En dicho inserto se afirma «que en la zona de la Araucanía ya no impera el Estado de Derecho»
«¿Qué dirían esos mismos gremios si, a pretexto de la colusión de los precios y los abusos a los consumidores que algunos empresarios practican, un grupo de ciudadanos pagara un inserto acusando al Estado de no cumplir la Constitución por no impedir mediante la fuerza la colusión reiterada? ¿Qué dirían si esos ciudadanos citando los abusos de las empresas farmacéuticas o de los pañales, denunciaran ante el público la no existencia del Estado de Derecho? Con toda razón la Sofofa diría que las reglas obligan al Estado a probar, ante los jueces, la responsabilidad individual antes de actuar. Y si dijeran eso cuando ellos fueran los acusados, ¿por qué tienen el atrevimiento insólito -la increíble tontería- de olvidar esos principios cuando se trata de La Araucanía?», reflexiona el rector de la UDP.
El inserto de la Sofofa, publicado el pasado miércoles en el diario La Tercera -y cuya tesis era que en la zona de La Araucanía ya no impera el Estado de Derecho y que, por lo tanto, el Gobierno no está cumpliendo con su deber de respetar la Constitución- fue el motivo de reflexión del columnista Carlos Peña, quien no dudó en calificar el hecho como «una de las cosas más insólitas del último tiempo».
«Es difícil imaginar cómo un grupo de gremios pudo convenir -y luego pagar para que se publique- una tontería mayor», reflexiona el rector de la UDP, aclarando que una cosa es emitir opiniones sobre, por ejemplo, el diseño de políticas públicas, pero «otra cosa muy distinta es efectuar diagnósticos pretenciosos y exagerados sobre el funcionamiento del Estado en su conjunto».
Y argumenta del siguiente modo: «El Estado de Derecho -debieron informarse esos dirigentes gremiales antes de mal dictar el inserto- no consiste en la disposición de los órganos del Estado de poner en inmediato movimiento el monopolio de la fuerza o restringir las garantías de los ciudadanos cada vez que se verifiquen delitos reiterados. El Estado de Derecho no equivale, en otras palabras, al Estado fuerte y rápido que esos sectores empresariales (al igual que una parte de la derecha que aplaudió a la dictadura) anhelan, sino que el Estado de Derecho es simplemente el Estado sub lege, un Estado cuyas agencias, policía, militares, jueces y funcionarios, se conducen de acuerdo a lo previsto en reglas», publica El Mercurio.
Más adelante, Peña recalca el hecho de que uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es el principio según el cual «nadie es responsable de acto alguno en razón de la etnia a la que pertenece, la ideología que esgrima, el pasado que muestre o los prejuicios que sobre él pesen» e insiste en que las reglas del Estado de Derecho «obligan a al Estado a delegar en los jueces el señalamiento de los responsables de delitos».
Luego, para reducir aun más el sustento argumentativo del inserto de la Sofofa, pregunta: «¿Qué dirían esos mismos gremios si, a pretexto de la colusión de los precios y los abusos a los consumidores que algunos empresarios practican, un grupo de ciudadanos pagara un inserto acusando al Estado de no cumplir la Constitución por no impedir mediante la fuerza la colusión reiterada? ¿Qué dirían si esos ciudadanos citando los abusos de las empresas farmacéuticas o de los pañales, denunciaran ante el público la no existencia del Estado de Derecho? «.
«Con toda razón la Sofofa diría que las reglas obligan al Estado a probar, ante los jueces, la responsabilidad individual antes de actuar. Y si dijeran eso cuando ellos fueran los acusados, ¿por qué tienen el atrevimiento insólito -la increíble tontería- de olvidar esos principios cuando se trata de La Araucanía», agrega.
Por último, el doctor en filosofía destaca que «no es la falta del Estado de Derecho (como afirma ese inserto de diseño fúnebre) sino su presencia la que hace al Estado más lento y más dificultoso», puntualizando que dicha lentitud y esa dificultad «es el precio que los ciudadanos (incluidos cada uno de los que firmaron el inserto) pagan porque su libertad personal no esté entregada al arbitrio del Estado».
