En 2012, la estatal solicitó informes en derecho para abordar las diferentes aristas del conflicto por las emisiones de la chimenea de la División Ventanas y sus efectos en la población de la comuna de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso. Óscar Landerretche, por su parte, estima que «los contratos son correctos, de acuerdo a la normativa de la minera».
Codelco reconoció haber pagado 46 millones de pesos a Jorge Bermúdez por trabajos contratados vía asignación directa, información que se conoce en medio de la pugna que enfrenta durante las últimas semanas a la minera estatal y a la Contraloría General de la República.
«De acuerdo con nuestros registros, se efectuaron siete pagos de honorarios profesionales por la División Ventanas de Codelco a don Jorge Bermúdez Soto por un monto total de $46.666.669 entre 2011 y 2012, por la elaboración de informes en derecho y asesorías jurídicas, principalmente en el ámbito ambiental», consigna el diario La Tercera.
«En concordancia con nuestros procedimientos y, de acuerdo a la naturaleza de los servicios contratados, la modalidad utilizada fue la asignación directa», especificó la cuprífera, subrayando que «estos pagos son normales y no se observan irregularidades».
Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, estaba al tanto de esta información, pero «dio la orden a sus abogados de no usarla en el conflicto» con la Contraloría, organismo que -bajo el mando de Bermúdez- ha impugnado el pago de millonarias indemnizaciones (como la del ex director Augusto González, por 511 millones) y los contratos sin licitación con empresas de familiares de altos ejecutivos.
Landerretche estima que «los contratos son correctos, de acuerdo a la normativa de la minera», y recuerda que hace cinco años Codelco afrontó un conflicto debido a las emisiones de la División Ventanas y sus efectos en la población de la comuna de Puchuncaví.
Desde la Contraloría, reconocieron la existencia de los pagos, relacionados con la realización de «cuatro informes en Derecho que corresponden a extensos trabajos jurídicos especializados en materias ambientales y que fueron realizados por el abogado, doctor y postdoctorado en Derecho Jorge Bermúdez en 2011 y 2012, varios años antes de que fuera designado contralor General de la República, cargo que asumió el 17 de diciembre de 2015».
El organismo precisó que la remuneración correspondiente a estos cuatro informes fue por «un monto total de $ 25 millones», que «fueron legalmente percibidos y tributados por la prestación de sus servicios profesionales como abogado especializado».
Además, el ente descartó una eventual contradicción entre la actual posición de Bermúdez y su labor anterior: «La Contraloría no hace críticas a la gestión y al mérito de las decisiones administrativas. Lo que ha objetado formalmente, a través de sus auditorías, es la asignación de contratos con partes relacionadas, es decir, parientes de directivos de la empresa contratante, sin respetar los procedimientos legales y sin informar a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General».
