Así como en Palacio tomó lugar la idea de la operación contra Uriarte, en el bando económico existiría el convencimiento –explicaron– de que la decisión de rechazar el proyecto no pasa realmente por criterios medioambientales sino estrictamente políticos, vinculados a evitar que se instale en los patios de La Moneda el espinudo y traumático Caso Caval en una segunda versión, debido a los terrenos adquiridos el 2014 por Natalia Compagnon a 12 kilómetros de donde se ubicaría el proyecto minero, los cuales después le compró Bachelet y fueron traspasados a sus hijas.
En ninguno de los diseños de Palacio, sobre la estrategia política y comunicacional de cierre de la administración bacheletista, se pensó que en su etapa final La Moneda se vería enfrentada a una rebelión pública en el seno del gabinete, la que ha dejado en evidencia un quiebre profundo entre el bando de ministros políticos y el de los económicos, como efecto directo del rechazo al proyecto Dominga. Ha pasado una semana desde la votación del comité de ministros y el Gobierno aún no logra alinear a su equipo ni bajar el nivel de confrontación, por el contrario, el conflicto escaló a tal punto que la Presidenta Michelle Bachelet se involucró con un golpe de autoridad, que solo acrecentó la molestia en el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Ya a fines de la semana pasada era un secreto a voces el gallito de poder que se había presentado en la administración bacheletista entre la poderosa jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, y el equipo económico del Ejecutivo, liderado por el jefe de la billetera fiscal. Ya en esos días en Palacio se instaló la idea de que existía una operación contra la abogada PS para que ella pagara los costos del rechazo a Dominga, que dicha maniobra la lideraba Valdés de hecho y que radicaba en el choque entre la visión netamente económica versus la de un tema que es parte del sello de lo que es un gobierno de centroizquierda.
No pocos en La Moneda consideraron que la molestia del llamado bando económico del gabinete pasaba por el hecho de que, con el rechazo del proyecto, “se les cayó el negocio”, que a dichas autoridades les interesaba dar una señal al mundo empresarial pensando en su desembarco laboral una vez que concluya el Gobierno en marzo. No solo eso, sino que se planteó que la rebelión pública tenía sustento en abusar del dato indiscutido de que, a seis meses y medio de concluir la actual administración, no existe margen real para pensar seriamente en cambiar a las autoridades económicas sin generar un impacto negativo.
Pero, junto con todo esto, en Palacio también pensaron que los decibeles del conflicto irían bajando y no se esperaban la arremetida de Valdés el lunes en la mañana, a través de sus declaraciones a la salida del ministerio, con las que no solo demostró públicamente su voluntad de enfrentarse con Palacio. «Respaldo plenamente las preocupaciones que han expresado el ministro (Luis Felipe) Céspedes y el subsecretario (Alejandro) Micco respecto del tema Dominga (…). Tenemos que respaldar, no solo acatar, las decisiones que se toman dentro de la institucionalidad, y eso fue el caso, eso no significa que la institucionalidad esté funcionando bien y en esto tenemos responsabilidad los ministros”, sentenció el jefe de la billetera fiscal. Y no se quedó ahí. Con la serenidad que lo caracteriza, agregó que “yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y les cuesta a veces tener una compatibilización de eso con otros objetivos, que son importantes también, y eso ciertamente hace más difícil nuestro trabajo”.
Sus palabras cayeron pésimo en la sede de Gobierno y constituyeron un verdadero balde de agua fría, por la “ruptura de la disciplina base” que debe existir en toda administración entre las autoridades y hacia la institucionalidad, como asimismo por la decisión del ministro de Hacienda de recurrir a la fórmula de “mandar mensajes por la prensa” para hacer presente su molestia, lo que consideraron que no corresponde ni es necesario para un secretario de Estado del nivel de poder que tiene el jefe de las arcas fiscales.
Por lo mismo, la declaración de Valdés fue vista y entendida como la constatación de la “operación directa” contra Uriarte y se habló incluso de que dicha estrategia tenía hasta un diseño comunicacional para hacer escalar el conflicto, ya que las declaraciones de titular de Hacienda no fueron para nada espontáneas sino que se convocó a la prensa del sector, avisando previamente qué iba a hablar.
La respuesta de La Moneda no se hizo esperar y la lideró la propia Presidenta Bachelet, quien puso públicamente en jaque a Valdés –según dicen–, molesta porque se colocó en tela de juicio a la institucionalidad. La Mandataria realizó una visita fugaz de algunas horas a la Región del Maule –la que fue anunciada en Palacio durante la tarde del lunes– y la tercera actividad de su agenda, una simple reunión con mil beneficiarios del Programa de Recambio de Calefactores en Curicó, destinado a disminuir las emisiones contaminantes, fue el momento que eligió para golpear la mesa: “Chile necesita que crezcamos, sí, necesitamos que la economía crezca, pero necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del Medio Ambiente. Y, además, Economía Verde y Economía Azul, porque hay gente que cree que, si uno se preocupa del Medio Ambiente, ya la economía no va a poder seguir creciendo. Y sí puede, solo que hay que ponerse otros ‘anteojos’, es decir, miremos esto de otra manera y cómo puede ser una oportunidad”, sentenció la Jefa de Estado, en una respuesta directa a su ministro de Hacienda.
No solo eso, a dicha actividad llegó el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, principal foco de críticas desde el bando económico, por el papel protagónico que jugó en el rechazo a Dominga. Mena se sentó junto a la Presidenta, se les vio sonreír y conversar al oído, y escuchó atentamente sus palabras. Antes del discurso, desde el Gobierno advertían que había que poner atención a lo que diría Bachelet y que esa actividad no había sido una casualidad.
[cita tipo=»destaque»]Así como en Palacio tomó lugar la idea de la operación contra Uriarte, en el bando económico existiría el convencimiento –explicaron– de que la decisión de rechazar el proyecto no pasa realmente por criterios medioambientales sino estrictamente políticos, vinculados a evitar que se instale en los patios de La Moneda el espinudo y traumático Caso Caval en una segunda versión, debido a los terrenos adquiridos el 2014 por Natalia Compagnon a 12 kilómetros de donde se ubicaría el proyecto minero, los cuales después le compró Bachelet y fueron traspasados a sus hijas.[/cita]
Rápidamente en el Gobierno comenzó el nerviosismo y la tensión, la molestia que imperaba en el Ministerio de Hacienda había traspasado las paredes de Teatinos 120, donde consideraron que, en vez de aplacar la tensión, Bachelet había arrojado más bencina al fuego. Pero en La Moneda recalcaron que la Presidenta había hecho lo correcto, que no solo remarcó públicamente su autoridad sino que fue también un recordatorio de que la elegida por votación popular había sido ella y que, de ahí para abajo, todos eran sus funcionarios. “Si Valdés habla ahora, muere. Tiene que retroceder”, insistieron en Palacio.
Una visión que fue compartida por los ministros y autoridades políticas del Ejecutivo, pues, más allá de las consideraciones puntuales de cada uno con el tema Dominga –donde no hay posición única–, prima la tesis de que las escaramuzas públicas no deben llegar a la Mandataria ni menos ponerla como foco de conflicto. Esa es, explicaron, la premisa que hay en el Ministerio del Interior y la que ha llevado a cabo durante todo el Gobierno, como también puntualmente en este quiebre del gabinete, el subsecretario Mahmud Aleuy (PS).
La historia es bien distinta contada desde la vereda económica, aunque sí reconocen que la molestia de Valdés ayer había llegado a su punto más álgido, pero puntualizan que también tiene una explicación mucho más profunda que la versión palaciega que lo acusa de estar buscando trabajo con miras al 2018. Esta estriba en que todo el episodio de Dominga generó un daño a la figura del ministro de Hacienda como tal, lo dejó a ojos del mundo empresarial como una autoridad sin poder.
Ello, porque insisten en que, las semanas previas a que se citara en forma extraordinaria al comité de ministros para el lunes 21 de agosto, en todo momento las autoridades desde La Moneda les dieron señales de que el proyecto de Dominga se aprobaría, con fallo dividido, pero que tendría luz verde, y que a última hora se produjo un cambio. Dicen que el viernes en que fue convocado extraordinariamente el comité de ministros, nuevamente les transmitieron señales de tranquilidad en Palacio
Incluso, hubo un momento, durante dichas semanas, en que se manejó el factor del silencio administrativo –el cual se cumplió el 10 de agosto–, que podía obligar a que otra instancia ajena al Gobierno resolviera el futuro del proyecto, pero que eso fue descartado y jamás estuvo en los planes de la empresa Andes Iron.
Así como en Palacio tomó lugar la idea de la operación contra Uriarte, en el bando económico existiría el convencimiento –explicaron– de que la decisión de rechazar el proyecto no pasa realmente por criterios medioambientales sino estrictamente políticos, vinculados a evitar que se instale en los patios de La Moneda el espinudo y traumático Caso Caval en una segunda versión, debido a los terrenos adquiridos el 2014 por Natalia Compagnon a 12 kilómetros de donde se ubicaría el proyecto minero, los cuales después le compró Bachelet y fueron traspasados a sus hijas.
Cuentan que ese lunes 21, en pleno comité de ministros, Céspedes se dio cuenta de que “habían dado vuelta el voto” del ministro de Agricultura, Carlos Furche (PS), el que –aseguraron fuentes económicas del Gobierno– en todas las instancias siempre dio a entender que apoyaba el proyecto Dominga, que los dos informes de su propia cartera ratificaban tal postura y que ya había respaldado antes el proyecto portuario Cruz Grande de CAP, que en términos medioambientales generaría un impacto mayor que Dominga. Dicha constatación provocó que el titular de Economía hablara en duros términos en la reunión y se retirara sin votar, actitud que luego en reserva fue respaldada por Valdés.
Furche integró la comitiva presidencial que ese martes 22 salió rumbo a Centroamérica. En el bando económico dan por sentado que el cambio del ministro de Agricultura está estrechamente vinculado a dicho viaje con Bachelet, ya que la versión en el Gobierno es que fue llevado para buscar apoyos internacionales a su elección para dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, decisión que se debe tomar entre los días 25 y 26 de octubre en Costa Rica. De ser elegido, debería dejar su cargo en el gabinete en enero.
Ese hecho, sumado a que el ministro Mena fue llevado en la misma gira, puntualmente a Honduras, profundizó la molestia en el bando económico, que vio esto como una señal de respaldo innecesario y provocador, por parte de la Mandataria, en beneficio de la persona que había operado directamente para que se cayera el proyecto Dominga.
Con el espaldarazo público que le dio la Presidenta a Mena en Curicó, se agudizó la molestia en Teatinos 120, donde reconocían que Valdés estaba muy enojado. Una reunión en la tarde en La Moneda desató el nerviosismo y la preocupación por que el jefe de la billetera fiscal tire la toalla, dé un paso al costado y decida salirse del Gobierno en el momento menos propicio.
Valdés no se reunió con Bachelet sino con el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre –su principal soporte político en el Ejecutivo–, por materias vinculadas a la agenda de educación. Una cita normal, previamente fijada, pero el nerviosismo que generó refleja la profundidad del quiebre interno, que será difícil de subsanar, aunque Valdés acate y retroceda en estos días.