CDE no está de acuerdo con la salida alternativa
«No están pagando y zafando, ellos están pagando mucho más que yendo a un juicio (…) esta es por lejos la mejor salida a la que podríamos optar», sostuvo el fiscal regional de Valparaíso.
«Esta es por lejos la mejor salida a la que podríamos optar», sostiene el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, en relación al acuerdo alcanzado con SQM que contemplala la suspensión condicional del procedimiento en una causa por cohecho contra la minera a cambio de un pago de una multa cercana a $2.550 millones. Cerca de $900 millones para el fisco.
Una salida alternativa que fue criticada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Organismo que se había querellado en contra de SQM en la arista «Royalty».
«Si estamos pidiendo que pague un monto aún superior a la multa que establece la ley, sentimos que es una mejor respuesta que el escenario incierto de un juicio oral», afirmó el persecutor en defensa de la propuesta.
En entrevista con La Tercera, el fiscal Gómez argumentó que «para proceder tenemos la obligación de acreditar un cohecho (entre Pablo Longueira y Patricio Contesse), respecto del cual aún no tenemos pronunciamiento, no hay sentencia; también demostrar que la empresa carecía de un modelo de prevención, cuando sí lo tenían y cumplía con todos los requisitos que establece. Por tanto, la causa, desde ese punto de vista, entra con debilidades importantes»
«Aun si fuésemos capaces de sortear y acreditar el cohecho y acreditar la ausencia de un modelo de prevención, nos exponemos a un horizonte de penas que es el siguiente: la ley establece como una de las penas la disolución de la empresa, que es inaplicable en este caso, porque solo se aplica cuando el delito base es lavado de activos, aquí sería cohecho. También establece como pena la prohibición de celebrar actos y contratos, pero esto lo reserva para aquellas empresas que proveen bienes y servicios al Fisco, por lo que no opera para SQM. Nos queda la pena de pérdida de los beneficios fiscales y la pena de multa. Pedimos una pericia específica para saber cuáles son los beneficios fiscales que la empresa se ahorró al suscribir los contratos de invariabilidad. Y ésta los circunscribe a un monto cercano a los $ 1.500 millones», explicó.
«Si vamos a un juicio, iríamos con a lo menos cinco atenuantes y, por tanto, el juez va a tener que aplicar una u otra pena. A través de la suspensión condicional, lo que estamos haciendo es obtener más que ambas: la devolución de todos los beneficios y una multa doblada: $ 2.600 millones», agregó el persecutor.
En esa línea, dijo: «Lo que estamos haciendo es actuar bajo ese marco. Y la ley nos ha dicho: fiscal, si usted tiene antecedentes para ir a un juicio, vaya. Si usted cree que carece de antecedentes y puede encontrar una mejor solución a través de la suspensión condicional, hágalo. Nosotros creemos que la empresa SQM no está pagando y zafando, ellos están pagando mucho más que yendo a un juicio».
