De un tiempo a esta parte, se le ha visto más enérgico, pese a su habitual parsimonia. Ha defendido el quehacer de la Fiscalía, ha pedido más atribuciones para esta y ha cuestionado la discrecionalidad del SII para iniciar acciones penales en materia tributaria. El punto es que –según miembros del propio ente persecutor y abogados querellantes– todo lo ha hecho tarde, de modo que su energía es leída como un mero efecto comunicacional, como pirotecnia, sin impacto real.
Solo cinco centímetros separaron este miércoles al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza. Ambos participaron en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para iniciar la discusión sobre un proyecto que busca quitar la exclusividad al SII para iniciar acciones legales por delitos tributarios. Se le vio decidido y enérgico dentro de su parsimonia, pero sus reclamos llegaban tarde, a destiempo, a placé.
En su exposición Abbott detalló las trabas que ha tenido el Ministerio Público en delitos tributarios y de colusión, haciendo referencia a artículos de prensa donde –aseguró– dejaba clara su postura. Habló de que “se altera seriamente la justicia penal con las trabas” y abogó por mayores atribuciones para investigar los delitos de cuello y corbata.
En la Fiscalía Nacional celebraron su discurso y destacaron la audacia de Abbott, “de pasar de la pasividad a algo más concreto”. Sin embargo, otras fuentes, del mismo ente persecutor y abogados querellantes, opinan que lo que se desprende de esta energía no es un cambio sustancial ni una decisión persecutoria robusta, sino que refleja “un cambio comunicacional”, una estrategia para salir jugando cuando el partido ya casi terminó.
“Todo este reclamo de las últimas semanas, a estas alturas del partido, no tiene peso. Es un lavado de imagen para quedar bien con la ciudadanía, mantener tranquilidad entre nosotros los fiscales. Quedar bien con dios y con el diablo. Es parte del estilo de cuidar la institucionalidad, el frente interno. Abbott es amigo de los acuerdos. Quizás es lo que piensa hoy, pero hoy, no hace un año y medio, cuando realmente era importante saber así de enfática su opinión”, afirma un fiscal que conoce a Jorge Abbott desde hace años.
[cita tipo=»destaque»]“Todo este reclamo de las últimas semanas, a estas alturas del partido, no tiene peso. Es un lavado de imagen para quedar bien con la ciudadanía, mantener tranquilidad entre nosotros los fiscales. Quedar bien con dios y con el diablo. Es parte del estilo de cuidar la institucionalidad, el frente interno. Abbott es amigo de los acuerdos. Quizás es lo que piensa hoy, pero hoy, no hace un año y medio, cuando realmente era importante saber así de enfática su opinión”, afirma un fiscal que conoce a Jorge Abbott desde hace años.[/cita]
Para muchos en el Ministerio Público, el 21 de octubre de 2015 fue la fecha en que Jorge Abbott hipotecó el actuar de la Fiscalía Nacional en las causas por financiamiento irregular de la política. Fue en una de las salas de Congreso Nacional, cuando tuvo que exponer ante los senadores sus argumentos sobre por qué debía ser ratificado en su cargo. En dicha oportunidad, Abbott –quien lleva actualmente más de año y medio en el cargo–, ante la insistencia de la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, para que despejara su postura sobre la discrecionalidad del SII para iniciar acciones legales en materia tributaria, dijo: “Sin denuncia o querella no tiene viabilidad ninguna investigación y, en consecuencia, no es posible avanzar en la investigación”, fijando con ello una postura que hasta el día de hoy pesa.
Fue “la frase que le dio el triunfo”, asegura un persecutor que ha conocido las investigaciones. Por lo mismo, entre fiscales y querellantes de las denominadas “platas políticas”, los últimos mensajes que ha dado Abbott, desde considerar lo del SII como “una barrera legalmente infranqueable” o de pedir mayores atribuciones, han sido vistos como parte de un reclamo esperado, necesario pero tardío y sin peso concreto.
Hace unos días y poco antes de que comenzara la cuenta pública del Ministerio Público, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo en radio ADN que el problema de la falta de atribuciones de la Fiscalía para investigar delitos tributarios sin querella, podía ser resuelto por el Poder Legislativo, argumentando que la discrecionalidad del SII se arreglaba con un proyecto de ley. Horas después, el Fiscal Nacional lo reiteró, pero fue el Ejecutivo, a través de su vocera, Paula Narváez, el que cerró la puerta inmediatamente, al afirmar que no se enviaría ninguna reforma al respecto durante este Gobierno. Abbott otra vez tarde.
Si al inicio de su gestión –afirman al interior de la Fiscalía– hubiese solicitado de inmediato cambios al Servicio de Impuestos Internos, dadas las trabas que le puso en el camino al organismo persecutor para seguir adelante con la persecución de boletas y facturas ideológicamente falsas para fines políticos, otro gallo cantaría.
“Don Jorge tiene ese estilo. Tranquilo e institucional. Consulta mucho a sus personas de confianza sus decisiones y sus intervenciones. Me parece que dio en el clavo con pedir (en la cuenta pública) más atribuciones, porque es el deseo de los persecutores, de la ciudadanía e incluso del Poder Judicial. La misma Corte Suprema fue clara en decir que aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, pudiendo modificarse rápidamente la ley. Uno esperaría que el tono, la fuerza y la contundencia en el reclamo, como la que ocupó el ministro Juica, sea la indicada, pero el Fiscal Nacional no es así. Lo que sí podemos decir es que el mensaje fue enviado y ya no depende del Ministerio Público”, plantea un funcionario de la Fiscalía Nacional. Y añade que “más que cambio de discurso, tuvo que ponerlo en la mesa para contar con el respaldo de cara a un cambio a nivel legislativo”.
El abogado querellante Matías Ramírez, que es parte en los casos SQM y Corpesca, señala que lo que no se dijo hace un año y medio ya no tiene peso. “Hoy aparece realizando una crítica más destemplada ante una situación que ya está resuelta y eso es más una estrategia comunicacional por parte del Fiscal Nacional que un hecho efectivo. Llama la atención que ahora se produzca un cuestionamiento directo al SII sobre las facultades exclusivas y no cuando era su postulación al cargo de Fiscal Nacional o en sus primeras declaraciones, cuando asumió dicho cargo”, sostiene el penalista.
En la Fiscalía Nacional opinan distinto. Aseguran que en su primera cuenta pública también hizo presente al Congreso su desacuerdo ante el hecho de que el SII inicie la acción penal y señalan que sus reclamos solo han tomado notoriedad nuevamente por la decisión del organismo fiscalizador de no querellarse en contra de algunas empresas investigadas por el financiamiento irregular de campañas políticas.
Para un ex miembro del Ministerio Público, “Abbott defiende a la institución tarde. Él fue elegido por políticos, fue parte de un acuerdo. Lo del SII es impresentable, pero en la Fiscalía también pasan cosas y se demoran decisiones importantes, sobre todo en el caso SQM. Con la extraña vehemencia que le hemos visto a la máxima autoridad del ente persecutor el último tiempo, podría llamar a los fiscales y pedirles investigar todo, aunque no se logre acusar. Ahí sí que hay sorpresas que aún no se conocen. Abbott no cambia discurso. Lo mantiene. Reclamar subiendo el volumen de la voz, ya no le dará resultado. ¿Por qué no van al Tribunal Constitucional? Los cambios serán a futuro, no para Penta, SQM o Corpesca”.
Para la ex jefa de la oficina de litigación penal del SII y hoy querellante en casos de financiamiento irregular de la política, Marisa Navarrete, los reclamos de Abbott, más que oportunos, son oportunistas. “A mí me parece que de alguna manera viene a calmar la demanda ciudadana cuando todo el mundo está criticando al SII y la Fiscalía no puede quedar abajo de esa crítica. Si esto es una declaración de principio para poder dar una respuesta formal a la ciudadanía, no tiene ningún sentido. Me parece que es un poco confuso el mensaje que ha dado la Fiscalía sobre este tema. Desde el inicio se dijo que sin querella del servicio no iba a pasar absolutamente nada, luego eso se va matizando y hoy, de repente, vemos a la Fiscalía pidiendo más atribuciones. Desde mi punto de vista, la Fiscalía no puede estar limitada por que el SII le diga contra qué personas determinadas se actúa y contra otras no. La Fiscalía debe seguir investigando hechos constitutivos de delitos tributarios. Podría seguir insistiendo a los tribunales para que se pronuncien”, asegura la abogada.
Los querellantes en los casos Penta, SQM y Corpesca afirman que la estrategia comunicacional del Fiscal Nacional debe tener hechos. Por eso les extraña que no agoten todas las instancias para impedir que el SII concrete este anuncio de forma total.
En el Ministerio Público descartaron llevar esta discusión sobre las atribuciones de uno u otro organismo al Tribunal Constitucional (TC). Dicho camino ha sido sugerido durante el último tiempo por el ex Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena, quien asegura que es más importante lo decretado en la Constitución –que le entrega la persecución penal a la Fiscalía– que una norma legal posterior a la Carta Magna y que hoy le da ese poder en los delitos tributarios al SII.
“No sé por qué no han tomado ese camino, habría que preguntárselo a la Fiscalía. En el TC la composición es eminentemente política. No sé si una petición de esta naturaleza pudiera tener algún resultado como el esperado en el sentido de que realmente controle la constitucionalidad de esa norma. A mí me parece que podría ser una buena opción”, asegura Marisa Navarrete.
En esa misma línea, Mauricio Daza, querellante en los casos Penta, SQM y Corpesca, afirma que este cambio de discurso es llamativo y pide que de ahora en adelante haya concordancia en las mismas causas. “Quien está haciendo las críticas a la forma en cómo se persigue a estos delitos, es alguien que forma parte, en alguna medida, del problema y a uno le gustaría ver de qué manera se hace cargo de esas palabras y toma decisiones que permitan solucionar estos frentes de impunidad con grupos económicos y políticos involucrados. Si el Fiscal Nacional es consistente con lo que ha dicho, que ordene que las investigaciones sigan hasta establecer la verdad de lo sucedido. No es necesaria una denuncia o querella para investigar, sí para llevar a juicio a imputados”, plantea el penalista.
Diagnóstico que es compartido por Matías Ramírez. “Una vez que asume Jorge Abbott, ya se tenía conocimiento de esta determinación del SII respecto a querellas, no solo porque el servicio dejó de presentar las mismas, sino porque ya se sabían estos postulados del director Barraza o del subdirector Lara, que prefirieron la vía administrativa por la judicial. El Ministerio Público sabía con antelación cuál iba a ser la postura del SII ante estas causas y aún así Abbott no tomó ninguna determinación. Estas declaraciones son para la galería, más que una conducta efectiva”, sentencia el querellante.
