Múltiples conflictos de interés ponen en el foco los privilegios de juristas que son casi inamovibles
Rodrigo Quintana (PS), que ocupa el cargo de consejero desde el 2006, tiene un historial que habla por sí solo: desde el 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado. Si bien goza de un sueldo de al menos $7,6 millones por el cargo que es nombrado por el Presidente de la República (y mantenido hasta los 75 años), Quintana, al igual que sus pares, defiende los privilegios que ostentan, como por ejemplo, la posibilidad de formar sus propios estudios jurídicos e integrar directorios de empresas. (*)
Los conflictos de interés son el pan de cada día al interior del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que, por ley, debe defender los intereses y patrimonios fiscales. Sus miembros, por su parte, son nombrados directamente por el Presidente de la República.
Si bien el presidente del consejo tiene prohibido “ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios”, esto no se aplica para los otros 10 abogados que forman parten del consejo. Ellos sí están autorizados para ejercer, privadamente, la profesión, pudiendo incluso integrar directorios de empresas y formar sus propios estudios jurídicos (esto, a pesar de que el sueldo de un consejero del CDE oscila entre los $7,6 y 7,9 millones), informa La Tercera.
Uno de los casos más claros de este conflicto es el de Rodrigo Quintana (PS), que ocupa el cargo de consejero desde el 2006 (nombrado por el ex Presidente Lagos). Su historial habla por sí solo: desde el 2011, el abogado es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado.
Ejemplo de esto es que BMAJ asesoró a la empresa Mitsui & Co en la disputa entre Anglo American y Codelco, y por la cual –cabe decir– el Senado pidió la intervención del CDE. En este caso, Quintana representó a Mitsui en 2012.
Además, los casos Inverlink, SQM y La Polar formaron parte del repertorio de las causas que tramitaron, así como representan a Exeter, minera que amenaza con una cuantiosa demanda al Fisco.
Los antecedentes de Quintana siguen: también es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción (una de las principales y más influyentes agencias de lobby del país, encabezada por Enrique Correa). Imaginacción, por ejemplo, asesoró a Hendraya S.A., que es investigada por la Fiscalía Oriente por obtener licitaciones con un sobreprecio de $5.000 millones para el Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, caso en el cual el Consejo de Defensa del Estado es querellante. Hendaya, asimismo, está vinculada a BMAJ.
En su defensa, Quintana argumentó que “Bofill Mir & Alvarez Jana está dividido en grupos según la materia. Yo formo parte del equipo de litigios, en el que prácticamente no existen asuntos en los que intervenga el CDE, salvo dos casos pro bono en materia de responsabilidad sanitaria. En esos casos, naturalmente, me inhabilito”.
“Rspecto de Imaginacción, soy miembro del directorio de la empresa de comunicación estratégica. No puede haber ningún tipo de conflicto de interés con el CDE, y si llegara a producirse me inhabilitaría y me abstendría de participar”, agregó.
Y si bien dice que “en relación con Imaginacción Comunicación Estratégica, según me ha informado la gerencia general, Hendaya no es uno de sus clientes, por lo que no puede haber conflicto de interés”, el dato es contradictorio con la declaración del gerente general de Hendaya, Alberto Carvajal, y del abogado de la empresa, Ignacio Ried, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del 15 de junio de 2016. Ambos indicaron que contrataron la asesoría de Imaginacción en materia de comunicación estratégica.
Es importante señalar que el proyecto de ley que busca regularizar esta situación, exigiendo exclusividad en el trabajo de los consejeros del CDE (quienes se retiran a los 75 años y solo pueden ser removidos con el acuerdo del Senado, lo cual se traduce en una suerte de «cargo vitalicio), se encuentra “durmiendo” en el Congreso. La medida, según dicen, es resistida al interior del mismo consejo, quienes no quieren perder sus privilegios.
Por último, los otros casos que ejemplifican este conflicto son el de Paulina Veloso (PS), consejera desde el 2005; Juan Ignacio Piña (ind pro RN), presidente CDE desde 2014; y Clara Szczaranski (independiente), consejera desde 1994.
(*) N de la R: Posterior a la publicación de esta nota, cuya información original fue publicada en el diario La Tercera, Imaginaccion Comunicación Estrategia envió carta aclaratoria al director, señalando que «el Sr. Rodrigo Quintana no ejerce cargo ejecutivo en la compañía. Su participación se limita al directorio. Dentro de la cartera de Imaginaccion Comunicación Estratégica no hay clientes en litigios con el Consejo de Defensa del Estado».
