Fiscal no descartó que se podría citar a declarar en esa instancia a la Presidenta, pero se debe evaluar si aquello es «útil o no».
A mediados de agosto se cerrará definitivamente la investigación del caso Caval, que se inició hace dos años y cinco meses.
En este contexto, la jueza Loreto Salas amplió el plazo de indagación en 20 días más por haber diligencias pendientes de tres imputados: Mauricio Valero, Juan Díaz y Nibaldo Mora.
Entre dichas diligencias, que se determine la eventual falsedad de correos electrónicos y un informe, que todavía no ha llegado, sobre el patrimonio de la empresa Caval.
De esta manera, el juicio oral, al que acudirán siete de los 13 imputados, se realizará en noviembre en medio de la elección presidencial y parlamentaria, consigna El Mercurio.
Cabe recordar que el Ministerio Público cerró la investigación el miércoles 26 de julio porque, según el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, «nosotros estimamos que las diligencias están agotadas, no obstante había un escenario que procesalmente era previsible y tres defensas solicitaron reapertura y es bastante acotado el plazo de 20 días y vamos a ejecutar cuatro o cinco diligencias, luego de lo cual vamos a presentar acusación. La reapertura procede solamente por una vez».
Consultado el fiscal por la posibilidad de que la Presidenta Michelle Bachelet sea citada en calidad de testigo al juicio oral, dijo que se está evaluando. «Tenemos que estimar el mérito de su declaración, y si va a ser útil o no para el juicio oral propiamente tal. Si nosotros estimamos que su testimonio no aporta nada a la teoría de la defensa y al esclarecimiento de los hechos, no la vamos a solicitar».
Respecto del caso de la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon, explicó que ella se encuentra en un rango de pena en la que el tribunal le puede conceder algún beneficio: «Tiene irreprochable conducta anterior y la penalidad que arriesga es de tres años y un día a cinco años, pero de su parte y hasta ahora no hay ninguna colaboración».
Diferente, según el fiscal, es el caso de su socio Mauricio Valero. «Él, además del delito tributario, que va de tres años y un día a cinco años, arriesga también penas por soborno reiterado, que parten en los tres años y un día».
