Los directores de la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado exigen cambios en el sistema de gratuidad, que según ellos les ha limitado enormemente sus presupuestos, especialmente en temas como investigación.
Los rectores de la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado, Carlos Peña y Eduardo Silva respectivamente, escribieron una columna conjunta en el diario El Mercurio en la que hacen ver que sus casas de estudios no adherirán a la política de gratuidad en 2018 si no se hacen cambios en ella.
En dicho escrito plantean el costo que ha significado para ambas casas de estudio ser parte de la gratuidad y cuestionan que las indicaciones que introducirá el Mineduc al proyecto de Educación Superior se limite a fortalecer a las universidades estatales y mantener el estatus a las del G9, al mismo tiempo que desconoce al resto de las universidades privadas, que seguirán sin recibir un aporte fiscal, independiente de su calidad o de si adhieren o no a la gratuidad.
Los rectores afirman que, luego de sumarse a la gratuidad, debieron enfrentar «una severa limitación de recursos», cosa que de mantenerse, podría terminar afectando su calidad. Esto debido a que la transferencia que el gobierno efectúa por concepto de gratuidad «está por debajo de los aranceles» y «no incluye ningún financiamiento para investigación».
Por eso aseguran que han tenido que «moderar sus programas de investigación, restringir la contratación de nuevas jornadas, suspender la mejora de su infraestructura física, congelar los incentivos a sus académicos»; y enfatizan que «no pueden sustentarse sin recibir aportes basales», como sí los reciben los planteles del CRUCh.
Otro punto es la intención de que a partir del 2018 se sumen a la gratuidad los estudiantes del sexto decil, lo que complicaría aún más la situación de ambos planteles. «Nadie podría estar en contra de ampliar el beneficio a un mayor número de estudiantes, pero la inclusión no puede ser a costa de sacrificar la calidad», afirman.
Frente a esto , advierten que «de mantenerse el diseño de la gratuidad sin modificaciones, nuestras universidades no podrán adherir nuevamente a ese programa. Sumar al sexto decil en las condiciones actuales obligaría a estas instituciones a transformarse en universidades meramente docentes, asistenciales, y a prescindir de las comunidades académicas destinadas a la investigación que ha costado años formar».
«Es paradójico, y a veces hasta absurdo que dos instituciones, que bajo cualquier parámetro poseen una alta calidad relativa, cuya índole sin fines de lucro es perfectamente verificable y que poseen una abierta orientación pública, se vean sin embargo perjudicadas, ellas, sus estudiantes y sus profesores, por adherir a un programa gubernamental que, inexplicablemente, ha cerrado los ojos frente a la heterogeneidad de las instituciones creadas luego de 1981», concluyen.
