Los otros intentos que se suman al carpetazo del SII para frenar la investigación por platas políticas

Presiones de ministros para evitar que se investigaran ciertos hechos, “peticiones” para que no se pusieran sobre la mesa algunas querellas y decisiones polémicas adoptadas por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que anteriormente trabajaron en una fundación de Michelle Bachelet, forman parte de algunos de los elementos que se suman a la decisión del organismo fiscalizador de no seguir interponiendo acciones penales en las causas por financiamiento irregular a la política y que han terminado por dibujar un escenario judicial muy distinto al que se pensó en los primeros días de destapada la olla de Soquimich.

La energía de investigar «caiga quien caiga» fue cediendo espacio a una investigación “en la medida de lo posible”, debido a la lentitud del SII para presentar querellas ante la presunción de delitos tributarios, hasta acabar en la decisión discrecional del organismo fiscalizador por cerrar los caminos a nuevas investigaciones que pudieran alcanzar a diversas empresas que donaron dineros, por ejemplo, a la campaña de la actual Mandataria, bajo el argumento de que es más rentable para la institución recaudar impuestos que iniciar acciones penales.

Para algunos actores del sistema, así como para los abogados querellantes, que el SII haya tomado esa decisión y que la Fiscalía optara por no perseverar, adelantando incluso que archivaría varias de estas investigaciones, forma parte de lo que algunos han denominado doctrina de la impunidad.

Hasta el momento el SII ha recaudado cerca de 12 mil millones de pesos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, 35 han sido las querellas que ha interpuesto, 5 las denuncias y 41 las sanciones pecuniarias en contra de empresas y personas naturales ligadas a los aportes ilegales a los políticos.

El SII plantea que el hecho de no concretar siempre la acción penal no constituye impunidad, ya que están los tribunales tributarios para seguir cobrando multas. “La gente tiene que entender que nosotros recaudamos a través de impuestos y multas. Y, a veces, con ir a un juicio o procedimiento abreviado en una causa judicial penal se recauda mucho menos dinero que con las determinaciones de tribunales tributarios”, asegura un alto funcionario del SII. En definitiva, una decisión “técnica” con un gran impacto en lo político.

Una de las consecuencias más claras de dicho impacto es el beneficio a algunos imputados, a otros actores políticos que estaban siendo rastreados por los fiscales, como asimismo a empresas relacionadas con financiamiento irregular y que no están sujetas a querellas o denuncias de Impuestos Internos.

Los eventuales beneficiados serían el diputado Felipe De Mussy (UDI), formalizado por delitos tributarios por una boleta de 7 millones de pesos; el senador Fulvio Rossi, que pidió dinero a terceros en el caso SQM y cuyos cercanos y colaboradores están ligados a boletas ideológicamentefalsas.

Otro de los personeros que se vería favorecido es el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, cuya cercanía con la Presidenta Bachelet otorga a su caso una alta sensibilidad. El otrora jefe de gabinete de la Jefa de Estado registró boletas por 4 millones de pesos con la empresa Asesorías y Negocios SPA, que facturaba con SQM Salar, filial de Soquimich.

Pero también están el senador Jorge Pizarro y el diputado Roberto León, ambos de la DC, quienes no aparecen en querellas, aunque sí sus hijos. En el caso de los hijos de Pizarro, están investigados por emitir facturas falsas por asesorías verbales a SQM, pagadas por esta.

Sin embargo, no solo hay personas sino también empresas del Grupo Angelini y Said. En ese listado figuran Ripley, Copec, Celulosa Arauco, con pagos presuntamente vinculados a la campaña de Michelle Bachelet en 2013. También están inversiones Caburgua y Newport, con pagos relacionados con la campaña del ex Presidente Eduardo Frei, y estas mismas compañías, más Aguas Andinas, con pagos al círculo cercano a Sebastián Piñera. Respecto al grupo Said, la decisión del SII bloquea, por ejemplo, eventuales acciones penales vinculadas a boletas de Imaginacción, de Enrique Correa.

Para el abogado querellante en los casos SQM, Corpesca y otras empresas, Matías Ramírez, la decisión del SII es una estrategia clara de impunidad.

“No solamente se instala como directriz sino que esto viene a culminar lo que se venía ahondando en las distintas aristas con paralización de querellas hace más de un año. Es más preocupante la situación de las empresas, no solo Penta o SQM, sino otras, como Corpesca u otras relacionadas al grupo Angelini o Ripley, donde se cierra la indagatoria con políticos jamás investigados, como la propia Presidenta Bachelet. Sin duda, tanto el director, Fernando Barraza, como el subdirector jurídico, Bernardo Lara, cumplen la promesa de cerrar estas indagatorias y de interrumpir la investigación. Causa un perjuicio no solo en las investigaciones sino también en la imagen del SII, que hace varios años ha dejado ver que no es un ente técnico sino más bien político y que intenta proteger, en este caso, a quienes instalan a los directores en esos cargos”, afirma el penalista.

Presiones

A lo largo de las indagatorias, más de una vez se acusó al Gobierno de presionar indebidamente al organismo fiscalizador, con el fin de invisibilizar las irregularidades de diputados, senadores y empresarios, situación que es negada por la actual ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien asegura tajantemente que en la decisión del SII “no hubo ninguna influencia política”.

Lo que omite la ministra de la Segegob –según los querellantes– es que han existido a lo largo de los procesos diversas gestiones que bien podrían calificarse de presiones

Una de ellas es cuando el ex director, Michel Jorratt, se reunió con funcionarios de los ministerios del Interior y de Hacienda, quienes le hicieron saber la inquietud del Gobierno por la querella contra el operador político y recaudador del oficialismo, Giorgio Martelli. En ese momento, solo la Alianza había sido golpeada por el caso Penta, por lo que, evitar que SQM avanzara, impediría que el escándalo salpicara a los entonces ministros Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. Por otra parte, las condiciones entregadas a Jovino Novoa, condenado en el caso Penta, levantó sospechas y fracturó la relación al interior del SII entre el director Jorratt y el subdirector Vargas.

En ese mismo contexto, funcionarios y personas de confianza de ambos secretarios de Estado, se reunieron con Jorratt. Según Ciper, la jefa de gabinete de Hacienda, Andrea Palma; el director del SII; el encargado de política tributaria del Ministerio de Hacienda, Alberto Cuevas, y el abogado Samuel Donoso, participaron de estos encuentros donde prácticamente le sugerían a Jorratt asumirla denominada “Doctrina Escobar”, vale decir, que no considerase a las boletas y facturasideológicamente falsas como delitos.

El intento falló. El caso SQM tomó mayor forma en la Fiscalía, con diligencias en curso y acciones penales que no podían taparse bajo la alfombra del Servicio de Impuestos Internos.

Una de las últimas presiones que recibió Jorratt como director del SII fue la del actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El secretario de Estado llegó al gobierno el 11 de mayo de 2015, cuando Alberto Arenas –salpicado por el caso SQM– se transformó en el primer jefe de las arcas fiscales en salir del cargo en los últimos 27 años.

Valdés confirma que el día de su arribo al ministerio le pidió a Jorratt no hacer nada respecto a querellas, para que la atención estuviese puesta en la llegada a Hacienda.

Lo que Rodrigo Valdés desmiente –pero que según fuentes de El Mostrador sí ocurrió–, es un encuentro entre Jorratt y él en dependencias del ministerio. Allí, Valdés le habría dicho al entonces director del SII que, si presentaba más querellas, “iba a perder el poco respaldo político que le quedaba en La Moneda”.

Una semana más tarde, a Jorratt le pidieron la renuncia.

Dato aparte es que, al interior del SII y cuando Michel Jorratt y Cristián Vargas salieron de sus cargos, el Gobierno eligió a Fernando Barraza y Bernardo Lara. Este último, en su condición de actual subdirector jurídico del organismo, tiene un puesto clave en las decisiones jurídicas que derivaron en el carpetazo. Lara participó, en 2014, en la conformación de la Fundación Dialoga, ligada a Michelle Bachelet.

La Fiscalía acata

 Desde la llegada del nuevo Fiscal Nacional, hace más de un año, que se avizoraba este escenario sobre el futuro de las indagatorias respecto a Impuestos Internos.

Cuando Jorge Abbott Charme fue a exponer ante los senadores, que debían ratificarlo o no en el cargo después de su nominación por parte de la Presidenta Bachelet, fue claro en sostener que sin querella o denuncia no se pueden investigar los delitos tributarios. Esta posición que expresó ante senadores de sectores indagados por el Ministerio Público –de acuerdo a lo que asegura un parlamentario que votó a favor de Abbott–, fue también “un guiño a los partidos con parlamentarios con indagatorias en curso. De esa forma, se aseguraba ser electo y, si el SII no actuaba, ellos tendrían que acatar. Algo que finalmente ocurrió”, puntualiza.

Esta semana, el Fiscal Nacional ratificó lo expuesto por esos días, al afirmar que, con la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no seguir más el camino penal en los casos de financiamiento irregular, al Ministerio Público ello le coloca una “barrera legalmente infranqueable”.

Pero los fiscales a cargo de las indagatorias a principios de 2015, con SQM poniendo nerviosos a varios en La Moneda, ya habían conocido una gestión para poner un alto al ritmo de las investigaciones.

Según un fiscal que conoce el desarrollo de los casos, “el Ministerio Público también se vio comprometido con la constante preocupación del Gobierno respecto al caso SQM. Lo del SII es impresentable, pero mi institución también recibió, sin oponer mucha resistencia, algunos golpes de presión”, afirma.

Lo anterior se remonta –relata el mismo persecutor– a cuando apareció la boleta de la ex cuñada de Pablo Wagner San Martín, ligada a la minera no metálica del ex yerno de Pinochet. Allí se encendieron las alarmas en La Moneda. Existía preocupación sobre todo del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, imputado en el caso Soquimich y quien boleteó para Asesorías y Negocios, la empresa de Martelli que recibió pagos de SQM.

Esa preocupación llegó al Ministerio Público y –según cuentan– en la Fiscalía Oriente la incertidumbre era total. Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena lideraron desde un principio los casos de financiamiento irregular.

[cita tipo=»destaque»]  No solo hay personas sino también empresas del Grupo Angelini y Said. En ese listado figuran Ripley, Copec, Celulosa Arauco, con pagos presuntamente vinculados a la campaña de Michelle Bachelet en 2013. También están inversiones Caburgua y Newport, con pagos relacionados con la campaña del ex Presidente Eduardo Frei, y estas mismas compañías, más Aguas Andinas, con pagos al círculo cercano a Sebastián Piñera. Respecto al grupo Said, la decisión del SII bloquea, por ejemplo, las boletas vinculadas a Enrique Correa, de Imaginacción.[/cita]

En febrero de 2015, se produce para algunos una especie de ‘golpe blanco’ al interior de la Fiscalía Nacional, con lo cual –en opinión de un persecutor– se buscaba reducir el margen de acción que en ese entonces tenía el fiscal Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. En ese tiempo, su estilo molestaba a la clase política y, en tal sentido, estaba acompañado por los persecutores Norambuena y Emiliano Arias.

El Fiscal Nacional de aquel tiempo era Sabas Chahuán, quien estaba de vacaciones, por lo que fue subrogado por Solange Huerta, actual directora del Sename y en aquella época Fiscal Regional Occidente.

Huerta informó que reordenaría los casos Penta y Soquimich, sacaría a los fiscales antes mencionados de las indagatorias y, en su remplazo, dejaría a cargo a los fiscales regionales Alberto Ayala y Andrés Montes (este último, hijo del senador socialista Carlos Montes). Una decisión que para algunos no fue a la ligera ni casual y generó inmediato impacto.

Eventuales renuncias de los fiscales que estuvieron en un primer momento encargados de los casos y, a la vez, los querellantes pidiendo que Ayala se inhabilitara por sus vínculos con mineras. La operación para cambiar los ritmos y el estilo de las investigaciones, falló. Chahuán, quien de todas formar valoró la decisión tomada por Huerta, decidió echar pie atrás a dicha determinación y, por primera vez en la historia, un Fiscal Nacional tomó directamente las riendas de una indagatoria.

El Gobierno acusó recibo del fallido intento de poner dicha traba a la investigación de SQM y asumió que esto costaría algunas cabezas.

Para el ex Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena, no estaría todo perdido respecto a la decisión del SII. A menos que las multas ya hayan estado cursadas por el organismo a las empresas e imputados. Es más, su posición difiere de la de algunos, al interior del Ministerio Público, que advierten una reacción “pasiva y que disminuye al ente persecutor”.

El primer jefe del Ministerio Publico de la historia, plantea que es inconstitucional que una ley esté por sobre la Constitución que le entrega las facultades investigativas a la Fiscalía, al tiempo que agrega que, ante la controversia, un camino sería que los fiscales lleven esto al Tribunal Constitucional. Una opción que en la Fiscalía Nacional dan por descartada.

Por otro lado, cabe señalar que en el TC uno de sus ministros es Cristián Letelier, ex diputado UDI, quien tiene una boleta de cinco millones y medio de pesos, relacionada con Inversiones Caburgua, del grupo Said, uno de los cuales no se va a perseguir penalmente por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para la ex jefa de la Oficina de Litigación Penal de SII, Marisa Navarrete, la decisión del organismo es arbitraria y lamentable.

“El SII, en el ejercicio de sus facultades, no puede obrar de manera arbitraria, por lo que, ante situaciones similares, debe dar una respuesta similar. Lamentablemente, el SII en los casos de financiamiento ilegal de la política ha dado muestras de lo contrario: de obrar por motivaciones ajenas a las institucionales. Y eso no puede ser. No puede haber un servicio público dependiente del Ejecutivo que decida, a su antojo, ejercer o no la acción penal, pasando incluso por encima de un órgano autónomo de rango constitucional, como es el Ministerio Público. No puede estar el SII exento de control. Con ello, se consagraría la actuación arbitraria e inconstitucional del Servicio de Impuestos Internos”, asegura la abogada.