Provincia declarada zona de catástrofe hídrica desde 2008
La comuna, emblemática a la hora de hablar de conflictos hídricos por sobreotorgamientos de derechos y acusaciones de usurpación de aguas, enfrenta una nueva batalla en torno a este recurso: desde hace unas semanas y en medio de un caluroso verano, los camiones aljibe –que por años han sido la única vía de cientos de personas para acceder al vital elemento– llegan en menor cantidad, como consecuencia de una serie de medidas impuestas desde la Subsecretaría del Interior. Situación que ha encendido como pasto seco en una zona marcada por la pobreza y las paradojas de un Código de Aguas que hace rato está siendo cuestionado. [Actualizada]
Que las autoridades no los dejen botados. Que hagan más visitas a terreno porque detrás de un computador no se ve la realidad de las personas y, sobre todo, que no les restrinjan aún más la dotación de camiones aljibe que, para los 57 habitantes de la localidad El Bronce, es la única forma de abastecerse de agua.
Ana Varas, de 26 años, hizo este llamado minutos antes de que se exhibiera el lunes la pieza audiovisual “Secos”, en el Salón Cultural de la Municipalidad de Petorca, que relata la precaria situación hídrica que viven diversos sectores de Chile a causa del otorgamiento de derechos de agua y de usurpación. Una historia que en Petorca viven en carne propia hace al menos una década y que ha incidido directamente en las condiciones de vida de cientos de personas, muchas de las cuales solo tienen acceso al agua a través de camiones aljibes contratados por el Estado.
Por eso un oficio enviado el 18 de agosto pasado por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha generado fuerte rechazo en la zona, pues en la práctica los nuevos requisitos para la solicitud de recursos de emergencia, asociados al déficit hídrico a nivel nacional detallados en el documento, han significado que muchas familias vean mermado aún más su ya escaso acceso al agua.
El oficio de Aleuy –en el que según la Subsecretaría del Interior trabajó un equipo asesor de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencias– detalla que por un período mayor a seis años el país ha enfrentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%, y que, en ese contexto, desde 2010 y a través de los recursos de emergencia administrados por la señalada subsecretaría, se ha financiado el acceso de agua potable para consumo humano de quienes habitan los lugares donde la situación ha tenido mayores impactos.
La indicación gubernamental cambia las reglas del juego a la hora de la entrega de agua a los afectados a nivel nacional, puesto que señala que se financiarán con recursos de emergencia “solo aquellas solicitudes que tengan relación con situaciones de déficit hídrico cuyo fundamento sea la falta de precipitaciones”, lo que deberá estar respaldado por una declaración estatal. En el caso de Petorca, esto aplica porque La Provincia ha sido declarada como zona de catástrofe hídrica ininterrumpidamente desde 2008.
Además, se exige que cada beneficiado rellene una Ficha Básica de Emergencia (FIBE), lo que ha sido bastante complicado, ya que los afectados están en zonas rurales de difícil acceso.
La encargada de la Oficina de Asuntos Hídricos del municipio, Carolina Vilches, explica que, además del difícil acceso “para poder aplicar estas encuestas, la municipalidad va en horarios de trabajo, y obviamente quedan personas afuera que trabajan. El problema es que el que no se alcanzó a encuestar, no tendrá agua: se está condicionando un derecho humano básico a una encuesta”.
[cita tipo=»destaque»]La escasez de agua en la comuna de Petorca ya no se vive como una emergencia. Es parte de la vida de una serie de localidades donde hay personas que dependen de los camiones aljibe para acceder a ella: Valle Los Olmos, El Bronce, Quebrada de Castro, Palquico, Calle Larga, Las Palmas, Frutillar, El Manzano y El Francés. No hay datos exactos, pero en el municipio calculan que unas mil personas de estos lugares hoy tienen la mitad del agua que tenían antes del oficio de Aleuy.[/cita]
Además de la encuesta, ha sacado ronchas otro de los anuncios: la rebaja de 100 litros de agua diaria por persona que se entregaban normalmente, a solo 50 litros.
El llamado de Ana Varas, antes de la exhibición de la filmación, estaba justamente relacionado con estas medidas. La presidenta del Comité de Agua Potable Rural de El Bronce y el Durazno Unidos, explica que la única forma de abastecerse de agua en su localidad es a través de camiones aljibe y que –hasta el oficio 18.087 firmado por Aleuy– eran enviados por la gobernación tres veces por semana, repartiendo suficiente agua para la comunidad e, incluso, para “que los animalitos, como las cabras, tomaran agua”.
Pero, relata Ana, desde fines de diciembre solo viene un camión a la semana, “entonces ya no alcanza, en mi casa a veces nos quedamos sin agua a mitad de camino, varios días antes de que venga el camión otra vez. Es desesperante”.
La escasez de agua en la comuna de Petorca ya no se vive como una emergencia. Es parte de la vida de una serie de localidades donde hay personas que dependen de los camiones aljibe para acceder a ella: Valle Los Olmos, El Bronce, Quebrada de Castro, Palquico, Calle Larga, Las Palmas, Frutillar, El Manzano y El Francés. No hay datos exactos, pero en el municipio calculan que unas mil personas de estos lugares hoy tienen la mitad del agua que tenían antes del oficio de Aleuy.
En la provincia de Petorca también hay otras comunas afectadas con esta situación, como Montegrande de Cabildo y Valle Hermoso.
Por eso la medida de la Subsecretaría del Interior, que no fue discutida con los municipios, complica la vida diaria de los habitantes de la zona.
Para Hernán Díaz, presidente del comité de Agua Potable Rural El Manzano, el tema “nos tiene preocupadísimos. En este momento con el agua que tenemos hay que gastar muy poca para cada cosa. La medida nos ha afectado caleta, ya que dependemos solo de los camiones aljibe para tener agua”.
El dirigente, que nació hace 56 años en El Manzano, detalla que en otros tiempos “teníamos harta agüita de la vertiente que alimentaba a la población, y no teníamos problemas. Estaba la vertiente El Cañón, Paso El Manzano, agua del Pejerrey, agua de Los Canelos. Pero todas se perdieron con estos 10 años de sequía. En 2004 o 2005 empezaron a desaparecer y empezaron nuestros problemas”.
A partir de eso, ya no hubo otra fórmula para continuar sus vidas que con los camiones aljibe, “que eran tres a la semana. Ahora son dos. Ya estábamos cortos con eso, ahora imagínate (…) las autoridades no tienen problemas cuando llegan a su casa, pero nosotros sufrimos las consecuencias”.
Alicia Cebrian, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, señala que el objetivo del oficio es “regular la entrega de agua a personas afectadas por déficit hídrico, situación que ocurre en Petorca. No obstante lo señalado, tanto en esa provincia, como en otras localidades del país se constata que hay situaciones de personas que no disponen de agua potable, pero por problemas distintos del déficit hídrico”.
Cebrian detalla que “por ejemplo, hemos conocido casos en la misma comuna, en donde hay Sistemas de Agua Potable Rural (APR), en que algún equipamiento, como una bomba, se ha descompuesto y solicitan la provisión a través de un camión aljibe, a pesar de que sí disponen de agua. En algunos lugares se dispone de agua potable, pero se ha constatado que el agua tiene problemas de calidad. En otros casos hay personas que, estando dentro del área concesionada de una empresa sanitaria, no han pagado su tarifa por varios meses y se les cortó el suministro; son personas que también están recurriendo a camiones aljibe, pero no están específicamente afectadas por déficit hídrico.
La funcionaria señala además que “el oficio 18.087 aborda un problema y fija algunas condiciones para la entrega del agua para personas en situaciones de vulnerabilidad y solo en casos de emergencia. Es decir, el tema, en el contexto de una situación de emergencia, tiene una respuesta hacia la población afectada. Por cierto no es el objetivo del Gobierno que la situación de abastecimiento de agua a través de camiones aljibe se perpetúe, ni se siga extendiendo a lo largo del país. Es por ello que se procura realizar las acciones necesarias para entregar otro tipo de solución, que sea permanente y digna. Cabe señalar que desde la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) se ha extendido y reforzado el presupuesto referido a la construcción y rehabilitación de sistemas de Agua Potable Rural, que ha significado importantes avances en la materia”.
Desde la Municipalidad de Petorca rechazan duramente la decisión. El alcalde, Gustavo Valdenegro, asegura que “esta determinación nos cae pésimo: no puede ser en peor momento, en medio del verano, y con el añadido de que las decisiones se toman lamentablemente no en terreno. Nadie viene a comprobar cómo vive esa persona a quien le están quitando el agua. Se afirman en una medición, ni siquiera científica, de que alguien dijo que con 50 litros se puede vivir. Pero son familias de escasos recursos, no tienen una organización que les otorgue agua. Además no viven como uno vive en la ciudad: también conviven con la naturaleza, con un pequeño huerto, animalitos, que son su sustento. Entonces esto duele”.
La autoridad adelanta que “vamos a tener que asumir nosotros los costos. No administro la Municipalidad de Las Condes, Providencia o Vitacura, es mi comunidad de Petorca, que es muy linda pero tremendamente pobre. Que a nosotros nos hagan responsables de que podamos suplirles las necesidades de agua, es bastante injusto. Esto lo vamos a plantear. Estoy pidiendo reunión con Aleuy, porque la verdad es que las medidas las hacen desde un escritorio”.
Carolina Vilches relata que en la Gobernación “dijeron que era inapelable la orden del subsecretario y ellos no estaban autorizados a entregarnos más agua”.
Valdenegro ya ha enviado dos oficios al subsecretario del Interior. Uno el 22 de septiembre y otro el 29 de diciembre. Aún no tiene respuesta.
El primer oficio pone énfasis en que la profunda escasez hídrica que enfrenta la zona es “un problema complejo y permanentemente relacionado con el cambio climático, el escaso resguardo legal de los recursos hídricos para el consumo humano, la deficiente administración del agua, la sobreentrega de derechos más allá de la disponibilidad real, sumado a ello, el débil control de las extracciones, la sobreexplotación del agua más allá de los derechos otorgados y un modelo de agricultura agroindustrial depredadora de los recursos naturales”.
El municipio reconoce que “dotar de agua a la población con camiones aljibes solo puede verse como una respuesta ante una emergencia que, habiendo permitido que no hubiese población sin agua, no puede ni debe extenderse en el tiempo. Por ello, como autoridad local comparto absolutamente que esta situación debe terminarse, mediante una adecuada planificación. Pero claramente mientras la emergencia no se solucione, no es posible dejar a las comunidades que lo requieren sin el agua necesaria para satisfacer sus necesidades, que, obviamente, van más allá de 50 litros por habitante-día”.
Además, concuerda con la premisa de que los organismos competentes deben encargarse de responder por la situación, “por lo que informamos que la Dirección de Obras Hidráulicas (del MOP) ya cuenta con los estudios de diseño para el abastecimiento regular de todas las comunidades afectadas, estando aún pendiente la ejecución de las obras por falta de financiamiento”.
De hecho, según detalla la encargada de la Oficina de Asuntos Hídricos, “está muy bien dejar los camiones aljibes, pero siempre que se implementen proyectos de emergencia. Acá se diseñaron, pero no se ejecutaron, un montón de obras. Por lo tanto, si nos quitan los camiones no hay opción”.
El segundo oficio municipal enviado a Aleuy señala que ha sido muy complejo aplicar la encuesta FIBE requerida, toda vez que es una comuna que posee un 71% de población rural dispersa geográficamente, por lo que la encuesta se debe ejecutar en territorios aislados, con dificultades en los horarios porque la gente trabaja, lo que se traduce “en la significativa reducción de las personas beneficiadas con el agua de emergencia, lo que impactará severamente en su calidad de vida”.
Para graficar el punto, por ejemplo, en el Valle Los Olmos, la población que recibe camiones aljibe alcanza las 1.065 personas, “y a la fecha han sido encuestadas 400 personas, significando una importante disminución del agua que ellos dispondrán para consumo humano y uso doméstico, considerando la época estival”.
El oficio de Aleuy señala que esta encuesta debe realizarse cada tres meses, lo que es confirmado por el gobernador de la provincia de Petorca, Hernán Quezada. Para el municipio, donde no tenían claridad de este punto, esto implica un esfuerzo y una gestión imposibles. Sobre todo, porque la nueva actividad no cuenta con recursos extra ni funcionarios adicionales, sino que debe ser costeada íntegramente por el municipio.
Según explica el gobernador, “este es un procedimiento nuevo que en rigor facilita la exigencia de la entrega del agua: queremos llegar a la cantidad exacta de familias que lo necesitan. Hicimos una evaluación y la brecha entre los encuestados faltantes es de entre 20 y 30 por ciento, estimativamente”.
-¿Esas personas podrían quedar sin agua?
-Nos meteríamos en un conflicto normativo con Contraloría si no entregamos los respaldos necesarios a través de estas fichas. Pero tomamos precauciones, la entrega de agua no es privativa del proceso, también la pueden entregar las municipalidades.
Gasto que tienen que costear las propias alcaldías.
La crisis hídrica en Petorca ha estado coronada por un sinfín de situaciones, que van desde acusaciones por usurpación de aguas y drenes ilegales en la zona, protagonizados por importantes políticos –entre los que se cuenta el ex ministro Edmundo Pérez Yoma–, hasta la entrega de derechos de agua por sobre las capacidades reales del sector.
Es así como la Provincia de Petorca se ha convertido en una suerte de símbolo de los problemas hídricos que enfrenta el país, en los que ha influido el Código de Aguas instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet –cuyo proyecto de reforma incorpora el concepto de priorización de uso, señalándose que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, doméstico, de subsistencia y el saneamiento–, así como el cambio climático.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) incluye a la comuna de Petorca en un mapa de conflictos socioambientales de Chile junto a Cabildo y La Ligua, calificando lo sucedido como una situación de “usurpación de aguas”.
Tras una denuncia realizada por el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), el INDH inició una misión de observación en 2014 para conocer de cerca el problema, liderada por la abogada Laura Matus que, entre otros puntos, concluyó que las “causas de la escasez hídrica no estarían solo asociadas al fenómeno de sequía que experimenta la provincia, incidiendo también las actividades empresariales que tienen lugar en la zona, en especial el cambio en el uso de los suelos que generó la agricultura, con el cultivo intenso de paltos y cítricos”.
Según explica Laura Matus, un segundo hallazgo importante, que quedó reflejado en un informe, fue el de muestras de agua “con un nivel importante de contaminación con metales pesados, lo que podía producir afectaciones a la salud, lo que incide directamente en uno de los componentes del derecho al agua: la calidad.
Además, ya en ese tiempo, “apuntamos a que el hecho de abastecer a parte de la población con camiones aljibe implicaba una forma de discriminación y además a personas en su mayoría de escasos recursos”.
Con respecto al nuevo conflicto generado tras las nuevas directrices estatales, la abogada sostiene que “en atención a estos nuevos antecedentes, sería importante que el INDH continuara con lo que ha venido haciendo: monitoreando estas situaciones”.
