Organismos critican la ineficiencia en la materia del Servicio de Evaluación Ambiental
En poco más de un mes, la Región de Coquimbo recibirá alrededor de 2 mil científicos en el cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, conocido como IMPAC 4. ¿La paradoja? Al menos dos proyectos minero-portuarios, conocidos como Dominga y Cruz Grande, amenazan con destruir la zona marina de la comuna de La Higuera, que reconocidos científicos y organizaciones medioambientales han catalogado como una de las áreas de mayor biodiversidad en el mundo.
La llegada de Dominga a la comuna de La Higuera ha sido un dolor de cabeza para trabajadores, científicos y ambientalistas que ven en este proyecto minero-portuario una amenaza. Si bien Dominga aún no cuenta con aprobación por parte de las autoridades ambientales, su hipotético emplazamiento no solo afectaría a esta zona marina, cuya biodiversidad destaca por sus 800 especies animales, sino también a la principal fuente laboral de más de 250 pescadores que hoy viven de la extracción de machas y locos.
No obstante, el proyecto de la titular de Dominga, Andes Iron, no es el único que podría tener un importante impacto negativo en el medioambiente en La Higuera: Puerto Cruz Grande, el nuevo proyecto estrella de la CAP Minería, por lo demás ya aprobado, tendrá igual o mayor efecto, al ubicarse a solo 10 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH).
Un reportaje de El Mostrador develó cómo las autoridades regionales han venido preparando a Coquimbo para convertirla en una región de gran desarrollo industrial con un complejo portuario nunca antes visto en Chile, cuya piedra angular es el Túnel de Agua Negra: un megaproyecto bioceánico que pretende conectar la provincia de San Juan con la IV región, para el cual los puertos de Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo son más que funcionales.
Pero inadvertido aún ha pasado el vínculo de ambos proyectos portuarios con túnel binacional, cuyo objetivo es transportar mercancías que van desde frutas hasta minerales. Pese a que las autoridades de gobierno encargadas de la planificación del túnel en el lado chileno no han querido confirmar el vínculo de Dominga y Cruz Grande con este megaproyecto de infraestructura vial, los documentos de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN) señalan explícitamente que ambos –junto con la ampliación del Puerto de Coquimbo– están dentro de la “mejora portuaria” que necesita este proyecto de descomunales dimensiones.
A esto se le suma la cuestionada labor del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, cuyas observaciones e informes tanto a Dominga como a Cruz Grande han sido criticadas en reiteradas ocasiones por organizaciones medioambientales y particulares, las que acusan irregularidades y falta de transparencia y rigurosidad del organismo.
En este escenario, ¿cuáles serían las principales consecuencias que tendría la construcción de este complejo portuario en esta zona considerada, por los organismos internacionales especializados, dentro de los 35 hotspot de biodiversidad en el mundo?
Uno de los 50 Compromisos para mejorar la calidad de vida de las y los chilenos, durante los 100 primeros días del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, fue crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para “ampliar el cuidado de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas”. Dicha iniciativa, que ingresó al Congreso el 18 de junio de 2014 y que busca ampliar el cuidado de la biodiversidad, aún está en tramitación y avanza a paso de tortuga.
En su última cuenta pública, realizada el 1 de junio pasado, la Mandataria destacó que nuestro país tiene miles de hectáreas ricas en biodiversidad. “Estamos cuidando y preservando como nunca antes”, aseveró la Jefa de Estado, quien pretende, al finalizar su mandato, que Chile llegue “a la histórica cifra de 1 millón de kilómetros cuadrados de su mar completamente protegido” y constituirse como “líder mundial en la conservación marina”.
La zona comprendida desde La Higuera (IV Región) hasta Chañaral de Aceituno (III Región) es uno de los sectores de conservación más importante del centro-norte de nuestro país. Según la comunidad científica, este lugar es “único e irreemplazable”, tanto por sus especies animales como por ser una de las zonas frías más ricas en alimentos, lo que se conoce como foco de surgencia.
A esta circunstancia se le suma la enorme deuda del Estado de Chile con la protección de zonas marinas costeras. Pese a haber ratificado en 1995 su compromiso con el cumplimiento del Convenio para la Diversidad Biológica, que establece que para 2020 todos los países firmantes deben proteger el 10% de su zona económica exclusiva, al día de hoy solo el 4% de las zonas costeras del país están siendo resguardadas.
Pese a los compromisos de Chile en la materia y a las especiales características que tiene ese sector costero, variadas son las propuestas minero-portuarias que buscan desarrollar en la IV Región sus proyectos, sin muchos reparos ambientales. Precisamente, Dominga y Puerto Cruz Grande son dos iniciativas que se enmarcan en el megaproyecto binacional Túnel de Agua Negra y que, definitivamente asentadas en la zona, podrían generar un enorme impacto ambiental negativo, si no se adoptan los resguardos necesarios, a los que el país está obligado frente a la comunidad internacional.
Frente a este escenario, la postura de la comunidad científica es clara. Carlos Gaymer, investigador del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, asegura que cualquier proyecto industrial en el sector de La Higuera ocasionaría una catástrofe irreparable en esta zona “única e irremplazable”.
“Este lugar es tan único desde el punto de vista de lo que ocurre en procesos naturales, que es absolutamente irremplazable. Por algo vive lo que vive ahí, por algo se produce la cantidad de alimento que se produce ahí”, afirma Gaymer.
En esta misma línea, Guillermo Luna, investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y especialista en aves marinas, explica que en este sector existe un pequeño archipiélago de siete islas, donde habitan distintas especies que son endémicas del sistema de la Corriente de Humboldt, como el yunco, cuya colonia más importante está en la Isla Choros, o el 80% de la población del pingüino de Humboldt, asentada en la Isla Chañaral. Además, el Islote Chungungo es el único lugar donde habita la golondrina de mar chica.
Precisamente en este sector busca instalarse el proyecto estrella de la CAP, Puerto Cruz Grande, donde “se ha propuesto construir un puerto que lo dejaría expuesto a un alto nivel de perturbación producto de la actividad propia de un puerto, tales como luminarias y ruido de máquinas operando de día y de noche. Los efectos de la actividad industrial sobre los piqueros, pingüinos y particularmente sobre la golondrina de mar chica, serían dramáticos”, asevera Luna. En una publicidad institucional, CAP se presenta incluso como el tercer operador portuario más importante del país.
Otra de los riesgos, explica el experto, ocurriría por el uso de embarcaciones y dispositivos electrónicos que proponen las actividades industriales en el borde costero de La Higuera, pues las aves de la zona se alimentan muy cerca de la costa.
Sin embargo, una de las mayores amenazas tras el desarrollo de estos proyectos es el derrame de hidrocarburos. “Es evidente que los derrames son accidentales y que nadie está interesado en perder combustible. Sin embargo, los accidentes ocurren y las consecuencias para las aves marinas son dramáticas, especialmente para las aves buceadoras, como pingüinos, yuncos y otros, como piqueros y pelícanos, que se zambullen para capturar sus presas. Pero el riesgo no es solo para las aves, sino también para el resto de la biota marina, por lo cual no es prudente ni aconsejable desarrollar tal nivel de actividad portuaria en un área de tanto valor para la biodiversidad de Chile y el mundo”, sostiene Luna.
Este punto es clave para entender el peligro de Cruz Grande y Dominga. La directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth Van der Meer, afirma que en la zona marítima de la IV Región “existe una particularidad geográfica compuesta por valles y montañas submarinas rocosas que se observan, por ejemplo, en Bajos del Toro, cercana a la zona de los proyectados puertos de Cruz Grande y Dominga”. Dichas irregularidades podrían ser la principal causa del encallamiento de naves, tal como ocurrió con la embarcación de cabotaje de carga y pasajeros Itata, en el año 1922, conocida como el Titanic chileno, y que hasta el día de hoy no se determina, con investigaciones adecuadas sobre sus restos, el comportamiento de las corrientes marinas en el sector. En la tragedia murieron más de 400 personas.
Los efectos nocivos de un posible derrame afectarían directamente a las poblaciones de machas y locos–principales especies extraídas en la zona y fuente laboral de los pescadores del sector–, “cuyas larvas y ejemplares adultos se concentran, producto de la surgencia, en la zona de influencia del proyecto Dominga. Pese a cualquier medida, implemento y equipos de acción rápida frente a incidentes de derrames, la singularidad de la zona, expresada en sus sistemas insular y de corrientes, amplifica cualquier evento de esta naturaleza, aumentando sus impactos nocivos en toda el área”, afirma Van der Meer.
Consultada la Dirección de Territorio Marítimo de la Armada (Directemar) para este reportaje, sobre los criterios generales usados para fijar los tracks (rutas) para el tránsito de naves en los puertos de Chile, y sobre los criterios específicos usados en el caso de Cruz Grande, dio una respuesta elusiva, contestando con preguntas. Una de las observaciones de los detractores del proyecto Cruz Grande, no atendida por el Tribunal Ambiental de Santiago, es que los tracks para Cruz Grande no fueron evaluados ambientalmente.
La institucionalidad ambiental en Chile está compuesta por distintas instancias. La primera es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), creado bajo la Ley N° 20.417; la segunda, la Comisión Regional, compuesta por los seremis de cada zona en el país; la tercera, el Comité de Ministros, en caso de que existan reclamaciones de distintos actores, y donde participan los representantes de las carteras de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y Medio Ambiente. Finalmente, está el Tribunal Ambiental, si es que aún los reclamantes no están conformes con la aprobación o rechazo de una iniciativa.
Para Javiera Valencia, geógrafa de Fundación Terram, la institucionalidad ambiental chilena es sumamente débil, en tanto existen dos visiones absolutamente contradictorias: una técnica, orientada a la protección del medio ambiente, y otra netamente política.
[cita tipo=»destaque»]“El IMPAC 4 va a ser un evento tremendamente importante, porque va a desenmascarar y poner en el tapete mundial esta macabra idea que quiere hacer este grupo de políticos y empresarios y, también, va ser el momento y la instancia en la que el país va a alzar la voz y va a decir ‘no, acá en este lugar no, este lugar lo vamos a proteger y conservar para el presente y futuro’”, sostiene Díaz.[/cita]
«Cuando ingresan los estudios de impacto ambiental y se tienen evaluaciones específicas por servicio, las evaluaciones son absolutamente técnicas. Sin embargo, una vez que se tienen estas, un proyecto de inversión es aprobado o rechazado de acuerdo a la visión política que tengan las seremías o los representantes de los servicios en la instancia regional. Y pasa lo mismo a nivel nacional”, explica Valencia.
El impacto de los barcos en el sector costero de la IV Región es, en consecuencia, una de las preocupaciones centrales de los ambientalistas. Mientras que Dominga pretende ubicarse en Totoralillo Norte y mover entre 3 y 4 buques mensuales, Puerto Cruz Grande ya cuenta con aprobación para emplazarse en la localidad de Chungungo, proyectando atender anualmente 75 naves graneleras –es decir, entre 6 y 7 al mes– de hasta 300.000 DWT (siglas en inglés para tonelaje de peso muerto), con una capacidad promedio de 180.000 toneladas por buque.
Según Cristóbal Díaz, representante del Movimiento Chao Pescao, basta con que uno de estos buques de Dominga o Puerto Cruz Grande transite para desatar la devastación de las especies. En ese sentido, científicos coinciden en que, si bien el pingüino de Humboldt es el más abundante de la zona, existen otras especies con graves problemas de conservación que, incluso, estarían en peligro de extinción, tales como las 19 clases de aves marinas y los más de 14 tipos de cetáceos, incluidas la ballena azul.
Después que en 2012 CAP Minería ingresara al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Puerto Cruz Grande, recién el 30 de enero de 2015 la comisión regional de Coquimbo votó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa. Dos meses más tarde, el particular Johannes van Dijk y el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema) presentaron un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, pidiendo dejar sin efecto la RCA.
Según el acta de dicha reunión, en la ocasión se indicó que la reclamación se basaba en que no se habían considerado adecuadamente “las observaciones planteadas durante el proceso de evaluación ambiental, en relación con la procedencia de incorporar en el área de influencia las rutas de navegación que seguirán los buques a la salida y entrada del puerto”. Ante esta reclamación, los miembros del comité acordaron, por unanimidad, acoger parcialmente el recurso de reclamación interpuesto.
Valencia asegura que, en términos de la evaluación medioambiental misma, el problema de la debilidad y la deficiencia también es característico. “Hay muchos aspectos que la propia ley, de la propia institucionalidad, que no los entiende como ambientales, por ejemplo, las rutas de navegación del transporte”. Eso, sin considerar las aguas de lastre de las embarcaciones.
Otra de las principales faltas del SEA, según Díaz, es que, en el caso del proyecto de Andes Iron, recién en el último informe ambiental emitido por el organismo se reconocen los impactos que tendría el puerto de Dominga en la RNPH. Por lo mismo, afirma que “técnicamente sus procesos de evaluación ambiental han sido tremendamente débiles, ilegales, irregulares y poco transparentes, realizando participaciones ambientales ciudadanas adelantadas donde han confundido a la gente y la han dividido. A esto se suma que los proyectos, específicamente Puerto Cruz Grande y Minera Dominga, en su Estudio de Impacto Ambiental niegan cualquier impacto sobre las reservas aledañas al proyecto”.
Uno de los aspectos más desconocidos que incluye el proyecto de Andes Iron es el drenaje del acuífero natural que puede proveer de agua a toda la comunidad de Los Choros por un período de hasta siete años, pese a la ausencia de lluvias en la zona. Es precisamente en este acuífero donde Dominga pretende ubicar uno de los rajos por los cuales extraerá minerales. Para subsanar esta situación, la propuesta de Dominga consiste básicamente en extraer el agua, transportarla a otros pozos mediante tubos de plásticos y reinyectarla nuevamente en la cuenca.
Ante esta innovadora propuesta, Teresa Reyes, secretaria del Comité de Agua Potable Rural de Los Choros, manifiesta que este sistema no se ha implementado nunca en la zona y que, en términos prácticos, “es imposible porque, además, la napa de agua tiene un movimiento y un traslado propio de la naturaleza. Lo más probable es que, cuando ellos reinyecten el agua, esta pase soplada al mar. Entonces nos van a secar ese reservorio. Secan ese reservorio y nosotros inmediatamente nos quedamos sin agua”, recalca.
Aquí se evidencia un segundo gran problema en la institucionalidad ambiental, a juicio de Valencia, y que tiene que ver con la capacidad de observación sobre el impacto que tendrán los distintos proyectos en un territorio. «Nuestra institucionalidad no evalúa de manera sinérgica el territorio. Cuando evalúan un impacto de un proyecto en específico, lo hacen de este proyecto en específico y no la suma de los daños que está haciendo este proyecto, además de las otras cosas que están instaladas en este espacio».
Este punto es clave para entender cómo la actual vocación industrial-portuaria de la Región de Coquimbo podría tener un impacto devastador a nivel medioambiental, tomando en cuenta el estrecho vínculo que existe entre Cruz Grande, Dominga y Puerto de Coquimbo con el Túnel de Agua Negra. Si bien todos estos proyectos han presentado sus informes de impacto ambiental orientados a sus propios fines, lo cierto es que en un futuro podrían ser utilizados para sacar los productos que transportará el túnel, provenientes de Argentina.
Mientras que Cruz Grande se abstuvo una vez más de dar declaraciones, pese a ser consultado en reiteradas ocasiones, desde Dominga aseguraron que no existe ninguna relación con el Túnel de Agua Negra. Sin embargo, es el propio presidente de la EBITAN, Enrique Álvarez, quien asegura que “lo que se nos ha informado desde ambos estados son proyectos que están de la mano con la construcción del túnel por la implicancia que tiene. Tienen que ser los gobiernos regionales y los propios estados los que definan cuáles proyectos. Nosotros, es información que recibimos en cuanto a idea, en cuanto a proyección, pero como entidad binacional estamos a cargo de la construcción y fiscalización del Túnel de Agua Negra».
El artículo 11º de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente señala que “los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema”.
No obstante, siguiendo a este punto, la ley estipula que “no se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas”. Esta fórmula es la que precisamente utiliza Agua Negra para la ejecución de todos sus programas, planes y proyectos, dentro de los cuales se encuentra la mejora portuaria de Coquimbo. En consecuencia, es la ley misma la que permite el emplazamiento de proyectos de gran envergadura por medio de este “fraccionamiento”, autorizando proyectos menores como etapas, pese a estar orientados a un mismo fin y producir un impacto medioambiental ampliado por la sinergia final entre ellos en la comuna de La Higuera.
Para Díaz, la aprobación de este tipo de propuestas refleja justamente las irregularidades del SEA. En ese sentido, agrega que la propuesta de instalación de Dominga de una planta desalinizadora, junto al tranque de relaves pesados y una planta de pellet feed, no ha sido estudiada de forma seria por las autoridades ambientales. En cuanto a la planta desalinizadora, explica que sus modelaciones de salinidad se realizaron con el programa Visual Plumes, “un programa gratuito que ha sido muy cuestionado debido a que sus resultados no toman en consideración el medio receptor, razón por la cual toda la información relativa a la planta desalinizadora no es fidedigna ni certera”.
En esta misma línea, Andrés Álvarez, presidente del Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente (Modema), plantea que los servicios públicos como el SEA terminan mejorando iniciativas que desde su ingreso al sistema figuraron como proyectos de mala calidad. “Como lo terminan mejorando los mismos servicios, están obligados a aprobarlos”, asegura.
El presidente de Modema enfatiza la necesidad de que “las autoridades promuevan en este país un nuevo SEA, que eleve el estándar de evaluación ambiental, para que de ahí se le entregue de verdad una regla clara al titular de cualquier proyecto en relación con que de verdad tiene que cumplir todo el proceso y los estándares ambientales exigidos”.
Las observaciones al SEA –según los ambientalistas– no solo serían irregulares en cuanto al cumplimiento de los estándares básicos de estos proyectos, sino también en torno a los compromisos de protección al medio ambiente a nivel internacional y nacional que el Estado chileno ha adquirido.
Uno de ellos es el Convenio para la Diversidad Biológica firmado ante Naciones Unidas, en el cual los estados se comprometen a establecer “un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica”, a promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales”, a rehabilitar ecosistemas degradados y a promover “la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación”.
Otro de los compromisos a los que ha adscrito Chile es el Convenio para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Convención Sobre la Conservación de Especies Migratorias y Fauna Salvaje, de la Subpesca; ambos, destinados a la protección de especies autóctonas y migratorias junto a la conservación de paisajes “de incomparable belleza”.
Dentro de los compromisos recientes de nuestro país en materia de medio ambiente, surgió el IMPAC 4. “El mar junto a la gente” es el eslogan de este 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas que se realizará en nuestro país entre los días 4 y 8 de septiembre.
Antes, esta iniciativa se efectúo en Geelong, Australia (2005); Washington, EE.UU. (2009); y Marsella, Francia (2013). En esta ocasión, el evento es organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y reunirá a más de 2.000 científicos y artistas, entre ellos, Leonardo Di Caprio.
La realización del IMPAC 4 en Chile para muchos es una contradicción. Es que el emplazamiento de distintos proyectos, como Dominga y Cruz Grande en el sector costero de Coquimbo, generaría –en opinión de científicos nacionales– una catástrofe ambiental irreparable.
“El IMPAC 4 va a ser un evento tremendamente importante, porque va a desenmascarar y poner en el tapete mundial esta macabra idea que quiere hacer este grupo de políticos y empresarios y también va a ser el momento y la instancia en la que el país va a alzar la voz y va a decir ‘no, acá en este lugar no, este lugar lo vamos a proteger y conservar para el presente y futuro’”, sostiene Díaz.
Durante la segunda sesión de la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades, errores o vicios en actuaciones de organismos y funcionarios públicos en relación con el proyecto minero Dominga, el intendente Claudio Ibáñez señaló que este evento se gestionó durante el gobierno de Sebastián Piñera.
En dicha oportunidad, la máxima autoridad de la Región de Coquimbo precisó que las características que hacían de esta zona “única e irremplazable” incidió en que “el diputado Gahona –quien es uno de los principales impulsores del Plan Regulador Intercomunal que permite transformar a Coquimbo en una zona industrial– habría ido a Marsella a pedir que se realizara en Chile el IMPAC 4. Según fuentes que conocen del tema, su presencia en rigor no habría tenido ningun impacto, pues no dependen de él, y si se le concedió algún tipo de atribución en ello no fue más que gestión comunicacional para mostrar proactividad, en circunstancias que su compromiso siempre ha estado con la actividad industrial. Lea aquí la el acta de dicha sesión.
Lo cierto es que, dentro de un mes, unos 600 científicos visitarán entre el 2 y 3 de septiembre el sector de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, cuya biodiversidad y zonas marinas se ven amenazadas hoy por la instalación de futuros proyectos minero-portuarios.
