Cumple medidas cautelares en la investigación por el caso Caval
El abogado, sobrino del ex Presidente Sebastián Piñera, enfrenta ahora una querella investigada por el fiscal Pablo Norambuena, donde un acreedor cuestiona su actuación en el proceso de quiebra del Instituto Chileno Norteamericano, en cuyo marco se le acusa de infringir la Ley de Quiebras, por haberse eventualmente concertado con el deudor, y de apropiación indebida. De comprobarse, podría quedar fuera del registro de síndicos.
“Nos hemos hecho cargo de las quiebras más grandes de Chile en los últimos cinco años, las cuales se han fiscalizado siempre y nos hemos sometido en forma voluntaria a ello, porque la política de nuestro equipo es transparencia y eficiencia». Así explicaba Herman Chadwick Jr., el año pasado, los siete expedientes que acumuló en un año la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir, ex Superintendencia de Quiebras), el organismo estatal encargado, entre otras cosas, de fiscalizar la actividad de los síndicos de quiebra y que en la carátula llevan su nombre.
Hasta ahora a Chadwick parece lloverle sobre mojado. Actualmente está con arraigo y firma mensual en el marco del proceso por el caso Caval, donde la justicia civil le ordenó devolver $127 millones a la sociedad Wiesner S.A., que era dueña de los terrenos en Machalí que dieron origen a la causa que involucra a la familia presidencial. Chadwick habría usado este dinero para gastos operacionales que no fueron aprobados por la junta de acreedores. El Ministerio Público lo acusa de obtener “ventajas indebidas” desde su rol en el proceso de quiebra de la firma ligada a la familia Wiesner. En su peor momento, Chadwick cumplió arresto domiciliario, medida que fue rebajada por las actuales, el pasado 21 de julio.
Para empeorar las cosas, a mediados de julio se presentó una querella por la eventual comisión de varios delitos relacionados con la Ley de Quiebras y con el Código Penal, por supuesta apropiación indebida. La acción judicial fue presentada por los abogados que representan a Inversiones El Coigüe, una sociedad de gestión inmobiliaria. Todo esto en el marco de la quiebra del Instituto Chileno Norteamericano, en la que Chadwick fue designado síndico. El año pasado el abogado ya pagó una multa por irregularidades en este proceso, equivalente a poco más de $3 millones.
Sin embargo, los antecedentes contenidos en la querella involucran sumas mucho más altas. Todo comenzó en 2010, cuando Inversiones El Coigüe arrendó dos propiedades al Instituto Chileno Norteamericano. La entidad fue declarada en quiebra en 2012. El instituto, según los querellantes, les debe 4.500 UF más costas, unos $119 millones al valor actual.
[cita tipo=»destaque»]Hasta ahora a Chadwick parece lloverle sobre mojado. Actualmente está con arraigo y firma mensual en el marco del proceso por el caso Caval, donde la justicia civil le ordenó devolver $127 millones a la sociedad Wiesner S.A., que era dueña de los terrenos en Machalí que dieron origen a la causa que involucra a la familia presidencial. Chadwick habría usado este dinero para gastos operacionales que no fueron aprobados por la junta de acreedores. El Ministerio Público lo acusa de obtener “ventajas indebidas” desde su rol en el proceso de quiebra de la firma ligada a la familia Wiesner. En su peor momento, Chadwick cumplió arresto domiciliario, medida que fue rebajada por las actuales, el pasado 21 de julio.[/cita]
Los querellantes reclaman que Chadwick, en calidad de administrador del síndico, es una especie de “gerente” a cargo de los bienes para pagar a los acreedores; en ese context, vendió propiedades del instituto por debajo de los precios de mercado. Además, al quedar a cargo de la «continuidad de giro», es decir, del funcionamiento de la entidad para que siguiera generando recursos, según dicen, en su mayoría desembolsos hacia terceras personas sin «justificación plausible». Este último punto es similar a la acusación que se le hace en el caso Caval.
En ese orden, la continuidad de giro, como se nombra en términos jurídicos a la situación de la empresa que sigue operando después de ser aceptada la quiebra, registró perdidas -indican los querellantes- que no tienen correlato con el desenvolvimiento del negocio. De esta manera se aumentó el «pasivo social». Por ultimo, acusan que Chadwick aparece «cobrando y percibiendo honorarios por la administración de la continuidad de giro, en exceso de lo autorizado por la junta de acreedores».
El 30 de enero de 2012, el 12º Juzgado Civil de Santiago acepta la quiebra que semanas antes había solicitado el instituto. Algunos de sus principales acreedores, el Banco BCI, el Banco BBVA y un factoring ligado al Banco Internacional, habían acordado tres días antes designar a Chadwick como síndico para administrar la quiebra y la “continuidad de giro”. Solo por este último ítem se estableció que los honorarios de Chadwick serían de $15 millones mensuales.
El instituto tomó la decisión de pedir la quiebra luego de estimar que tenía una deuda equivalente a US$13 millones, derivadas de los cambios en la industria de la capacitación, particularmente la competencia en la oferta de cursos de inglés, que disminuyó los ingresos y la suma de gastos en expansiones fallidas, como la materialización de un Instituto Profesional y préstamos para cumplir con las obligaciones hacia sus trabajadores. De hecho, la entidad reconoció una deuda cercana a US$4 millones con sus trabajadores: 200 profesores y 100 administrativos con sueldos y cotizaciones previsionales impagas a la fecha de ser aceptada la quiebra.
En este marco, el 19 de abril de 2012 los acreedores ratifican a Chadwick como síndico titular, pero cambia al suplente para nombrar a la abogada Mariclara Sánchez, que trabaja con Chadwick en el estudio Chadwick & Raymond.
El 13 de julio y después que en la reunión anterior la junta de acreedores acordara “vender en licitación privada todos los bienes muebles, marcas y permisos de la sociedad en quiebra”, Chadwick informa que existe la posibilidad de recibir una oferta en los días siguientes.
En el encuentro siguiente, efectuado el 25 de julio de 2012, Herman Chadwick Jr. informa que ha recibido una oferta de un particular, Patricio Centeno González, quien ofrece $5.300 millones, un poco menos de la deuda total. La oferta es aceptada por los acreedores, que establecen que el pago debe ser «al contado en efectivo, o en documentos bancarios a la vista”, según consignan los antecedentes de la querella. El acta en que se aprueban estas condiciones, no decía nada respecto del vínculo de Centeno con el Instituto. El ingeniero comercial está ligado a la sede en Valparaíso de la entidad y fue, en períodos consecutives, presidente de su directorio. Tampoco se detallaron eventuales gestiones de Chadwick para buscar la mejor oferta y de qué forma se valoraron los bienes para llegar al monto acordado.
Esa fue la última rendición que Chadwick hizo de su trabajo, hasta el 12 de diciembre del 2012. Ese día el síndico, de acuerdo a los querellantes, informa que se firmaron los contratos de compraventa. Pero no entrega detalles de las operaciones. Los contratos no se adjuntan al expediente.
En los meses siguientes no se registran movimientos relevantes en el cuaderno principal del expediente relacionado con la quiebra. A juicio de los querellantes, las únicas actuaciones realizadas por Chadwick se limitan a adjuntar los informes financieros sobre el funcionamiento del instituto, lo que se denomina como “continuidad de giro”. A partir del mes de agosto de 2014, el síndico deja de emitir dichos informes, limitándose a adjuntar un certificado mensual dando cuenta de que la respectiva reunión de acreedores no se celebró “por falta de quórum», consigna la acción judicial.
Durante 2013 hubo dos repartos de los fondos recaudados. Pero no alcanzan para pagar a todos los acreedores. Se privilegia a los trabajadores y a los bancos. Para inversiones Los Coigües no alcanza. El proceso queda sin movimientos, hasta que el juzgado, el 29 de febrero de 2016, ordena a Chadwick rendir cuenta definitiva de su gestión en un plazo de 10 días. Pero el plazo se cumple y no pasa nada. El tribunal insiste y pide que lo haga en cinco oportunidades, incluso bajo «apercibimiento de arresto» y la cuenta se presenta recién el 28 de junio de 2017. Su aprobación todavía se encuentra pendiente.
En el lapso en que el proceso estuvo detenido, la sospecha se instaló entre los querellantes que contrataron peritajes independientes, basados en los datos que contiene el proceso en la carpeta de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. “Los hallazgos realizados dan cuenta de hechos en apariencia constitutivos de delito”, dice la acción judicial.
Entre lo que se logró establecer, según los querellantes, es que Chadwick vendió a la sociedad de Patricio Centeno, “Inmobiliaria Don Federico Ltda.”, la sede de Holanda del instituto, contigua a las propiedades que arrendaba a Inversiones Los Coigües, que es la que se querelló en $420 millones. Menos del precio de mercado, que -según una tasación experta encargada en este contexto- costaba $733 millones. Por otro lado, en la contabilidad del instituto, esta propiedad estaba registrada por un valor de $933 millones.
A la misma sociedad representada por Centeno se vendieron las sedes de calle Moneda y Avenida Vicuña Mackenna.
En los contratos se estipula que la Inmobiliaria Don Federico se “obliga a no enajenar, prometer la enajenación, gravar en cualquier forma, constituir derechos de cualquier naturaleza a favor de terceros, ni arrendar en todo ni parte la propiedad materia de este contrato, sin consentimiento previo otorgado por escrito por un representante del B.I. (Banco Internacional), con excepción del arriendo por el comprador de los inmuebles a las sociedades ‘Organismo Técnico de Capacitación Instituto Chileno Norteamericano Limitada’ y ‘Sociedad de Educación ChilenaNorteamericana Limitada’”, consigna la querella.
Ambas sociedades a las que se pueden arrendar los inmuebles, están ligadas a Inmobiliaria Don Federico y los querellantes insisten en que hubo traspasos de los fondos derivados de la “continuidad de giro” hacia estas sociedades, que -según manifiestan- configuran una infracción a la Ley de Quiebras, al materializarse un “concierto entre el síndico y el deudor”, lo que está expresamente prohibido. Un cercano al proceso afirma que “el síndico aparentemente traspasó los recursos que se iban generando por el funcionamiento del instituto a la OTEC, cuando su destino era pagar las cuentas a los acreedores”, asegura.
Aparecen además pagos a prestadores de servicios que no están justificados de ninguna manera. “Lo propio ocurre respecto de los asientos contables, en apariencia artificiales, registrados en la continuidad del giro y los honorarios cobrados por el síndico Herman Chadwick en exceso de las tasas acordadas por la masa (los acreedores)”, indica la querella.
En palabras simples, esto significa que en la tabla de los gastos de funcionamiento o “continuidad de giro” entregada por Chadwick a la Superintendencia, se aprecian dos montos o “asientos contables” $258.451.328 anotados como “pérdida por activo fijo” y otros por “servicios de facturación” por un total de $219.899.926. A juicio de los querellantes, basados en los antecedentes disponibles en la carpeta de la superintendencia donde se detallan los activos y el pasivo, a partir del funcionamiento del instituto, “estos montos no responden a ninguna operación económica real, incorporándose por esta vía pérdidas en apariencia inexistentes”, afirma la acción judicial.
Sobre la base de este cálculo y de los $6 millones que Chadwick habría cobrado en exceso a cuenta de sus honorarios, es que en el texto se incluye el delito de apropiación indebida.
Todo esto tendrá que probarse en la investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Norambuena, uno de los que estuvo a cargo de los casos Penta y SQM. Hasta ahora Chadwick no ha sido llamado a declarar. Contactado para la presente nota, no respondió a las solicitudes de este diario.
