La Fiscalía ha anunciado un «carpetazo» luego de la decisión del SII de no avanzar en la persecusión penal
El Ministerio Público anunció que deberá archivar o no perseverar en causas vinculadas al financiamiento irregular de la política. Esto, luego que el Servicio de Impuestos Internos desistiera de querellarse. Fiscalía criticó la exclusividad del organismo para perseguir delitos tributarios. Desde la llegada de Fernando Barraza a la dirección del SII y de Bernardo Lara a la subdirección jurídica, la institución ha desestimado la vía penal, priorizando el pago de impuestos adeudados y «cuidando» a los posibles políticos involucrados.
La doctrina Barraza-Lara de priorizar el pago de impuestos adeudados antes que la persecusión penal, y solucionar lo más posible mediante la via administrativa antes que recurriendo a tribunales comunes, se ha impuesto al interior del Servicio de Impuestos Internos (SII).
«Ante numerosos oficios de diferentes fiscales a cargo de investigaciones que involucran hechos constitutivos de delitos tributarios, el Ministerio Público ha resuelto archivar o no perseverar en estas investigaciones (vinculadas al financiamiento irregular de la política) cuando no ha obtenido respuesta del Servicio de Impuestos Internos SII, cada vez que frente a los mismos hechos el Servicio ha decidido recurrir a los Tribunales Tributarios. La fiscalía ha tomado tal decisión en el entendido de que no se ejercerá, por ahora, la acción penal», anunció el Ministerio Público a través de un comunicado en relación a las causas .
«La línea seguida por la fiscalía apunta a evitar mantener vigentes investigaciones que no pueden prosperar, sin la previa instancia del Servicio”, agregó la fiscalía.
Por tal razón, el Ministerio Público criticó la exclusividad del SII para perseguir delitos tributarios: “Los delitos relacionados con la recaudación de recursos públicos son especialmente graves, pues atentan contra el interés de cada uno de los ciudadanos y del país en su conjunto. En esta perspectiva es que la fiscalía no puede dejar de insistir en que el ejercicio de la acción penal en materias de delitos tributarios, electorales y también de colusión debiera estar en manos del Ministerio Público, pues es el órgano constitucional autónomo que tiene la exclusividad en la dirección de las investigaciones penales, lo que aseguraría la plena igualdad de las personas ante la ley”.
Hace dos semanas, Fiscalizadores de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) dieron inicio a un masivo proceso de notificación de «actas de denuncia» a empresas que habían sido conectadas a pagos irregulares a políticos, en las causas Penta y SQM, pero que no contaban con querella por parte del organismo. Lo anterior se traduce en que tienen 10 días hábiles para presentar sus descargos o allanarse al proceso de cobros de multa por infracción tributaria.
En pocas palabras: con esto se concreta la decisión del actual director del SII, Fernando Barraza, de elegir la vía pecuniaria y no la penal, para sancionar y restituir los perjuicios fiscales ocasionados por las empresas que se investigaron en el marco de los dos casos más emblemáticos de financiamiento ilegal de la política.
La determinación del SII se enmarca en la política puesta en práctica por su director Fernando Barraza y el subdirector jurídico Bernardo Lara. Este último es conocido al interior del organismo por priorizar el pago de los impuestos adeudados antes que perseguir responsabilidades penales, siendo además un hombre muy cercano al oficialismo. Lara es de la línea de resolver administrativamente todo lo que sea posible, y así lo ha venido haciendo, evitando a los tribunales penales.
Según lo publicado por La Tercera, entre las empresas que han recibido las llamadas «actas de denuncia» y que deberían, en lo pronto, presentarse ante los Tribunales Tributarios Aduaneros, se encuentran: Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras.
Según fuentes del SII, el Fisco lograría recaudar poco más de mil millones de pesos por medio de multas que van desde el 50% hasta el 300% del perjuicio fiscal generado por cada una de las empresas que declararon de forma maliciosamente falsas facturas y/o boletas, incorporándolas a su contabilidad y, de esta forma, rebajando sus bases imponibles. Sin embargo, esta operación solo abarca los últimos cuatro años tributarios, es decir, desde eñ año 2012 (puesto que ese es el plazo en que prescribe la acción pecuniaria).
Cabe destacar que las sociedades que hoy el SII está llevando por la vía de las “actas de denuncia” están vinculadas a pagos recibidos por personas del ámbito políticas. Por ejemplo, muchas de esas empresas figuran en las investigaciones del Ministerio Público con aportes realizados al ex precandidato presidencial Laurence Golborne, a cuya campaña contribuyeron, entre otras, Ripley (Comercial Eccsa S.A.), Bci y Watt’s.
También, Ripley rectificó un pago hecho a Asesorías Credo Ltda., una de las empresas proveedoras en la campaña de Michelle Bachelet en 2013.
Las sociedades Inversiones Caburga e Inversiones Newport, por su parte, hicieron rectificaciones tributarias por pagos realizados en 2009 a sociedades y personas ligadas a los candidatos presidenciales de ese año: Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
CorpBanca, en tanto, aparece en los expedientes con un pago realizado a un ex asesor del ex alcalde Pablo Zalaquett.
La mayor cantidad de empresas incorporadas a este procedimiento masivo del SII, sin embargo, integran el grupo Angelini: Empresas Copec, Celulosa Arauco, Abastible, Forestal Arauco e Inversiones Siemel. Las dos primeras compañías hicieron pagos en 2012 por más de $ 200 millones en total a Asesorías y Negocios, la empresa del operador PPD Giorgio Martelli y ex recaudador en la campaña de Bachelet.
