Arriesgan multas que van de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones) e incluso la destitución del cargo para quienes no declaren o falseen sus datos.
La Contraloría General de la República detectó que cerca de 2.400 autoridades y funcionarios no hicieron su declaración de intereses y patrimonios en el tiempo estipulado: 30 días después que asumieron sus cargos.
Esto, a partir del 2 de septiembre cuando comenzó a regir nueva Ley de Probidad.
El órgano contralor informó que esas personas no cumplieron con el principio de oportunidad, por lo cual está despachando «oficios de apercibimiento a los sujetos obligados», como un ultimátum para que declaren.
Arriesgan multas que van de 5 a 50 UTM (hasta $2,3 millones) e incluso la destitución del cargo para quienes no declaren o falseen sus datos, consigna hoy El Mercurio.
«No implica la aplicación inmediata de una multa, sino que previamente corresponde la emisión de un oficio de apercibimiento, que entrega al infractor 10 días hábiles para corregir la situación anómala. Por lo tanto, a la fecha no existen sanciones cursadas», aclaran en la Contraloría.
De las 10 mil declaraciones presentadas, 2.660 ya fueron revisadas por Contraloría y publicadas en internet. Entre estas figuran las de 31 ministros y subsecretarios que ingresaron o salieron del gobierno a contar de septiembre y que tuvieron que transparentar más datos que los acostumbrados, como el patrimonio de los cónyuges y los valores, acciones y derechos que poseen en Chile y en el exterior.
Entre las 10 mil declaraciones ya presentadas, destaca la de Jaime Campos, ministro de Justicia, quien dice tener $170 millones en una inmobiliaria y tres mineras, además de $156 millones en valores en los bancos Santander y Chile y en Quiñenco, y un Mercedes Benz de $18 millones.
Al respecto, el matutino pone el foco en que hay dos potenciales conflictos de interés: el paso de Campos como miembro del directorio del laboratorio Drag Pharma y su participación en el estudio jurídico Zúñiga, Matus, Campos Abogados.
Esto, le valió a Campos una polémica apenas se instaló en Justicia, pues parlamentarios de oposición advirtieron que su socio Francisco Zúñiga representa a Morpho, empresa sindicada por el Registro Civil como responsable del error que cambió el padrón electoral.
El secretario de Estado se defendió señalando que su vínculo con el estudio era el de «una comunidad de techo».
En tanto, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, declara $148 millones en sociedades e informó el patrimonio de su cónyuge, Andrés Donoso, quien comparte las sociedades con Krauss y suma $2.277 millones.
Por su parte, el ex ministro de Minería y actual coordinador de la campaña de Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, declara $6.124 millones en sociedades, además de inversiones en un banco suizo.
