Asumirá como director
En una de sus primeras decisiones a cargo de la fundación que creó su padre después del secuestro de Cristián Edwards del Río, para la prevención del delito y como puente con el poder político y empresarial, el hijo mayor designó para asumir la dirección ejecutiva a Daniel Johnson Rodríguez, ingeniero civil industrial que trabajó en la CGE, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante el Gobierno de Sebastián Piñera y que, últimamente, se desempeñó en la gerencia de una de las compañías símbolo del financiamiento ilegal de la política.
En Paz Ciudadana están de luto y con reestructuración de por medio. Esta semana les tocó la muerte de Agustín Edwards Eastman, quien creó la fundación, a principio de los noventa, como plataforma que unió a la vieja Concertación con el poder empresarial chileno, en la idea de darles mayor visibilidad a los temas de seguridad ciudadana. Hoy, a solo unas semanas de asumir la presidencia de dicha fundación, Agustín Edwards Jr. tomó su primera decisión relevante, y escontrovertida.
A partir de mayo, la dirección ejecutiva será asumida por un ingeniero civil industrial reclutado desde la empresa Corpesca, la pesquera investigada y formalizada por sobornar a políticos, entre ellos, a Jaime Orpis y Marta Isasi de la UDI.
Daniel Johnson Rodríguez se desempeñaba hasta hace poco en la plana gerencial del grupo Angelini: gerente de Desarrollo de Corpesca, desde julio de 2014 hasta la actualidad.
Si bien no fue parte de la maquinaria para financiar –a través de terceros y mediante boletas falsas– a políticos, sí le tocó estar en la peor época de una de las empresas ícono de la corrupción política del último tiempo, cuya investigación lidera la fiscal Ximena Chong.
Antes de ingresar a Corpesca, Johnson trabajó en el Gobierno de Sebastián Piñera, en el Ministerio de Vivienda, donde fue director del Serviu Metropolitano y jefe de finanzas de la cartera. En dicha época, específicamente el 18 de abril de 2011, le tocó declarar en la Fiscalía Centro Norte como testigo en el caso Kodama.
Lo anterior, por las irregularidades en el pago que desembolsaría el Serviu –dependiente del ministerio comandado entonces por Magdalena Matte, esposa del senador UDI Hernán Larraín– a Kodama, firma relacionada con un corredor del Transantiago y a la que se pagarían 17 mil millones de pesos.
[cita tipo=»destaque»]Antes de ingresar a Corpesca, Johnson trabajó en el Gobierno de Sebastián Piñera, en el Ministerio de Vivienda, donde fue director del Serviu Metropolitano y jefe de finanzas de la cartera. En dicha época, específicamente el 18 de abril de 2011, le tocó declarar en la Fiscalía Centro Norte como testigo en el caso Kodama. Lo anterior, por las irregularidades en el pago que desembolsaría el Serviu –dependiente del ministerio comandado entonces por Magdalena Matte, esposa del senador UDI Hernán Larraín– a Kodama, firma relacionada con un corredor del Transantiago y a la que se pagarían 17 mil millones de pesos.[/cita]
Según su relato, él habría sido uno de los primeros en poner las alarmas sobre esta eventual irregularidad, aunque algunos imputados en la investigación –que llevó adelante el fiscal José Morales– aseguran que Johnson fue el que protegió a la ministra Matte para que la eventual responsabilidad penal no llegara hasta ella.
Johnson Rodríguez tiene 42 años y asumirá sus funciones en la Fundación Paz Ciudadana el próximo 15 de mayo. Antes de su paso por Corpesca y el Gobierno de Piñera, estuvo en la CGE como jefe de operaciones Comerciales hasta 2008.
La Fundación Paz Ciudadana se ha transformado en una verdadera catapulta para políticos que mantienen al partido del orden tranquilo. Así, ha tenido a personas al mando que son o fueron parte de los distintos gobiernos y que, tras su paso por la entidad, han recalado en instituciones públicas determinantes. Es la cuna de los que son del gusto del establishment político y económico chileno. La última, la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, hoy abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado.
La fundación, creada como una plataforma con experiencia en seguridad pública, fue inaugurada en abril 1992, pero fue destinada a ser el puente que unió a la vieja Concertación con el poder empresarial durante la transición democrática. Dicha institución fue prácticamente el sillón desde donde Agustín Edwards buscó influir en las diversas políticas públicas, como la agenda legislativa relacionada con la delincuencia y la propia Reforma Procesal Penal. Pero no solo eso. Fue también un trampolín de varios personeros de diversos partidos políticos, que constituyeron el nexo entre empresarios y parlamentarios, además del propio Gobierno de turno.
Hoy, Paz Ciudadana es manejada por Agustín Edwards del Río, en tanto que los vicepresidentes son el ex ministro de Allende, de Lagos y de Bachelet, Sergio Bitar, y el actual presidente de la CPC, ex asesor del grupo Penta y ex ministro de Piñera, Alfredo Moreno Charme. Entre los directores de la entidad se cuentan la ex senadora DC y ex secretaria de Estado, Soledad Alvear, el senador RN Alberto Espina, Edmundo Pérez Yoma, Eugenio Tironi Ramos y Richard von Appen Lahres.
La institución tiene además un consejo consultivo que –según su propia página web– está compuesto por “40 personas destacadas del ámbito empresarial, académico, político, eclesiástico, intelectual y artístico”. Dentro de este grupo se hallan, por ejemplo, el ex Enersis Pablo Yrarrázaval; la ex ministra de Educación de Bachelet, Mónica Jiménez; el ex general director de Carabineros, Gustavo González Jure; el ex titular de Hacienda de Pinochet, Carlos Cáceres; Enrique Barros, Juan Bilbao, el empresario Horst Paulmann, y el principal lobbista de Chile, Enrique Correa Ríos.
