Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert, sostuvo que «resulta ser un buen negocio» el «generar desconfianza, desprestigiar y desacreditar a quien investiga una causa compleja», ya que «afecta el corazón mismo de quien ejerce la función de despejar el velo obscuro que hasta ahora nadie se ha atrevido a levantar».
«Hemos visto la última semana, cómo la astucia de la defensa en el llamado Caso Penta ha sorprendido nuevamente durante la tramitación de esta investigación. Esto, al punto de poner en jaque nuestra estructura procesal penal y dejarla en un estado peligroso para la eficacia del sistema», sostuvo la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert.
Esto, en referencia a la declaración en calidad de testigo que deberán realizar los fiscales de esta causa, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tras un requerimiento presentado por la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
En una carta publicada en La Tercera, la representante de los persecutores afirmó que esta acción «ha recibido un respaldo jurídicamente cuestionable, pese a no ser sino una maniobra para torcer los principios que inspiran la normativa procesal penal».
«Ensuciar la tramitación de una investigación, generar desconfianza, desprestigiar y desacreditar a quien investiga una causa compleja, en que se han jugado valores jurídicos y sociales relevantes como la fe pública y la probidad, resulta un buen negocio, pues afecta el corazón mismo de quien ejerce la función de despejar el velo obscuro que hasta ahora nadie se ha atrevido a levantar», acotó.
«Esperamos que no sea esto lo que esté ocurriendo en el ‘Caso Penta’, pero resulta insoslayable, a menos que queramos parecer ingenuos, que la diligencia de citación a prestar declaración como testigos a los fiscales Gajardo y Norambuena importa una materialización del «todo vale» en este proceso», agregó Steinert.
En ese sentido, dijo que «la defensa es consciente de lo que exponemos y también de que ante cualquier duda que le asista respecto a la conducción de un fiscal en relación con una investigación, existen canales administrativos y legales para removerlo de una causa. No podemos menos que expresar nuestra más profunda preocupación por el gravísimo precedente que se ha generado, y que abre un espacio de incerteza jurídica con graves y perniciosos efectos no solo a niveles jurídicos, sino también sociales, que pueden resultar irreparables».
