesidad de que, en caso de que una faena minera encontrase agua, debe informar a la DGA para que esta otorgue o deniegue el permiso correspondiente, además, también determina que el uso y goce de las aguas se extenderá solo durante el periodo de faena.
En la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, quienes protagonizaron las principales exposiciones fueron representantes del mundo agrícola. Según diversas organizaciones sociales en defensa del agua, las presiones desde la gran agricultura se canalizaron a través de las exposiciones de dos tipos de organizaciones de usuarios: juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas. Las críticas provenientes desde este sector apuntaron al carácter “expropiatorio” de la reforma y a las “excesivas atribuciones” que se entregan a la Dirección General de Aguas.
El presidente de la Asociación de Canalistas del Melado, Región del Maule, Carlos Diez, señaló que la iniciativa legal “llevaría a una confiscación y privación de los derechos de agua, pues se establecen hipótesis de extinción y caducidad de los mismos, a su juicio, abiertamente inconstitucionales, las que privarían del derecho de propiedad a quienes no hubieran inscrito sus títulos en el Conservador de Bienes Raíces”, detalla el informe de la comisión.
Por su parte, los representantes de las juntas de vigilancia del río Longaví, Tinguiririca, del Río Maule, agregaron que “se han sobredimensionado las atribuciones entregadas a la DGA”, las cuales “no corresponden”. Sumaron a ello que la iniciativa entrega incertezas respecto al futuro del agua en el país y que se pone en juego “el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente”. Ante esto, desde la DGA sostuvieron que “la crítica sobre inconstitucionalidad es ideológica” y que “no existe ninguna norma que signifique de algún modo una confiscación de derechos”, pero que ante la disyuntiva será el Tribunal Constitucional (TC) el que resolverá.
El presidente de los Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, expresó su preocupación por el diseño del proyecto, principalmente por las atribuciones de la DGA. A juicio de Sanhueza, “gran parte de las situaciones problemáticas actuales se originan a partir de omisiones, ineficiencias y/o incapacidades materiales, económicas y humanas de dicha repartición”, según consigna el informe de la Comisión de Agricultura.
Una intervención que llamó la atención fue la del director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, quien expuso en su calidad de presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de O’Higgins, ya que fue la federación la invitada, explicaron a El Mostrador desde la agrupación. Allí, por medio de una larga exposición, presentó sus reparos. Crespo señaló que el proyecto de ley establece “el cambio de la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas”, al cual considera contrario a la Constitución Política, basándose en el informe en Derecho elaborado por los abogados de la firma Colombo y Navarro. Estos profesionales también expusieron en la comisión y, además, hicieron pública su posición en una columna publicada en El Mercurio el 22 de noviembre pasado, mismo día en que la Cámara votó el proyecto.
Siguiendo esta línea, el abogado Juan Colombo indicó, en su intervención ante la comisión, que es necesario entender que “las aguas dejan de ser bienes nacionales de uso público y pasan a ser de propiedad privada cuando, haciéndose uso del derecho de aprovechamiento, se las extrae (…). La expresión ‘derecho’ cubre el derecho de aprovechamiento y cubre las aguas que emanan de ese derecho”. Además, el abogado Enrique Navarro advirtió que la modificación del Código de Aguas “producirá un escenario de judicialización de los conflictos de las aguas, tal como ocurre actualmente en otros ámbitos regulatorios”.
Mientras el proyecto iba tomando cuerpo y avanzando en indicaciones que no habían sido incluidas originalmente por el Ejecutivo, las alarmas al interior del Ministerio de Hacienda se encendieron y, según fuentes cercanas a la cartera, se activó “un plan que incluía la acción directa de abogados especializados” para poder frenar las medidas que habían generado mayor resistencia en el mundo empresarial y de la gran agricultura.
Se escogió a la Comisión de Hacienda como el escenario para la jugada, por ello fue una de las instancias que más complicaciones trajo entre un sector de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y el Ejecutivo. De esta forma, además de la fuerte arremetida que tuvieron el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura y los ex directores de la DGA, Rodrigo Weisner y Matías Desmadryl, hubo un cambio de timón desde el Gobierno, junto con la abierta crítica desde el Ministerio de Hacienda, a través del subsecretario Alejandro Micco, a muchas de las iniciativas incluidas en las dos comisiones anteriores.
Los principales nudos identificados fueron la crítica a una posible “retroactividad” de la reserva a caudales definidos como ecológicos, el resguardo a las aguas incluidas en territorio indígena, la extensión de los requisitos para otorgamiento de derechos a las aguas subterráneas, la inclusión de las aguas del minero en el proyecto, y la reserva de constitucionalidad para el proyecto en casi su totalidad.
Según el informe de discusión emanado desde la comisión, el subsecretario Micco señaló que “durante la tramitación del proyecto han surgido diversas modificaciones que representan cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo, particularmente en cuanto al planteamiento de usos específicos que, de alguna forma, elimina la lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.
Agregó que “se ha generado una integridad entre tierra y derecho de aguas para las comunidades indígenas, lo cual puede generar implicancias negativas que deben ser revisadas” y asumió la crítica de la gran minería, al sostener que “los caudales ecológicos mínimos han tenido alguna señal de retroactividad en la formulación que debe ser analizado”. Además, indicó que las medidas para las aguas del minero “tienen una operatividad poco efectiva, en términos que requiere solicitar un permiso específico a la DGA, tratándose de una situación que requiere ser resuelta en el cortísimo plazo”.
El director de la DGA, Carlos Estévez, se sumó a la mirada de Micco y manifestó que le preocupaba la “aplicación retroactiva de un caudal ecológico”, el traspaso de las “aguas del minero” a un sistema de concesiones administrativas, ya que “introducía un resquicio para la especulación, vía oposiciones” y “la imposibilidad de cambiar el uso sin permiso de la administración”.
Intervenciones que prendieron las alarmas entre diputados oficialistas de las comisiones de Agricultura y de Recursos Hídricos y Desertificación. El diputado Daniel Núñez (PC) reconoce que fue “uno de los momentos más tensos” de la discusión, al tiempo que asegura que, previo a la intervención del subsecretario de Hacienda, los diputados UDI indicaron que habían llegado a un acuerdo con la cartera para “hacer cambios al proyecto”. “Pregunté en la comisión qué acuerdos, porque nadie más lo conoce, y allí Micco echa pie atrás y no informa nada (…). Me queda la percepción de que en el Gobierno había gente que no estaba convencida de esta reforma, y quería echar para atrás algunos puntos importantes”, indica.
Según el senador Guido Girardi (PPD), en la Comisión de Hacienda se cruzaron los intereses del mundo empresarial, apoyados por parlamentarios de oposición, con la visión “neoliberalizada del Ministerio de Hacienda”, posición que es respaldada por la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien asegura que el actuar del ministerio de Rodrigo Valdés “no es un hecho aislado”, sino que un actuar recurrente de la cartera, “que parece ir en disonancia con lo que propone el Gobierno de la Presidenta Bachelet”.
Para el senador Girardi, la forma de operar de Hacienda respecto a la Reforma del Código de Aguas es una constante y no un hecho aislado. “Yo pienso que una parte del Ministerio de Hacienda está totalmente capturada por un ideologismo neoliberal”. El parlamentario afirma que la misma defensa de los intereses del mundo empresarial ha ocurrido en otros proyectos de ley, como la nueva legislación respecto a medicamentos, las leyes del tabaco y de etiquetado de alimentos.
Desde la oposición aseguran que el proyecto tenía “incertezas jurídicas” que fueron reconocidas tanto por el ministro Valdés como por el subsecretario Micco. El diputado UDI Javier Macaya añade que “Micco es de las personas más críticas de la reforma que salió de la Comisión de Recursos Hídricos, eso es cierto”.
La cartera de Hacienda señaló a El Mostrador que la indicación ingresada a fines de 2014 fue “suscrita, por el Ministerio de Hacienda”, y que en el debate que se dio en la Comisión del sector, dicho ministerio “ratificó la convicción de avanzar en esta materia y también mostró su preocupación sobre puntos específicos que aparecieron durante la tramitación del proyecto y que consideraba perfectibles”.
De acuerdo al Ministerio de Hacienda, dichas preocupaciones “fueron compartidas por todo el Ejecutivo, por lo cual se procedió a perfeccionar estos puntos específicos durante el trámite legislativo”, por lo tanto, habría contado con el respaldo del Gobierno para realizar los cambios criticados por parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Por otra parte, hasta la Comisión de Hacienda llegó Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, quien destacó el carácter estratégico que tiene el agua para la minería y puntualizó que “no advierte problema en que se establezca una extinción de derechos por no uso”, pero sostuvo que durante la discusión del proyecto “surgieron varias imprecisiones, contradicciones y disposiciones inconvenientes que espera sean subsanadas”. Respecto de las Aguas del Minero, explicó que representan solo el 9% del total de extracciones de agua en minería, por lo que ve inconveniente en la solicitud de autorización de uso a la DGA, “dado que se convertiría en una limitación adicional a las que establecen las RCA, lo que puede atentar contra la viabilidad de algunas faenas. Mientras la DGA resuelve la autorización”.
El vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, ex alto funcionario de la administración de Piñera, aseveró que la reforma introduce “incertidumbres” que generan un impacto relevante para la operación del sistema y el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos, junto con indicar que se pone en riesgo “la concreción de una matriz de generación más renovable, y la electricidad necesaria para un mayor desarrollo económico y social de Chile”.
El presidente de la SNA, Patricio Crespo, se centró en las discrepancias de índole constitucional. Según el dirigente gremial, el “proyecto en su origen pretendía modificar la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento, que es un derecho real perpetuo, deviniendo este en una forma de concesión temporal caduca”. Además, señaló que la iniciativa supone “una expropiación que desata la obligación de indemnizar y cuyo impacto fiscal se estima del orden de 17 mil millones de dólares”. Misma línea que expuso hace un par de semanas en el seminario «Desafíos de las aguas en Chile: ¿Hacia dónde vamos?”, organizado por CLAPES UC. “Se producirá una pérdida patrimonial para los agricultores que hará caer en 40% el valor de las propiedades (equivalente a US$ 13 mil millones)”, expresó en la instancia.
[cita tipo=»destaque»]Se escogió a la Comisión de Hacienda como el escenario para la jugada, por ello fue una de las instancias que más complicaciones trajo entre un sector de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y el Ejecutivo. De esta forma, además de la fuerte arremetida que tuvieron el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura y los ex directores de la DGA, Rodrigo Weisner y Matías Desmadryl, hubo un cambio de timón desde el Gobierno, junto con la abierta crítica desde el Ministerio de Hacienda, a través del subsecretario Alejandro Micco, a muchas de las iniciativas incluidas en las dos comisiones anteriores.[/cita]
Respecto al gasto de la Reforma al Código de Aguas propuesta por el Ejecutivo, el informe técnico de la comisión determinó que la iniciativa tiene un impacto financiero de $ 2.750 millones de pesos. Al respecto, el Ejecutivo señaló que no se incluyen costos por las expropiaciones nombradas por Crespo, ya que “no son parte del proyecto de ley”. Pero, con el fin de aminorar las críticas, ingresó una indicación que definió que el mayor gasto fiscal se concentra durante el primer año del proyecto, el que se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas, y con cargo a los recursos de la partida presupuestaria, al igual que en los años posteriores.
A pesar de que el mensaje presidencial del proyecto señala que el principal objetivo del mismo es velar por que la declaración de que “las aguas son bienes nacionales de uso público” no sea letra muerta, el destino de la iniciativa parecía estar sentenciado desde antes de su ingreso al Congreso.
Según señalan fuentes cercanas al proceso de tramitación, tras una reunión especial de los parlamentarios oficialistas con el Ejecutivo, en el año 2014, se definió que originalmente “lo que se buscaba al interior de la Nueva Mayoría era la derogación del artículo 19, numeral 24 en la Constitución Política del 80, que establece la propiedad privada de las aguas”, ante cuyo objetivo un legislador presente sostuvo que no era posible obtener los suficientes votos para derogar el artículo y que la única forma de eliminar permanentemente la propiedad privada de las aguas era concesionando a “crédito a 20 o 30 años respectivamente solo para el 10% de las aguas que quedan restantes”, fórmula que finalmente llegó hasta la Cámara y fue aprobada por mayoría de diputados.
La fórmula de concesiones con posibilidad de caducidad para las aguas que aún no se otorgan no logra apuntar al problema de fondo del sistema de otorgamiento de derechos del recurso en Chile. De acuerdo al senador Girardi, el principal impedimento es la Constitución de 1980, la cual establece al agua como un derecho de propiedad otorgado a privados. El parlamentario señala que al cambiar el Código de Aguas no se cambia la Constitución y que “sin este cambio es imposible avanzar en una legislación que reconozca al agua como un derecho de uso público”, sentencia.
Además de este punto central que logra anular casi en su conjunto la propuesta de reforma, existen otras disposiciones que fueron aprobadas y que parecen no significar el gran avance que anunció el ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga. El hecho de que la nueva legislación se extienda a solo un 10% de los derechos de aguas del país determina que se mantendrá un “mercado de un derecho fundamental”, señala el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca. A juicio del dirigente, un flanco que deja abierto el proyecto es “la restitución de la propiedad del agua al derecho de la tierra”. Pese a que se intenta avanzar en este punto por medio de la protección del recurso en territorio indígena, el dirigente enfatiza que “el principal problema que tienen los pequeños agricultores es que se separa la propiedad del agua del de la tierra”.
Por otra parte, respecto a la restitución desde un 20% a un 30% de los caudales ecológicos para los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, que han sido destinados por años principalmente a la hidroelectricidad, no se explica “cómo se restituyen estos derechos de aguas en las más de 100 cuencas hidrográficas agotadas”, agrega Mundaca.
Para el diputado Núñez (PC) uno de los principales puntos problemáticos es la anulación de “la posibilidad de establecer reservas de agua subterránea para uso de subsistencia”, esto, debido a que el agua subterránea constituye casi un 45% de los derechos de identificados del vital elemento.
Los parlamentarios de la Nueva Mayoría esperan que el proyecto ingrese al Senado a la brevedad, y que el Ejecutivo le otorgue suma urgencia, para que pueda ser votado finalmente en junio o julio de 2017, antes de las elecciones presidenciales. Pero desde el Ministerio de Hacienda señalan que “el Gobierno se tomará los tiempos necesarios para poder analizar y discutir en profundidad aquellos temas que aún susciten dudas”.
El senador Girardi explicó que, junto a otros senadores de la Nueva Mayoría, ha impulsado una reforma constitucional para establecer al agua como un derecho de uso público y, de esta forma, evitar que los necesarios cambios en el Código de Aguas choquen con la Constitución vigente, camino que se ve difícil de transitar debido a las distintas críticas que se han levantado desde su discusión en la Sala del Senado.
