Reconoce ante la Corte Interamericana violación del derecho a la dignidad
Los familiares de Vinicio Poblete Vilches comenzaron a tocar puertas después de la muerte de su padre en febrero de 2001. Una serie de irregularidades los hizo peregrinar entre servicios públicos sin encontrar una respuesta. Después de escalar su petición de justicia hasta la Corte internacional, al fin se acercan a un punto final. Entre las cosas que reconoció Chile, está la vulneración del derecho al acceso a la información en materia de salud y la violación del derecho de dignidad y autodeterminación.
El 21 de abril pasado, el Estado de Chile envió un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Era la forma de responder ante una demanda por un caso que les había sido notificado en octubre del año pasado y que ese organismo internacional relacionaba con una “presunta secuencia de violaciones de Derechos Humanos”.
El caso de Vinicio Poblete Vilches es el único trámite procedente de Chile que ve ese organismo internacional. El año 2001, la muerte de Poblete desmembró a una familia completa, que después de una serie de hechos se hundió en su casa de La Pintana. A Vinicio lo dieron de alta del Hospital Sótero del Río sin hablarle a su familia de la gravedad de sus heridas. Le entregaron seis diagnósticos distintos y, según su familia, existió una falta de provisión del tratamiento intensivo que requería en su segundo ingreso al hospital. Tampoco las investigaciones a nivel interno fueron realizadas con diligencia ni en los plazos razonables.
En su contestación a la demanda, el Estado de Chile reconoció que resulta internacionalmente responsable de la “afectación del derecho a la integridad personal y derecho a la salud del Sr. Vinicio Poblete”. El Estado lo señaló así:
“La decisión del alta médica del señor Vinicio Poblete constituyó un obstáculo en el acceso a condiciones que le garantizaran su derecho a la integridad corporal y, además a su salud. En efecto, esto fue así dado que el alta tuvo lugar aun cuando de la información que constaba se desprendía que no era una medida pertinente. A lo anterior se suma el hecho de que cuando el Sr. Vinicio Poblete reingresó al hospital, no fue tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a pesar que la misma ficha médica indicaba que era la unidad adecuada para su debido tratamiento”.
[cita tipo=»destaque»]El caso ha pasado por las manos de distintos abogados. El año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso y, en junio de 2015, este mismo organismo hizo tres recomendaciones al Estado de Chile –la contraparte es la Cancillería–, donde pedía reparar integralmente a los familiares de Vinicio Poblete Vilches por las violaciones de Derechos Humanos a las que pudieron ser sometidos, incluyendo una debida compensación por el daño material y moral. Otra de las recomendaciones era realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de Derechos Humanos, a fin de que los familiares cuenten con claridad respecto a lo sucedido y se impongan las sanciones correspondientes.[/cita]
En esa misma línea argumentativa, el Estado reconoció, asimismo, las precarias condiciones que incidieron en la falta anterior. “El Estado de Chile entiende que, dadas las circunstancias fácticas del presente caso, en especial la hospitalización en el Hospital Sótero del Río, en una unidad de cuidado distinta de la recomendada en la ficha clínica, debido a la ausencia de camas y la falta de diligencias por parte del Estado para gestionar su traslado a otro centro de salud, implican vulneraciones al derecho a la integridad corporal en relación al derecho a la salud, en concordancia con los estándares de Derechos Humanos fijados por esa ilustrísima Corte”.
Junto con lo anterior, el Estado también reconoció la vulneración del derecho al acceso a la información en materia de salud, en conexión con los derechos a la vida, integridad personal y salud. También reconoce, con respecto a Vinicio Poblete Vilches, la violación del derecho a la dignidad y autodeterminación y a tomar decisiones libres.
Vinicio Poblete Vilches y su familia llegaron a mediados de enero de 2001 hasta el Hospital Sótero del Río. El patriarca de la familia tenía un problema respiratorio. Lo operaron; sin embargo, la familia insiste en que nunca aceptaron el procedimiento, porque la diabetes que padecía Vinicio hacía que fuera una intervención riesgosa. En los registros quedó constancia de que sí hubo una autorización, supuestamente firmada por su esposa, Blanca Tapia, aunque ella no sabía leer ni escribir.
Lo dieron de alta y dos días después debió ser ingresado nuevamente. De esa segunda oportunidad no salió con vida. Murió el 7 de febrero de ese mismo año, pero la familia recibió seis causas distintas del deceso: un paro cardíaco, bronconeumonía, shock séptico, edema pulmonar, entre otros. Cada persona a la que le pidieron una explicación sobre la muerte de su padre, tuvo una respuesta diferente.
Desde entonces, que alguien responda por la muerte del padre transformó la vida de la familia, que se sumió en un dolor del que no han podido salir. Se sintieron maltratados e ignorados. El año 2003, Blanca Tapia murió de cáncer al estómago. El año 2011 murió el hermano menor de la familia, Gonzalito, por una paraplejia que cargó desde que nació. Un año antes de eso, el 2010, la única hermana de la familia, Leyla, intentó suicidarse con un disparo que finalmente solo le hirió el estómago y le dejó una deuda abultada en Clínica Dávila.
El caso ha pasado por las manos de distintos abogados. El año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso y, en junio de 2015, el mismo organismo hizo tres recomendaciones al Estado de Chile –la contraparte es la Cancillería–, donde pedía reparar integralmente a los familiares de Vinicio Poblete Vilches por las violaciones de Derechos Humanos a las que pudieron ser sometidos, incluyendo una debida compensación por el daño material y moral. Otra de las recomendaciones era realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de Derechos Humanos, a fin de que los familiares cuenten con claridad respecto a lo sucedido y se impongan las sanciones correspondientes.
La CIDH dio dos meses de plazo al Estado chileno para contestar a las recomendaciones; sin embargo, no hubo una respuesta satisfactoria. Por eso llegó hasta la dicha Corte, que notificó el nuevo caso al Estado por nota de fecha 12 de octubre 2016.
Después de esta respuesta por parte de Chile, continuará la tramitación del juicio conforme a las normas reglamentarias y convencionales respectivas, incluyendo una audiencia oral ante la señalada Corte.
“Acá por más de 15 años nadie investigó la muerte de mi padre”, dice Vinicio Poblete, hijo de la víctima. “Nosotros recurrimos a los tribunales internacionales porque aquí nunca encontramos justicia. Espero que la Corte obligue al Estado a darle más dignidad a la salud pública y un trato humano y digno, no como lo que estamos viviendo”, expresa.
En Cancillería señalaron que no se referirán al tema.
