Fiscal Nacional Jorge Abbott ordenó una investigación paralela al persecutor
El Fiscal Regional Metropolitano Oriente fue designado a fines de enero para indagar un posible ocultamiento de información pericial. En la querella interpuesta por el abogado del padre de Lissette Villa se plantea que tanto el Fiscal Regional de Los Lagos, hoy a cargo del caso, Marcos Emilfork, como otros, son responsables de no tomar en cuenta la autopsia de la niña con la primera causa de muerte.
La formalización de las cuidadoras del Sename, a quienes se les responsabiliza como autoras de apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte de la menor Lissette Villa en abril del 2016, quedó postergada para el 1 de marzo. Sin embargo, en dicho caso hay una indagatoria paralela que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó –después de la querella que presentó el padre de la menor, Javier Villa– en contra de los fiscales del caso por eventual obstrucción a la justicia mediante el ocultamiento de pericias.
El 23 de diciembre, el abogado Sebastián Weinborn presentó la acción penal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, y la persecutora adjunta Erika Vargas, con el objetivo de removerlos del caso mientras se realizaba dicha indagatoria. Al respecto, el 20 de enero la Fiscalía decidió que, al ser presentada la querella con posterioridad a la denuncia inicial del caso, no es posible remover a los persecutores que están en la investigación, porque no existe inhabilidad.
Sin embargo, el jefe de gabinete del Fiscal Nacional, Mauricio Salinas, explicó que se decidió asignar al fiscal del caso Penta y jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, a cargo de esa indagatoria, en la que deberá investigarse si Emilfork y Vargas –entre otras personas– son responsables de ocultamiento de pericias, obstruyendo el accionar de la justicia.
Guerra recibió esta semana la notificación formal de que llevará las riendas de esa investigación, aunque hasta este jueves en la Fiscalía Oriente aún no habían recibido los antecedentes de la carpeta investigativa del caso de Lissette Villa.
Los querellantes quieren que Emilfork declare ante el persecutor regional, igual que las personas que elaboraron informes sobre la muerte de Lissette y que fueron posteriores a la autopsia realizada en el Servicio Médico Legal (SML).
[cita tipo= «destaque»]El fiscal Guerra recibió esta semana la notificación formal de que llevará las riendas de esa investigación, aunque hasta este jueves en la Fiscalía Oriente aún no habían recibido los antecedentes de la carpeta investigativa del caso de Lissette Villa. Los querellantes quieren que Emilfork declare ante el persecutor regional, igual que las personas que elaboraron informes sobre la muerte de Lissette y que fueron posteriores a la autopsia realizada en el Servicio Médico Legal.[/cita]
En una primera etapa, se afirmó que la muerte de la menor se debió a una arritmia vinculada al uso de fármacos, pero, luego de un argumento emanado desde la PDI, se estableció que fue producto de una asfixia por compresión torácica y hoy –de cara a la formalización de las cuidadoras del Sename por apremios ilegítimos–, según un último informe del SML, el deceso fue causado por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”. De hecho, en dicho informe se precisó que las funcionarias del Centro Galvarino de Estación Central actuaron sin conocimientos ni protocolos de primeros auxilios.
Para el ex siquiatra del Sename y hoy querellante en el caso, Rodrigo Paz, esta acción legal por obstrucción es pertinente porque, a su juicio, aquí se está omitiendo y negando una primera autopsia para responsabilizar al Sename de todo estos casos y no llegar a altas autoridades de reparticiones del Estado.
“Lo que nosotros buscamos es que se establezca la verdad. Y lo que se está intentando es ocultar e impedir que la justicia llegue a los verdaderos responsables, que no es Sename sino el Ministerio de Salud. Lo que sospechamos, es que hay detrás de esto una presión que ha ejercido el Gobierno a la Fiscalía para que no se pueda establecer que la muerte de los niños del Sename es por falencias del Ministerio de Salud, donde vemos que nadie es imputado. Aquí hay negación de atención de salud, hay entrega de fármacos que son contraindicados para niños”, afirmó el médico.
Dentro de las diligencias que solicitarán los querellantes al fiscal Guerra, están las declaraciones de Emilfork, de la fiscal Vargas, el tanatólogo René López, la doctora de la PDI Pía Smok y de la médico Pamela Bórquez, encargada del último informe del Servicio Médico Legal, contra quien el abogado del padre de Lissette Villa podría querellarse por falso testimonio.
En la acción penal que dio luz verde a esta investigación contra los fiscales del caso, se acusa a los persecutores de ocultar una pieza clave para la determinación de los verdaderos responsables de la muerte de la menor.
El informe de autopsia, elaborado por el doctor López el 22 de junio del año pasado, concluyó que la muerte fue por arritmia cardíaca por uso de fármacos. El reproche que hacen los querellantes está asociado al informe criminodinámico realizado por Smok –perito criminalista–, quien de acuerdo al abogado de Lissette y al ex siquiatra del Sename, Rodrigo Paz, niega en “los hechos la existencia del informe del SML y se formula la hipótesis de la existencia de una muerte por asfixia por compresión torácica”. Según el abogado Weinborn, “no existe ningún fundamento en la autopsia practicada, lo que resulta especialmente llamativo, considerando el hecho de que la perito no documenta haber realizado ningún examen al cuerpo de la hija de mi defendido”.
Paz planteó además que es necesario investigar este “ocultamiento de pericias”, pues cree que afecta el desarrollo normal de la indagatoria y sus eventuales responsables. “El fiscal no tomó en cuenta la primera autopsia y ahora, al formalizar por apremio ilegitimo, desconoce el resultado inicial, tomando solamente informes de la PDI y argumentos de otra profesional del Servicio Médico Legal que concluye algo totalmente distinto, sin incluir la autopsia y sin ver el cuerpo de la niña”, aseguró el querellante, el cual agregó que la metapericia elaborada por la doctora Bórquez no incluyó la autopsia del SML realizada tras la muerte de Lissette y no descartan iniciar una acción penal contra dicha funcionaria por delito de falso testimonio.
En la Fiscalía Nacional, algunas altas autoridades del Ministerio Público consideran débil la imputación que realizan contra el fiscal Emilfork.
